Un Gobierno despilfarrador

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón y que se las dá de ser austero en el ejercio del gasto público y de ceñirse estricamente a lo que marca la ley sobre la aplicación del presupuesto federal, quedó exhibido por Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación que depende del Congreso, al señalar una serie de anomalías, sobregiros, irregularidades y gastos fuera de nómina de sus dependencias, lo que coloca a esta adminsitración entre las más despilfarradoras que ha tenido México, por el uso más que discrecional que han hecho de los fondos federales.

La misma historia que tanto criticaba a los priístas sobre el abuso del gasto público es en lo que ha caído el gobierno calderonista. Los abusos e irregularidades se han dado lo mismo en el IMSS con Juan Molinar Horcasitas a la cabeza, que en el IFE en donde hay una danza de millones que no se auditan, como en inútiles obras como la ‘Estela de Luz’ donde la ASF detectó un sinúmero de irregularidades al analizar la Cuenta Pública 2010, junto con los gastos para los fastuosos festejos del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia donde privó la opacidad y que para nada sirvieron.

Mucho es el dinero del erario público que el actual gobierno ha botado, mientras que dice no tener recursos para las urgentes necesidades que padecen millones de mexicanos como el problema de las sequías y las heladas que han dejado a miles de mexicanos en la vil inopia, y en donde para soltar la ayuda hay regateos y excusas, pero eso sí, no hay restricción alguna para obras que tienen sobregiros e irregularidades y para gastos fuera de nómina que se van en pachangas, opíparas comilonas, vinos, bebidas, regalos, pagos de famosos artistas, etc., etc., etc.

Otro asunto que fue auditado por esa dependencia de la Cámara Baja fueron los gastos que se generaron con motivo de los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara, Jalisco, donde se dice que hay erogaciones sin comprobar por varios millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), correspondiente a pagos excesivos correspondientes a la construcción de estadios de atletismo, beisbol, canchas de tenis y estacionamientos que se utilizaron durante el evento.

Asímismo, la Auditoría Superior de la Federación consideró pertinente ‘revisar’ el gasto de Comunicación Social de la Presidencia para la promoción de las tareas del gobierno federal, porque resulta “excesivo e irreglar” que en 2010 haya erogado 6 mil 479 millones de pesos, casi el triple de lo que había autorizado el Congreso.  Los auditores hallaron irregularidades en este caso.

Recomendó a la Cámara de Diputados regule las transmisiones de radio y televisión realizadas por internet, sobre todo durante las jornadas electorales que comenzaron desde octubre del año pasado. Pide sanciones administrativas para funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Desarrollo Social, por autorizar gastos de comunicación de manera desfasada y por contratar tiempos comerciales sin antes solicitar tiempos oficiales.

Entre otras cosas la Auditoría Superior pidió al Congreso regular 17 minutos de tiempo en radio con que cuenta el gobierno federal hasta el inicio de las campañas electorales a finales de marzo y principios de abril. A la Presidencia le recomienda videograbar las sesiones de grupo con proveedores, para que efectúen las evaluaciones de sus campañas de comunicación social, y en el caso de las coemisiones, se apliquen medidas de control para evidenciar sus obligaciones.

La realidad es que desde su creación, la Auditoría Superior de la Federación –que se supone es el órgano fiscalizador del Congreso de los gastos que realizan quienes obtienen dinero del erario público–, dista mucho de tener la eficacia que se requiere para supervisar y auditar a cada dependencia sobre los gastos que ejercen, y le han faltado dientes para fincar responsabilidades administrativas ejemplares y promover sanciones pecuniarias y penales contra los servidores públicos responsables del desfalco o daños y perjuicios en contra de la hacienda pública federal.

Por desgracia para los mexicanos a quienes el gobierno les exige el pago puntual de sus impuestos, no tiene cómo obligar a los funcionarios que dejen de saquear al erario público. A la actual administración calderonista, como a la de su antecesor y a las anteriores, la revisión de sus cuentas públicas que le hace la ASF, le viene a hacer lo que el viento a Juárez. Suelen escamotear información u oponen resistencia para entregar documentación completa de sus gastos, por lo que la ASF se queda chiflando en la loma.

Su actuación sólo ha servido para el escándalo mediático porque el peso político ha podido más que las buenas intenciones de transparentar el gasto público. El gran mal de nuestros tiempos ha sido el saqueo a la nación de los recursos públicos. El uso indebido de los fondos federales es lo que sigue rifando. La impunidad cobija el cinismo y la desfachatez. Lo demás son puros cuentos, por desgracia. Aunque el gobierno calderonista, como los anteriores, se quieran dar baños de pureza.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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