¿Juicio público en Juárez?

PAULINO CÁRDENAS

Es posible que los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, además de suscribir mañana un pacto popular que simbolizará el reclamo nacional al Presidente y a su gabinete por tanta violencia destada en el país y por la muerte de tanta gente inocente a causa de una cruenta guerra contra las mafias cuya cifra de víctimas mortales aumenta cada día, podrían acabar realizando también un juicio público contra los que resulten culpables del holocausto en el que se ha convertido esa lucha armada contra los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Sería algo similar al juicio popular que se llevó a cabo el pasado domingo 29 de mayo en el zócalo de la ciudad de México contra los responsables de la tragedia de la guardería ABC. Razones sobran. Entre otras cosas porque no hay poder humano que haga cambiar al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de su decisión de seguir combatiendo la violencia con el uso de las armas sin ninguna otra alternativa paralela, y porque prefiere seguir con la misma fallida estrategia que ha demostrado ser un fracaso porque, lejos de reducir a las mafias, éstas se han empoderado más cada día y el tráfico ni el consumo de drogas han disminuido, y no obstante que el número de víctimas mortales sigue creciendo..

Por lo pronto, a lo largo del trayecto de la Caravana por la Paz que salió el pasado 4 de junio de Cuernavaca, Morelos, hasta llegar a aquella dolida ciudad fronteriza, fue creciendo el número de familiares de víctimas inocentes que se armaron de valor y rompieron el silencio para hablar públicamente del drama que viven en carne propia por la pérdida de sus seres queridos –hijos, hermanos, padres y madres–, unos víctimas del ‘fuego cruzado’, otros vilmente ejecutados o asesinados a mansalva, no sólo por sicarios sino por balas salidas de las armas de los efectivos militares y civiles del gobierno. Muchos de ellos fueron narrándole su caso a Javier Sicilia, principal promotor de ese movimiento civil pacífico.

El poeta y escritor escuchó el breve relato del niño de 11 años que se acercó a él para decirle: “Tú perdiste a tu hijo; yo perdí a mi padre” mostrándole su foto, lo que conmovió hasta las lágrimas al comandante de la caravana rodante. Todos los que sobreviven a sus muertos exigen no sólo justicia y que los crímenes de sus familiares no queden en la impunidad sino que en muchos casos lo que claman es que aparezcan sus seres queridos que fueron ‘levantados’ por policías y que hasta la fecha no aparecen.

En los puntos que hicieron alto para descansar, hubo mítines en los que cada doliente era escuchado, cuyas historias resultan similares y en las que acusan no sólo a los sicarios que con despiadada saña se han metido con la población civil para aterrorizar a la población y poner en jaque a las autoridades, sino también por los abusos de efectivos militares y policías que violan y cometen crímenes de lesa humanidad contra la población civil, sin que haya castigo contra ellos porque el Presidente y la gente armada de su gobierno consideran que las violaciones a los derechos humanos son un ‘precio que hay que pagar’

Incluso esos decesos, tanto el Comandante Supremo y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los ven como ‘cosa natural’. Un despacho diplomático captado por WikiLeaks y publicado ayer por el diario La Jornada, enviado al Departamento de Estado norteamericano, firmado el 27 de octubre de 2009 por el encargado de negocios, John Feeley,  decía:

“Hay indicios de que Calderón y, especialmente la Sedena, consideran que las violaciones a los derechos humanos son un ‘precio a pagar’ y no presionarán para otorgar garantías judiciales (por ejemplo, la supervisión efectiva de los tribunales civiles sobre las denuncias de transgresiones por los militares) y una eficaz formación (por ejemplo, de nivel superior y a las unidades operativas), que son críticamente necesarias para mejorar el historial de México” (en derechos humanos, se entiende).

Por todo ello, es probable que los organizadores del movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezan Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, además de suscribir un pacto a nombre de todos los sectores del país para exigirle al gobierno que cese el derramamiento de sangre y la impunidad, y que el jefe del Ejecutivo y su gabinete de seguridad se ajusten al mandato constitucional de garantizar la paz social en todo el territorio nacional, pudieran celebrar también un juicio público para señalar culpables de los crímenes de la narcoguerra contra miles de inocentes. Hay sobradas razones para ello.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Anuncios

Los comentarios están cerrados.