Sigue mandando el narcocrimen

PAULINO CÁRDENAS

El avance del crimen organizado en México está provocando aberraciones y absurdos. Fue el caso del secuestro del ‘Jefe’ Diego en el que las autoridades federales, yendo en contra de sus obligaciones, prevaricaron a un mandato de ley al abstenerse de investigar el plagio del político panista, en aras, dizque, de no interferir en las negociaciones entre los familiares y secuestradores.

Para algunos resulta aberrante que en este asunto no se haya actuado con toda la fuerza del Estado como en el caso del ‘Michoacanazo’, no tanto por tratarse de un influyente político panista, que lo es, sino porque ese secuestro, que se mantiene inconcluso, es una afrenta no sólo para la clase política sino que viene a ser un golpe del crimen organizado para el propio gobierno panista sometiéndolo a sus designios. Por lo pronto el silencio oficial continúa. Y Diego no aparece.

Otro caso fue la carta abierta que publicó El Diario de Ciudad Juárez en la que le pedía a las mafias qué querían que hiciera ese medio para que dajaran de asesinar a sus periodistas, lo que a muchos les pareció fuera de contexto y hasta el gobierno federal, vía el vocero oficial para asuntos de seguridad,  regañó a los directivos del medio por esa publicación.

“¿Qué quieren de nosotros?”, preguntó El Diario de Juárez a los cárteles del narcotráfico, cuya guerra por el control de esa ciudad fronteriza con El Paso, Texa ha matado a casi 5 mil personas en menos de dos años. Dos de esos muertos eran periodistas del rotativo. “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad (…) Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”, agregó el diario.

Este impresionante comentario editorial, publicado en primera plana e interpretado como una aparente rendición ante los capos de la droga, desató un debate nacional desde Los Pinos hasta las plazas públicas de los pueblos más pequeños. Para muchos mexicanos, se trata de una voz que finalmente expuso de una manera muy abierta e inusual la intimidación que se siente en todo el país escribió Katherine Corcoran para la agencia AP.

Otro hecho más reciente que ha provocado el crimen organizado es la propuesta que acaba de hacer la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Karen Sánchez, quien anunció que los dueños de esas empresas están listos para suscribir un acuerdo con el gobierno “por la discreción” a fin de recuperar el orden y la estabilidad en el país -¿de veras?-, antes de que concluya 2010.

Organizaciones de derechos humanos, legisladores y periodistas no sólo de medios de radio y televisión sino de la prensa escrita, calificaron como “autocensura” el acuerdo por ‘la discreción’ en materia informativa sobre el crimen organizado que anuncio esa Cámara porque eso equivale a autocolocarle una mordaza los medios asociados a la CIRT.

Los dueños de los grupos de radio y televisión que se acogerán a esa medida, con alguna excepciones, están de acuerdo en quedar bien con el gobierno que encabeza Felipe Calderón, sobre una guerra que sus asesores le han hecho creer que que se va ganando y que lo que ha fallado es la comunicación. Entonces, para no errarle, mejor que no se informen las notas malas de la narcoguerra, y sí excepcionalmente las buenas que logran las fuerzas federales armadas.  Es querer tapar el sol con un dedo.

Por supuesto que la mayoría reporteros y periodistas que se dignan de serlo y que trabajan en los espacios de noticias para radio y televisión, están en total desacuerdo en que haya esa medida de autocensura. Preguntan: ¿Cuál sería la ganancia ante el crimen organizado que la población se quede sin saber la verdad de lo que sucede en el país con respecto a la guerra contra los capos de la droga?. Sería tanto como claudicar ante las mafias.

Es cierto que el ejercicio del periodismo en México se ha convertido en una actividad de extrema peligrosidad, pues de 2002 a la fecha han ocurrido más de cien agresiones graves contra comunicadores sin que haya un solo detenido. Es verdad también que en los últimos 10 años han sido asesinados 61 reporteros, además de 10 desaparecidos desde 2005. Pero ese es otro tema en el que han estado en falta  los dos últimos gobiernos panistas, incluídos los gobiernos estatales y municipales.

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