Hank, Salazar y Ulises

PAULINO CÁRDENAS

La misma estrategia que usó el gobierno panista contra los perredistas en el famoso  ‘michoacanazo’, se ha puesto en práctica ahora contra algunos hombres de nombre de la clase política priísta. Primero fue Jorge Hank Rohn y enseguida el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quienes fueron detenidos en plena época de campañas electorales. Asímismo, está por estallar el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y otros más que pudieran anexarse en los próximos días o semanas a la lista de quienes el gobierno federal panista les tiene preparados sus ‘expedientes negros’ y que miltan en el tricolor.

A pesar de la negativa oficial resulta evidente que es una ‘cacería de brujas’ por la nociva intención política-electoral que entrañan esos operativos en contra de personajes que ciertamente tienen fama pública de tener la cola larga, pero que son arrestados justo en tiempos cercanos a los comicios que se celebrarán el próximo 3 de julio en algunas entidades del país, siendo las elecciones del estado de México de las que la clase política estará muy atenta, porque de lo que ahí suceda dependerán muchas cosas: vendrá la verdad electoral para el 2012 por la sucesión presidencial.

Cuando aquel ‘michoacanazo’ que se preparó en la víspera de las elecciones intermedias del 5 de julio del 2009, también había prisa del gobierno panista de poner en evidencia al perredismo michoacano y al gobierno de Leonel Godoy, pero faltó el sustento jurídico en las acusaciones contra los funcionarios y alcaldes detenidos en masa, por lo que unos antes y otros después, al año todos los detenidos fueron puestos en libertad. El ‘oso’ del gobierno no tuvo medida.

Y ahora, por falta de méritos, Hank Rohn no pudo ser culpado de tener vínculos con el crimen organizado como tenía previsto la PGR; sólo le hicieron cargos por posesión y acopio ilegal de armas y fue trasladado al penal conocido como ‘El Hongo’ en el municipio de Tecate, Baja California, en donde habrá de enfrentar el juicio por un delito que, comparado  con el de delincuencia organizada, es muy menor. Sus abogados confían en que por el desaseo jurídico que hubo con su detención, éste podría alcanzar su libertad.

Luego vino el caso de Pablo Salazar Mendiguchía, detenido el pasado lunes en el aeropuerto internacional de Cancún, acusado de peculado por 104 millones de pesos, cometido cuando fue gobernador de Chiapas del 2000 al 2006. Unos días antes de su detención, había culpado ante los medios al actual gobernador, Juan Sabines, de haber mandado gente a robarle 50 mil ejemplares de una edición especial de periódicos.

En ellos pretendía informar a los chiapanecos y al país sobre los recursos que ejerció en su periodo administrativo, sobre todo de los recursos referentes a la reconstrucción de Chiapas por los daños dejados por el huracán Stan. En el artículo explicaba que 70 por ciento de esos recursos federales no fue manejado por su gobierno, sino directamente por el gobierno federal a través de la entonces comisionada nacional, Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de los diputados federales de Acción Nacional y aspirante a la Presidencia de la República.

 En su columna de ayer, Carlos Loret de Mola refiere que una misteriosa tarjeta apócrifa llegó a Los Pinos en la que se lee que el ex mandatario Salazar Mendiguchía recientemente financió con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador; que impulsa la candidatura del priísta José Antonio Aguilar Bodegas para ser gobernado; que patrocina movimientos subversivos afines al EZLN, y que es responsable de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes.

En la misma aparecían dos peticiones: una que pide al gobierno arrestar al ex gobernador por cualquiera de las acusaciones, aunque sugiere que podría ser por el destino de los 11 mil millones de pesos destinado a la reconstrucción de Chiapas. Otra, que el general secretario de la Defensa –Guillermo Galván Galván– lo invitase a salir del país por los próximos 18 meses. Quien toma esas decisiones optó por la primera petición.

Y en otra pista, al parecer ya está listo el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien su sucesor Gabino Cué acusa por desfalco por alrededor de 2 mil millones de pesos. Tanto el actual gobernador de Chiapas como el aliancista de Oaxaca llevan una excelente relación con el presidente Felipe Calderón.

¿Quiénes siguen en la lista? Los ociosos cuentan que los nombres están vinculados a los estados de Puebla, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz y algunos otros. Pero quienes gustan del juego de palabras dicen que quien decide sigue estando obsesionado con que sea un ‘ex’ del pasado reciente del estado de México, cuyo primer apellido es el acrónimo de ‘Monte fiel’. ¿Será?

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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