Conflicto armado interno

PAULINO CÁRDENAS

Netzahí Sandoval, el abogado del grupo de académicos, intelectuales y periodistas que interpuso un recurso en la Corte Penal Internacional de La Haya contra quienes resulten responsables por la crisis humanitaria y la agresión generalizada producto de la guerra emprendida por el Presidente contra los cárteles de la droga y que incluye ejecuciones, decapitaciones, múltiples  violaciones a los derechos humanos y secuestros masivos de migrantes, reveló que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados ha calificado la lucha del gobierno con el narcotráfico en México como un ‘conflicto armado interno’, por lo que puede considerarse como tal. Por si hubiera dudas.

Dijo que esto anima a quienes han pedido a esa corte con sede en Holanda que se estudie y analice la petición formulada, para que el fiscal Luis Moreno Ocampo pudiera darle curso a los documentos que han estado enviándole con la intención que analice y determine el caso-México. Lo cierto es que alguien tendrá que pagar por todo ese infierno que ha generado la guerra de Calderón y responder por la lacerante impunidad que va de la mano de la corrupción, factores que han estado en medio de esa infructuosa guerra, costosa en dinero y más costosa en vidas.

En entrevista con Carmen Aristegui para MVS, el abogado egresado de la UNAM señaló ayer que la denuncia ‘ya pasó el primer filtro’, es decir que ya está a consideración del fiscal para que la información que originalmente había recibido por parte de los activistas, más otras que le han hecho llegar de noviembre a la fecha, opine y en su caso juzgue el papel y la presunta responsabilidad de actuación del mandatario federal y sus subordinados integrantes del gabinete de seguridad, quienes presuntamente tendrían que responder de muchos acontecimientos de lesa humanidad, como los principales responsables de los encuentros armados.

Añadió que de los datos y contancia de hechos que se han agregado al expediente de la Corte –entre ellos la respuesta amenazante del gobierno mexicano a los demandantes, que un boletín de la Presidencia se señalaba que evaluaba la posibilidad de ocurrir a alguna instancia legal para algo que consideran difamatorio–, ya los tiene la oficina del fiscal quien ya tomó nota de ello, lo cual el abogado Sandoval lo considera un punto a favor de quienes gestionaron la petición a la mencionada corte.

Indicó que hicieron llegar a aquel tribunal penal internacional los casos de los homicidios de Nepomuceno Moreno y de Trinidad de la Cruz, así como el atentado sufrido por Norma Andrade. Pero hubo un dato que sacudió a quienes de una u otra manera están familiarizados con la ola de violencia y sangre que se ha dado en el país en los últimos cinco años. Aseguró tener informes que indican que en lo que lleva la guerra del gobierno contra las mafias, van un millón 600 mil desplazados forzados. Dijo que este es un dato gravísimo e insistió que va a ser un elemento primordial dentro de la petición que se está haciendo a la Corte Penal Internacional.

Otro asunto muy grave es el de los secuestros masivos contra migrantes sobre lo cual dijo tener documentado que, de abril a septiembre de 2010, hubo 11 mil 333 víctimas de secuestro masivo en México lo cual calificó, con toda razón, que es una situación terrible. Dijo que también se envió al fiscal Moreno Ocampo documentación sobre los ataques que han sufrdio las ambulancias por parte de crimen organizado y los asaltos a los hospitales con gente armada, lo cual está prohibido terminantemente por el Derecho Internacional Humanitario y por la propia ONU.

Cierto es que, como lo dijo el abogado, nadie puede defender una estrategia de guerra en la que está empeñado el Presidente, cuando lo que se está viviendo en Méxio es una  crisis humanitaria y de agresión generalizada que alguien debe frenar. Indicó que el grupo demandante aspira a que se realice un juicio internacional ante esa grave situación que está llevando al país a eventos insospechados. La Haya ha confirmado la recepción de toda la documentación. Los demandantes confían que allá se analizará la gravedad de la situación y acá esperan pronta respuesta.

Lo que comentó el juez español Baltasar Garzón esta semana, de que Ernesto Zedillo no podría alcanzar ‘inmunidad soberana’ por la acusación de crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, en la Corte Federal de Hartford en Connecticut, preocupa en Los Pinos. Hay razones para ello. Más aún con las últimas declaraciones del abogado Netzahí Sandoval. Se teme que la solicitud del gobierno de Felipe Calderón formulada en noviembre pasado al Departamento de Estado norteamericano, de otorgarle inmunidad al ex presidente, pudiera ser en sentido negativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Anuncios

Los comentarios están cerrados.