Mandos militares molestos

PAULINO CÁRDENAS

A juzgar por el comportamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración que se dedican a extorsionar e incluso vender indocumentados –de Centro, Sudamérica y otras naciones incluso de Asia–, a las mafias tratantes de personas, como ha sido documentado una y otra vez, será menos que imposible que la nueva ley migratoria que anuncio hace unos días con bombo y platillo el presidente Felipe Calderón, se aplique cabalmente. Él mismo lo reconoció cuando suscribió el acuerdo para su promulgación, que las cosas “están funcionando mal” en migración. Como en otros rubros, ahí siguen prevaleciendo dos problemas graves: la corrupción  y la impunidad.

En el papel la nueva ley habría de procurarle garantías a los migrantes que entran a nuestro país privilegiando el respeto a los derechos humanos en su paso por México en tránsito hacia Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’. Sin embargo, la realidad a la que habrán de enfrentarse, con todo y ley, es a la colusión que hay en esa dependencia con las mafias que cometen abusos contra los migrantes que son víctimas de extorsión, a violaciones u obligados a ser parte del crimen organizado y a que sus familiares paguen rescates en dólares a cambio de dejarlos en libertad.

Y si no cumplen puede sucederles lo que aconteció aquel martes 24 de agosto de 2010 cuando fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en el ejido El Huizachal del municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, los cuales provenían de Centro y Sudamérica y a quienes ejecutaron por la espalda, hallados muchos de ellos incluso con el tiro de gracia. Los cuerpos estaban apilados y a la intemperie, según las crónicas. Las autoridades señalaron al cártel de Los Zetas como los autores de esas ejecuciones.

Eso obligó a acelerar la aprobación de la ley que llegó al Legislativo en diciembre de 2010, la cual fue aprobada primero por el Senado el pasado 22 de febrero, luego por el Congreso el 29 de abril y el martes 24 de mayo promulgada por Calderón, la cual en teoría tiene la finalidad de crear un marco de garantías para proteger los derechos de los migrantes en nuestro país, facilitar y ordenar los flujos migratorios desde y hacia México, privilegiando la protección y respeto de derechos humanos. El pero para hacer posible su aplicación estará en contar con autoridades comprometidas y honestas que no se coludan con la delincuencia.

“Espero que esta nueva ley migratoria simbolice también una nueva era migratoria”, puntualizó el mandatario panista, quien refirió que se establecieron obligaciones muy claras en la colaboración de las autoridades, de manera que la división de competencias no son un pretexto para desatender los abusos a los migrantes. Instruyó al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a acelerar la depuración del Instituto Nacional de Migración. Y advirtió que “quienquiera que viole la ley será llevado ante la justicia”. Sin embargo, para el crimen organizado y los funcionarios corruptos no bastan ni los buenos deseos ni las advertencias.

Ni con el famoso Sistema de Integración Única de Información Criminal a cargo del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ni los aparatos de ‘inteligencia’ que evidentemente tampoco funcionan –igual que el ´bunker’ tipo ‘24’ que sólo sirvió para la efímera serie ‘El Equipo’–, en el combate al crimen organizado, se ha podido frenar el número de secuestros y violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los migrantes que pasan por México y que suman decenas de miles cada año. La Policía Federal tiene la prerrogativa de intervenir coadyuvando en los casos relacionados con los abusos a migrantes.

Basta echarle una mirada a casos como el de las dos jovencitas hondureñas que al querer alcanzar el ‘sueño americano’, al pasar por la frontera sur con Guatemala, en Chiapas mismo fueron secuestradas y dedicadas a la prostitución por los propios agentes de Migración que se convirtieron en los ‘padrotes’ de las adolescentes. Hace unos días detuvieron a dos de ellos luego de haber sido acusados por una de las chicas explotadas sexualmente. Pero fueron puestos en libertad de inmediato por un juez local. El caso quedó documentado en el programa televisivo de Denisse Maerker de la semana pasada.

La nueva ley faculta al Instituto Nacional de Migración para combatir la corrupción al interior del instituto y le da sustento a la aplicaciíon del sistema de profesionalización y certificación de su personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza. Pero, ¿quiénes van a ‘certificar’ al personal? ¿De veras son de fiar? El propio reconocimiento del presidente Calderón de que que las cosas “están funcionando mal” en migración, habría sido una buena noticia para la delincuencia organizada.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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