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Hay de muertos a muertos

PAULINO CÁRDENAS

Un nuevo caso que habrá de ser objeto de una pronta respuesta por parte de las autoridades mexicanas, específicamente de la PGR, por tratarse de otro funcionario de Estados Unidos que se desempeñaba como fiscal adjunto en Brownsville, Texas, será el de quien en vida llevaba el nombre de Arturo José Íñiguez quien apareció muerto en Matamoros, Tamaulipas el pasado sábado, con signos de envenenamiento según los informes forenses de la Procuraduría de Justicia de ese estado.

El cuerpo del hombre, de 26 años de edad, no presentaba huellas de violencia y fue encontrado a bordo de una camioneta Jeep Cherokee modelo 2008 con placas de Texas, la cual estaba encendida y estacionada sobre la avenida Acción Cívica, a unos 300 metros del puente internacional Ignacio Zaragoza. Peritos de la Unidad de Servicios Forenses consignaron que junto al cadáver se encontraba un medicamento para perros, el cual pudo haber sido ingerido por el oficial texano no se sabe si por voluntad propia u obligado por alguien.

Se dio a conocer que al momento del hallazgo el fiscal tenía 6 horas de fallecido y que llevaba sus objetos de valor incluyendo la cartera con documentos personales y la acreditación del Condado de Cameron, al sur de Texas. Es decir que el móvil no fue el robo. El funcionaro era originario de Rancho Viejo, Texas, estaba casado y tenía una hija de dos años. Había ingresado en 2007 a la oficina de la fiscalía en Brownsville.

Una nota de la AP señala que hace sólo cuatro días se supo del asesinato de otro ciudadano estadounidense en México. En esa ocasión fue en la también fronteriza Ciudad Juárez, donde se había desplazado una familia desde Arizona para festejar el cumpleaños de un pariente. Cuando dos de ellos estaban fuera de la casa, un comando armado les disparó, mató a Josué Castro, de 25 años, y dejó herido a su tío y a una niña de cinco años.

Hace poco más de un mes, otro funcionario del Gobierno estadounidense perdió la vida al ser tiroteado en San Luis Potosí, cuando viajaba junto a otro compañero desde Ciudad de México a Monterrey. El asesinato del agente de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Jaime Zapata, abrió un nuevo capítulo de tensión entre México y Estados Unidos.

Ese crimen generó un operativo sin precedentes en México para detener a los presuntos culpables del homicidio y en Estados Unidos, con una ‘cacería’ al ‘narco’ que terminó con casi 700 detenciones ¡en sólo tres días! Esa misma velocidad esperan las autoridades judiciales de Estados Unidos en el caso del jóven funcionario que apareció envenenado en Matamoros para dar con las causas de esa misteriosa muerte, lo que con nuestros connacionales que fallecen en el ‘fuego cruzado’ de la nacoguerra no sucede ya que, para vergüenza del gobierno, quedan enlistados bajo el rubro de ‘daños colaterales’.

Como se ve acá en México, las cosas son de otro modo. El pasado 28 de febrero por ejemplo, aparecieron muertos dos empleados de Petróleos Mexicanos quienes fueron hallados en una zanja en la zona de Burgos donde se produce gas en la cuenca ubicada entre Nuevo León y Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, la misma zona en donde han sido secuestrados varios trabajadores e incluso proveedores de la paraestatal, sin que casi nada se sepa de esos hechos. Se presume que los dos empleados fueron ejecutados por un grupo de sicarios, pero los resultados de las indagatorias se han ocultado.

Luego de sucedido el hecho, un funcionario de Seguridad de Tamaulipas –quien pidió no ser identificado–, así como las fiscalías de esta entidad, de Nuevo León y Coahuila, investigaban el caso bajo la sospecha de que en el crimen de esos dos empleados está involucrado el cártel de los Zetas. Señaló el anónimo que en repetidas ocasiones la paraestatal –que se ha convertido en objetivo de extorsionistas y secuestradores en el norte del país– ha sido amenazada por ese cártel.

Agregó el informante que hombres armados que dijeron formar parte de los Zetas han amenazado con atacar perforaciones en pozos aislados de gas natural en la cuenca de Burgos, a menos que paguen el “derecho” para operar. Esas historias a manos del crimen organizado contra personal de la paraestatal, no es nueva. Pero acá no hay prisa por indagar esos hechos. Si fueran funcionarios o empleados federales de Estados Unidos, otra cosa sería.

pcardenascruz@yahoo.com.mx