Calderón, ¿al cadalso?

PAULINO CÁRDENAS

Con la instrucción dada a su nuevo Secretario de Gobernación el pasado lunes de que debe estar ojo avizor ante el avance del crimen organizado ‘que podría incidir en las votaciones del 2012’, queda claro que el presidente Felipe Calderón seguirá con su misma estrategia fallida de combatir la violencia con violencia hasta que termine su administración, sin querer reconocer que esa misma violencia ha hecho crecer al narcotráfico.

Esto, pese a los ínfimos resultados en cuanto a acotar el avance de las mafias del narco y del crimen organizado que operan en México, que contrasta abismalmente con la escandalosa cifra de muertos que ha cobrado esa aventura bélica en la que ha insistido a lo largo del sexenio el mandatario panista, la cual se acerca a los 60 mil muertos de diciembre de 2006 a la fecha. Más los que faltan de aquí a que finalice su período.

Por eso mismo e interpretando el sentir de decenas de miles y seguramente millones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por esa guerra o que están hartas de tanto baño de sangre que se ha dado en más de la mitad del territorio nacional, es que un grupo de académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, estarían presentando esta semana una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente y los principales mandos del gabinete de Seguridad.

Ese grupo argumenta que México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado más de  50 mil muertos, 230 mil desplazados, alrededor de 10 mil desaparecidos y unos mil 300  jóvenes y niños asesinados, víctimas directas o indirectas de la guerra que le decretó el Presidente hace casi cinco años a los cárteles de la droga.

A esto se suma la constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado. Por esa necedad miembros de las Fuerzas Armadas están en capilla.

Uno de los promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, ha venido explicando que aunque Calderón y sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga “podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes (…) son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, ha dicho.

Por eso es que la demanda iría contra los responsables de tantas matanzas y violaciones a los derechos humanos, señalando específicamente al presidente Felipe Calderón y contra varios de sus funcionarios como Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, y Francisco Sáynez Mendoza, secretario de la Secretaría de Marina-Armada de México, así como otras autoridades civiles y militares. En la lista aparecen también diversos cárteles en la que incluyen en primera instancia a ‘El Chapo’ Guzmán.

El gobierno calderonista confía en que esa demanda no prosperará porque señala que la Corte Penal Internacional no se ocupa de ese tipo de acusaciones. Sin embargo, los promotores de la misma arguyen que de acuerdo con el Estatuto de Roma, en el que se fundamenta la existencia de la CPI y al que México se adhirió en 2005, el tribunal internacional sí tiene competencia para intervenir en ese tipo de situaciones que se configuran en México todos los días, derivadas de la narcoguerra.

Tales son los casos de las desapariciones forzadas; reclutamiento de menores de edad en labores de narcotráfico; ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados; mutilación de enemigos como una forma de intimidación; ataques a la población civil; el desplazamiento forzado de personas; las violaciones sexuales de mujeres y niñas; actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército; ataques a centros de rehabilitación de enfermos, y el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha negado que la política de seguridad y la lucha que emprendió contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado, constituyan un crimen internacional ya que sus acciones están apegadas a derecho. La administración calderonista cree que no procederá en la Corte de La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad. Los demandantes consideran que sí.

La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará este 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional en La Haya, no busca venganza, sino justicia, señalan sus promotores. Habrá que ver si dicha demanda prospera o se queda en el limbo como muchas otras. Mientras tanto el número de muertos por esa absurda guerra que padece el país sigue creciendo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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