Un ‘error’, usar al Ejército

PAULINO CÁRDENAS

Aunque el presidente Felipe Calderón y el titular de Gobernación han señalado reiteradamente que en tanto no existan policías locales certificados y que estén en capacidad para hacer frente al crimen organizado, especialmente en aquellas zonas en donde la rivalidad criminal amenaza la tranquilidad de la ciudadanía, el Ejército, la Marina y la Policía Federal permanecerán en las calles, el juez español Baltazar Garzón, de visita en México, declaró que es un “error” permitir que el Ejército haga las tareas de seguridad pública.

También manifestó que nuestro país no debería pagar con tantos muertos la lucha contra el crimen organizado. Manifestó que aunque es inútil pactar con los criminales porque al final acaban dándole un disparo por la espalda a los que suscriben esos acuerdos con ellos, y advirtió que cuando no se hacen valer las leyes y la Constitución, están abiertas las puertas para iniciar juicios en tribunales internacionales, tal como lo resolvió hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apegándose a los estatutos de Roma.

Famoso por haber llevado a los tribunales al ex dictador chileno Augusto Pinochet, el magistrado señaló que no se debe caer en el error de que se construya la seguridad nacional a espaldas de los ciudadanos y que en la lucha contra las mafias y cárteles de la droga y el crimen no deben cometerse abusos, porque de documentarse y comprobarse graves violaciones a los derechos humanos en esa lucha, los casos contra civiles se podría llevar a autoridades ante la Corte Penal Internacional, subrayó.

Garzón vino a México a anunciar la celebración los días 29 y 30 de agosto, de un foro sobre “Legalidad, Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad”, que organiza la Cámara de Diputados. Recomendó usar al Ejército ‘sólo como último recurso para proteger a la población en asuntos de seguridad’, así como tomar en cuenta las propuestas ciudadanas y nunca pactar con el narcotráfico. De ese foro sin duda saldrán chispas, rayos y centellas.

Hace unas semanas estuvieron en el país representantes de Derechos Humanos de la ONU para las desapariciones forzadas, e hicieron un llamado al jefe del Ejecutivo mexicano para que ya no sea el Ejército el que combata al crimen organizado y el narcotráfico en las calles mexicanas.

En respuesta, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, señaló que el Ejército, la Marina y la Policía Federal permanecerán en las calles. Dijo que ahí segurián, hasta que haya policías locales certificados y que estén en capacidad para hacer frente al crimen organizado. Eso va para largo.

Y por más que las altas autoridades del gobierno y los mandos militares digan que las fuerzas federales actúan apegadas a la ley y a la observancia de los derechos humanos, eso no es estrictamente cierto. Los soldados no están formados para realizar trabajos policiacos. Ellos van a lo que van. Y si no, que le pregunten a miles de personas que han sido víctimas de los militares dizque en un afán de ira tras los criminales o al poeta  Efraín Bartolomé y a las familias que les allanaron con lujos de violencia sus domicilios el jueves en la madrugada dizque buscando a un delincuente.

Como sea, no es lo mismo que un mexicano cualquier o alguna instancia del Legislativo o de la oposición critiquen la ‘estrategia’ de la muerte que lleva a cabo el gobierno en su guerra armada contra las mafias sin resultados verdaderamente positivos, a que venga una gente como el magistrado español Baltazar Garzón a decir lo que dijo sobre esa infame guerra que lleva en su haber un escandaloso número de muertos –más de 50 mil, miles inocentes–, y porque los cárteles, lejos de deprimirse y desaparecer se han multiplicado y cobrado más mayor aliento, y el tráfico de drogas sigue yendo y viniendo, por hablar de una sola vertiente del crimen organizado.

La violación de los derechos humanos por parte de militares y agentes policiacos armados contra la población inocente en el país con el pretexto de que andan persiguiendo criminales, preocupa sobremanera al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y a sus asesores bélicos a quienes le urge que se aprueben cuanto antes las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Por lo pronto el Ejército tiene encima el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia mexicana en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos de los civiles por parte de militares, deberán ser juzgados en tribunales civiles.

Pero en las reformas de esa misma ley también hay discrepancias en otros asuntos, como el relativo a los retenes militares; las condiciones en las cuales se autoriza al Presidente de la República la utilización del Ejército, y el papel que debe jugar el Congreso de la Unión en esas decisiones. Y por si algo faltara, ahora empiezan a circular por el mundo las declaraciones del juez Garzón.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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