Los generales ya no quieren combatir

PAULINO CÁRDENAS

Mientras no haya claridad sobre si las violaciones a los derechos fundamentales de gente inocente por parte de  miembros del Ejército deban ser castigados por leyes civiles o bajo el fuero militar, habrá generales de la Defensa Nacional que seguirán negándose a seguir combatiendo al narcotráfico, reconoció el general secretario de esa dependencia, Guillermo Galván Galván.

“Ya tengo resistencias de generales a participar” en el combate al narcotráfico, “porque carecemos de protección” ante Derechos Humanos, mientras que a las muertes de gente  inocente las calificó como “daños colaterales”, eufemismo usado para definirlas como actos no intencionales o accidentales que suceden como resultado de acciones militares de la narcoguerra.

En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel refirieron lo dicho por el secretario de la Defensa el lunes pasado sobre el combate al crimen organizado, durante una segunda reunión privada que sostuvieron  los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional de la que Galván forma parte, con los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política.

A estos dijo el general secretario que esa ‘resistencia’ de los generales a seguir participando en el cobate al narcotráfico, se debe  a que no hay definición constitucional  si los soldados y mandos del Ejército que presuntamente cometen violaciones a los derechos humanos, deben ser procesados por tribunales militares o civiles, como en este último caso es el reclamo de la CNDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con esa declaración del titular de la Defensa, se entendería que, por esa negativa de los generales, se habría dado el relevo de mando y operaciones del Ejército en Ciudad Juárez, los cuales fueron sustituídos por la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna.

El relevo de la Policía Federal por el Ejército en aquella ciudad fronteriza fue anunciado oficialmente hace unos días, pero no hubo una explicación lógica sobre las causas o razones de esa decisión, la cual obviamente fue aprobada por el comandante supremo de la Fuerzas Armadas, Felipe Calderón.

Ante los legisladores del Senado de la República, Galván manifestó su disposición para limitar el fuero de guerra, pero condicionado a que “no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses”. Dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adelantó que la secretaría a su cargo elabora una iniciativa de reformas al fuero militar, para definir a qué instancia deberían ser sometidos los mandos y efectivos del Ejército cuando haya violaciones a los derchos humanos, si a los tribunales militares o civiles.

Manifestó que las muertes de civiles en los enfrentamientos –como el caso de los dos niños, uno de 5 y otro de 8 años, muertos el 5 de abril por soldados en un retén miltar en Ciudad Mier, Tamaulipas–, “son daños colaterales que son lamentables”, como si esos decesos se trataran de algo sin importancia. De cualquier forma, manifestó que se requiere la permanencia del Ejército en las calles por lo menos unos 10 años más.

Reveló que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. No obstante, advirtió, la estrategia de lucha utilizada hasta ahora para enfrentar al crimen organizado, seguirá igual. Es decir que desde diciembre de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de las drogas, alcanzó ya la cifra de los 22 mil 743 muertos.

Lo que nadie duda es que la larga comparecencia que se celebró a puerta cerrada impactó sobremanera a los legisladores, por la crudeza con que habrían dicho las cosas los miembros del gabinete de seguridad sobre la narcoguerra, de lo cual sólo trascendió a la luz pública obviamente lo menos preocupante. Una nueva reunión se habría agendado para el próximo 29 de abril.

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