Narcoguerra: Ninguna muerte es menor

PAULINO CÁRDENAS

Habría que preguntarle a los padres y a las madres que han perdido a sus hijos a consecuencia de la guerra contra el narco, si piensan como el Presidente de que sí hay muertes de civiles inocentes en esa  lucha, pero “son los menos”, es decir que esos decesos violentos no ‘pintan’ en el saldo de vidas perdidas en los enfrentamientos entre bandas del narcotráfico y elementos armados del gobierno. Para el gobierno y sus militares las víctimas inocentes de esa guerra son sólo ‘daños colaterales’.

Felipe Calderón dijo el viernes pasado ante empresarios del ramo turístico, que su gobierno está golpeando y muy fuerte al hampa. Afirmó que más de 90 por ciento de los decesos son resultado del enfrentamiento entre bandas rivales; que los civiles muertos en esta guerra “son los menos” y que incluso “ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje –el de civiles muertos, incluyendo niños– que no llega a 5%”.

Y el encargado de la política interior del país no se ha quedado atrás al señalar el jueves anterior, durante un coloquio internacional sobre trata de personas, que la violencia es culpa de “la indolencia, la hipocresía y el silencio” de todos. Es decir, el gobierno provoca, el narco responde, y la sociedad debe acabar siendo la culpable. Además, la convoca  a “tomar conciencia” de la violencia, con la advertencia en medio de que en esa lucha contra los capos de la droga “prevaleceremos”.

La violencia producto de la narcoguerra es un fenómeno que la sociedad ni comenzó ni auspició ni tiene cómo disminuirla. La violencia en sí habitualmente tiene su origen en la corrupción, y la corrupción suele brotar de la ambición. La indolencia la practica comúnmente el gobierno que dice, promete y no hace nada o incumple lo prometido. La hipocrecía es sello distintivo de la clase política y de la élite gubernamental, y el silencio lo practican con mucha más frecuencia los hombres del gobierno, cuando así les conviene.

Todo eso lo sabe Gómez Mont. Y al Presidente, quien ve como una nimiedad la muerte de gente inocente en las persecusiones, escarceos y enfrentamientos entre sicarios y elementos de las fuerzas federales, habría que recordarle lo que le increpó el pasado 11 de febrero en Ciudad Juárez doña María de la Luz Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, dos de los 15 adolescentes masacrados el sábado 30 de enero pasado en Villas de Salvácar, que al bote-pronto, estando de gira en Tokio, el mandatario panista dijo que los jóvenes masacrados pertenecían a bandas de la delincuencia juvenil:

“¡Disculpe señor presidente yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón!”.

Doña María de la Luz agregó: “Le aseguro que si a usted le hubieran matado a un hijo ya hubiera agarrado a los asesinos. Aquí el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo, prometen justicia pero no la tenemos; ¡yo quiero justicia!”. Con lágrimas en los ojos, prosiguió: “Póngase en mi lugar, a ver qué siento yo; yo quiero a mis hijos”. Volteó hacia el auditorio y reclamó: “Ustedes señores no dicen nada, pero le aplauden al Presidente, hagan algo”. Imperturbables, Calderón y su esposa Margarita Zavala sólo veían a la mujer. Ninguno atinó a decir algo. Al Presidente parece habérsele olvidado ese triste episodio. Por eso hay que recordarle que ninguna muerte es menor.

Por lo demás, si el gobierno inició una guerra de exterminio contra el narco y éste  responde, la sociedad no tiene por qué pagar los platos rotos ni tiene por qué decirle el secretario de Gobernación que tiene que estar consciente de la violencia, cuando la está padeciendo en carne propia todos los días, producto de una guerra que, por lo demás, la inició sin consenso alguno el jefe del Ejecutivo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero cuyos decisiones el Congreso debería ir acotando.

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