Reclama más dinero la narcoguerra

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Felipe Calderón advirtió la semana pasada que para inyectarle más recursos a la guerra contra el crimen organizado, habrá de resasignarle montos de otras dependencias o de otro modo propondría la aprobación en el Congreso de un impuesto de guerra a los mexicanos para asignánselo a la que ya muchos llaman la  narcoaventura sexenal. Dijo además que hasta el último día de su mandato, mantendrá al Ejército en las calles.

Agregó que es necesario identificar aquellos programas que no han dado resultados y determinar la viabilidad de reasignar esos recursos a la seguridad. Añadió que “dotar de mayores recursos a la Federación, a los estados y a los municipios en la lucha contra el crimen, es importante, pero no será suficiente, tampoco, para ganar esta batalla. Se necesitará también el ejercicio eficaz y eficiente de esos fondos”, reconoció el titular del Ejecutivo federal.

Al respecto, los legisladores en el Congreso han empezado a responder que sí estarían dispuestos a elevar dichos montos, pero a estados y municipios solamente. De paso muchos se preguntan en dónde está, en serio, el dinero que se decomisa a cada rato al crimen organizado, el cual oficialmete se anuncia que va a parar al erario a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que depende de Hacienda.

Habrá que ver si la oposición, empezando por el priísmo que tiene la sartén por el mango en el Legislativo, está de acuerdo en que haya reasignación de recursos para que la federación continúe la guerra contra el crimen organizado, o que estén dispuestos a aprobar la iniciativa de un impuesto de guerra, ya que en cualquiera de los dos casos la factura la habrían de pagar los mexicanos que ni vela han tenido en ese entierro.

Resulta obvio que los asesores de guerra del mandatario panista le han pedido que involucre a todos los sectores de la sociedad y a la clase política como corresponsables de esa lucha, a lo cual se resisten porque no quieren cargar con la tremenda herencia de los miles de muertos que la misma habrá acumulado al término del sexenio, si tan sólo  hasta ahora el saldo llega casi a los 30 mil decesos.

Fuera del discurso oficialista que habla de una supuesta recuperación que la gente no percibe en sus bolsillos, menos con los incrementos a las gasolinas que son los más inflacionarios, los mexicanos se preguntan si aparte de esa guerra contra los capos de las drogas y del crimen, habrá tiempo en lo que resta del sexenio de medio reactivar la economía y la creación de empleos, entre otros importantes rubros.

Pese al optimismo oficial que habla de que la guerra la va ganando el gobierno, los hechos rebaten esas afirmaciones con casos como el sucedido a Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, en donde ha quedado claro, una vez más, la corrupción que existe en las policías locales y federales, que pese a la tremenda colusión que tienen con las mafias, se quieren unificar bajo un solo mando.

En los hechos, los esfuerzos que realizan las fuerzas federales armadas siguen siendo rebasados por las bandas criminales, sin dejar de reconocer que de vez en cuando hay operativos que culminan con éxito, pero que son los menos. Y no es niguna mala ‘percepción’, sólo hay que revisar los diarios para enterarse de lo que acontece en más de la mitad del país todos los días.

La guerra del presidente Felipe Calderón contra los capos del crimen organizado que inició desde diciembre de 2006, ha agotado no sólo a las tropas y mandos de las Fuerzas Armadas y de las policías de los tres niveles de gobierno, sino también los recursos que le han sido destinados a lo largo de casi cuatro años que lleva esa lucha.

Por lo pronto a su ‘Diálogo por la Seguridad’ le hicieron el feo los coordinadores parlamentarios del PRI, PT y PRD. La oposición no quiere que le endilguen corresponsabilidades de un tema que nunca les fue consultado. Esto equivale a que el mandatario panista, así como empezó solo esa guerra, solo acabará. Esa comienza a ser  su gran preocupación. Por si fuera poco, nadie estima pertinente que se apruebe un impuesto de guerra.

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