El apuro del general

PAULINO CÁRDENAS

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, instó a los integrantes del Congreso de la Unión a que aprueben otra legislación emergente como parte de la Ley de Seguridad Nacional, que defina los márgenes de responsabilidad de mandos y efectivos castrenses en las acciones ordenadas contra el narcotráfico por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y se cierre la brecha de vulnerabilidad de efectivos y mandos militares ante posibles acusaciones por violaciones circunstanciales o deliberadas de derechos humanos contra civiles, mismas  que pudieran cobrar relevancia ante tribunales internacionales al término del sexenio o antes.

De por sí ya hay preocupación entre las filas castrenses por el reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las violaciones de militares contra los derechos fundamentales de civiles tendrán que dirimirse en tribunales del fuero común y no militar, lo que resultó un coto contra las Fuerzas Armadas que, aunque deberá ser acatado ese ordenamiento, en voz baja los mandos se han venido quejando de que, si bien deben cumplir las órdenes de sus superiores contra la criminalidad organizada –un rol que constitucionalmente en estricto rigor no les corresponde–, requieren también de que se les defina legal y constitucionalmente su ámbito de responsabilidades.

No necesariamente querrían una patente de corso para actuar contra la delincuencia organizada pero sí que tengan la certeza de que en el recuento final de la fallida guerra contra el narco al término del sexenio, no sea el Ejército la única instancia que cargue con la gave responsabilidad de pagar los platos rotos de esa necia lucha que ha dejado alrededor de 55 mil muertos y desaparecidos en casi cinco años de lucha, la cual sin medir sus consecuencias fue lanzada por el Presidente desde que asumió el cargo en diciembre de 2006.

El apuro del general no es gratuito. Es porque el tiempo sexenal sigue corriendo y se acorta cada vez más y, como en el caso de su jefe supremo, no quiere que ante los ojos de la sociedad, que siempre ha manifestado admiración y respeto por el Ejército mexicano y en general por las Fuerzas Armadas, éstas se vayan por los suelos a la hora de repartir culpas, sobe todo cuando venga el parte de guerra final.

Por ello, durante la ceremonia de apertura y clausura de cursos del sistema educativo castrense celebrada en el Heroico Colegio Militar, el general Galván señaló: “No es una obstinación; es una necesidad ingente” regular la actuación de los militares en labores de seguridad pública.

Es obvio que para él y los demás mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, resulta necesario definir cuanto antes los términos de legalidad en lo que respecta a la actuación de los efectivos castrenses designados para combatir a los sicarios de las mafias, pero también para que se demarque el grado de responsabilidad de su actuación bélica, ya que los soldados de tropa y militares de grado están adiestrados primordialmente para aniquilar al enemigo y no para andarse por las ramas cuando lo tienen enfrente.

Sin embargo, los efectivos castrenses eventualmente son acusados de violar los derechos humanos y garantías de la población civil cuando están de servicio antes, durante o después de las incursiones y escarceos armados que se dan a diario en distintas partes del país, lo cual ha sido documentado por familiares de las víctimas o por estas mismas, quienes son atendidas a través de la Comsión Nacional de Derechos Humanos o por los organismos no gubernamentales internacionales avocados para ello.

Lo que apruebe el Legislativo sería estrictamente observado por ese instituto armado ha dicho el general secretario, ya que lo que importa es que los elementos de las Fuerzas Armadas tengan certidumbre jurídica de sus actuaciones y un marco de referencia legal para no correr el riesgo de actuar fuera de la ley.

Habrá que ver si esta vez los diputados priístas le hacen caso al general Galván, porque hace unos meses, casi al final del anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso, de manera soterrada surgieron dichos en el sentido de que diputados priístas habrían recibido amenazas de que, si no aprobaban la minuta como lo había hecho el Senado de la República, saldrían a la luz ‘expedientes negros’ de personajes del tricolor que estaban siendo preparados por la PGR, como de hecho sucedió después de posponerse la aprobación.

No obstante, para quienes han venido criticando la militarización del país, consideran que esa presión del Ejército al Legislativo es con el fin de tener manga ancha bajo el amparo legal, no sólo en sus acciones contra los capos y sus sicarios, sino para actuar con toda libertad contra las amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, incluido tomar el mando si se llegara a decretar el estado de excepción en cualquier entidad de la República ante el acoso de los delincuentes organizados o del  narcoterrorismo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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