Politizan drama carcelario

PAULINO CÁRDENAS

Lo chistoso, por decirlo suavemente, es que hasta en el drama carcelario sucedido en Apodaca, Nuevo León, Felipe Calderón quiere sacar raja política al hablar de que esos sistemas penitenciarios que “están en crisis” se ubican en Tamaulipas y Nuevo León según hizo hincapié –entidades ambas gobernadas por priístas–, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haciéndole segunda, afirmó que en los penales federales no se ha registrado “ningún incidente” de ese tipo, queriendo hacer creer que estos son castillos de la pureza.

En la misma línea discursiva el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga, que todo ello obedece a la corrupción que impera en los penales no federales, al tiempo que recordó la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán –que se dio precisamente en la cárcel federal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en el 2001 al inicio de los regímenes panistas–, a quien, dijo, ‘alguien le abrió la puerta’, echándole de pasadita y de nueva cuenta la culpa de esa fuga al doctor Alejandro Gertz Manero, como sucedió el año pasado.

El hecho es que en las cárceles, locales, estatales o federales, siempre ha privado la corrupción propiciada principalmente por los cárteles de la droga y protegida por la impunidad oficial. De los avances de esos cárteles habló hace unos días el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al señalar que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad” y que en algunas regiones ya se apropió de las instituciones del Estado, afirmando que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”.

Lo que sucedió en Apodaca el pasado fin de semana –una masacre, una fuga masiva de reos, un incendio y decenas de heridos en un motin que no acaba de terminar–, es parte de ese dominio criminal que impera entre las bandas que se disputan el mando territorial en el país, y lo que sucede en los penales es apenas una réplica de ese esquema, en donde los más fuertes someten a los más débiles para imponer su ley.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, asesinaron a mansalva a tres secuestradores que acababan de ingresar unas horas antes a ese penal. Eran dos hombres y una mujer que fueron encarcelados bajo cargos de privación ilegal de la libertad. Pero en las primeras horas del martes fueron victimados por dos internos que utilizaron objetos punzocortantes. Ambos asesinos son convictos por delitos del fuero común, y eran procesado uno por robo con violencia, y otro por homicidio calificado. Ahora serán procesados por triple homicidio en primer grado.

Cada vez que hay un motín carcelario o riñas o muertes entre presidiarios –o se suscitan incendios deliberados como el sucedido hace unos días en un penal de Honduras–, salen las autoridades a hacer declaraciones justificatorias que de nada sirven para remediar el entuerto. Hacen diagnósticos, reconocen dos o tres verdades de a kilo, le echan la culpa a los gobiernos de la oposición, pero pasados los días y las cosas siguen igual, hasta que vuelven a repetirse un día los mismos hechos. En ese inter las autoridades le apuestan al olvido colectivo.

El caso de la corrupción que impera en los penales en México no es distinto al de otros países. La impunidad y los oídos sordos de las autoridades propician ese círculo vicioso Ningún gobierno, del color que sea, ha hecho nada por remediar ese mal ancestral y, como dijo don Teofilito, ni lo harán. Es un mal sistémico que no tiene remedio, por más demagogia que se tire en los discursos.

El Presidente presume que de las decenas de capos importantes que operan en México, las tres cuartas partes ya ha sido detenida. ¿Y? La violencia sigue tan rampante como si nada. El tráfico de drogas continúa igual o peor. El empoderamiento de los capos sigue creciendo. Lo de Apodaca es un claro ejemplo. La noticia de lo que ahí sucedió lo dice todo: 44 muertos corresponden a internos relacionados con el cártel del Golfo, mientras los 30 que están prófugos están vinculados con el cártel de Los Zetas.

Los muertos que hubo en la cárcel de Apodaca  –dicen que muchos de ellos fueron degollados, vaciados sus ojos y mutilados con armas punzocortantes para no ser reconocidos– para Calderón podría ser una buena noticia porque diría que qué bueno que se estén matando entre los mismos criminales. Por lo demás, se duda que la exigencia de la ONU para que investigue y castigue a quienes causaron esos dramas penitenciarios, sea resuelto por el gobierno federal de México, simplemente porque la bronca es del gobierno priísta de Nuevo León.

 pcardenscruz@yahoo.com.mx






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