Censura, presunta estupidez

PAULINO CÁRDENAS

La mejor publicidad para ‘Presunto culpable’ será la presunta estupidez de querer retirar la proyección de ese documental de las salas cinematográficas del país, como lo ordenó la juez federal decima segunda de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, de apellido Lobo. En primera instancia esa orden a todas luces es un flagrante golpe a la libertad de expresión. Y en segundo lugar el prurito que ha causado en el sector judicial que se ventile a la luz pública un botón de muestra de una vergonzante realidad que acontece todos los días en México, equivale a querer tapar el sol con un dedo.

Hace unos días el documental fue proyectado en función privada a mandos medios y superiores de las diferentes áreas de impartición de justicia, lo que habría provocado preocupación en todos al mirarse en ese espejo y ver la crudeza con la que los realizadores trataron el caso de un tianguista que fue acusado de homicido sin deberla ni temerla y que había sido sentenciado a 20 años de prisión siendo inocente, aunque para los juzgadores era de atemano un presunto culpable. Antonio Zúñiga, el protagonista, logró obtener su libertad por la serie de anomalías halladas por sus espontáneos defensores en el juicio.

La juez Blanca Lobo Domínguez dio entrada a la petición de amparo que según esto presentó el principal testigo de cargo, Víctor Daniel Reyes Bravo, a quien otorgó la suspensión dentro del expediente 171/2011 y cuyo efecto inmediato es el de suspender la proyección de ‘Presunto Culpable’. El argumento para lograr el amparo fue que en la película, con categoría de documental, aparecía a cuadro durante un careo con el inculpado, cosa que él no había autorizado ni le había sido consultado, lo que consideró un presunto daño moral.

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que acataría la suspensión de la exhibición del documental en todo los cines de la República, orden que entraría en vigor en un plazo no mayor a 24 horas después de que las autoridades de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) sean notificadas de la resolución de la juez federal, en tanto se resuelve el amparo, cuya fecha paa el desahogo está señalada para el próximo 11 de marzo. Esto ha provocado reacciones de todos los sectores de la sociedad en el país.

Al problema de por sí grave del sistema de seguridad pública que se abate en todo el país, se ha sumado las prácticas de siempre de ineficacia y corrupción en los aparatos de justicia. Se infiere que la protección de los derechos del ser  humano es el origen, razón de ser y el fin del Estado por lo que éste debe adoptar una organización tal que promueva esos principios y no que los conculque.

De ahí la creación del Ministerio Público como la institución encargada de procurar la justicia ante el supuesto conocimiento que debería tener de la denuncia penal, junto con la policía ministerial que le presta apoyo, los tribunales en donde presuntamente se administra la justicia penal y las prisiones donde en su caso se purgan las condenas aplicadas por la comisión de los delitos.

Parece evidente que toda esa cadena estructural de justicia está más que maleada –con sus respetables excepciones que sí existen por supuesto–, y por tanto ha quedado  tergiversada la facultad sancionadora del Estado en cuanto a sus criterios de acción, por la corrupción, negligencia e impunidad que impera en ese medio.

De eso se trata ‘Presunto culpable’, la cual ha sido un indudable éxito de taquilla, no porque en ella aparezcan grandes actores dotados de talento o de belleza, sino porque el documental está protagonizado por gente de la vida real y es un caso real, lo que ha hecho explotar a las autoridades y ha provocado el debate sobre el nocivo problema de la degeneración de la justicia. Por eso ha ganado premios internacionales.

Por lo demás, ordenar judicialmente retirar la proyección en las salas cinematográficas de esa película, viene a constatar la forma arbitraria en que actúa el sistema judicial en México, ya que se estaría ante un acto de clara censura a la libertad de expresión, ya que bien pudo haberse seguido el desahogo del amparo sin quitarla de los cines. Eso abona en su favor ya que la gente que no la havisto la buscará hasta en los mercados de la piratería.

Como sea, el caso debe ser oportunidad para el Consejo de la Judicatura federal, de ejercer su potestad disciplinaria sobre la actividad de los jueces y corregir las desviaciones del poder público que estos tienen conferido para aplicar el derecho en casos concretos. Esto también habría de ser tema de debate público que ha quedado abierto por ese escándalo. Como si algo le faltara a México.

pcardenascruz@yahhoo.com.mx

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