Desafío del clero al Estado laico

PAULINO CÁRDENAS

Nadie cree que el secretario de Gobernación, José Francisco Blake o el presidente Felipe Calderón, obliguen al jerarca eclesiástico Juan Sandoval Iñiguez y a los ministros católicos que lo apoyan, a acatar la constitucionalidad de los matrimonios del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos, luego de la histórica demanda que por daño moral interpuso el pasado miércoles Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal, contra el cardenal de Guadalajara y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.

La iglesia católica se rige por los mandatos del Estado Vaticano y obedecen lo que les dicta el Papa y no por el Estado mexicano ni sus leyes. De tal suerte que lo que de las leyes mexicanas emanen los jerarcas eclesiásticos no lo aceptan si así lo consideran apropiado aunque, eso sí, gocen del fuero y de los múltiples privilegios que les otorga la laxitud y tolerancia de un gobierno como el actual, de corte panyunkista, que siempre ha preferido el dejar hacer y el dejar pasar, que encarar los problemas.

En el caso de la no aceptación y críticas soeces del cardenal Sandoval Iñiguez por la aprobación hecha por la Asamblea Legislativa sobre los derechos que le asisten a las personas del mismo sexo a hacer de sus preferencias sexuales lo que quieran, y la ratificación hecha en el mismo sentido por los ministros de la Suprema Corte, ha encendido la mecha.

El clero que opera en México, de siempre, se ha resistido a acatar las disposiciones de un Estado laico que ha costado años de lucha y sangre para establecer reglas claras de actuación de la iglesia católica y sus altos jerarcas que se resisten a observar. Y por lo que se ve, la iglesia católica,  con el pretexto de esta coyuntura, parece estar dispuesta a incitar desde el púlpito a sus feligreses a tomar las armas si en necesario, contra quienes se opongan a sus desginios.

La historia de la injerencia que toda la vida ha querido tener la iglesia católica –y que de hecho la tuvo durante un largo período en México después de la Conquista– es larga y cruenta. Acotar su influencia en asuntos de Estado tiene marcados capítulos en tiempos pretéritos cuyas fechas de quiebre hoy son motivo de festejos patrios.

Pero ni estos recordatorios que sólo son de filigrana y gasto inocuo motivarán que el gobierno federal ponga un hasta aquí a la infausta soberbia del cardenal Sandoval Iñiguez en torno a quien han cerrado filas los jerarcas eclesiásticos en pleno en todo el país, quienes le han dado su apoyo incondicional. Sobre todo si el gobierno panista hace como que no sabe del asunto. He ahí el peligro y el riesgo del asunto.

El meollo del enfrentamiento estará cifrado, nuevamente, como ha sido históricamente, en los límites de la separación Estado-Iglesia, y la injerencia que creen tener todavía los jerarcas del catolicismo en asuntos que no son de su competencia. No argumentan razones para expresar su desacuerdo por la aprobación constitucional de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de hijos. Prefieren el camino del insulto y del denuesto, al menos por parte del llamado ‘Príncipe de la Iglesia’.

Pero una cosa es su derecho a la libre expresión de sus ideas y otra muy distinta la de difamar e injuriar al estilo arrabalero como lo ha hecho el cura Sandoval, a lo que también creen tener derecho amparado en su sotana púrpura. La gravedad del asunto es ese. Que se sienten con derecho a insultar y denostar sin aportar pruebas, que los ministros del la Suprema Corte fueron ‘maiceados’ –es decir sobornados– por el jefe de Gobiero de DF y ‘por organismo internacionales’.

Uno de sus efebos dice que el cura tiene ‘pruebas’ para demostrar su dicho. Eso habrá que ser probado por ministerio de ley en el Tribunal Superior de Justicia. Sandoval Íñiguez sostuvo que “lo dicho, dicho y ya”, en tanto Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de Mexico, acusó al gobierno capitalino de emprender una “persecución religiosa de tipo legaloide” y de usar el poder y los recursos públicos para vengarse de él y del prelado –más bien pelado– jalisciense.

Nuevamente como hace siglos, pese a la separación Iglesia-Estado, se teme que la furia religiosa motive que los ministros de culto pidan a su filigrecía que apoye las necedades e insolencias de Sandoval, arguyendo que la Iglesia se dice ‘perseguida’, no obstante que lo que hay detrás de todo ese arrebato es un abierto desafío al Estado laico y al artículo 130 constitucional al no querer respetar las resoluciones constitucionales a favor de las parejas del mismo sexo.

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