Subsanan vergonzante omisión

PAULINO CÁRDENAS

La grave y vergonzante falta en la que ha permanecido el Estado al ser omiso ante la violación a los derechos humanos e incluso asesinatos a mansalva de gente inocente ocasionados por la guerra que el presidente Felipe Calderón le declaró a los cárteles de la droga desde diciembre de 2006 con el Ejército mexicano por delante, fue subsanada en primera instancia el pasado miércoles en el Senado de la República al aprobarse por unanimidad la Ley General de Víctimas. Ahora falta que la Cámara de Diputados también le dé para adelante, la apruebe y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación en su momento para luego intentar lo más difícil: que las nuevas disposiciones se cumplan en el terreno de los hechos.

Tardíamente como suele suceder en México, cuando están por terminar los trabajos legislativos, cuando empieza a declinar el sexenio, y cuando el número de muertos, desaparecidos, abusos, secuestros, torturas, violaciones y graves daños morales que ha dejado esa inútil lucha, son de escándalo mundial, esa nueva Ley pretende ponerle coto a tanta negligencia e impunidad, buscando ahora darle nombre y apellido a quienes pierdan la vida en esa guerra, ver las causas de su muerte, indemnizar a los deudos e incluso ir más allá para investigar responsables.

Con miras a cerrar el abismo entre justicia e impunidad que ha prevalecido a lo largo de la guerra de Calderón, el nuevo ordenamiento señala el derecho a la reparación integral del daño, asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en garantías individuales por las autoridades; prevé la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral, quedando su instrumentación bajo control de un Sistema Nacional de Víctimas en el que estarían representadas las organizaciones de la sociedad civil. De hecho esta aprobación es un logro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Pese a que de cualquier modo no habría retroactividad, la serie de disposiciones contenidas en la Ley General de Víctimas buscará frenar la impunidad con la que se han venido manejando las fuerzas gubernamentales armadas en el combate a la delincuencia, dándole un asidero a las víctimas civiles y sus deudos, para exigirle al gobierno federal, encargado de combatir a la delincuencia organizada, responder por las violaciones de los derechos humanos de la población y obligue a las autoridades a que rindan cuentas de por qué matan, a quienes ultiman y por qué razones, obligado por el Poder Judicial.

Es verdaderamente lamentable que hayan pasado cinco años para que el Poder Legislativo respondiera a hechos que se han venido celebrando a ojos de todo el mundo y haya reaccionado sólo por las presiones del movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia y a cuyo vocero y gestor ante las instancias de gobierno y cabildeo de ante las instancias legislativas, Emilio Álvarez Icaza, al que se debe gran parte del avance para empezar a resarcir esa ominosa omisión que ha sido vergüenza nacional, sin que al gobierno federal le haya preocupado mientras.

Para el jefe supremo de las fuerzas armadas, las muertes que ha cobrado la guerra que ha promovido, han sido por los enfrentamientos entre sicarios de las mismas mafias rivales y que, como son criminales, que queden en el olvido. ¿Y las viudas? ¿Y los huérfanos? ¿Y los deudos? ¿No tienen derecho a saber de sus muertos?

Nadie sabe por qué el presidente Calderón ha insistido señalar que su gobierno es ‘humanista’ cuando ha permitido la aberrante omisión de dejar regados tantos miles de muertos por donde quiera en todo el país, a causa de su guerra contra las mafias, sin que nadie se ocupe de saber quiénes eran, en qué condiciones murieron, ni dónde quedaron, tal vez olvidados en campo traviesa para ser devorados sus cadáveres por aves carroñeras o acaso enterrados masivamente en fosas comunes localizadas nadie sabe en qué lugar del territorio nacional.

Lo indiscutible es que la negligencia con la que se ha comportado su gobierno respecto de esa vergonzante omisión, ha sido atentatoria contra los más elementales derechos de miles de mexicanos que, echándole culpas al también desidioso cuerpo Legislativo, juntos le han dado largas a asuntos tan relevantes que debieron ser de pronta resolución, como la ley contra la trata de personas que también fue dejada para la última hora, no obstante que ha sido de las principales actividades del crimen organizado en nuestro país.

Lo mismo sucedió con los llamados ‘protocolos’ con los que debieron actuar siempre las fuerzas armadas militares y civiles en el combate al crimen, que también ‘al cuarto para las doce’ voltearon a ‘estudiarlos’ para supuestamente ponerlos en práctica, cuando eso debió de haberse hecho hace al menos cinco años. Pero bueno, así se las gastan el gobierno federal que inició la guerra contra los cárteles de la droga sin decir agua va y sin consultarle a nadie desde que comenzó el sexenio, y los legisladores que apenas parecen estarlo descubriendo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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