En puerta agarrón jurídico

PAULINO CÁRDENAS

Como respuesta a la acusación que acaba de interponer en la Corte Penal Internacional de La Haya un grupo de intelectuales, académicos y periodistas contra del presidente Felipe Calderón, los titulares de la Defensa y la Armada, el secretario de  su gabinete de Seguridad Pública y varios líderes de los cárteles entre ellos a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la Presidencia dio a conocer un desplegado que se publicó en todos los diarios del país y medios electrónicos de alcance nacional e internacional, en el que señala que el mandatario panista analiza ‘todas las alternativas para proceder legalmente’ en contra de quienes lo acusan de cometer esos delitos.

El gobierno federal asegura que esas imputaciones ‘son falsas y calumniosas’ y considera que no hay elementos para iniciar ese procedimiento penal, para lo cual esgrime tres argumentos: a) “La estrategia para combatir el crimen organizado no constituye un crimen internacional”; b) En cuanto a las violaciones de los derechos humanos afirma que “el ejército ha intervenido a petición de los Estados y Municipios”, y c) “El Estado no está en guerra permanente y no hay ataque generalizado contra la población civil”. Por tanto busca la manera de proceder contra sus acusadores.

Por su parte Netzaí Sandoval, el abogado mexicano que formuló la denuncia a nombre de varios interesados y con la firma de 23 mil ciudadanos adherentes, manifestó que resulta inaceptable la respuesta del Gobierno federal a esa denuncia interpuesta porque está fuera de lógica tratar de reprimir las voces de la ciudadanía que está ejerciendo su libertad de expresión y que de ninguna manera permitirá que el gobierno le trate de quitarle su derecho a defenderse judicialmente.

Añadió que lo que anuncia el comunicado oficial de la Presidencia de que se estarían explorando todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizaron la denuncia, lo único que pretende es conculcar un derecho que establece la Constitución, por lo que considera que al final esa demanda lo que ocasionará es “dejar solo al Gobierno mexicano”. Señala el abogado que además queda la percepción de que el Presidente parecería estar defendiendo también los actos criminales de los cárteles de la droga.

El comunicado asienta que ‘es absurdo’ equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad, con delitos de lesa humanidad que se cometen por Estados “autoritarios”. Añade que “las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”.

Afirma que las acusaciones “constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

En el documento de la Presidencia, el gobierno de Calderón justifica su guerra contra el crimen organizado: “Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

Agrega que en con esas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.

En la legislación mexicana no están tipificados los delitos de crímenes de guerra, genocidio ni de crímenes de lesa humanidad, no obstante que en la guerra de Calderón contra la delincuencia organizada y los cárteles se han dado estos casos en víctimas inocentes por parte de quienes combaten a los criminales y de agentes del gobierno que cometen abusos contra la población en general, por lo cual los acusadores asistieron a La Haya.

Como sea, el escándalo que se avecina será fenomenal, si es que de veras hay revire jurídico del gobierno federal en contra de los demandantes. Habría que ver si al gobierno le conviene, en plena época electoral, entrarle a ese toro de lidia que seguramente lo podría embestir y hacerlo quedar mal ante la afición o de plano esperar si el mencionado tribunal penal internacional le da curso o desecha la acusación.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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