Si Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes Rangel ganan, uno la Presidencia de la República, y otra el Distrito Federal, el poder del país entero volverá de hecho, para bien o para mal, a manos del PRI. Habría que decir que ella, desde que en 2006 aspiró a ser jefa de gobierno y quedó en tercer lugar frente a Marcelo Ebrard y Demetrio Sodi, no pensaba bien a bien volver a intentarlo, aunque en su fuero interno seguía latente el anhelo. Fue hasta que el ex mandatario mexiquense pronunció su nombre como la mejor para contender por la capital del país, que le latió fuerte el corazón. Aunque algo ya sabría de antemano la noticia la tomó por sorpresa.

El virtual ‘destape’ fue el 25 de septiembre pasado, en el contexto del quinto informe de labores del ex perredista –ahora senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– René Arce, cuando en entrevista el ex gobernador del estado de México aseguró que si ella aceptaba participar en la contienda por la jefatura del Distrito Federal, él la respaldaría. Esto lo mencionó minutos después de que Arce había expresado su apoyo a las aspiraciones del político mexiquense en su candidatura presidencial.

Al concluir el acto, se le preguntó a Peña Nieto a quién preferiría para el GDF, si a Arce o a Paredes, y comentó que aunque había que escuchar los pronunciamientos que hicieran quienes aspiraban a la jefatura, “es claro que mi identificación es con Beatriz Paredes. Es correligionaria, es mi amiga, y habrá que escuchar pronto si hay definición por parte de ella por participar, y de ser así, pues evidentemente tendrá todo mi respaldo y todo mi apoyo y toda mi simpatía”.

En una de sus primeras declaraciones sobre el pronunciamiento que hizo sobre ella el precandidato único del PRI a la Presidencia de la República, la ex legisladora indicó que la ciudad de México requiere una alternancia en la forma de gobernar y que es hora de un cambio en el que se escuche a todos los habitantes de la megametrópoli mexicana.

Muchos dan por hecho que Paredes Rangel podría recuperar el último bastión que le queda al PRD –el cual ha tenido bajo su mando desde 1997–, debido en gran parte a que muchos capitalinos están hartos de los gobiernos demagógicos y autoritarios con los que ha manejado la ciudad de México, sin desdoro de la larguísima experiencia que tiene en su amplia carrera política la ex diputada.

Ni juntos, sus otros dos contrincantes –Miguel Angel Mancera, ex procurador capitalino que representará a las izquiedas capitalinas, y la activista Isabel Miranda de Wallace designada por ‘dedazo’ por la cúpula del PAN que se maneja desde Los Pinos–, le llega a los tobillos a la virtual candidata única al gobierno del Distrito Federal.

La ex gobernadora de Tlaxcala ha sido senadora y diputada federal y local en varias ocasiones; presidenta nacional de su partido; subsecretaria de Gobernación y Reforma Agraria; lideresa de la CNC y embajadora de México en Brasil y Cuba, entre otros cargos. Presidió el Congreso en tres ocasiones, 1979, 2001 y 2002; la Cámara de Diputados en la LIII Legislatura, y el Senado en la LVII.

Por sus pugnas internas, el PRD acabó eligiendo al ex procurador Mancera, quien no es perredista ni pertenece a ninguno de los otros partidos de izquierda a los que representará en la contienda para suceder a su jefe en julio próximo. Además,su experiencia administrativa es reciente como lo señaló Beatriz Paredes. “Lo que conoce es su materia (la procuración de justicia), porque tiene muy poco de haberse incorporado a la función pública”, resaltó.

Sobre la señora Miranda de Wallace, la ex gobernadora de Tlaxcala sostuvo que “el PAN tomó una decisión y seguramente los militantes activos de ese partido deben haberse sorprendido, pero es una decisión de ellos y no la juzgo”. Dijo que “el Distrito Federal merece capacidad, experiencia y honradez, y nosotros tenemos todo eso”. La ex legisladora se avocó de inmediato a armar su equipo con el que podría arrebatarle al PRD su útimo bastión de donde se provee no sólo de votos sino los recursos económicos de las campañas de los jefes de gobierno.

La penúltima columna que sostenía al perredismo era Michoacán, pero el pasado viernes 20 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la legitimidad de la elección de gobernador de ese estado celebrada el domingo 13 de noviembre pasado, y ratificó el triunfo del priísta Fausto Vallejo Figueroa.

Por lo pronto, Beatriz Paredes habrá de demostrar que, aún sin infraestructura ni las redes de complicidad que ha ido desde hace tres lustros tras el dinero en el DF, el PRI puede lograr el triunfo para el tricolor. Y si a la par gana Peña Nieto la Presidencia en julio próximo, México quedaría de hecho en poder cuasi absoluto del Partido Revolucionario Institucional, para bien o para mal.

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Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

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Los altos mandos del país, en lugar de andar en la cresta de la ola electorera, deberían de ‘pelar’ las advertencias que han venido haciendo organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, para luego no quejarse de que colectivos civiles mexicanos se organicen para ir y presentar quejas en la Corte Penal Internacional de La Haya contra quienes resulten responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, porque dicen las autoridades que la guerra contra las mafias no es guerra. Aunque para Washigton sí que la es.

Si para la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU la reciente ejecución de 34 presos en un solo día en Irak fue calificada de ‘aterradora’ ¿qué podrá decir ese organismo internacional de que en México en cinco años la guerra del presidente Calderón contra los cárteles de la droga y sus sicarios lleva acumulada una cifra de más de 60 mil muertos, miles de desaparecidos y centenares de familias que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen huyendo de la violencia?

Human Rights Watch, a través de su vocera Emma Daly, dio a conocer que ese organismo tiene datos que muestran que en México “la violencia ha aumentado horrorosamente” en los últimos años “y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia” y que la mayoría de los casos quedan impunes, asunto que el gobierno de México bateó de inmediato, dando más respuestas evasivas y condenatorias que concretas, afirmando que esas quejas sí son atendidas.

Y el representante de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, sabiendo lo que suele responder el gobierno mexicano cada vez que hay un llamado de HRW sobre esas violaciones y muertes por la guerra del gobierno federal contra el narco, retó al mandatario panista a que demuestre que la gran mayoría de los muertos pertenecen a narcotraficantes que se matan entre ellos, y muy pocos los que caen asesinados víctimas de los ‘daños colaterales’.

Ese lance de Human Rights Watch pone a Felipe Calderón contra la pared de cara a la Nación, porque su gobierno simple y sencillamente no tendría la capacidad de demostrar su dicho, debido a la negligencia de las instancias ministeriales mostrada a lo largo de más de cinco años de guerra, que no han hecho su tarea de levantar actas ni hacer ningún tipo de seguimiento en cada muerte que acontece producto de esa inútil lucha armada, cuyos resultados son desesperanzadores.

Puede asegurarse que su administración no podría –y menos podrá porque ya no le queda tiempo a su sexenio– de implementar siquiera una clasificación previa de quiénes han sido los muerto caídos en esa lucha armada, porque simplemente no se tienen datos de los que van cayendo abatidos por las balas, cuyos cadáveres o son dejados a cielo abierto o enterrados en fosas comunes sin mayores trámites. Aunque para HRW el número de muertos lo estima en unos 45 mil, otras cifras hablan de que esa inútil guerra ha cobrado más de 60 mil víctimas mortales en México.

Eso sin hablar de las violaciones contra los derechos humanos en los que ha venido insistiendo desde hace años ese organismo internacional, lo mismo que Amnistía Internacional división México, que durante los últimos años ha venido trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil, realizando propuestas concretas para avanzar en la lucha contra las violaciones de derechos humanos en México, a lo que el gobierno de Felipe Calderón se ha comprometido a solucionar, pero más en el discurso que en los hechos.

Este organismo ha pugnado porque se impulse una reforma del Código de Justicia Militar más ambiciosa, para que los esfuerzos que se desarrollen desde la administración sean efectivos en la protección de los derechos humanos. Ha señalado AI que es necesario, entre otras cosas, erradicar en los hechos las desapariciones forzadas, las violaciones y la tortura y se cumpla con los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto HRW como Amnistía Internacional han insistido que en México deben excluirse de facto del fuero militar todos los abusos de derechos humanos cometidos por militares. De ahí que Human Rights Watch afirma que “existe una impunidad absoluta para los militares” quienes, con el sistema de justicia castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Esto evidentemente fue negado de inmediato por el gobierno que encabeza Felipe Calderón, señalando que sí atiende esos casos de violaciones a los derechos humanos contra gente inocente por parte de las fuerzas castrenses. Pero en los hechos todo sigue igual, el tiempo avanza y lo que importa son las elecciones de julio próximo. Lo demás es lo de menos, aunque el Departamento de Estado norteamericao ve ese avance como una amenaza, no sólo para México, sino para los Estados Unidos.

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El sistemático rechazo del gobierno del presidente Felipe Calderón a las valoraciones de la organización internacional Human Rights Watch sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares, en la lucha que su gobierno sostiene desde hace más de cinco años contra los cárteles de la droga, provocó que esa ONG le lanzara el reto al mandatario panista para que demuestre la versión oficial de que bajo su mandato la mayoría de los muertos han sido cómplices y no víctimas colaterales de esa guerra. “De eso dependerá la credibilidad y el legado del gobierno de Felipe Calderón” al término de su gobierno, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Por segunda ocasión consecutiva, en menos del 48 horas la organización humanitaria ha criticado duramente al gobierno de México por la preocupante situación de violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra el narcotráfico y por su silencio a la hora de justificar el elevado número de víctimas. El pasado fin de semana en El Cairo, la directora de comunicación de ese organismo, Emma Daly, dijo en el Sindicato de Periodistas de la capital egipcia, que en México se vive una ‘horrorosa violencia’ por la guerra que sostiene el gobierno federal contra las mafias.

Enfatizó que siguen los abusos de los miltares que cometen violaciones de derechos humanos gozando de una ‘impunidad absoluta’, criticando de paso una vez más al mandatario mexicano de haber puesto al Ejército a hacer las veces de policía persiguiendo delincuentes sin estar entrenado para eso. De acuerdo al informe de esa ONG, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo hacen que “el clima de desorden y miedo empeore en algunas zonas del país”.

Señala que entre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, figuran los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, señaló la señora Daly. Agregó que “existe una impunidad absoluta en México para los militares” quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Al respecto, el gobierno de México rechazó ese informe de Human Rights Watch. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró “su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad”. Añade que sus acciones se han desarrollado todos estos años “en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública” en zonas de México donde hay peligro para la población.

“El actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población”, señaló el comunicado. La Secretaría de Defensa Nacional ha estado “fortaleciendo la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna” sobre el cumplimiento de las misiones asignadas, se agrega.

No obstante, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, al presentar el informe anual de esta organización señaló que ante el casi inminente cambio de poder federal en julio próximo, esa organización internacional defensora de los derechos humanos tiene la esperanza que las próximas autoridades en México se muestren dispuestas a trabajar “sin prejuicios” y “de buena fé” para “revisar las conductas y aceptar las críticas y las sugerencias”, tanto de la sociedad mexicana como de los organismos internacionales.

“Esperamos que el próximo gobierno de México revise la estrategia porque (la actual) no está funcionando”, comentó Vivanco, al lamentar “la cerrazón”, la actuación “a ciegas” del gobierno calderonista “está dando resultados, pero que según todas las cifras, demuestran que crece la violencia y los abusos”. Apuntó que si el gobierno sostiene que el 90 o 95 por ciento de las víctimas son narcotraficantes, sería bueno que expliquen, especialmente a los mexicanos, cómo han llegado a esa conclusión. Insistió: “No sabemos como pueden sustentar una apreciación de ésta naturaleza”.

Para ilustrar el preocupante escenario que prevalece en el ámbito de la justicia militar, señaló que las cifras son muy reveladoras ya que se tienen abiertas más de 3 mil 700 causas contra militares que ya llevan varios años bajo análisis. “Sin embargo, solamente hay 29 condenas”, dijo, lo que para los altos mandos castrenses es un balde de agua helada. Por lo pronto el reto de ese organismo para que el presidente Calderón demuestre que la gran mayoría de los muertos producto de su guerra son parte de la delincuencia organizada y no gente inocente, pone en jaque a su gobierno de cara a la Nación.

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Por su salud y la de su partido, bien haría Enrique Peña Nieto, ‘por costo-beneficio’, seguir deshaciéndose de lastres que le han venido haciendo daño a su imagen y a la del tricolor en su apurada carrera hacia la Presidencia. Sobran nombres que están muy cerca de él que pudieran quedar en la lista, después de haber decidido que Humberto Moreira renunciara como dirigente del PRI, y que el Revolucionario Institucional se separara del Partido Nueva Alianza de la mandamás del magisterio nacional Elba Esther Gordillo anunciada el pasado viernes, aunque la otra es que este rompimiento pudo haber sido ‘pura faramalla’, como lo señaló Andrés Manuel López Obrador.

Una versión dice que la desintegración que coaligaba a ambos partidos como ‘Compromiso con México’ junto con el Partido Verde Ecologista que sigue con el PRI, fue por diferencias ‘con un sector reacio a las reformas’ y no con el candidato Peña Nieto, según declaró el dirigente Luis Castro Obregón. Sin embargo, se sabe que pudieron más las presiones internas en el tricolor, porque a finales del año pasado Moreira había suscrito compromisos anticipados para postular a cuatro senadores y 24 diputados del Panal, entre estos a dos familiares de la fundadora de Nueva Alianza.

Pocos creyeron que esa ruptura no era tal sino una ‘separación amistosa’, como lo declaró el nuevo dirigente priísta, Pedro Joaquín Coldwell. Incluso para el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, esa separación es una “mera simulación” y advirtió que podría haber un panorama similar al de 2006, cuando el Panal tuvo a un candidato propio, pero terminó operando para favorecer a Felipe Calderón. “Es una cuestión de imagen; pura faramalla. Como se está cayendo Peña y sus asesores le dicen que le afecta la imagen, hay una separación simulada”, dijo en Silao.

Otros señalan que si de deshacerse de lastre se trata, hay varios nombres que están a la vista, muy cerca de él, cuyo pasado le motiva más perjuicio que beneficio para efectos de imagen y de seguir navegando rumbo a Los Pinos, y que sabe que le estorban. Quizá esté ante esa disyuntiva. ¿Si se decide quiénes seguirían? En la lista de posibles aparecen hombres de nombre y hasta de renombre político, cuyo pasado los delata.

Por lo pronto el candidato priísta tendrá que lidiar con la decepción que ha causado entre sus seguidores y admiradoras sus desatinos, desconocimiento y falta de manejo en la improvisación, como quedó demostrado después que dejó el mando del estado de México, comentando que Los Angeles Times quizá tenga razón cuando publicó que podrá ser ‘carita’ pero no un hombre preparado que creían que era, ni el más capacitado para improvisar fuera de los guiones que le ponen sus asesores o si no tiene enfrente un teleprompter para leer lo que tiene que decir. El desencanto es más generalizado de lo que se cree, aunque las encuestas digan que ni cosquillas le hicieron sus desatinos.

De cualquier forma, si de echar tijera se trata, hay tela de donde cortar. Por lo pronto, de su primer equipo se deshizo de varios pero dejó a David López, un experimentado comunicador que lo fue incluso con el tío del hoy candidato, Alfredo del Mazo González, considerado un personaje que también influye mucho aunque de modo discreto en el joven aspirante priísta a la Presidencia. Aurelio Nuño Mayer, egresado de la Universidad Iberoamericana, fue nombrado en manejo de imagen. Pertenece al grupo de los ‘golden boy’ como su ahora jefe. Se dice que le fue recomendado por Luis Videgaray, hechura este de Arturo Montiel. Tiene fama de eficiente pese a ser joven.

El caso es que si Peña Nieto está decidido a deshacerse de gente cuyo pasado no le ayuda, debe de hacer lo que le hizo al ‘gober precioso’ Mario Marín –que aspira o aspiraba a ser senador– quien hace unos días, en uno de los eventos del candidato priísta, agarró lugar en primera fila, lo que provocó más que simples murmullos, al grado que el mexiquense tuvo que salir posteriormente a delsindarlo públicamente como uno de sus allegados. Si sigue por ese camino, lo de sus desatinos podrían irse disfuminando, por supuesto si no vuelve a cometerlos.

Hasta sus adversarios políticos han visto como buen punto el que se haya alejado de ‘Doña Tormenta’, si es que como dice López Obrador, no es más que ‘pura faramalla’ ese deslinde. La lista de personajes de los que debería deshacerse, de la calaña del ex gobernador de Puebla o peores, la conoce a la perfección el candidato virtual. Lo cierto es que mucho ganaría el ex mandatario mexiquense en su aspiración de sacar al PAN de Los Pinos, deshacerse de más lastre. Él conoce bien historias y nombres. Es cosa de que empiece, si quiere hasta por abecedario, para que ninguno de sienta. Bien haría.

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¿A qué vino el director de la CIA? Aquí hemos escrito sobre la preocupación que existe en la Casa Blanca del avance de los capos del narco en México, de la advertencia de Hillary Clinton secretaria del Departamento de Estado sobre la posible existencia de narcoterrorismo en México, y de la insistencia de la titular de Seguridad Nacional norteamericana Janet Napolitano de que alguno de los líderes de los cárteles mexicanos –ella presume que podría ser el de Los Zetas–, esté haciendo alianzas con una importante célula extremista islámica, con miras a fraguar ataques a instalaciones estratégicas de Estados Unidos, como venganza por el asesinato en mayo pasado de Osama Bin Laden, fundador de la organización terrorista Al Qaeda.

Ayer señalábamos en este espacio que parece haber evidencias de que la rama saudí de esta red terrorista internacional ha instado a sus seguidores a atacar las instalaciones petroleras de los países que suministran crudo a Estados Unidos, entre los que se citan a México, Venezuela y Canadá. Esto no ha sido tomado en cuenta en nuestro país, pero en Washington es una amenaza de primer orden. Las instancias del Pentágono y de inteligencia norteamericana y combate antinarcóticos coinciden en que después de la muerte de Bin Laden por parte de un comando de élite norteamericano, pudiera estarse tramando una venganza.

De ahí que la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, haya dicho esta semana que sus áreas de inteligencia tienen un ojo puesto en lo que sucede en Oriente Medio y en el Cuerno de África, y otro ojo en lo que acontece en México y en Centroamérica con el avance y los movimientos de los capos de la droga, que sabe que se mueven con toda libertad en nuestro país y en las naciones aledañas. Comentábamos que al parecer las instancias de seguridad del gobierno calderonista estarían desatendiendo esos temores de Washington, por andar metidos en la onda electorera.

Pues resulta que el pasado miércoles apareció en nuestro país David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, quien se reunió en privado en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, en donde, según un escueto comunicado, ambos “intercambiaron puntos de vista sobre la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos y acordaron seguir estrechando los lazos en esta materia, impulsados por ambos gobiernos”. La Presidencia informó que el funcionario estadunidense estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.

También asistieron a la reunión el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jaime Domingo López Buitrón. Antes, el director de la CIA y el embajador estadunidense se reunieron con funcionarios el gabinete de seguridad. Según un comunicado emitido por Gobernación, en el encuentro “se abordaron temas de coordinación y colaboración en materia de seguridad entre ambos países”. Ambas reuniones se realizaron bajo fuertes dispositivos de seguridad.

Como se sabe, la CIA es la agencia gubernamental de los Estados Unidos que primero se encargó de evitar la expansión del comunismo durante la época de la Guerra Fría. Después de la caída del muro de Berlín su objeto había sido la guerra contra el narcotráfico y en crimen organizado en el exterior. Pero desde el 11 de septiembre del 2001 hasta la actualidad, se dedica a enfrentar las amenazas del grupo terrorista Al Qaeda que hoy lidera Aymán al-Zawahirí, a la muerte de lider fundador de esa organización terrorista, Osama Bin Laden, abatido el 1 de mayo de 2011 por tropas de elite norteamericanas.

Pese al misterio que suele envolver a ese tipo de reuniones, hay varias cosas que empiezan a quedar claras. Una es el temor manifiesto y verdadero que hay en Washington de que líderes de los cárteles de la droga que operan en México –la señora Napolitano deduce que pudiera ser el de Los Zetas–, estén conviniendo alianzas para planear ataques desde nuestro territorio o dentro del suyo, contra instalaciones estratégicas de Estados Unidos, como venganza por el asesinato de Bin Laden. No hay que olvidar que el fantasma de Osama y de Al Qaeda persigue a los norteamericanos desde el ataque a las torres gemeleas de Nueva York y al Pentágono, el 9/11.

El hecho es que en la Casa Blanca ven los problemas del narco y su avance en México, de distinta forma  a como lo ven en Los Pinos. Por lo pronto, la tesonera labor de Hillary Clinton desde el Departamento de Estado norteamericano y la que ha venido realizando la titular de Seguridad Interior del vecino país, Janet Napolitano, parece haber permeado de modo contundente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en donde los legisladores están a punto de aprobar que el crimen organizado y el narcotráfico que opera en México, sea equiparado a la ‘insurgencia terrorista’. ¿De eso vino a hablar Petraeus con Calderón?

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Mientras que al gobierno de Washington le preocupan el asunto del avance en México del narco, y la advertencia de la ONU de que el mundo estaría al borde de una nueva recesión global y si los problemas que afectan la economía y finanzas de varios países de Europa no se superan en el corto plazo su efecto podría llegar a la Unión Americana, acá esos dos temores de la Casa Blanca le tienen sin cuidado al gobierno mexicano; cree que todo se arregla con la retórica discursiva.

La Organización de Naciones Unidas estimó un crecimiento máximo de la economía mexicana de 2.5 por ciento para 2012, en contraste con el pronóstico de 3.5 por ciento de las autoridades mexicana, quienes seguramente volverán a decir que nuestra economía y finanzas están blindadas y que esos vaivenes le hacen los mandados a nuestro país. En cuanto al tema del narco y su avance dirán que eso está bajo control, con un letrero que dice ‘no disturb’ ya que todos andan en la onda electorera.

Para la Casa Blanca el anuncio de una posible recesión global que pudiera volver a afectar la economía y las finanzas norteamericanas, en pleno inicio de proceso electoral es una mala noticia, ya que a Barack Obama los republicanos le han reprochado su incapacidad para restaurar los efectos del crack de septiembre de 2008, del cual el vecino país del norte no se ha podido recuperar plenamente. Otro golpe a las finanzas norteamericanas por un efecto dominó europeo podría hacer recrudecer la agudización de su crisis y la prolongada falta de desarrollo a causa de la austeridad, obligada por las circunstancias.

La advertencia que el mundo estaría al borde de una nueva recesión global si los problemas que afectan la economía y finanzas de varios países de Europa no se superan en el corto plazo, es un anuncio que para efectos de que Obama prolongue otros cuatro años su mandato vendría a ser su segura virtual derrota anticipada, ya que ese problema pondría en un predicamento al actual gobierno norteamericano ya que la desaceleración se restringiría aún más lo que afectaría a todos los sectores productivos de esa nación.

La ONU dijo que era ‘muy posible’ que la crisis de la deuda se extienda a las grandes economías europeas, lo que resultaría en una contracción del crédito a nivel mundial y una eventual caída de las bolsas. Precisó que una recesión en Europa o en Estados Unidos no es suficiente para provocar una recesión global, pero ‘el colapso de ambas economías seguramente sí lo podría ocasionar’. Esto evidentemente le pegaría también a México cuyo comercio exterior depende de la suerte norteamericana.

En Estados Unidos, una escalada de la disputa política entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto podría dar lugar a medidas de austeridad que reducirían la confianza del consumidor, afectarían al mercado de la vivienda y daría lugar a nuevos riesgos para los bancos. Los especialistas comentan que en un escenario pesimista, el contagio de la deuda soberana podría asfixiar el crédito en el mundo y provocar un crack en los mercados financieros, tal como ocurrió con el colapso de Lehman Brothers Holding en 2008, advirtió el informe dado a conocer en la sede de la ONU en Ginebra.

Pero si algo le faltara a la Casa Blanca, está la preocupación que significa tener en su frontera sur otra grave amenaza como lo es el avance de los capos de narco en México y la latente advertencia de su Departamento de Estado, y de Seguridad Interna, que se toman muy en serio cualquier amenaza relacionada con la seguridad, de que pudieran alguno de los líderes del los cárteles vincularse –como se teme que ya lo estuviesen haciendo desde hace algún tiempo–, con alguna importante célula extremista islámica.

La rama saudí de la red terrorista internacional Al Qaeda ha instado a sus seguidores a atacar las instalaciones petroleras de los países que suministran crudo a Estados Unidos, entre los que citó a México, Venezuela y Canadá. Esto no ha sido tomado en cuenta en México, pero en Washington es una amenaza de primer orden de atención. Las instancias del Pentágono y de inteligencia norteamericana y combate antinarcóticos coinciden en que después de la muerte de Osama Bin Laden por parte de un comando de élite norteamericano en mayo del años pasado, pudiera estarse organizando una venganza.

De ahí que la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, haya dicho hace dos días que sus áreas de inteligencia tienen un ojo puesto en lo que sucede en Oriene Medio y en el Cuerno de Africa, y otro ojo en lo que acontece en México y en Centroamérica con el avance y los movimientos de los capos de la droga, que sabe que se mueven con toda libertad en nuestro país y en las naciones aledañas. En tanto el gobierno mexicano no quiere saber  más que de las elecciones federales de julio.

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Primero fue la operación ‘Receptor Abierto’ así llamada a finales de la administración de George W. Bush; luego con Barack Obama cambió de nombre al de ‘Rápido y Furioso’, y ahora salió otra más llamada ‘Arma Blanca’ (White Gun), de la que tampoco nadie sabe nada. Ni allá ni acá. Todas relacionadas con supuestos programas de la Oficina para el Control de Armas en Estados Unidos (ATF), dizque para seguirle la huella a los capos mexicanos que las compraban, y dar con sus guaridas en territorio nuestro.

Pero como todo mundo sabe, era un tráfico ilegal de armas, solapado por autoridades norteamericanas y mexicanas, cuyos máximos mandos dicen no saber nada de nada. Ni las autoridades estadounidenses saben de qué les hablan cuando se mencionan las operaciones ‘secretas’ ni las mexicanas tampoco. No saben quiénes la autorizaron ni quiénes operaron esos proyectos para supuestamente dar con líderes de la droga. Pero el hecho es que ahí están.

Lo que llama la atención es que el Departamento de Estado norteamericano que encabeza Hillary Clinton, y el de Seguridad Interna con Janet Napolitano al frente, andan muy preocupadas porque no vaya a ser que entre narcotraficantes mexicanos y células extremistas islámicas, hagan alianzas y planeen atacar desde nuestro territorio o penetrando al suyo, instalaciones estratégicas de Estados Unidos.

Esa obsesión se manifiesta constantemente de varias formas. Este martes, la señora Napolitano dijo en un simposio que su Departamento está ‘con un ojo al gato y el otro al garabato’. Señaló que “mientras tenemos un ojo en el Medio Oriente, Africa y otros lugares conflictivos, también tenemos un ojo en México y América Central porque están tan cerca de nosotros”. Señala que el monitoreo es por la latente amenaza de la violencia relacionada con el narcotráfico que priva en nuestro país y en la zona centroamericana.

Indicó que se le da la misma atención a lo que sucede en naciones africanas y del Oriente Medio, que las que se dan al sur de su frontera, es decir, lo que sucede con los narcotraficantes en México, donde hay vigilancia permanente para saber “qué ocurre al sur de la frontera en nuestro hemisferio, que pudiera afectarnos”. Sin embargo, no le dan el miso énfasis a los reportes sobre las operaciones encubiertas de tráfico dizque vigilado de armas de Estados Unidos a México que pasan como Juan por su casa.

Al respecto, acá nuestras autoridades se hacen como que la virgen les hablara. Nada saben, dicen. Eso sí, se quejan de que pudiera haber ‘mano negra’ del narco en las próximas elecciones de julio como asegura el Presidente y su hermana que perdió las elecciones en Michoacán que la hubo en su tierra natal, con motivo de los comicios para elegir gobernador y que ganó el priísta Fausto Vallejo.

Respecto al tráfico de armas, el diario Los Angeles Times señaló que el operativo que se encuentra ahora bajo escrutinio de los senadores norteamericanos es el denominado ‘White Gun’  (Arma Blanca) que según documentos internos de la ATF comenzó en el otoño de 2009 junto al fallido ‘Rápido y Furioso’, permitió de forma deliberada que miles de armas compradas por presuntos narcotraficantes en armerías de EU terminaran ilegalmente en territorio mexicano. Se dice que en este esquema también hubo armas que terminaron en las manos de los cárteles de la droga en México.

Estos asunto han repercutido con señalamientos a los encargados de la procuración de justicia estadounidense por parte del Congreso norteamericano. Los documentos a los que tuvo acceso el diario angelino revelan que ‘White Gun’ tenía como objetivo a nueve células del cártel de Sinaloa, entre los que se incluía a su líder Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotraficante más buscado de México.

La agente Hope A. MacAllister escribió en uno de sus informes para la ATF que de acuerdo con reportes de inteligencia se descubrió que el cártel de Sinaloa montaba un campo de entrenamiento tipo militar en la Sierra de Durango, cerca del presunto escondite de Guzmán Loera, y que el grupo criminal pretendía fortalecer su arsenal con lanzagranadas y ametralladoras calibre .50

Uno de los objetivos era Vicente Fernando Guzmán Patiño, miembro del cártel que se identificó con agentes encubiertos de la ATF como comprador de armas, a quien le dijo que “si le traía un tanque, se lo comprarían. Mencionó tener 15 millones de dólares para gastar en armamento y que no se preocuparan por el dinero”. Quería “las armas disponibles más grandes y extravagantes”.

Por lo pronto, una manta aparecida ayer en Tepic, Nayarit, anunciaba una limpia de Zetas en esa plaza por parte de gente del ‘Chapo’. Y aproximadamente a las 7 de la mañana, un policía municipal fue ejecutado al norte de la capital nayarita, a la salida a Bellavista. ¿Coincidencia? Lo que se rumorea es que la lucha territorial entre los cárteles en el país pasará a ser de templada a caliente.  Y las elecciones a la vista. Pero las armas no paran de entrar ilegalmente. ¿De qué se trata el juego?

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El caso de los supuestos suicidios de familias tarahumaras que dizque se han estado lanzado al vacío en los acantilados entre Creel y Barranca del Cobre, orillados a tomar esa decisión por hambre y por frío, a pesar de que ya fue desmentido incluso por el padre jesuita Javier Ávila –quien ha vivido y convivido con los tarahumaras hace años y los conoce por supuesto mejor que los políticos apuntados que los quieren ayudar pero con los reflectores mediáticos a un lado–, es una muestra de los tiempos que vive México de ambiciones políticas, estando enfrente las elecciones de julio próximo.

Apenas se supo de la noticia que cobró vuelo en las redes sociales en cosa de minutos, tanto el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social como el gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard, se apuntaron de inmediato para brindar ayuda a aquellos olvidados de siempre, después de las declaraciones de un líder de grupos indígenas respecto a que en la zona serrana de Chihuahua supuestamente estaban ocurriendo suicidios masivos por la hambruna que viven en la región, lo cual fue desmentido por el gobierno de aquella entidad.

El padre Ávila, quien es responsable de la Pastoral de la Diócesis de la Sierra Tarahumara, opinó que la noticia sobre los suicidios es “amarillista”. En entrevista con Carmen Aristegui dijo que no le consta que sea verdad; aunque sin mencionar su nombre manifestó que conoce a quien diseminó la especie, ‘pero no es de mis confianzas’. Señaló que “el rarámuri soporta muchas más cosas que nosostros y si acaso algún indígena lo ha hecho es por alteración psicológica o bajo los efectos del alcohol”.

Indicó que el problema de los tarahumaras “no es de hoy; es de siempre”, y en los proyectos de gobierno nunca son tomados en cuenta; los gobiernos “tienen acciones de bomberos” porque cada año les llevan despensas y cobijas, atacando más los efectos que las causas, pero no se preguntan “porque cada año se tiene que apagar la casa”. Admitió que ha habido un periodo de sequía prolongada y heladas fuertes que como consecuencia hay falta de alimento.

El sacerdote reconoció la solidaridad de las personas que han ayudado de manera desinteresada a los tarahumaras y aseguró que pese a que se invitó al gobierno para responder con programas sociales, hasta el momento no ha habido respuesta. En la entrevista manifestó que empezarán a repartir la ayuda por medio de un programa “y a cambio de trabajo”, por lo que han realizado un mapeo de las áreas más necesitadas, a donde no llega ni la “Cruz Roja o dependencias oficiales” porque no hay caminos.

Comentó que la mejor manera de ayuda en los centros de acopios es llevando alimentos como frijol, maíz, harina de maíz y trigo. Además indicó que el transporte es uno de los principales problemas para la entrega. Proporcionó el correo al cual puede ser contactado el sacerdote jesuita a quien los rarámuris llaman Padre Pato: pato@sjsocial.org

El problema de los tarahumaras no es el único en el país que padece hambruna o inclemencias por bajas temperaturas o sequías prolongadas, sino que son muchas los grupos indígenas que desde siempre han estado en el olvido por parte de todos los gobiernos del partido que se quiera, como son los nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos, totonacas, tzotziles, tzetzales, mazahuas, mazatecos, huastecos, choles, purépechas, chinantecos, mixes, tlapasnekes, mayos, zoques, chontales, popolucas, chatinos, y amuzgos.

Lo mismo ha sucedido con los tojolabales, huicholes, tepehuanos, triquis, popolocas, coras, mames, cuicatecos, huaves, tepehuas, kanjobales, chontales, pames, chichimecas, matlatzincas, guarijíos, chujes, chochos, tacuates, ocuiltecos, pimas, jacaltecos, k’ekchíes, lacandones, ixcatecos, seris, motocintlecos, quichés, kakchiqueles, paipaies, pápagos, cucapáes, kumiais, kikapúes, cochimíes, ixiles, kiliwas, y aguacatecos.

Lo que pasa es que ahora, tanto el gobierno federal, como la jefatura de gobierno del Distrito Federal, andan a la caza de asuntos que les reditúe mediáticamente agua para llevar a su molino, ya que están enfrente las elecciones de julio para, entre otros asuntos, votar por quien será el nuevo jefe del Ejecutivo federal. Por ello más que nada se lanzaron a la velocidad del rayo dizque para brindarles ayuda a los rarámuris y salir en los medios como almas caritativas que distan mucho de serlo, a no ser porque están a la vista los comicios más importantes del sexenio.

Los tarahumaras o cualquier otro grupo étnico que habita hace siglos en México y que se resisten a desaparecer, de siempre han estado en el más completo olvido por parte de los gobiernos y autoridades del color del partido que se diga. Así ha sido prácticamente desde la época de la Conquista. Pero las elecciones del 2012 ya asoman. Y eso marca la diferencia. Hay que enviar ayuda rápida, pero con los reflectores mediáticos a un lado. Una ayuda por obvia conveniencia política, no tanto humanitaria.

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El experimento del PAN-gobierno con la señora Isabel Miranda de Wallace de lanzarla como candidata independiente para disputar la jefatura de gobierno del Distrito Federal, pudiera repetirse para la madre de todas las elecciones a celebrarse el primer domingo de julio cuando se dispute la Presidencia de la República. Si así fuera, ¿quién sería ese candidato independiente?, es la pregunta que empezó a hacerse medio mundo desde el pasado fin de semana, después de que el dirigente de Acción Nacional dio a conocer la noticia de que la activista social será quien enarbole la bandera panista en busca de suceder a Marcelo Ebrard Casaubón.

Si la señora Wallace –a quien se le reconoce la enjundia que asumió al proponerse hallar a los secuestradores y asesinos de su hijo, y haberlo logrado–, fue ungida de la nada como candidata del PAN para disputarle a los candidatos que resulten del PRI y del PRD la jefatura de gobierno del DF, dejándose llevar por el canto de  las sirenas, se considera que esa misma fórmula podría aplicarse desde Los Pinos para buscar a un ‘candidato independiente’ –si es que no ya se tiene– para que enarbole la bandera de Acción Nacional en los comicios de julio próximo cuando habrá de votarse en todo el país para elegir al sucesor de Felipe Calderón.

Habrá que recordar que desde el 5 de marzo del año pasado, durante un congreso de su partido, el mandatario panista había echado el buscapiés pidiéndole a la cúpula y a todos los militantes de Acción Nacional ‘buscar al mejor prospecto’ para candidato a la Presidencia, “sea militante o no” del blanquiazul. Todos lo miraron entonces con cara de ¿te cae? De inmediato el dirigente panista, Gustavo Madero, al día siguiente de esa declaración le quiso enmendar la plana al asegurar que el candidato a la Presidencia de la República en el 2012 sería panista.

Aclaró que el mandatario se refería a candidatos a otros cargos de elección popular, como gobernadores, alcaldes o diputados. “No quiero dar una señal equivocada” dijo entonces. Para la Presidencia de la República “es muy difícil que un candidato ciudadano alcanzara el posicionamiento o el liderazgo que ya tienen 10 de nuestros principales panistas”, señaló. “El candidato a la Presidencia va a ser panista”, aunque “no podemos nunca decir que no estamos abiertos a los ciudadanos; algunos podrán expresar su interés, pero lo veo poco probable”.

La primer señal equivocada fue que Madero dijo entonces que serían diez suspirantes a la candidatura de su partido porque al final, con trabajos, salieron siete, de los cuales sólo quedaron tres: Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, dizque el delfín presidencial; el senador con licencia Santiago Creel y la diputada con licencia, Josefina Vázquez Mota. Luego, recientemente, le echaron para atrás a él y a su jefe máximo la idea del sondeo ‘indicativo’ en busca de apuntalar al supuesto delfín presidencial.

Al ser designada la semana pasada la candidata del blanquiazul al gobierno de la ciudad de México, su dirigencia dejó en el camino las aspiraciones de Demetrio Sodi, jefe de la delegación Miguel Hidalgo; su antecesora en esa jefatura, Gabriela Cuevas; el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luego Tamargo quien no estuvo en el acto de ‘destape’; Carlos Orvañanos, jefe delegacional de Cuajimalpa con licencia y Mariana Gómez del Campo, ex presidenta de su partido en el DF y prima de la esposa del presidente Calderón. Nadie chistó el ‘dedazo’. Al contrario, lo aplaudieron.

Por ello empieza a fortalecerse la versión de que, al no haber podido fraguar la idea de esa ‘muestra indicativa’ ordenada desde la casa presidencial que buscaba sacar de la jugada a Santiago Creel y dejar solamente a Josefina Vázquez Mota con Ernesto Cordero para apuntalarlo ya que sigue irremediablemente rezagado en las preferencias, podría surgir, sorpresivamente, como fue el caso de la abanderada para la jefatura de gobierno del DF , un candidato independiente que apoyaría el PAN para ‘la grande’.

Esto podría saberse a partir de los resultados de las elecciones internas de ese partido a celebrarse en una primera vuelta el 5 de febrero, y de ser necesario enseguida una segunda vuelta para definir quién representará a Acción Nacional en las elecciones del 2012, donde desde ahora se da por hecho que el perdedor sería el ex secretario de Hacienda. Acaso el triunfo sería para Josefina Vázquez Mota o en una de esas hasta del candidato de la ex pareja presidencial, Santiago Creel.

De no ser Ernesto Cordero, se dice que Calderón se sentiría más cómodo con un candidato independiente que, eso sí, tendría todo el apoyo del PAN-gobierno, como sucedió con la señora Wallace. ¿Quién sería? ¿Un barbón o un imberbe? Hagan sus apuestas señores.

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