Un México militarizado, ‘no’

PAULINO CÁRDENAS

Los legisladores del partido del sol azteca advirtieron que de aprobarse “en un arranque de locura legislativa” el dictamen en San Lázaro modificado con respecto a como lo envió originalmente la Cámara de Senadores a la colegisladora sobre la Ley de Seguridad Nacional, podría dársele al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y a los mandos y efectivos de la Defensa y Marina un poder que iría más allá de lo que marca la Constitución. Con ello se estaría entrando a un régimen militarizado como sucedió en Chile en la sanguinaria época de Augusto Pinochet.

Por ello, los dos grupos parlamentarios perredistas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, anunciaron que trabajarán en forma conjunta en esas dos instancias legislativas, para impedir que se apruebe el proyecto de reformas a esa Ley de  que pretende otorgarle a las Fuerzas Armadas facultades de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial y lanzarse contra movimientos sociales, puntos que el Senado eliminó. Invitarán incluso al PAN a que se sume a ese impedimento.

Esto, argumentaron, le daría en automático al Presidente de la República la prerrogativa de dictar órdenes a la hora que quiera para declarar el estado de excepción en cualquier estado o región del país azuzado por el narcotráfico o el crimen organizado, y podría actuar la fuerza militar aún contra provocaciones civiles que a su juicio fueran consideradas de ‘gravedad extrema’.

La fracción priísta de la Cámara de Diputados decidió suprimir de su proyecto de Ley Seguridad Nacional la intervención de las fuerzas militares contra movimientos sociales, políticos y electorales y aprobó que sea el fuero civil el que juzgue y condene las faltas cometidas por mandos o efectivos del Ejército o la Marina contra civiles a quienes les sean violados sus derechos durante los operativos contra los sicarios de las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.

Lo que sí aprobó fue la discrecionalidad del Presidente de la República, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para ordenar la intervención militar en estados o regiones del país que estuvieran bajo el control de las mafias del crimen organizado y decretar el estado de excepción suspendiendo las garantías individuales cuando las circunstancias así lo obliguen.

Por su parte los senadores señalaron que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policiaco-militar. El priísta Francisco Labastida dijo que habrá que oponerse a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial. Los priístas discutieron internamente el tema y el senador Jesús Murillo Karam, quien participó en la negociación y la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Pública, dijo a sus compañeros que no pueden aceptar en forma alguna el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro ya que, entre otras cosas, rompe el pacto federal.

Por su parte el coordinador de la fracción perredista en el Senado, Carlos Navarrete, no dudó en afirmar que detrás del intento de congraciarse con las fuerzas armadas está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde 2009 tiene el control del PRI en la Cámara de Diputados, y ordena qué leyes se aprueban y que actúa como si hubiera ganado ya la Presidencia de la República y “tuviera el control del Ejército”.

Con esto quedó de manifiesto que en el seno cameral habrá una batalla abierta y dura entre priístas y perredistas principalmente, unos por estar en pro de que México se militarice, y otros por oponerse a lo que desea el presidente Calderón, quien le dejará una ‘papa caliente’ en las manos a quien lo suceda con el asunto del combate al crimen organizado y a las mafias del narco, que los priístas dan por hecho que el sucesor será el mandatario mexiquense, a quien le quedaría la tarea de seguir enfrentando a las mafias del crimen organizado con las fuerzas armadas o pactar con los capos.

Sin duda el enfrentamieno de un delicado tema que pretendió pasar inadvertido en el ámbito parlamentario de la Cámara baja, ahondará aún más las discrepancias entre el PRI y el PRD con vistas a los comicios de julio próximo y para las elecciones del 2012. Por lo pronto el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que su partido pedirá un periodo extraordinario de sesiones para que el Congreso de la Unión analice “con calma” el predictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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