Fantasma de insurgencia

PAULINO CÁRDENAS

El avance del narcotráfico en México y el resurgimiento de grupos paramilitares que se ostentan como comandos justicieros para, según dicen, defender al pueblo de los criminales organizados que el gobierno no ha podido someter, ha hecho resurgir en los corrillos de las oficinas de antiterrorismo norteamericanas y agencias de inteligencia y de antinarcóticos del vecino país del norte, el temor de que pudiera haber en un momento dado una alianza entre esos grupos y convertirse en una seria amenaza de insurgencia armada. Renace ese fantasma.

Por lo pronto, la ahora vocera de la narcoguerra Alejandra Sota, acaso por no ser su fuerte, dijo la semana pasada ante periodistas que el Gobierno federal no tiene indicios de que en el Estado de Veracruz o en cualquier otra parte del País existan esos grupos paramilitares. “Se trata de delincuentes que pertenecen a un grupo criminal que quiere apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal”, en alusión a los mensajes videograbados aparecidos en YouTube del autollamado escuadrón justiciero Los Matazetas.

En México, desde hace varios años –décadas podría decirse–, en diferentes regiones del país han surgido grupos armados los cuales la mayoría de las veces se adiestran a campo traviesa, tanto los que pertenecen a los cárteles del crimen organizado como los que son patrocinados de manera privada y que forman parte de ‘escuadrones de la muerte’, que, aunque lo niega la también vocera presidencial, por supuesto que existen en nuestro país. Evidentemente ese y todos los comandos de sicarios son grupos paramilitares y por las tareas a las que se dedican lógicamente son grupos criminales.

Como lo señalábamos en este espacio el pasado jueves, los escuadrones de la muerte están integrados principalmente por mercenarios, es decir por gente que se dedica a las actividades delincuenciales por una paga mensual, quincenal o semanal o que cobran cuotas especiales ‘por encargo o por tarea específica’. Muchos de ellos son extranjeros contratados por grupos privados y a veces hasta por los propios gobiernos. A esos grupos paramilitares también se suman policías en activo que traicionan su promesa y lealtad con las coporaciones a las que pertenecen.

Pero independientemente de esa historias que no son nuevas, la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton ya había hablado de narcoterrorismo en México. El 8 de septiembre de 2010 aseguró que en México ‘hay narcoinsurgencia’. “México se está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años, cuando los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país”, dijo entonces, al asegurar que “en algún momento” los insurgentes de las FARC llegaron a controlar casi 40 por ciento del territorio de aquel país sudamericano.

El zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, y el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de esa nación, Arturo Valenzuela, rechazaron las afirmaciones de Clinton. Kerlikowske mostró cautela al opinar sobre las declaraciones de Clinton, pero descartó que en México haya narcoinsurgencia como ocurrió en Colombia. “Sobre la cuestión de la insurgencia en México, yo sería muy cuidadoso”

Sin embargo, Estados Unidos ha tomado previsiones para enfrentar una hipotética alianza entre un cártel mexicano de drogas con Al Qaeda, dijo la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Janet Napolitano. Al comparecer el año pasado ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que “desde hace algún tiempo hemos pensado qué pasaría si, digamos, Al Qaeda se uniera a Los Zetas, uno de los cárteles mexicanos”, aunque no precisó qué medidas serían adoptadas.

Subsiste el temor en Washington ante la posibilidad de que organizaciones terroristas busquen aprovecharse de las redes de narcotraficantes, lo cual viene investogando desde hace tiempo el director del Centro Nacional Antiterrorista, Michael Leiter. Incluso habló de que la DEA había incorporado ‘por primera vez’ agentes especializados para garantizar que ambas áreas compartieran información sobre esas sospechas.

El trabajo conjunto con la DEA comenzó poco después de que un mayor del ejército estadunidense asesinó a balazos a 12 personas e hirió a 24 en la base militar de Fort Hood, en noviembre de 2009. En febrero de ese mismo año se generó una polémica, debido a que en estudios elaborados por varias instituciones y organismos como el Comando de Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, se afirmaba que México era un ‘Estado fallido’, lo que evidentemente fue negado por el gobierno calderonista.

Como sea, para el gobierno de Estados Unidos, la existencia en México de grupos, llámense paramilitares, escuadrones de la muerte o comandos justicieros, empieza a significar una seria preocupación para el Departamento de Estado, ya que saben que si llegara a pactarse una alianza entre esos grupos y los cárteles del crimen organizado, eso podría convertirse en una potencial y seria amenaza de insurgencia armada. Y eso en pleno periodo de relevo presidencial sería una bomba de tiempo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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