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La vida de Peña Nieto ‘corre riesgo’

PAULINO CÁRDENAS

Reportes de al menos dos agencias de inteligencia indican que pudiera haber ‘muy pronto’ derramamiento de sangre por los enfrentamientos derivados de la violencia que de hecho ya dio comienzo al menos de manera verbal, a causa del descontento, el odio y la frustración que ha motivado la derrota del ex candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador, quien por más de 3 millones de votos perdió en las urnas el pasado 1 de julio frente al ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, que sigue siendo el principal blanco de los insultos de las huestes del perdedor. Uno de los reportes confidenciales destaca que la vida del priísta ‘corre riesgo’, por las amenazas de quienes quieren incendiar el país interpretando el sentir de su caudillo.

Además de que la ira de los perdedores está centrada principamente en el priísta, también lo está en contra de su partido, en contra de las autoridades electorales, y en contra de las empresas de tarjetas de descuento y monederos, Soriana y Monex respectivamente, que según los amlistas ‘se prestaron a la compra de 5 millones de votos por parte del PRI’. Sin embargo, lo que más preocupó a las agencias de inteligencia fueron los reportes recogidos en la “Convención Nacional contra la Imposición” celebrada este fin de semana en San Salvador Atenco organizada por ‘estudiantes’ del movimiento YoSoy 132.

En esa reunión se aprobaron varios acuerdos para “impedir” que Peña Nieto “tome posesión como Presidente de la República”, no obstante que el Tribunal Federal Electoral tiene de plazo hasta el 6 de septiembre para analizar las impugnaciones lopezobradoristas, tomarlas en cuenta o desecharlas, elaborar el dictamen respectivo y hacer la declaratoria de Presidente Electo. De hecho esos acuerdos revelan que los amlistas reconocen tácitamente a Peña como ganador. Y es lo que no pueden tolerar.

Incluso trascendió de algunos reportes de inteligencia que los movimientos clandestinos político-militares que hay en el país, pudieran decidir el apoyar ese movimiento amlista; con el poder económico que cuenta éste para fondear las acciones de descontento y desatar la división y los enfrentamientos, pudieran las huestes más radicales del ex candidato perdedor, hacerse de armas a través del mercado negro que prolifera en el sur de nuestra frontera, según un trascendido extraoficial de una de esas áreas, lo cual constituiría la principal amenaza a la paz y la estabilidad del país, desde la perspectiva de algunos mandos castrenses.

Cabe reconocer que junto a los grupos más violentos que están a favor del candidato de las izquierdas, hay una corriente más moderada que difiere en llevar las cosas al extremo de propiciar enfrentamientos y violencia, porque saben que solo faltaría una chispa para que el pasto seco que hay en el país, se encienda. Los más acelerados ya hablan de hacer ‘una revolución del pueblo’ y quieren que los demás los sigan, sobre todo los jóvenes y grupos ya apuntados bajo la marca del YoSoy 132, que están siendo usados como ‘carne de cañón’ por gente que quisiera emprender una lucha social de largo aliento, llevando como bastión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  de Atenco entre otras organizaciones agraviadas por el sistema.

Ya hay brigadas amlistas de reclutamiento que están invitando a organismos obreros, campesinos y familias en general, a sumarse a ‘su lucha’. Uno de los grupos apuntados en ese activismo es el SME. Se espera que la actividad de estos grupos irá creciendo, además de lo que han venido realizando de hecho en las manifestaciones que se han realizado desde que perdió el tabasqueño, como la que se celebró este fin de semana en el Distrito Federal y otras ciudades del país, en donde con enardecidos insultos se están yendo sin más ni más a la yugular del priísta ganador, contra su partido y las empresas que según López Obrador fueron la causa de su derrota en los comicios donde perdió por más del 6 por ciento de votos ante el ganador.

La situación actual del país ciertamente se encuentran en un contexto en el que el propio gobierno ha ido creando las condiciones de inconformidad en prácticamente todos los sectores de la sociedad, por darle prioridad única a la guerra contra el narcotráfico, sin que se hayan resuelto tantas urgencias que han venido demandando los mexicanos, empezando por la pobreza que en este sexenio aumentó en más de seis millones según cifras oficiales, y tantos otros rezagos que hay. La pregunta es, ¿por qué a Calderón no se le increpa nada de su mal gobierno, ni siquiera los más de 80 mil muertos que ha dejado su inútil guerra antinarco, cuando en Atenco hubo sólo dos muertos? ¿En dónde está el misterio o la razón?

Parece simple esa razón: AMLO, como se adivinaba desde que comenzó su campaña, reclamaría el fraude, el complot y la conspiración en su contra y haría todo un escándalo postelectoral, si perdía la contienda, y así fue. Calderón por nada del mundo quisiera que el PRI sacara al PAN de Los Pinos. De ahí que al final de la película haya nacido una ‘natural’ alianza entre el ‘espurio’ y el ‘legítimo’ contra el priísta. ¿Hay recursos federales en esa estrategia antiPeña o es mera simpatía ver desde la casa presidencial los crecientes reclamos y amenazas dirigidos al priísta? Ya vendrá el tiempo de saberlo.

@Paulinocomenta

El apuro del general

PAULINO CÁRDENAS

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, instó a los integrantes del Congreso de la Unión a que aprueben otra legislación emergente como parte de la Ley de Seguridad Nacional, que defina los márgenes de responsabilidad de mandos y efectivos castrenses en las acciones ordenadas contra el narcotráfico por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y se cierre la brecha de vulnerabilidad de efectivos y mandos militares ante posibles acusaciones por violaciones circunstanciales o deliberadas de derechos humanos contra civiles, mismas  que pudieran cobrar relevancia ante tribunales internacionales al término del sexenio o antes.

De por sí ya hay preocupación entre las filas castrenses por el reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las violaciones de militares contra los derechos fundamentales de civiles tendrán que dirimirse en tribunales del fuero común y no militar, lo que resultó un coto contra las Fuerzas Armadas que, aunque deberá ser acatado ese ordenamiento, en voz baja los mandos se han venido quejando de que, si bien deben cumplir las órdenes de sus superiores contra la criminalidad organizada –un rol que constitucionalmente en estricto rigor no les corresponde–, requieren también de que se les defina legal y constitucionalmente su ámbito de responsabilidades.

No necesariamente querrían una patente de corso para actuar contra la delincuencia organizada pero sí que tengan la certeza de que en el recuento final de la fallida guerra contra el narco al término del sexenio, no sea el Ejército la única instancia que cargue con la gave responsabilidad de pagar los platos rotos de esa necia lucha que ha dejado alrededor de 55 mil muertos y desaparecidos en casi cinco años de lucha, la cual sin medir sus consecuencias fue lanzada por el Presidente desde que asumió el cargo en diciembre de 2006.

El apuro del general no es gratuito. Es porque el tiempo sexenal sigue corriendo y se acorta cada vez más y, como en el caso de su jefe supremo, no quiere que ante los ojos de la sociedad, que siempre ha manifestado admiración y respeto por el Ejército mexicano y en general por las Fuerzas Armadas, éstas se vayan por los suelos a la hora de repartir culpas, sobe todo cuando venga el parte de guerra final.

Por ello, durante la ceremonia de apertura y clausura de cursos del sistema educativo castrense celebrada en el Heroico Colegio Militar, el general Galván señaló: “No es una obstinación; es una necesidad ingente” regular la actuación de los militares en labores de seguridad pública.

Es obvio que para él y los demás mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, resulta necesario definir cuanto antes los términos de legalidad en lo que respecta a la actuación de los efectivos castrenses designados para combatir a los sicarios de las mafias, pero también para que se demarque el grado de responsabilidad de su actuación bélica, ya que los soldados de tropa y militares de grado están adiestrados primordialmente para aniquilar al enemigo y no para andarse por las ramas cuando lo tienen enfrente.

Sin embargo, los efectivos castrenses eventualmente son acusados de violar los derechos humanos y garantías de la población civil cuando están de servicio antes, durante o después de las incursiones y escarceos armados que se dan a diario en distintas partes del país, lo cual ha sido documentado por familiares de las víctimas o por estas mismas, quienes son atendidas a través de la Comsión Nacional de Derechos Humanos o por los organismos no gubernamentales internacionales avocados para ello.

Lo que apruebe el Legislativo sería estrictamente observado por ese instituto armado ha dicho el general secretario, ya que lo que importa es que los elementos de las Fuerzas Armadas tengan certidumbre jurídica de sus actuaciones y un marco de referencia legal para no correr el riesgo de actuar fuera de la ley.

Habrá que ver si esta vez los diputados priístas le hacen caso al general Galván, porque hace unos meses, casi al final del anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso, de manera soterrada surgieron dichos en el sentido de que diputados priístas habrían recibido amenazas de que, si no aprobaban la minuta como lo había hecho el Senado de la República, saldrían a la luz ‘expedientes negros’ de personajes del tricolor que estaban siendo preparados por la PGR, como de hecho sucedió después de posponerse la aprobación.

No obstante, para quienes han venido criticando la militarización del país, consideran que esa presión del Ejército al Legislativo es con el fin de tener manga ancha bajo el amparo legal, no sólo en sus acciones contra los capos y sus sicarios, sino para actuar con toda libertad contra las amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, incluido tomar el mando si se llegara a decretar el estado de excepción en cualquier entidad de la República ante el acoso de los delincuentes organizados o del  narcoterrorismo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Pemex en raro juego

PAULINO CÁRDENAS

Rara, por decir lo menos, esa jugada del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que fue a España a realizar un pacto ‘parasocial’ aliando a la paraestatal mexicana con una firma cuasifantasma llamada Sacyr Vallehermoso –una empresa constructora sin empleados establecida en Amsterdam, Holanda que no puede ser auditada en México–, con la finalidad de fraguar un ‘asalto al poder’ contra la empresa Repsol YPF con la que Petróleos Mexicanos ha tenido una vieja relación comercial.

Esto sucede en las postrimerías del sexenio y el viaje habría sido por instrucciones precisas y con la anuencia del más alto mando del país –¿o de quién más?–,  ya que el funcionario no podría estar actuando en tales términos por sus pistolas. Según ha trascendido en los medios de aquella nación, entre ellos El País, y en el diario mexicano La Jornada, el objetivo es tomar el control de Repsol evitando expresamente lanzar una oferta pública de adquisición, lo que equivaldría a un fraude de ley respecto a la legislación en esta materia en España.

La operación implica que Pemex obtenga en el mercado accionario 5 por ciento de los títulos de la empresa española. El costo de la transacción roza los 21 mil 800 millones de pesos, dado que Pemex adquiriría 61.1 millones de títulos de Repsol, representativos de 5 por ciento del capital de la firma, que en la bolsa de Madrid se cotiza en alrededor de 19 euros (unos 350 pesos) por acción, señala el diario mexicano. ¿De dónde sale esa inyección de dinero?, se preguntan los mexicanos. Se supone que de la propia ‘renta petrolera’, del erario y de los dividendos de quienes le han apostado a los ‘bonos ciudadanos’ aprobados en el 2008 por el Congreso.

Pudiera haber ganancias en torno a esa transacción, no se sabe ni cuándo ni cuánto, pero la pregunta de los suspicaces es: ¿A qué cuentas particulares irán a parar esas ganancias? Señalan los expertos que es cierto que Pemex requiere ser fuertemente capitalizada para enfrentar no sólo los desafíos que impone la feroz competencia global, sino los de su propia situación financiera y planes de inversión inmediatos.

Apuntan que la paraestatal requiere capital para enfrentar sus enormes pasivos laborales, para desarrollar un ambicioso plan de inversiones que modernicen su infraestructura, para revertir el deterioro estructural de su producción y para aprovechar el potencial —desperdiciado— en la petroquímica secundaria y refinación. De ahí que a contrapelo, hace apena unos días Pemex le otorgó sendos contratos a una empresa inglesa y a otra regiomontana para explotar tres pozos maduros en la zona de Tabasco bajo la figura de ‘contratos integrales’.

Y cuando se creía que esos contratos iban a levantar ámpula en la gente de izquierda o entre quienes profesan el nacionalismo revolucionario para muchos ya obsoleto, muy poco o nada ha sucedido. Una que otra voz se ha alzado para cuestionar el nuevo sendero que está tomando Pemex, primero con el otorgamiento de contratos integrales a empresas privadas para explotar crudo mexicano que no tenía precedente desde 1938, antes de la expropiación petrolera decretada el 18 de marzo de aquel año por el presidente Lázaro Cárdenas, y ahora con esa extraña forma de querer deblitar a su propio socio de años, Repsol YPF, al juntar las acciones de Pemex y Sacyr para alcanzar casiel 30 por ciento del total de aquella compañía con lo que juntas tendrían un peso decisivo en las determinaciones que tome la empresa española.

En el plano político, el Partido Popular español ha cuestionado que una operación de estas dimensiones se plantee en pleno proceso preelectoral en México y prácticamente al término de la administración de Felipe Calderón. Por otro lado, parece haber abierta complacencia por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aquel país, al anunciar que no estudiará la operación ya que “no requiere su autorización” porque no persigue la toma de control sino solo un pacto de sindicación entre accionistas.

Parece que a contrapelo, el presidente Felipe Calderón no se quiere ir sin avanzar en la insulsa reforma energética de Pemex aprobada en 2008 e incluso habrá de quererle dar otro empujoncito en el Legislativo para que se apruebe lo que unos llaman la modernización de Pemex, y otros la desnacionalización de esa empresa que supuestamente era de los mexicanos, pero que por lo que se ve su director la está manejando como si fuera ‘su’ propia empresa privada.

Esa extraña negociación le fue encomendada al funcionario de Pemex, un ‘Chicago-boy’ protegido del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que entre 2005 y 2006, siendo director de Finanzas de esa importante empresa, fue señalado en una investigación sobre una red de corrupción de empresas y funcionarios públicos por presunto tráfico de influencias en la que también se involucró a los hijos de Martha Sahagún, y nada pasó. Como sea, Pemex está yendo por todas las canicas para capitalizarse.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


PRI borró a PAN y PRD

PAULINO CÁRDENAS

Ahora sí el PAN y el PRD tendrán que decidirse a hacer una alianza ‘contranatura’ o de plano resignarse a perder en las elecciones del año venidero cuando la gente salga a votar en todo el país por el relevo en Los Pinos, en donde el PRI tendrá todas las de ganar para instalarse en la cúpula del poder federal después de 12 años de ausencia. Ayer, el arrollador triunfo de Eruviel Ávila Villegas fue la primera señal, quien como candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, le allanó el camino a Enrique Peña Nieto para enfilarse hacia la conquista de la Presidencia de la República el año próximo. Sólo algo inesperado podría evitarlo.

Los otros dos triunfos que se le atribuyen al Revolucionario Institucional en alianza con otros partidos son las gubernaturas de Coahuila correspondiente a Rubén Moreira Valdés, en Coahuila, y la de Nayarit cuyo candidato fue Roberto Sandoval Castañeda. En Hidalgo hubo elecciones de 84 alcaldes, en donde también los candidatos del partido tricolor llevaban la delantera numérica con respecto a sus oponentes. Pese al mal tiempo que venía prevaleciendo en los días anteriores a la jornada electoral y las lluvias que se presentaron ayer en algunos de los estados donde hubo elecciones, la gente salió a emitir su voto.

Hubo, como era de esperarse, los reclamos de chanchullos, coacción del voto, retención indebida de credenciales, condicionamiento del voto y las trampas y triquiñuelas de siempre. La recepción de estas quejas fueron ante los Institutos Electorales de cada estado, el Tribunal Electoral, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dependiente de la PGR. Habrá de calificarse cada tipo de queja para saber a qué instancia se canaliza. En tanto las contancias de mayoría se estarían otorgando el domingo próximo.

La jornada electoral que más atrajo la atención fue la del estado de México. Las lluvias que a ratos cesaba no evitó que la gente saliera a votar en los 125 municipios de esa entidad federativa, en donde a pesar de que tuvieron que ser reubicadas 172 casillas por las efectaciones de las inundaciones y el desbordamiento del río Los Remedios que afectaron diversas zonas de Neza y Ecatepec, aunque  hubo el abstencionismo de siempre, se calcula que se animó a votar en alrededor de 15 mil casillas, más del 49 por ciento del total del padrón electoral estimado en alrededor de 10 millones y medio de ciudadanos registrados.

Y lo que era de esperarse, desde anoche mismo empezaron a manifestar sus reclamos los perredistas y panistas arguyendo que hubo los tradicionales chanchullos, trampas y triquiñuelas basada en la cantidad de propaganda priísta desplegada a lo largo de la campaña que habría representado un oneroso gasto de recursos mucho más allá de lo permitido por las autoridades electorales y que habría sido una elección de Estado. Como sea y mientras del escándalo mediático pasa el asunto a los tribunales electorales por las impugnaciones, resulta indudable que Eruviel le abrió brecha a Peña Nieto.

Otro tema que será impugnado es el desmesurado gasto que los partidos realizaron en estas elecciones a favor de sus candidatos, en donde la mayor parte se le atribuyó al ex alcalde de Ecatepec. Según cálculo de especialistas se habrían erogado en total una cifra cercana a los 4 mil millones de pesos, que incluirían los presupuestos de los órganos electorales, los gastos hechos por los partidos en propaganda y en actividades proselitistas, y si se contabiliza la emisión de 280 mil espots que se difundieron en tiempos del Estado.

Al margen de las anunciadas protestas de los partidos perdedores y sus dirigencias, ahora las miradas estarán puestas en el aún gobernador mexiquense, quien dentro de su partido en su gran mayoría están con él para proyectarlo como su candidato a la Presidencia de la República, una vez que la cúpula priísta decida los tiempos y el modo de elegir al abanderado de se partido para las elecciones del 2012, cuando los ciudadanos de todo el país elijan al sucesor de Felipe Calderón.

En mayo pasado, el líder del PRI nacional, Humberto Moreira, había declarado que a finales de este año o principios del próximo se llevaría a cabo la selección de abanderado del partido tricolor para la sucesión presidencial. Dijo que ante todo habría que trabajar por la unidad. Respecto a que si el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sería el candidato del PRI a la primera magistratura del país, Moreira evadió: ‘Las selecciones serán al final de este año, la elección de candidato es a inicios del año próximo’. Anoche ya no tuvo la menor duda de quién será el candidato.

La pregunta que ahora surge es que si hubiera un ‘engendro’ de  alianza PAN-PRD para el 2012, ¿quién sería el candidato?

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Las narcoguerras, inútiles

PAULINO CÁRDENAS

La probada inutilidad de la narcoguerra es lo que empieza a molestar al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y a sus asesores de guerra porque el tiempo se les acaba y las críticas por parte de todos los sectores de la sociedad a esa política bélica empiezan a aflorar cada vez con más fuerza en todo el país. La gente se pregunta si con todo ese acervo de yerros, el presidente Calderón no irá a pedir renuncias, y la oposición susurra: no le den ideas porque así los votos serán nuestros en las elecciones del mes próximo y en las del 2012.

Por lo pronto, el ex presidente norteamericano James Carter escribió en The New York Times que se suma a las conclusiones de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas estadounidense, que promueve la legalización de la marihuana y la descriminalización de las drogas. Escribió: “Un resultado (negativo de las narcoguerras) ha sido el terrible escalamiento de violencia relacionada a las drogas, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en varios países productores de América Latina”, en los que sin mencionarlo se refiere entre otros a México.

Quien siempre ha sido un partidario de la eliminación de penas criminales por la posesión de marihuana, exhortó al gobierno de su país a apoyar las conclusiones de la Comisión para evitar la destrucción de la vida de millones de jóvenes que van a la cárcel. Es decir, Carter propone que haya una legalización total de las drogas,, y no que sólo se quiera combatir a los traficantes con la fuerza de las armas como sucede en México.

Pero el problema en nuestro país va más allá. En esa guerra contra los capos de la droga van implícitas las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos armados militares y civiles que actúan bajo las órdenes de su jefe supremo, según las constantes quejas de familiares de quienes han sido víctimas de abusos del encargo público, porque creen los armados que su atrabiliario comportamiento es parte de esa guerra. Ello sin contar el número de víctimas mortales de los ‘daños colaterales’ que han quedado en la impunidad y que suman miles.

En el sexenio de la narcoguerra, además del presidente Calderón y de la titular de la PGR Marisela Morales, el Ejército mexicano es la insitutición que más ha perdido imagen pública y credibilidad de cara a los mexicanos, por obedecer órdenes y mostrar su lealtad a la superioridad, atributos que han sido aprovechados en esa guerra inútil. Lo más reciente fue el caso de el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rohn, donde los militares fueron utilizados por enésima vez como punta de lanza en operativos contra supuestos personajes vinculados con el crimen organizado.

Ese hecho fue vinculado a la persecusión que, según había revelado desde el pasado mes de abril Jesusa Cervantes en la revista Proceso, estaba siendo preparada por el jefe del Ejecutivo contra personajes del PRI con expedientes ‘negros’. Desde entonces se venía hablando de que el gobierno panista destaría una cacería de brujas y se desencadenaría una serie de detenciones, justo en vísperas de elecciones.

Lo de la Universidad de Stanford fue muestra de esa obsesión, donde Calderón fustigó al PRI recordando su pasado en el poder que mantuvo por más de siete décadas. Lo que no dijo es que gracias a ese denostado y abominado partido fue que pudo tomar posesión el 1 de diciembre de 2006 en el Congreso después que había sido cuestionado su triunfo por Andrés Manuel López Obrador y sus huestes. Hay quienes piensan que la estrategia persecutoria contra priístas con cola larga, seguirá su curso.

Mientras tanto, mañana el mandatario mexicano estará en Guatemala para participar en la Reunión Cumbre de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. A esa reunión asistirán los gobernantes de Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana.

Ahí estará como máxima figura la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y delegados de países y organismos cooperantes. Ahí se lanzará una estrategia contra el crimen organizado en el istmo, una de las regiones más inseguras del mundo. Ahí saldrán a relucir los Zetas y hasta el líder de todas las mafias en el mundo, Joquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Y ahí, a pesar de la probada inutilidad de las narcoguerras, Calderón estrenará su nueva faceta de asesor y conferencista en asuntos de guerra contra los cárteles de la droga y del crimen organizado, que quizá llegue a ser su siguiente actividad una vez que termine su sexenio, si los adelantados reclamos de la historia se lo permiten.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Cada vez más muertos

 PAULINO CÁRDENAS

El número de muertos a causa del combate armado emprendido por el gobierno de Felipe Calderón contra los capos de la droga y del crimen organizado sigue creciendo y la cuenta acumulada ya rebasa con mucho los 40 mil decesos que acepta como válidos la administración federal. Para cuando finalice el sexenio el número de víctimas mortales se habría elevado a unos 60 mil. Además el número de gentes que se han tenido que desplazar de sus lugares donde residen por temor a los encuentros armados, se calcula en al menos 120 mil, más los que se sumen por esa diáspora de aquí al término del sexenio.

Por lo pronto, se calcula que entre los muertos, desaparecidos, ‘levantados’ y jóvenes secuestrados por parte del narco para incorporarlos a sus filas contra su voluntad, además de los desplazados, las cifras serán descomunales, las cuales serán desglosadas y dadas a conocer dentro de poco por la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, del PRD, lo que será otro motivo de escándalo.

La legisladora está por finalizar la recopilación de datos para completar un informe sobre las víctimas mortales por la narcoguerra y gente desaparecida por comandos armados, que pronto habrá de conocer esa comisión, los cuales también serán hechos del conocimiento público. El trabajo de recopilación está siendo calculado desde diciembre de 2006.

Adelantó algunas cifras preliminares y señaló que además de las víctimas mortales de esa guerra armada y de los asesinatos de gente inocente, en este año han sucedido un “sinnúmero de violaciones sexuales” relacionadas con los operativos, y que hay 14 mil casos denunciados de manera formal. Dijo que las cifras las ha ido recolectando con ayuda de organismos no gubernamentales de derechos humanos y de la sociedad civil.

Denunció que desde hace un año, el gobierno federal no ha atendido un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que se le hizo para hacer un desglose pormenorizado de las víctimas por la lucha anticrimen, en el cual se precise edad, sexo y situación legal. “No respondieron; la Secretaría de Gobernación hizo mutis de este punto de acuerdo”, acusó la perredista.

Consideró que existe una gran indiferencia del gobierno federal hacia las víctimas, pues no se ha buscado recomponer el tejido social en la mayoría de los casos, sino sólo se atienden los casos mediáticos, como el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Señaló que de acuerdo con proyecciones con base en el incremento de asesinatos, el sexenio de Calderón podría terminar con más de 60 mil muertos.

Las cifras rebasarán con mucho a las de cualquiera guerra del Oriente Medio. Incluso será superior a todas las cifras juntas que han registrado las guerras convencionales en esa región y en Africa del Norte durante la última década, en donde son utilizados aviones bombarderos, vuelos no tripulados lanza-misiles de corto y largo alcance, tanques blindados, bazucas, granadas de fragmentación y armas de alto poder que utilizan ejércitos con comandos de élite bien adiestrados para el combate bélico por tierra, mar y aire.

Lo que no resulta congruente, por más que el discurso oficial insista en lo contrario, es que a pesar de tantos miles de efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal que desde hace años han sido desplegados prácticamente en todo el territorio nacional con el fin de impedir el avance de los cárteles en el país, los resultados no justifican tanto aparato, ni tanto presupuesto, ni tanta alaharaca mediática. ¿Por qué?, es la pregunta.

Parece que el investigador Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de Naciones Unidas para asuntos del crimen organizado, tiene la respuesta. Al hablar la semana pasada en la Casa de América de Madrid, España, señaló al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna,  como “el arquitecto del fracaso y de la tragedia mexicana”, que en cualquier país “medianamente desarrollado” ya hubiese “renunciado y sido investigado por negligencia”.

Él ha sido el arquitecto de las políticas de seguridad pública en los últimos diez años y sigue estando ahí, señaló. Y comentó: “En cualquier otro país, con un sistema de derecho medianamente refinado, García Luna ya hubiese renunciado hace mucho tiempo y hubiese sido investigado por el Congreso y por el Poder Judicial por negligencia y algún tipo de comportamiento antisocial”.

Advirtió que el Ejército Mexicano corre el riesgo de convertirse en una pieza más del engranaje de las mafias. “Hay antecedentes históricos de captura del Ejército, como ocurrió con el Regimiento 21. Esa situación puede repetirse en el futuro y el Ejército Mexicano, en esta situación de exposición, tarde o temprano va a desprestigiarse más que la Policía Federal mexicana”.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Hank, Salazar y Ulises

PAULINO CÁRDENAS

La misma estrategia que usó el gobierno panista contra los perredistas en el famoso  ‘michoacanazo’, se ha puesto en práctica ahora contra algunos hombres de nombre de la clase política priísta. Primero fue Jorge Hank Rohn y enseguida el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quienes fueron detenidos en plena época de campañas electorales. Asímismo, está por estallar el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y otros más que pudieran anexarse en los próximos días o semanas a la lista de quienes el gobierno federal panista les tiene preparados sus ‘expedientes negros’ y que miltan en el tricolor.

A pesar de la negativa oficial resulta evidente que es una ‘cacería de brujas’ por la nociva intención política-electoral que entrañan esos operativos en contra de personajes que ciertamente tienen fama pública de tener la cola larga, pero que son arrestados justo en tiempos cercanos a los comicios que se celebrarán el próximo 3 de julio en algunas entidades del país, siendo las elecciones del estado de México de las que la clase política estará muy atenta, porque de lo que ahí suceda dependerán muchas cosas: vendrá la verdad electoral para el 2012 por la sucesión presidencial.

Cuando aquel ‘michoacanazo’ que se preparó en la víspera de las elecciones intermedias del 5 de julio del 2009, también había prisa del gobierno panista de poner en evidencia al perredismo michoacano y al gobierno de Leonel Godoy, pero faltó el sustento jurídico en las acusaciones contra los funcionarios y alcaldes detenidos en masa, por lo que unos antes y otros después, al año todos los detenidos fueron puestos en libertad. El ‘oso’ del gobierno no tuvo medida.

Y ahora, por falta de méritos, Hank Rohn no pudo ser culpado de tener vínculos con el crimen organizado como tenía previsto la PGR; sólo le hicieron cargos por posesión y acopio ilegal de armas y fue trasladado al penal conocido como ‘El Hongo’ en el municipio de Tecate, Baja California, en donde habrá de enfrentar el juicio por un delito que, comparado  con el de delincuencia organizada, es muy menor. Sus abogados confían en que por el desaseo jurídico que hubo con su detención, éste podría alcanzar su libertad.

Luego vino el caso de Pablo Salazar Mendiguchía, detenido el pasado lunes en el aeropuerto internacional de Cancún, acusado de peculado por 104 millones de pesos, cometido cuando fue gobernador de Chiapas del 2000 al 2006. Unos días antes de su detención, había culpado ante los medios al actual gobernador, Juan Sabines, de haber mandado gente a robarle 50 mil ejemplares de una edición especial de periódicos.

En ellos pretendía informar a los chiapanecos y al país sobre los recursos que ejerció en su periodo administrativo, sobre todo de los recursos referentes a la reconstrucción de Chiapas por los daños dejados por el huracán Stan. En el artículo explicaba que 70 por ciento de esos recursos federales no fue manejado por su gobierno, sino directamente por el gobierno federal a través de la entonces comisionada nacional, Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de los diputados federales de Acción Nacional y aspirante a la Presidencia de la República.

 En su columna de ayer, Carlos Loret de Mola refiere que una misteriosa tarjeta apócrifa llegó a Los Pinos en la que se lee que el ex mandatario Salazar Mendiguchía recientemente financió con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador; que impulsa la candidatura del priísta José Antonio Aguilar Bodegas para ser gobernado; que patrocina movimientos subversivos afines al EZLN, y que es responsable de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes.

En la misma aparecían dos peticiones: una que pide al gobierno arrestar al ex gobernador por cualquiera de las acusaciones, aunque sugiere que podría ser por el destino de los 11 mil millones de pesos destinado a la reconstrucción de Chiapas. Otra, que el general secretario de la Defensa –Guillermo Galván Galván– lo invitase a salir del país por los próximos 18 meses. Quien toma esas decisiones optó por la primera petición.

Y en otra pista, al parecer ya está listo el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien su sucesor Gabino Cué acusa por desfalco por alrededor de 2 mil millones de pesos. Tanto el actual gobernador de Chiapas como el aliancista de Oaxaca llevan una excelente relación con el presidente Felipe Calderón.

¿Quiénes siguen en la lista? Los ociosos cuentan que los nombres están vinculados a los estados de Puebla, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz y algunos otros. Pero quienes gustan del juego de palabras dicen que quien decide sigue estando obsesionado con que sea un ‘ex’ del pasado reciente del estado de México, cuyo primer apellido es el acrónimo de ‘Monte fiel’. ¿Será?

pcardenascruz@yahoo.com.mx