La corrupción, madre de la impunidad

PAULINO CÁRDENAS

Hace un par de días el presidente Felipe Calderón se refirió a la corrupción y a la impunidad que priva en las actividades del sistema de seguridad y justicia, al inaugurar un foro sobre este tema, organizado por la agrupación civil México SOS que encabeza Alejandro Martí. El mandatario panista reconoció que mientras persista la corrupción y la impunidad, la aplicación de la justicia en México seguirá a favor del mejor postor.

Hablaba ante juristas, procuradores, legisladores y ministros de la Corte, de la reforma penal, la cual no prosperará y sería inútil, sentenció, si persiste la corrupción. Señaló  que esta reforma no depende sólo de su promulgación sino de una fuerza ciudadana exigente que vigile su correcta aplicación. Pero dijo más:

“Queremos cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad, precisamente para que peligrosos delincuentes dejen de salir caminando de las cárceles, precisamente por configuraciones insuficientes de la tipología penal”. Y añadió: “No caigamos en el fenómeno que se conoce como fuerza revolvente en el que los delincuentes tardan más en entrar que en salir de prisión”.

La percepción, concepto que le gusta utilizar al Presidente, es que, por lo que dijo en ese foro, su gobierno no ha logrado una justicia eficaz para todos los mexicanos y ha permitido que la corrupción se imponga, lo que da por consecuencia que reine la impunidad. Los hechos cotidianos documentan con ejemplos claros y de sobra que el sistema de seguridad pública y justicia, y en general el referente al respeto a los derechos humanos, están en crisis.

Alejandro Martí por su parte señaló que la ciudadanía sigue desconfiada en la justicia, por la incapacidad de las autoridades para aplicarla. “No aceptemos la violencia como una maldición irremediable. No aceptemos la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite , desde todos los campos de la acción legal, hasta que las cosas cambien. De lo que estamos hablando aquí es que la sociedad no tiene credibilidad en sus sistema de justicia”.

Se supone que el Estado, con el poder y fuerza de que está dotado, debe garantizar a los mexicanos , seguridad, orden y paz. Y los gobiernos deben ser garantes en los hechos de esas prerrogativas y en teoría están obligados por ley a cumplir y hacer cumplir, a través de sus instituciones, las leyes que se han establecido para ello, pero cuya condición es que quienes tienen esa responsabilidad, actúen con decisión e inflexibilidad para castigar la corrupción y alienten comportamientos honestos que impidan la impunidad.

Interesante que sea el Presidente quien reconozca en dónde radica el problema de la impunidad que prevalece en México, no sólo en el ámbito de la seguridad y la justicia, sino en prácticamente todas las actividades que se llevan a cabo en todo el país, en donde la sociedad está a expensas de que los funcionarios violan las leyes a cambio de dádivas o cohechos y que son fácil presa de la corrupción y de caer en las redes del mejor postor. Pero no basta con hacer diagnósticos.

Calderón mismo sabe que la solución contra la corrupción e impunidad sería la aplicación de castigos ejemplares a los funcionarios que infrinjan la ley; procesar y encarcelar a todos aquellos que se les demuestre haber caído en actos ilícitos, en corruptelas, en cohechos o en vergonzantes colusiones con el crimen organizado.

El mandatario panista sabe bien que esa sería la solución para transitar por el sendero del estricto cumplimiento de las leyes y acabar, o al menos abatir sustancialmente, con la corrupción que es la madre de la impunidad. Sólo habría que preguntarle si de veras estaría dispuesto a entrarle a ese toro. En esta lucha sí tendría el total apoyo de la sociedad con la que hasta podría reivindicarse. Pero esto suena a utopía.

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