La Haya le dio entrada

PAULINO CÁRDENAS

La demanda interpuesta por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas en la Corte Penal Internacional de La Haya, contra el presidente Felipe Calderón, los secretarios de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y varios capos de la droga entre ellos ‘El Chapo’ Guzmán, será estudiada en todos sus términos por el fiscal general de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, quien señaló: “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, confirmó que había recibido el pasado viernes 25 de agosto la denuncia que consta de decenas de fojas en las que se da cuenta que desde que el Presidente mexicano le declaró la guerra al narcotráfico el 11 de diciembre de 2006, “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados” . Habitualmente ese tribunal no informa públicamente de las denuncias que recibe y nunca se había pronunciado sobre estos casos. ¿Por qué lo hizo esta vez?

El fiscal general manifestó que reciben comunicaciones de todo el mundo, “incluidas hace pocos días las de Venezuela y México”, confirmó en una entrevista telefónica a EFE. Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. Según su reglamento, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.

En la denuncia se afirma que en México “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”. Esta situación, de acuerdo a ls demandantes, se debe igualmente “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados”.

Señalan asímismo que “la falta de autonomía” de la Procuraduría federal “y la impunidad” del jefe del Ejecutivo, “generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”. Se añade que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados”. Afirma  que “el ejército mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables”.

Destaca además que el ejército ha permitido y dejado impunes violaciones sexuales a mujeres durante operativos de búsqueda de delincuentes. “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos”, afirma una de las citas de los denunciantes.

Por su parte el gobierno mexicano sacó un desplegado que hizo público en el que cuestiona a quienes solicitan a ese tribunal que se investigue a Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como los narcotraficantes que atacan a la sociedad del país, en el cual señala que busca la forma de demandar jurídicamente  a quienes osaron ir a La Haya a hacer la denuncia, por lo cual ha habido diversas reacciones ya que esa advertencia del gobierno se ha tomado como una amenaza contra quienes ejercen su libertad de expresión.

Como parte de la polémica que desató la denuncia, el precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, aseveró que “no tiene sustento” esa denuncia, porque el Presidente tiene la “obligación irrenunciable” de combatir al crimen. En tanto, el aspirante presidencial panista Santiago Creel Miranda dijo que es inviable esa demanda como para pensar en contrademandar. Y el aspirante presidencial del PAN Ernesto Cordero rechazó que sea desproporcionado calificar de calumniadores a quienes presentaron la denuncia: “Así hay que tratarlos y así hay que proceder”, dijo.

Mientras tanto, horas antes de la visita que realiza el Presidente por Chihuahua, aparecieron varias mantas en la capital de ese estado y en Ciudad Juárez dirigidas al presidente Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a Facundo Rosas. En el texto los acusan de brindar apoyo a Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa. Todas con el mismo mensaje, aunque no estaban firmadas por un cártel en específico, amenazaban a los funcionarios en armar una verdadera guerra en México si no atendían su petición.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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