¿A quién beneficia el espionaje ilegal?

PAULINO CÁRDENAS

Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, fue balconeado por el nuevo Excelsior publicando conversaciones en las que habla de apoyos a favor de los  candidatos del PRI para las elecciones del próximo 4 de julio. Esto dio pie para que el dirigente del PAN, César Nava, calificara de ‘delincuente electoral’ al mandatario veracruzano amenazando con acusarlo ‘en su momento’ de presuntos desvíos de recursos públicos para darlos a los que contenderán por el tricolor en esos comicios.

Fuera del morbo sobre lo que dijo y el tono en que lo hizo Herrera Beltrán con sus subordinados y colaboradores, el asunto es saber quién o quiénes se ocuparon de intervenir sus líneas telefónicas. No se trata de soslayar si lo que se habló y se hizo público debió hacerse porque atañe a la sociedad y porque revela cómo andan las cosas entre el poder, las complicidades y el dinero en tiempo de elecciones.

En todo caso si hay que entrarle a este juego perverso se trataría de adivinar –que no es nada difícil–, a quién o quiénes beneficia hacer públicas las intervenciones telefónicas privadas que son grabadas ilegalmente, lo que es signo de vileza producto de la rivalidad política cuyos protagonistas se ven como enemigos a muerte y no como simples adversarios de contienda electoral.

Los que pudieron hacerlo, deben saber cómo hacerlo. Ahí estaría la primera clave. Y quizá la más importante. Una vez obtenidas las grabaciones de manera ilegal y ya filtradas a algún medio, como en este caso al nuevo Excelsior, sólo se espera que estalle el escándalo para entrar con todo, como fue el caso del PAN y su dirigencia. ¿Casualidad? Más bien se ve como plan con maña hasta que ese demuestre lo contrario, como son las cosas en México.

¿Qué estaría sucediendo si hubiera sido al revés, que el candidato del PAN, Miguel Angel Yunes, fuera el espiado y el balconeado? ¿Qué diría el PAN? Lo que debería hacer el PAN-gobierno es ponerse a investigar seriamente ese tipo de prácticas inmorales que atentan contra la privacidad individual que se supone es una prerrogativa ciudadana. Pero no, lejos de eso, el partido en el poder busca aprovechar esa ilegalidad para advertir que en su momento demandará a sus oponentes políticos.

Aquí no importa si fue Fidel Herrera o el ‘gober precioso’ o el ‘señor de las ligas’ o quien sea. La pregunta es ¿qué sucede con esa práctica ilegal que en lugar de fustigarla y erradicarla, el propio partido en el poder la festina y busca aprovechar el escándalo para llevar agua a su molino, lo que en automático revela ser el beneficiario de ese balconeo?.

Hace tiempo, en noviembre de 2005, el periódico Reforma dio cuenta de una conversación entre Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón y Miguel Angel Yunes. La idea de publicar esa plática telefónica enardeció a muchos porque pensaban que hacerlas del conocimiento público era para restarle preferencias electorales a Calderón. Lo mismo sucede ahora con el caso de lo que conversó telefónicamente Fidel Herrera Beltrán para empujar la candidatura entre otros de Javier Duarte de Ochoa.

¿Se vale? En México claro que se vale eso y más. Y en tiempos electorales peor. Sólo que el que se lleva tendrá que aguantarse al revire, porque nadie, que se sepa, tiene la conciencia o las manos limpias, menos en tiempos de elecciones donde no hay santos. ¿Quién puede resultar beneficiado de ese ilegal espionaje telefónico que se hace público? ¿Quiénes cuentan con los recursos tecnológicos para hacerlo o el dinero para contratar quien lo haga? Porque aficionados no son.

De esa práctica ilegal de espionaje telefónico hasta Angélica Rivera, La Gaviota, prometida del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ha sido víctima. La pregunta fundamental es, ¿quién se beneficia de las ilegales grabaciones telefónicas que se hacen públicas? Alguien escribió: “Para saber el origen de un conflicto, hay que buscar al beneficiario del conflicto”. En el caso específico de Veracruz ¿quién es el beneficiario directo de este escándalo?

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