Fuerzas castrenses contra fantasmas

PAULINO CÁRDENAS

Los mandos castrenses mexicanos y su jefe máximo no ignoran el antiguo caso de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla detenido en 1974 en un retén militar en Guerrero, y que años después fue revivida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual más tarde la Corte Internacional de Derechos Humanos falló, el sexenio pasado, en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.

Con ese antecedente, más las presiones de los órganos internacionales de justicia, habrá que ver si los generales del Ejército Mexicano y los almirantes de la Marina Armada de México, en lo que se regula el fuero militar, aguantan la presión de seguir combatiendo contra los sicarios de la droga en el país, teniendo encima las fuerzas castrenses a los fantasmas de Derechos Humanos que los perseguirán a donde quiera que tengan que actuar contra los capos del narco.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos no gubernamentales, le han hecho señalamientos al gobierno mexicano sobre presuntas violaciones a los derechos de civiles por parte de militares en la lucha que las fuerzas castrenses sostienen contra el narcotráfico. Incluso la CIDH le ha señalado al gobierno que esas faltas deben ser investigadas y procesadas por leyes civiles y no por el código militar.

De ahí que con carácter de urgente fue elaborada una iniciativa para regular el fuero militar que pretende dejar a salvo la actuación de los militares y marinos en lo que se refiere a los ‘daños colaterales’, es decir a los atropellos contra gente inocente en la  lucha que sostienen las Fuerzas Armadas contra los capos mexicanos de la droga. Con la pretendida reforma, las presuntas violaciones que le achacan a algunos mandos, grados y tropa quedarían justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores por parte de órganos internacionales de justicia.

Ha habido acusaciones formuladas por familiares de víctimas que han sufrido abusos de autoridad, violaciones, asesinatos o desapariciones forzadas, las cuales han sido elevadas a la consideración de la CIDH y a la propia Corte Internacional de Derechos Humanos. Sólo unos cuantos casos han sido juzgados, pero por el fuero militar. Organismos como la CIDH y la Corte Internacional de Derechos Humanos propugnan que los agravios de militares contra civiles, sean juzgados en tribunales civiles.

La pretendida reforma al Código Militar –cuya iniciativa se presentará hasta septiembre próximo según lo adelantó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el jueves pasado–, sería vinculatoria con la Nueva Ley de Seguridad Nacional, cuyo dictamen será analizado esta semana. De esta manera los presuntos abusos, violaciones o asesinatos de civiles a manos del Ejército y la Marina que se hubiesen cometido a lo largo de los más de tres años que lleva el combate al narcotráfico, pasarían a ser cosa juzgada.

El primer paso era apurar, como así sucedió la noche del pasado jueves, la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, la cual iría amarrada con la iniciativa de reforma al Código Militar que ya era esperada en el Legislativo pero que será enviada hasta septiembre. Pero mientras eso no suceda el temor entre las fuerzas castrenses sigue de manifiesto. “Ya tengo resistencias de generales a participar” en el combate al narcotráfico, “porque carecemos de protección” ante Derechos Humanos, dijo hace dos lunes a los senadores el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván.

Por lo pronto la preocupación la comparten los responsables de mayor rango no sólo del Ejército y la Marina, sino también del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón. Como sea, las fuerzas castrenses no sólo habrán de seguir luchando contra el narco sino también contra los fantasmas de los derechos humanos.

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