¿Servirá de algo registrar celulares?

PAULINO CÁRDENAS

El plazo oficial para el registro de datos de los poseedores de celulares concluye el próximo sábado 10 de abril. Quien no lo haga corre el riesgo de que le sea suspendido el servicio sin posibilidad de reactivación, según la disposición gubernamental. Se calcula que alrededor del 65 por ciento ya lo ha hecho, pero faltarían de registrarse datos de los dueños de varios millones de celulares.

Se cree que muchas personas podrían acudir al amparo arguyendo que con esa medida se pretende coartar una de las modalidades por donde se ejerce su libertad de expresión a la que constitucionalemente tienen derecho. Hay quienes consideran que es bueno pelear contra la delincuencia, pero que ésta no es la solución porque tendría un impacto en la pérdida del anonimato, que no sólo sirve para delinquir sino para denunciar casos de corrupción.

Se habla de que la medida es violatoria al derecho a la intimidad, además de que existe una ley de protección de datos personales promovida para el Distrito Federal para proteger éstos que, aunque el gobierno ha dicho que quedarán en el anonimato y la privacidad absoluta, mucha gente duda que así sea. Se comenta si no es un arbitrario acto de autoridad obligar a que la gente haga ese registro de sus datos.

Los usuarios de telefonía móvil se preguntan si el registro no acabará convirtiéndose en padrón de números telefónicos para uso de promoción comercial o política. O acaso una forma de tener fichada a la gente para escuchar sus conversaciones por parte del gobierno. Aún los que ya registraron sus datos, no están convencidos que esa medida vaya a disminuir las extorsiones, las amenazas ni los secuestros que realiza por esa vía el crimen organizado.

Dicen lo que es un hecho: las autoridades ni siquiera han sido capaces de evitar que desde las prisiones de México se cometan vía telefónica este tipo de delitos, a pesar de que con bombo y platillo se había anunciado que ‘ahora sí’ quedaría prohibido el uso de celulares en los penales. Esos son los que deberían registarse.

El imaginario popular cree que esa medida tiene el propósito de escuchar ilegalmente lo que la gente  dice por esa vía sobre asuntos de índole político o lo que se opina de los partidos políticos y sobre las elecciones que vienen este año, en 2011 y sobre todo las presidenciales del 2012.

¿Sirve de veras de algo el que la gente registre los datos de sus teléfonos celulares? ¿Con eso disminuirán los índices de secuestros y extorsiones que se hacen vía telefónica? ¿Ante el ordenamiento jurídico para suspender el servicio de quien no hagan caso al llamado la autoridad, procederán los amparos? ¿Qué opinan de eso las empresas que prestan el servicio?.

Las autoridades dieron un año de plazo para efectuar el trámite, el cual vence el próximo 10  de abril, con la advertencia de que los teléfonos que no se hayan dado de alta serán suspendidos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los legisladores federales en el Senado de la Repúbica seguirán discutiendo si el plazo para registrar datos de los teléfonos celulares se prorroga. En la Cámara de Diputados ya se había aprobado la ampliación del plazo.

Antes de que finalice la semana en la sede de Xicoténcatl 9 se sabrá si el Senado coincide con lo que la colegisladora de la Cámara de Diputados ya había aprobado. ¿Habrá prórroga?, es la pregunta. Quizá los cabilderos de las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil ya hicieron su tarea con los legisladores de la Cámara alta y empaten criterios con sus colegas de San Lázaro.

Como sea, se dice que el registro no servirá para nada para evitar la criminalidad, sino que inclusive podría incrementarla. Otros dicen que de plano esa disposición de ley debería derogarse.

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