La disparidad de la justicia mexicana

PAULINO CÁRDENAS

El caso ABC deja claro que México está muy lejos de que la justicia resulte conforme a derecho y donde para unos resulta pronta y expedita pero para otros no. En tanto la muerte por negligencia de los 49 bebés y otros 75 que quedaron marcados de por vida en el incendio de la guardería de Hermosillo, quedó impune, en contraste está la reciente condena que sufrió un hombre acusado de participar en un asalto cometido a mano armada a un restaurante en donde no pasó del susto de los comensales, a quien en sólo quince días se le dictó sentencia de 24 años de prisión por ese hecho donde no hubo muertos ni heridos.

De acuerdo con el expediente penal el hoy sentenciado, Sergio Tello Moreno, con dos sujetos más irrumpieron en el establecimiento y tras amenazar a los comensales con armas de fuego les exigieron entregar sus pertenencias. Una de las víctimas alertó a los policías de la zona sobre lo sucedido, lo que permitió más tarde su detención. Sus dos cómplices escaparon. Los hechos se registraron el pasado 6 de junio en un conocido restaurante localizado en la delegación Alvaro Obregón.

Viene al caso la comparación porque mientras a ese sujeto le imponen en dos semanas una pena de 24 años, en el caso de la guardería ABC donde hubo 49 muertes, un año después se determina que no hubo culpables, por lo que los padres de los infantes fallecidos decidieron ocurrir a las instancias internacionales en busca de una justicia que en México no hallaron, como ha sucedido con infinidad de casos que quedan sin ser investigados ni juzgados y mucho menos sentenciados.

Como ese ejemplo de impunidad hay otros como el de Atenco, el del New’s Divine, el del Lobombo, los crímenes de Oaxaca, los de Guerrero, los de Chiapas o el lamentable caso de  la niña Paulette, sólo por mencionar algunos, o los de tanta gente inocente que casi a diario muere víctima del ‘fuego cruzado’ y que pasan a formar parte de los ‘daños colaterales’ de la guerra contra el narcotráfico, cuya cifra acumulada anda por el orden de las 6 mil muertes en tres años y medio.

Eso sin mencionar los casos de gente que ha sido secuestrada, como el más famoso de ellos, Diego Fernández de Cevallos de quien hasta hoy ni sus luces y en el que el propio gobierno federal optó por no intervenir en las investigaciones por razones que nadie entiende. Y como éste, infinidad de desapariciones forzadas que han quedado en la vil impunidad en México.

Es cierto que en los casos de muchos ilícitos como el secuestro y otros del orden común, la gente se abstiene de denunciarlos porque no cree en la justicia o porque ha sido víctima de los abusos de autoridad cuando se trata de acudir a los tribunales en donde es común que en las barandillas de los ministerios públicos descalifiquen la denuncia y al denunciante.

A sabiendas de ello, el gobierno panista en voz del Presidente ha venido insistiendo en que la gente haga denuncias de lo que sospeche que pudiera estar vinculado al crimen organizado y a las mafias de la droga. Obviamente, la gente se resiste a recoger como suyo ese pedimento presidencial por los riegos y peligros que ello entraña.

Las políticas públicas del gobierno debieran estar privilegiando un ambiente de una auténtica justicia para todos con miras a lograr un ambiente de paz y de concordia, pero no.  A diario se observa que eso en México está muy lejos de que suceda. Lo de la guardería ABC es claro ejemplo. Indolencia, negligencia, miedo, sometimiento  u obediencia, el hecho es que es un crimen sin castigo que ha quedado en la impunidad y ha  indignado a propios y extraños.

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