Uso político de la justicia

PAULINO CÁRDENAS 

Resulta obvio que el gobierno panista ha hecho uso político de la justicia para tratar de socavar a los partidos de oposición y a sus candidatos, principalmente a todo lo que huela a PRI, aunque también el PRD ha sufrido de esa nociva práctica del gobierno panista; sólo hay que recordar el caso del ‘Michoacanazo’, un hecho muy significativo que corrobora esta aseveración que ha venido planteando la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo después del caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas -Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos-, a quienes se les instruye una averiguación previa por parte de la PGR sin saber por qué.

Desde que tomó posesión como nuevo dirgente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell le exigió al presidente Felipe Calderón no entrometerse en el proceso electoral de 2012, y a su gobierno no usar el tema del narcotráfico como arma electoral. El senador acusó al Ejecutivo de pretender reeditar la inestabilidad política vivida en México el primero de diciembre de 2006, cuando él estuvo a punto de no rendir la protesta de ley.

Dijo que “ante la debilidad de sus precandidatos, el gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que, como la nuestra, le disputan el poder. Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale para descalificar al adversario. Poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad”.

No sólo los partidos y sus cúpulas, sino los mexicanos todos, quieren que el sistema de justicia sea para combatir a la delincuencia organizada, para castigar actos de corrupción y para enjuiciar a quienes, en el nombre de la guerra que sostiene el gobierno panista contra la inseguridad, abusan de su poder, por lo que existen acusaciones en los organismos no gubernamentales contra agentes federales y militares que cometen violaciones a los derechos humanos de gente inocente.

De las miles y miles de muertes a raíz de la lucha contra el crimen organizado, no más de 30 sentencias firmes han sido emitidas por la Procuraduría General de la República. En cambio, se ha prestado a participar en eventos fallidos como fue el de la detención por elementos de la Policía Federal y del Ejército el 26 de mayo de 2009, de 11 presidentes municipales y 16 altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, todos perredistas, y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado, a los cuales se tuvo que absolver un año después por falta de pruebas.

Lo mismo sucedió con el caso de Gregorio ‘Greg’ Sánchez, a quien un testigo protegido lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, cuando era aspirante a la gubernatura del estado de Quintana Roo por el PRD en 2010. Fue detenido, y llevado al penal de ‘El Rincón’ en Tepic, Nayarit. Fue acusado por delitos de delincuencia organizada, por uso de dinero de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Luego fue trasladado a la ciudad de México donde anduvo con brazalete para no salir de la capital. Al final quedó en libertad por falta de pruebas.

Luego vino el caso de Jorge Hank Rhon que fue detenido el sábado 11 de junio de 2011 junto con varios de sus colaboradores de seguridad, por supuesto acopio de armas y otros cargos que al final no pudieron ser comprobados por parte de las autoridades federales y estatales donde hubo una evidente falta de coordinación, de paso haciendo quedar mal al Ejército que realizó la detención del ex alcalde de Tijuana, acusado de tener en su casa al menos 100 armas de fuego. Al final a Hank Rohn le hicieron los mandados.

Recientemente al exigir a las autoridades federales no utilizar los instrumentos de la justicia con fines electorales, el PRI salió a la defensa de los tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. En un comunicado, el partido que encabeza Pedro Joaquín Coldwell criticó el que se hayan hecho públicas estas investigaciones en el contexto de un proceso electoral próximo. “La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. Reiteró que el PRI no defenderá a nadie que cometa delitos, pero tampoco aceptarán el manejo “faccioso” de la justicia.

Sobre ese tema el Revolucionario Institucional pidió que el gobierno actúe conforme lo manda la ley, pero que no haya filtraciones; simplemente que actúen como lo manda la ley, punto. Algunos senadores priístas acusaron al gobierno federal de una “guerra sucia” para perjudicar a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y al partido en general en el próximo proceso electoral. Carlos Jiménez, Francisco Labastida y Francisco Arroyo condenaron la investigación en contra de los ex gobernadores y su filtración a algunos medios de comunicación. “Diría que huele a guerra sucia en contra del PRI”, señaló Labastida.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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