Hacia un Estado militar

PAULINO CÁRDENAS

El Ejército y la Marina tendrán facultades de investigación y espionaje y podrán intervenir en asuntos de seguridad pública, si los legisladores del PRI y PAN aprueban esta semana sin discusión una minuta que le daría facultades omnímodas a los mandos militares y a su jefe, el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón. Además se da por hecho que las violaciones a los derechos humanos por parte de mandos y efectivos castrenses quedarán sujetos a las leyes del fuero militar.

Con ello el Presidente podrá decretar la militarización del país a la hora que quiera, ya que el proyecto, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lo faculta a disponer de soldados y marinos para enfrentar cualquier “quebranto a la tranquilidad y el orden sociales”, como pudiera ser el narcotráfico, pero cuyas razones para ordenar la multiplicación de la presencia militar en las calles podrían ir mucho más allá.

Con la información de inteligencia de sus respectivos institutos armados, efectivos de las dos secretarías de Estado recibirán órdenes de sus mandos superiores para realizar la intervención de comunicaciones, hacer cateos, operaciones encubiertas, recopilar información en lugares públicos e incluso detener delincuentes supuestamente en flagrancia.

Esta sería la manera de responder Felipe Calderón a quienes desde hace tiempo le han venido cuestionando la presencia de mandos y efectivos militares en las calles para el combate contra el narco y el crimen organizado, mismos que le han pedido que los militares regresen a sus cuarteles. De ahí su insistencia de que su estrategia no cambiará ni un ápice, que no es otra que la de seguir echando mano del Ejército para hacer el papel, ahora de policía secreto, contra las mafias organizadas.

No obstante, diputados del PT y el PRD advirtieron que se prepara ese ‘albazo’ con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se crearía un régimen militar similar al que operó en el Chile de Pinochet, el cual violentaría la Constitución en principios fundamentales, que tienen que ver con las libertades ciudadanas, señaló una nota de  Andrea Becerril publicada ayer en la web de La Jornada.

La diputada perredista Teresa Encháustegui y el petista Mario di Costanzo dijeron que la única posibilidad de que no se apruebe en San Lázaro ese dictamen que da al Ejército facultades por encima de las definidas en la Carta Magna, es que una parte de la bancada del PRI se oponga a ese proyecto que los legisladores afines a Enrique Peña Nieto negociaron con el presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

“Nosotros estamos en favor de una política para combatir al crimen organizado que incluya la participación del Ejército, pero con plazos temporales y sin que se violente la Carta Magna”. En el dictamen de la Comisión de Defensa se faculta al Ejecutivo federal para decretar una afectación a la seguridad interior, “que no es otra cosa que decretar estados de excepción, donde la información se considera secreta”.

La diputada Encháustegui señaló que el artículo 21 asienta que “hasta por una mentada de madre” a alguno de los funcionarios responsables de seguridad habrá represalias y se considerará a quien lo haga alguien que obstaculiza el proyecto nacional. Aquí cabe preguntarse, recalcó, ¿a qué proyecto se refieren, al del gobierno actual?

Por su parte Di Costanzo afirmó que se trata de una regresión muy grande para el país, pues los militares podrán interrogar a ciudadanos en la calle, revisar sus pertenencias, integrar expedientes confidenciales con fines políticos, usar testigos anónimos; es la legalización del michoacanazo”, refiere la nota del mencionado diario.

Respecto de las negociaciones para aprobar la nueva Ley de Seguridad Pública, ha trascendido que la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados podría pasar ‘limpia’ si el proyecto de dictamen es aprobado esta semana como lo estarían proponiendo las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Gobernación de San Lázaro.

Las comisiones plantean que se considerarán obstáculos a la preservación de la seguridad nacional “delitos que si bien no están clasificados con ese carácter ni tienen el propósito de atentar contra ella, surten efectos de tal severidad que verdaderamente la ponen en peligro”. Es decir, que sería el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas quien habría de calificar si una situación es o no de peligro para el país.

Los legisladores, que según trascendió hicieron la promesa de no hablar de la iniciativa y mantener las negociaciones en sigilo, habrían de darle luz verde esta misma semana a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la cual fue había sido aprobada por el Senado el 27 de abril de 2010.

pcardenascruzyahoo.com.mx


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