Quitan trámites; ¿y los ‘cochupos’?

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Felipe Calderón anunció que para quitar burocracia y evitar corrupción, ordenó la disminución de normas que de siempre han trabado la agilización de trámites de la ciudadanía ante las diversas dependencias oficiales. Dijo que desde el pasado lunes fueron eliminadas 7 mil 311 disposiciones normativas y que para el 10 de septiembre próximo habrán sumado un total de 12 mil 234.

Lo que no dijo el mandatario panista es si con ello habrían de desaparecer los ‘cochupos’ que los proveedores del gobierno federal tienen que pagar a quienes autorizan los contratos. Tampoco acabará la famosa ‘mordida’. Ambas prácticas nocivas llegaron para quedarse. Esas no las acabarán por decreto.  El ex presidente Miguel de la Madrid incluso realizó su campaña con base en el slogan aquel de ‘renovación moral’  propósito gubernamental que murió en el intento.

La corrupción le cuesta a México entre el 8 y el 12 por ciento del Producto Interno Bruto, según han calculado especialistas nacionales e internacionales. Se estima que cada año hay una derrama de miles de millones de pesos sólo en pagos de los ciudadanos en sobornos, ‘mordidas’, o el afamado ‘ten-per-cent’ establecido como ‘norma’ de agardecimiento por parte de los proveedores de bienes y servicios al gobierno, además de lo que éstos invierten previamente en cortejar a las autoridades para lograr favores.

Esto, independientemente de las ‘normas’ establecidas para dizque evitar la corrupción que impera en las transacciones de todo tipo, permisos, autorizaciones o para participar en concursos de licitación,  pese al cacareado ‘compranet’ y otras innovaciones tecnológicas incorporadas por el gobierno para supuestamente disminuir las transas que hay en la relación comercial con los proveedores de bienes y servicios.

Otro problema es el gasto que tiene que hacer millones de mexicanos en asuntos de toda índole principalmente en tres ámbitos: trámite de documentos, infracciones de tránsito y el abuso de autoridad. El análisis “Perfil de México a través de indicadores clave”, con datos del año pasado enumera, entre otros, los resultados del Diagnóstico sobre el Impacto del Fraude y la Corrupción en las Pequeñas y Medianas Empresas, suscrito por la empresa CEI Consulting & Research.

Según ese indicador, 43 por ciento de los pequeños y medianos empresarios admitieron hacer ocasionalmente “pagos extraoficiales” a servidores públicos, y 35 por ciento más lo hace de manera habitual, lo que representa el 10 por ciento de los ingresos anuales de esos grupos, principalmente del ramo de la construcción y del sector servicios.

Y respecto a las ‘percepciones’, vocablo que tanto gusta usar en sus discursos el presidente Calderón, según esas empresas especializadas México es percibido en el exterior como un país “con alta propensión a los actos de corrupción”, problema que empatan en dos vías, por parte de las autoridades y por parte también de los ciudadanos que se dejan llevar por esas prácticas nocivas porque les resulta menos costoso y se ahorran pérdida de tiempo.

La parsimonia de la burocracia se ve no sólo en las instancias del gobierno federal. Lo mismo sucede en el Poder Legislativo cuando de aprobar iniciativas de trata. Y en el Poder Judicial también existen situaciones de degradación y deterioro por la tardanza que suelen sufrir los asuntos públicos. Y ni qué decir de las normas que todos los días violan las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado, dando lugar a la ingobernabilidad  en muchas plazas del país que están dominadas por los capos de las mafias.

El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales deberían exigirle también a sus empleados un mejor trato con la gente, sobre todo de más comprensión para con los adultos mayores, quienes  muchas veces no tienen idea de cómo hacer un trámite de jubilación, de pensión o para ver cualquier asunto relacionado con los juzgados civiles.

Y de los trámites que tiene que hacer la gente común y corriente en los ministerios públicos –ese ciudadano que no tiene ni influencias ni dinero que es la gran mayoría– sólo hay que decir que es como visitar la antesala del infierno. Arreglar pues, tantos entuertos de ‘nomatividad’ en México es un gigantesco reto para cualquier administración, y con tanta corrupción en medio, resulta una quimera la consecución de buenos resultados.

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