Debe intervenir el Congreso

PAULINO CÁRDENAS

¿Por qué el Congreso de la Unión no ejerce las facultades que le otorga la Constitución para frenar la indiscriminada ola de alzas a los precios de servicios públicos como las gasolinas y el efecto dominó que ello ha empezado a producir y que junto al incremento en la tarifas y aumentos fiscales provocarán un mayor desplome del poder adquisitivo de los trabajadores, un índice mayor de desempleo y más miseria en el país?

En vez de hallar una solución a la absurda situación que empieza a afectar gravemente a la ya de por sí deteriordada economía popular, la clase política de oposición y quien encabeza la élite gubernamental, han preferido enfrascarse en inútiles acusaciones mutuas sobre quiénes han sido los culpables de la alocada alza en los precios y tarifas de servicios públicos, en vez de ponerse a trabajar civilizadamente sobre hacia dónde debe ir la política económica del país.

Hay visos de que en el Congreso –si existe voluntad política del Ejecutivo–, los senadores de oposición pudieran apurar pronto alguna medida que lleve a enderzar el entuerto decretado en Los Pinos desde diciembre pasado para allegarle recursos al erario, al autorizar aumentos en serie  a la gasolina, lo que ha empezado a provocar una desenfrenada escalada de precios al público consumidor.

A principios de 2009 se suscribió el Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo encaminado a proteger la economía familiar, el cual se comprometió a respetar el gobierno encabezado por Felipe Calderón, testimoniando el hecho  los representantes de los sectores productivos y los legisladores de todos los partidos, para que durante todo el año pasado el precio de la gasolina, que es el más inflacionario, estuviera congelado.

Pero después de este otro error de diciembre, los sendores del PRI y del PRD se han centrado en acusar al panista Felipe Calderón de haber autorizado anticipadamente el aumento a la gasolina antes de que concluyera el 2009, violando el pacto suscrito a principios del año pasado, y el mandatario panista en contestarles e increparles de paso qué han hecho con tanto recurso que les ha dado el erario público.

Independientemente de la discusión en la que están enfrascados los legisladores de oposición y el jefe del Ejecutivo para salvar culpas mutuas, la pregunta que los mexicanos se han venido haciendo es a quién corresponde autorizar los aumentos de los precios de los servicios y tarfias públicas, ¿al Congreso o al gobierno federal?. La Constitución señala que es el Congreso el que debe aprobar cada año la Ley de Ingresos.

Al respecto, el perredista Pablo Gómez manifestó que los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley; es decir, en un mandato de cobro. Dice que en México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ahora el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas, agregó el legislador. Pero eso no es necesario, dice. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI.

Apuntó que durante muchas décadas, el Presidente en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. “Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario”, apuntó Pablo Gómez.

La pregunta entonces es, ¿si la Constitución le otorga facultades al Congreso para corregir y alinear el desorden que ha empezado a generar la alocada alza de precios, qué esperan los legisladores para actuar? La estrategia de la oposición y del Presidente, por lo que se ve, es solamente la de acusarse mutuamente. ¿Y los mexicanos? ¡Qué se frieguen! ¡Viva la Revolución y la Independencia!

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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