PAULINO CÁRDENAS
Hay un caso, el de la activista Norma Andrade, que en los hechos contradice el discurso presidencial sobre la defensa de los derechos humanos. Mientras que Felipe Calderón declaraba la semana pasada que la defensa de los derechos humanos es un principio indeclinable que no puede ser sacrificado por ningún otro principio, la activista juarense ha decidido irse del país porque carece de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física.
Esto porque la Secretaría de Gobernación no cumplió su promesa de custodiarla en el Distrito Federal a donde se trasladó y sufrió una agresión violenta el pasado viernes, después de venir huyendo de Ciudad Juárez donde fue víctima de un atentado a balazos apenas en diciembre.
Después del asesinato de su hija Lilia Alejandra en febrero de 2011 en Ciudad Juárez, la señora Andrade intentó alzar la voz para que se aclarara el crimen y desde entonces ha venido sufriendo una serie no sólo de amenazas sino incluso de un atentado a finales del año pasado donde recibió cinco balazos; poco antes su vivienda había sido quemada. Fue cuando decidió formar la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Su familia atribuye al cártel del Juárez ese hostigamiento y esos atentados. Lo cierto es que el caso de doña Norma contradice el discurso oficial.
Decir y prometer es fácil, pero muy difícil llevar al terreno de los hechos las promesas, máxime cuando provienen de un mandatario que se ha caracterizado por no cumplir lo que ofrece como aquello de que sería el ‘Presidente del empleo’, lo que pronto dejó a un lado para convertirse en el Comandante Supremo de una guerra de su gobierno contra los cárteles de la droga y el crimen organizado –con el Ejército por delante haciéndole indebidamente de policía–, la cual ha resultado por demás fallida.
En un sopresivo discurso, en el marco del Informe de Actividades 2011 de la CNDH celebrada en Los Pinos, Calderón acababa de decir que es necesario hacer ‘absolutamente compatibles’ la defensa de los derechos humanos con la lucha por la seguridad pública. Sin embargo, su dicho lo echa por la borda un solo botón de muestra, el de la activista que creó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Después de haber sufrido un atentado a balazos en aquella ciudad fronteriza, decidió trasladarse al DF, pidiendo de antemano protección a la Secretaría de Gobernación, dependencia que ofreció dársela, incluso poniéndole escoltas, pero no fue así. Cuando el viernes pasado había ido a dejar a su nieta a la escuela, al regresar a su domicilio fue agredida con un arma punzocortante cerca de su ojo izquierdo sin saber quién había sido su agresor.
Una vez que fue dada de alta del hospital, la señora Andrade y sus familiares declararon que analizan la posibilidad de abandonar de plano el Distriito Federal e incluso el país, por falta de garantías a su seguridad. Prefiere irse ante la ‘ausencia de Estado y de autoridad’. Karla Michel Salas, abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que desde antes de que doña Norma llegara a la ciudad de México, hace mes y medio, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se solicitó a la Secretaría de Gobernación protección para la defensora de los derechos humanos.
Esta dependencia se comprometió a proporcionarle escoltas, lo cual no sucedió. Fue hasta después de la agresión, el viernes pasado, cuando fue custodiada por agentes policiacos capitalinos y federales. La hija de la activista, Malú García Andrade, declaró que sólo el gobierno de la ciudad de México ha manifestado su compromiso de que la protección será permanente.
En su discurso en Los Pinos dentro del marco del Informe de Actividades 2011 de la CNDH, Calderón expresó que en México hay una política de Estado que garantiza los derechos humanos y que debe haber castigo a quienes transgredan sus principios, antes que cualquier otra prioridad como ha sido su lucha contra el crimen organizado.
Asímismo, urgió a cumplir las medidas que planteó desde diciembre pasado, para reforzar la protección de esa prerrogativa constitucional, entre ellas la instrucción de trasladar al fuero ordinario los casos de abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.
«Hoy reitero esa instrucción para que, independientemente de los recursos que puedan alegar para que la competencia permanezca en el terreno militar los defensores de los acusados, desde la Procuraduría Militar se insista en esos procedimientos de declinación de competencia», fue la orden. Ojalá esto no acabe como la malhadada máxima aquella de ‘díctese pero no se cumpla’.
Por lo pronto, el caso de Norma Andrade deja muy mal parado el propósito presidencial de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía por sobre todo lo demás, según su discurso.
pcardenascruz@yahoo.com.mx
¿ Quién Gobierna México ? 