PAULINO CÁRDENAS
¿Será que las balas, los granadazos, bazukazos y estallidos de coches-bomba que se han dado en la guerra contra las mafias ordenada por el presidente Felipe Calderón, han sido de mentiritas y los miles de muertos que lleva esa lucha armada son sólo figuraciones de algunas mentes locas? Porque mientras el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó que haya guerra en México, José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch señaló que es claro que sí la hay, desde el momento en que el propio gobierno federal la ha mencionado al referirse al combate al narcotráfico.
El diferendo semántico surgió después de los graves señalamientos hechos el martes por HRW, en donde la mencionada organización no gubernamental norteamericana dio a conocer que las fuerzas militares encargadas de combatir a las mafias del narcotráfico y el crimen oganizado han cometido violaciones de derechos humanos generalizada desde 2006, cuando el jefe del Ejecutivo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, le declaró la guerra a los capos que operan en el país.
De paso, dicho organismo concluyó que la estrategia de seguridad del presidente Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, fracasó. La afirmación sobre violaciones a los derechos humanos se hizo en el documento titulado “Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el nacotráfico de México” entregada al mandatario panista por la representación de ese organismo estadounidense para las Américas, el cual ha causado un escándalo mediático.
Señala que en investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, se encontraron “evidencias” que sugieren que ‘miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales’, desde diciembre de 2006 hasta este año.
El informe de esa agrupación estadounidense –que afirma está basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública–, señala que “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico de México, ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad”. Se asegura también que “casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente”.
Señala el reporte que más de 50 mil soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia. HRW destaca que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, “las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles”.
Afirma que existen “evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado ‘desapariciones y ejecuciones extrajudiciales’, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos”. La “impunidad casi total” que rodea estos casos se debe a que siguen “siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar”, pese a que tanto la Suprema Corte mexicana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han pedido que pasen a tribunales civiles, señala HRW.
Ese organismo pone en duda la afirmación de Felipe Calderón de que “el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico (que su Gobierno estima fueron cerca de 35 mil entre 2007 y enero de 2011), eran delincuentes”. Recuerda ese organismo que la Fiscalía federal (la PGR), sólo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011, y que en ese periodo “los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada”.
La oficina de la Presidencia envió un comunicado a los medios, señalando que «la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como homicidio, el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales». También afirma que el gobierno de México ha estado abierto al escrutinio internacional y ha hecho importantes reformas a su marco legal en materia de derechos humanos para alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales.
Como sea, la estrategia de guerra de Calderón con las Fuerzas Armadas al frente en el combate a los cárteles seguirá siendo la misma, con sus consecuentes cruentos resultados. Todo ello servirá para sumar más evidencias al dossier que será llevado próximamente a la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales, especialistas en la materia y periodistas, para gestionar una acusación por crímenes de lesa humanidad contra quienes resulten responsables de la guerra contra las mafias. Aunque algunos no creen que pudiera prosperar un juicio en ese sentido. Ya se verá.
pcardenascruz@yahoo.com.mx
¿ Quién Gobierna México ? 