Fantasma ronda a políticos

PAULINO CÁRDENAS

Al margen de la reciente declaración hecha por la ONU en el que reprueba al sistema de justicia mexicano y sugiere, entre otras cosas, legislar para que el poder Judicial no dependa del poder Ejecutivo, es un hecho que sigue poniendo de nervios a la clase política la posibilidad de que se repita otro ‘michoacanazo’ en vísperas de los comicios que habrá este año en varios estados de la República, y sobre todo las del año próximo, antes de que se celebren las elecciones para la sucesión presidencial.

La Constitución mexicana señala que los Ministerios Públicos dependen orgánicamente del Presidente de la República a nivel federal o de los gobernadores a nivel estatal. Con otro ingrediente: el sistema político queda inmerso en el ámbito de la justicia con lo que la investigación de los delitos se lleva a cabo con frecuencia de acuerdo a la agenda política o a las prioridades políticas del gobierno en turno. Pero lo peor está en que el nivel de corrupción e impunidad en materida de justicia es espeluznante.

Por ello, en principio, la propuesta de Naciones Unidas es darle independencia al poder Judicial, empezando por los Ministerios Públicos, orgánica y funcionalmente, a fin de evitar, primero, actos de corrupción, y paralelamente, que, en ningún caso, el Presidente ni los gobernadores interfieran para nada en las decisiones judiciales.  La ONU propone que el Legislativo proponga modificaciones a la Constitución para que el sistema judicial mexicano camine por el sendero del apego al derecho, a la imparcialidad y al respeto a los derechos humanos.

Se trataría, en primera instancia, de evitar que en México se sigan dando los numerosos casos que se dan, de personas que, después de varios años en prisión, quedan en libertad por falta de pruebas o por tantas  irregularidades en las investigaciones en su contra. O en el peor de los casos, que haya gente inocente –como muchísima que hay en las distintas cárceles de todo el país– pagando culpas que no cometieron.

Pero mientras esas recomendaciones se llegan a hacer realidad algun día, en el ámbito político, en vísperas de los comicios que habrán de realizarse en varios estados de la República este año, y el próximo en el que habrá relevo presidencial, hay temores por parte de algunos actores políticos de que, a partir de cierto momento, algunos gobernadores o gente de cierto renombre en la clase política, sean acusados por presuntos vínculos con las redes criminales, por parte de quien maneja esa prerrogativa acusatoria a través de autoridades judiciales y la fiscalía federal o alguna estatal.

Está el caso del ex candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien fue detenido la noche del pasado sábado sin que mediara orden de aprehensión y ni siquiera haber pasado ante el Ministerio Público. No sabe por qué fue detenido. Acusa al gobernador priísta de esa patraña. Por lo pronto,  los dirigentes de los partidos del PRI, Humberto Moreira; Gustavo Madero del  PAN y Jesús Zambrano del PRD, acordaron blindar a sus candidatos a elección popular para evitar “la presión” del crimen organizado o de otras fuerzas poderosas, y fortalecer la seguridad de los mismos.

Dijeron que mañana acudirían a Gobernación para que les informen si alguno de sus candidatos está siendo investigado por tener vínculos con el crimen organizado. Coincidieron en señalar que es una “preocupación compartida” la necesidad de blindar las campañas electoral contra la penetración de dinero sucio del narcotráfico.

Uno de los más preocupados es el líder del tricolor, a quien le habrían corrido el chisme de que si no eran aprobadas las reformas de la Ley de Seguridad Nacional en el recién terminado período ordinario, como lo proponía el Ejército, podrían ‘balconear’ a varias figuras del Revolucionario Institucional. El recado era ciertamente preocupante. El temor de otro ‘michoacanazo’ sigue vigente.

Según publicó Proceso a finales de abril bajo la firma de Jesusa Cervantes, el Poder Ejecutivo estaría integrando “expedientes negros” de gobernadores priístas vinculados con “actividades ilícitas”, y que varios generales habrían advertido al dirigente del Revolucionario Institucional, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército en la Ley de Seguridad Nacional, dichos ‘expedientes’ serían publicados.

Otro temor mucho peor es que, por el clima de violencia que sacude al país a causa de la narcoguerra, pudiera segarse la vida de algún aspirante como fue el caso del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, asesinado a finales de junio de 2010; algún gobernador en turno, o un ex gobernador como sucedió con la ejecución de Silverio Cavazos ex mandatario de Colima, sucedido en noviembre del año pasado.

Los temores pues, por ese sistema judicial a la mexicana que reprueba la ONU, no son gratuitos. Y la lucha por el poder cada vez sube de tono.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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