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Reta ‘Los Zetas’ al Gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

El macabro hallazgo en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, donde aparecieron la madrugada del domingo regados en la carretera que va a Reynosa, Tamaulipas, 49 personas sin cabeza ni extremidades, un criminal acto que se atribuyeron Los Zetas, es un mensaje cruento dirigido no sólo a la actual administración que encabeza Felipe Calderón, sino también a quien gane la sucesión presidencial que como van las cosas no sería otro que el abanderado del PRI. Para empezar este tipo de eventos son un afrenta al programa del gobierno federal ‘Operativo Seguro’.

Sobre ese horrendo suceso, las autoridades creen que las víctimas pudieran ser migrantes centroamericanos, aunque circulan otras versiones. Una de ellas es que pudiera ser un ajuste de cuentas de Los Zetas contra el cártel del Golfo aliado con el cártel de Sinaloa, ya que entre ellos se disputan, entre otras cosas, la ruta de robos de condensados de gas natural que Pemex saca de la Cuenca de Burgos, que después los criminales venden en el ‘mercado negro’ de Estados Unidos.

Como sea, lo que resulta evidente con ese macabro hallazgo es que Los Zetas le han lanzado un reto abierto y directo al gobierno que encabeza el mandatario panista, el cual está hecho bolas porque el mundo del crimen organizado se le está viniendo encima, justo cuando su administración va de salida. ¿O hay algo mucho más perverso como pudiera ser el preámbulo de una conspiración contra el proceso electoral? ¿Es esto lo que se dice que querría Calderón al ver que su partido no ganará la carrera presidencial?

Lo cierto es que ese sanguinario hecho que se da en pleno proceso electoral, junto con las recientes masacres sucedidas en Jalisco y Veracruz, es una advertencia que tiene varias lecturas. Una evidente es para la clase política. Ese suceso es algo más que un ajuste de cuentas. Es un reto directo al gobierno federal. Se teme que uno de estos día algún atentado pudiera estar dirigido a alguna gente de nombre de la clase política, que en plena campaña para la Presidencia podría poner en jaque la contienda electoral del próximo mes de julio.

Por lo pronto, esa cruel matanza, que se suma a las que se han dado en los últimos seis meses en otras entidades federativas, es una pésima señal que no sólo está poniendo en riesgo la estabilidad del país, sino que coloca en entredicho la guerra que el mandatario panista emprendió contra los capos de la droga hace casi cinco años y medio, ya que es una muestra que esos grupos pueden actuar con total libertad, a la hora que quieran y con plena impunidad, ya que, aunque se declare públicamente, en este sexenio nunca se han investigado esos crímenes.

Ese sanguinario acontecimiento también se ha interpretado como un reto abierto de Los Zetas al cártel de Sinaloa. La razón es que el activismo de esta organización que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que parece seguir gozando de privilegios no sólo para que realice cómodamente sus actividades ilícitas, sino para hacer operaciones de lavado de dinero, tiene hasta la madre a Los Zetas. De ahí que esta temida organización, integrada por ex militares de élite, está dispuesta a romper con ese paradigma de consentimiento sexenal.

Empero, el mensaje del grupo considerado el más violento y peligroso de los que haya existido jamás en nuestro país, va más allá, al darse en pleno proceso electoral. Al parecer quieren dejarle muy claro al sucesor de la actual administración federal, que esa agrupación delictiva, es y será, la que tenga el camino franco para realizar el trasiego de drogas, el tráfico de personas y armas en México, cobros por derecho de piso además de autores de múltiples secuestros y toda la demás cadena delictiva del crimen organizado, para lo cual ese cártel está dispuestos a todo.

El camino que han escogido es el de sembrar el temor entre la población y de paso exhibir las deficiencias de la inteligencia anticrimen del gobierno federal, que no ha servido para anticipar ni prever ataques contra la población civil ni siquiera contra los propios contingentes del Ejército, la Armada, y de la Policía Federal –entre los cuales parece haber más bajas de las que oficialmente se reportan-, que tienen la orden de ir contra ellos.

Por ahora sus víctimas pertenecen a la sociedad civil de donde escogen gente al azar para cometer sus atroces crímenes, con el propósito de dejar advertencias claras de lo que son capaces. No obstante se teme que Los Zetas pudieran subir la mira y empezar a escoger víctimas de nombre y renombre, sobre todo de la clase política, para dar golpes inéditos que marquen de una vez por todas su poderío, ante la incapacidad del gobierno federal, cuya ‘estrategia’ en esa lucha sigue siendo igual de inoperante.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Fracasa ‘Operativo Seguro’

PAULINO CÁRDENAS 

Pese a la empeñosa insistencia del gobierno federal de empujar el programa ‘Operativo Seguro’ en los estados en donde las bandas del narcotráfico están infiltradas, dizque para darle un combate frontal a los ejércitos de sicarios al servicio de los capos, esa modalidad ha sido un fracaso porque son los mandos federales y locales de las policías y del Ejército que están coludidos con las mafias y su poder corruptor, lo que no permite volver exitoso ese programa coadyuvante anticrimen de la administración calderonista que, además, inició a destiempo. Los hechos son los que hablan. El baño de sangre sigue en todo el país. Las fuerzas armadas están rebasadas. La inteligencia anticrimen del gobierno federal no funciona.

La ola de crímenes, de decapitados, colgados, descuartizados, secuestrados, torturados, sepultados después de ser ejecutados, disueltos en ácido o lanzado a las calles partes de cuerpos mutilados, ha quedado de manifiesto en Veracruz, en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua, Coahuila, Colima, Baja California, Morelos, etc., en donde se han  puesto en marcha esos operativos aleatorios o se ha reforzado la militarización, no cesan las ejecuciones ni la desaparición de personas, muchas de ellas sin que tengan que ver con el crimen organizado y que en muchos casos sufren abusos o violación de sus derechos por parte de uniformados o agentes del gobierno, como sucede con los migrantes que entran por Chiapas.

En los estados de la República en los que se ha puesto en marcha ese programa de reforzamiento en la lucha contra el crimen organizado, los resultados han sido magros, ya que la delincuencia no ha cesado y al contrario se ha incrementado la criminalidad, lo que al final resulta un claro mensaje de los capos a esas acciones del gobierno federal, de que no servirán para mucho y serán apenas un paliativo contra las incursiones del narco en su lucha contra las fuerzas armadas del gobierno, cuyos combates han dejado una estela de sangre de más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país, en los casi cinco años y medio que lleva esa lucha armada.

Organizaciones criminales como la de Los Zetas o del Cártel del Golfo han demostrado que los esfuerzos del gobierno con su ‘Operativo Seguro’ sólo ha quedado en decálogos de buenas intenciones, ya que ante la cruenta realidad, ese tipo de programas poco tiene que hacer. Junto con otras bandas, esos cárteles han puesto en jaque no sólo a los militares y policías ministeriales que persiguen a los jefes de plaza, sino que tienen amagados  a miles de ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de la frustración, el miedo y el terror, por la impunidad, las omisiones, el cochinero y la colusión que hay entre autoridades y mafiosos.

¿De qué sirve ese programa ‘Operativo Seguro’ si el narco ha tomado por asalto las estructuras de mando de las autoridades que han quedado sometidas, infiltradas y coptadas por los capos de los cárteles que es donde radica el principal problema? Eso lo saben las autoridades gubernamentales, pero es lo que ha sido precisamente su talón de Aquiles: la corrupción y la impunidad. Hay expedientes judiciales que así lo demuestran, en donde se dan nombres, detalles y montos de sobornos de mandos federales y policiales estatales y locales y del Ejército mismo, por parte de los capos.

Un botón de muestra acaba de ser revelado por las autoridades de Estados Unidos, con el caso de uno de los dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que quedó en la lista de narcotraficantes más buscados, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien en 2005 fue detenido en México por la PGR acusado de lavado de dinero, pero fue puesto en libertad porque esa dependencia no pudo acreditar, dizque, su responsabilidad en ese ilícito. El gobierno estadounidense también identificó como narcotraficante a Ovidio Guzmán López, otro hijo del capo, quien presuntamente tiene un papel significativo dentro de la estructura de esa organización criminal.

En este sexenio, el líder del cártel de Sinaloa –que en EU también identifican como el del cártel del Pacífico–, ha gozado de la anuencia del gobierno para operar en territorio nacional sin que sea molestado en la medida que sucede con otros cárteles, según afirman voces autorizadas. Se recordará que al inicio del sexenio de Vicente Fox, ‘El Chapo’ sobornó a autoridades para salir del penal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en enero de 2001. Es así como de hecho se han venido manejando los dos gobiernos federales panistas, respecto al tan cacareado combate al crimen organizado. Mientras siga habiendo corrupción e impunidad, programas como el de ‘Operativo Seguro’ serán un fracaso.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Se teme ola narcorrepresiva

 PAULINO CÁRDENAS

Aunque nada de lo que hablaron los mandatarios de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá sobre temas de inseguridad del hemisferio se ha dado a conocer oficialmente, después de la reunión celebrada en Washington el pasado domingo lo que ha trascendido es la seria preocupación que prevalece en la Casa Blanca por el avance de los cárteles mexicanos de la droga, cuyas actividades, según estiman grupos de inteligencia, podrían empezarlas a disfrazar de terrorismo para amagar a gobiernos y poblados enteros, en su afán de conquistar más bastiones de los que ya tiene con miras a ampliar sus actividades ilícitas en todo el continente americano.

Para empezar, ante el acoso de los cárteles de la droga, Barack Obama, Stephen Harper y Felipe Calderón, acordaron sumar la seguridad del hemisferio al Sistema Integral de Centroamérica, por ser una de las zonas más vulnerables de la región americana y donde se ha sabido que las mafias desde hace tiempo han empezado a sentar sus lares para operar, como son Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo que es un hecho es que con el poder del dinero y la coacción de los cárteles que suelen acabar en hechos sangrientos contra quienes se oponen a sus designios, el paulatino avance del narco en México y Centroamérica es evidente.

En territorio nuestro son varios los cárteles que se disputan gran parte de las plazas para sus actividades, destacando primordialmente el de Los Zetas, el de Sinaloa y el cártel del Golfo que han extendido sus tentáculos a esos países y más allá.  En esa pelea también están los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana con sus derivaciones en la Familia Mexiquense y la Familia Guanajuatense, así como el cártel del Milenio, La Resistencia y Nueva Generación entre otros de los que van surgiendo al recomponerse o hacer alianzas unos con otros, ante el acoso de las fuerzas gubernamentales armadas.

La penetración que han logrado los capos de las mafias en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, el gobierno de Estados Unidos lo ve con preocupación ya que tiene conocimiento de que en muchos poblados mexicanos la ley que impera, abierta o soterradamente, es el de los capos quienes han ido estableciendo una especie de gobiernos paralelos. La gente, los ciudadanos comunes y corrientes, tienen que andarse cuidando no sólo de los sicarios que trabajan para los capos, sino también de los militares y policías amafiados con ellos; los ‘levantamientos’ de civiles suelen estar a cargo de estos últimos.

No solo se sabe sino está documentado con detalles, nombres y montos de sobornos, como es que están infiltradas las instituciones de seguridad y de procuración de justicia mexicanas por parte del narco. Policías estatales, comandantes ministeriales, soldados, subtentenientes y mandos militares han sido detenidos al saberse que han caido en la tentación del soborno por parte de los cárteles de la droga, en especial del grupo de Los Zetas. Se dio el caso en Coahuila del ex fiscal Jesús Torres Charles y de la subdelegada de la PGR Claudia González, que fueron encarcelados por estar vinculados con este cártel. Ese ejemplo se replica en otros estados.

Ante todo este panorama, de poco sirve que el presidente Barack Obama diga que su gobierno seguirá apoyando a Felipe Calderón en la lucha anticrimen y siga aventándole flores al reconocer ‘la valentía’ del mandatario panista de enfrentar a los cárteles de la droga, como sucedió el pasado fin de semana al término de una reunión celebrada en la Casa Blanca donde recibió al mandatario mexicano y al primer ministro de Canadá, para hablar en secreto sobre el  combate a la criminalidad en el hemisferio americano.

Diríase que por los resultados no obtenidos después de cinco años y cuatro meses de haberle declarado la guerra a los cárteles de la droga, la de Calderón pareciera ser una guerra simulada o manipulada, ya que detienen y detenienen a supuestos líderes de células criminales casi todos los días, pero las actividades de las mafias siguen y siguen. Bien le decía Ismael ‘El Mayo’ Zambada a don Julio Sherer García en una entrevista, que la guerra del gobierno contra los cárteles de la droga no será suficiente para acabar con esas actividades. Menos si en medio hay corrupción e impunidad.

Los que son de verdad son los muertos. En México se habla de más de 70 mil, aunque el  secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, afirmó hace unos días en una reunión celebrada en Ottawa, Canadá, que “150 mil personas han fallecido” por la guerra de Calderón. El titular de la Defensa, Guillermo Galván, lo corrigió y dijo que ‘solo’ eran 50 mil los muertos. Cincuenta mil, 70 mil o 150 mil son una barbaridad de decesos, cuyos cadáveres nadie sabe en dónde quedaron ni en qué condiciones perdieron la vida esos seres humanos. Como para el gobierno calderonista eran criminales, lo demás no importa.

“El problema del narco envuelve a millones” le dijo ‘El Mayo’ al periodista fundador de Proceso. Sobre los capos, encarcelados, muertos o extraditados, “sus reemplazos ya andan por ahí”. Considera que el gobierno llegó tarde a la lucha contra el narco ‘y no hay quien pueda resolver el problema’. Aseguró que el gobierno fue infiltrado ‘desde abajo’ y que la corrupción se arraigó en el país. Dice además que a Felipe Calderón lo engañan sus colaboradores. “Son embusteros y le informan avances que no se dan en una guerra que está perdida”.

Por otro lado, lo que venía diciendo desde hace ya tiempo la titular de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, de que tenía informes de inteligencia de que Los Zetas pudieran entablar una alianza con alguna célula extremista islámica de Al Qaeda para atacar nuevamente instalaciones estratégicas del vecino país del norte, para el gobierno que encabeza Obama sigue vigente. Para el Pentágono y la Defensa militar estaounidense, la latente posibilidad de que pudiera darse esa alianza representa un  problema real que incluso está clasificado como de seguridad nacional para Washington.

Nadie sabe de qué hablaron Obama, Calderón y Harper en la Casa Blanca el domingo pasado. Lo único que se publicitó en México es la baladronada mediática del mandatario panista que volvió a ‘exigir’ al gobierno norteamericano que haga algo para evitar la libre venta de armas y su trasiego ilegal a nuestro país a través de operativos como ‘Rápido y Furioso’, queriendo ignorar cómo se manejan las cosas en aquel país. El hecho es que allá se teme una ola narcorrepresiva en pleno proceso electoral mexicano. Y acá el gobierno federal seguirá empujando la idea, ¿acaso para ‘reventar’ las elecciones?

pcardenascruz@yahoo.com.mx

‘El Chapo’, incapturable

PAULINO CÁRDENAS

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera vuelve a ser noticia, ahora con la información exclusiva que dio a conocer la agencia AP que señala, según le reveló un alto funcionario de la PGR, que el líder del cártel de Sinaloa estuvo ‘a punto’ de ser detenido en Los Cabos, Baja California Sur, en donde se hallaba vacacionando en las mismas fechas en que se reunían los integrantes del G-20, en la que estuvo, entre otras personalidades, nada más y nada menos que doña Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamerica. ¡Vaya coincidencia!

Cuenta la información que la policía federal estuvo ‘cerca de capturar’ al famoso capo en una mansión costera de Los Cabos hace tres semanas, un día después que la influyente funcionaria del gobierno de Barak Obama se reunió con decenas de cancilleres en el mismo destino turístico. La anfitriona de ese evento había sido la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Patricia Espinosa.

Según la nota de la AP, José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, confirmó el domingo que estuvieron ‘a punto’ de capturar a Guzmán Loera a fines de febrero, ‘en un esfuerzo del gobierno por arrestar a uno de los principales fugitivos del mundo’ desde que escapó de la cárcel en un camión de lavandería en 2001, según la versión oficial. “Sabemos que estuvo ahí”, dijo el funcionario policial. ¿Y luego?

Apunta la nota que el incidente refuerza la impresión de que las autoridades están cerrándole el cerco al capo sinaloense, y que el gobierno del presidente Felipe Calderón ‘está empeñado en atraparlo antes de que concluya su sexenio’. Añade que como el PAN está en franca desventaja con miras a las elecciones de julio próximo cuando se vote por un nuevo presidente, ‘el arresto del Chapo probablemente sería un espaldarazo para el partido gobernante’.

Como se sabe, el cártel de Sinaloa controla el narcotráfico casi en la mitad del país. Pero como también se sabe, ‘El Chapo’ parece tener derecho de picaporte para entrar y salir libremente a México a la hora que quiere sin que nadie lo moleste. El hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien será procesado en Chicago después de haber sido extraditado por las autoridades mexicanas acusado por tráfico de drogas, afirmó en declaración jurada a través de sus abogados, que la DEA protege al líder del cártel de Sinaloa y a su principal socio, ‘El Mayo’.

Una vesrión asegura que el ‘tip’ de que ‘El Chapo’ se hallaba en una mansión costera de Los Cabos hace tres semanas –un día después que la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se reunió con cancilleres de diversos países en la misma ciudad turística– fue dado por la DEA, la agencia aninarcoticos norteamericana, no obstante que la incursión para tratar de capturarlo fue conducida por las autoridades mexicanas. Salinas no dijo si la DEA tuvo alguna participación en el operativo. Por su parte esta agencia remitió toda consulta periodística al gobierno mexicano.

Aseguró el subprocurador a la AP que dos hombres y dos mujeres que estaban en la casa donde se cree estuvo Guzmán, fueron detenidos y están a disposición de la unidad que combate la delincuencia organizada. Aunque no reveló los nombres, dijo que por lo menos uno de los hombres había sido piloto del capo sinaloense. Afirmó que la policía federal también halló armas en la casa de Los Cabos.

En agosto del año pasado, Anabel Hernández, la autora del libro ‘Los señores del narco’, escribió para Reporte Índigo que para la defensa de Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’ quien será juzgado en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, sus abogados mostraron  a esta instancia judicial documentos firmados bajo juramento por el hijo de ‘El Mayo’ Zambada, donde afirma que el cártel de Sinaloa tiene, desde 1998, un acuerdo de inmunidad en Estados Unidos a cambio de proporcionar información de los cárteles enemigos.

La periodista recien galardonada con el premio internacional La Pluma de Oro, señaló que ante las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, habría que preguntarse: “¿‘El Chapo’ se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo porque pactó con el gobierno más poderoso del mundo?”. Y lanza otra pregunta: “¿La protección que ha recibido el cártel de Sinaloa por parte de funcionarios mexicanos como los de la Secretaría de Seguridad Pública federal, también es parte del acuerdo?”.

El hecho es que ‘El Chapo’ turisteó en el mismo destino donde estuvo Hillary Clinton, la segunda de a bordo del gobierno norteamericano. ¿Y las ‘inteligencias’ norteamericana y la mexicana donde quedaron? Lo cierto es que hay más ficción que verdad en todo esa telenovela en torno al capo sinaloense, cuya caída ‘sería un trofeo’ para Felipe Calderón según Los Angeles Times. Habría que preguntarse mejor por qué ‘El Chapo’ es incapturable.

A propósito, ¿el video subido a YouTube donde aparece ‘el hombre más buscado del mundo’ según la propaganda de las agencias norteamericanas, al parecer en un lugar semitropical en una especie de palapa interrogando de pie a un hombre sentado y atado a un poste, será ‘El Chapo’?

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Militarizarán más a México

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno federal militarizará aún más al país antes de las elecciones de julio próximo, dizque para evitar cualquier intento de inflitración del crimen organizado y de la delincuencia organizada en el proceso electoral. El titular de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que se indentificarán todas las zonas susceptibles de ser reforzadas en materia de seguridad con el fin de desplegar las distintas fuerzas federales armadas a donde se requiera, lo que lleva a preguntar: ¿No es lo que ha estado haciendo Felipe Calderón a lo largo de su administración?

Ahora tratan de venir con la ‘novedad’ de que ‘hay que reforzar las zonas’ en donde podrían actuar las mafias, ‘como se ha hecho en otros ejercicios electorales’, refiriéndose, sin decirlo, al estado de Michoacán, en donde la obsesión presidencial sigue insistiendo en que hubo infiltración del narco para apoyar al PRI en los comicios para gobernador en donde perdió la hermana del jefe del Ejecutivo, Luisa María Calderón Hinojosa.

Poiré, amante de los decálogos, durante una conferencia de prensa recetó las diez medidas que tomará el gobierno calderonista supuestamente en coordinación con los mandatarios de los 31 estados de la República y del jefe de gobierno del Distrito Federal, para identificar todas las zonas susceptibles de ser reforzadas en materia de seguridad, previo ‘diagnóstico actualizado’.

Declaró que el gobierno federal utilizará ‘toda la fuerza del Estado’ para evitar cualquier intento de infiltración del crimen organizado y de la delincuencia en el proceso electoral en marcha, para contar con una jornada electoral limpia y transparente.

Indicó que el gabinete de Seguridad profundizará en las acciones que le corresponden para la eficaz operatividad y coordinación de las fuerzas del orden público, tanto en el ámbito federal como en la responsabilidad compartida que se tiene con las autoridades de seguridad de los estados.

“Que no quede duda: el Gobierno Federal utilizará con toda firmeza toda la fuerza del Estado para erradicar el riesgo de la infiltración de cualquier grupo criminal en este proceso electoral”, recalcó. Malo que Poiré ocurra a la gastada frase de que se se usará ‘toda la fuerza del Estado’, porque cada vez que se hace esa referencia nada pasa.

Llama mucho la atención que el gobierno de Calderón siga machaque y machaque obsesivamente sobre que el narco estará queriéndose inflitrar en las próximas elecciones, cuando eso habría estado sucediendo desde hace décadas en México incuidos los comicios del 2006 y, acaso por eso, como se escucha decir en la calle, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tiene derecho de picaporte para entra y salir del país y el cártel de Sinaloa goza de cabal salud en este sexenio.

La otra es que esa obsesión habría empezado alimentarse a finales de 2008, ya que a  mediados de febrero del 2009, Gerardo Ruiz Mateos, el entonces secretario de Economía de Calderón, dijo en Francia que, de no haber actuado a tiempo el gobierno federal panista contra las mafias, ‘México podría llegar a tener un presidente narco’.

“Es un problema serio, tan serio que le tuvimos que entrar; lo más fácil era dejarlo, como dice mucha gente, dejarlo en el estatus en el que estaba, y sí te puedo asegurar que el siguiente presidente de la República sería un narcotraficante”, se escuchó decir al funcionario en un comentario difundido por W Radio. “La lógica del ataque del gobierno en materia de narcotráfico es porque el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado”, afirmó.

Es obvio que el secretario de Economía llevaba la instrucción de soltar esa declaración durante su gira a Francia. Lo que extrañó fue que hablara de un tema que por supuesto no le correspondía abordar, y menos en el extranjero, como fue el del narcotráfico. Aquella declaración desató una polémica entre la clase política.

Entrevistado en el Senado, a donde acudió a la clausura del foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, descartó que se diera la posibilidad de que en México pudiera haber un Presidente-narco, porque exiten filtros de la democracia como control sobre la integridad de los servidores públicos. ¿Hoy ya no se confía en esos ‘filtros de la democracia’?

¿O es que de plano hay una aceptada ineptitud por parte del gobierno calderonista en la guerra contra los cárteles de la droga, cuya estrategia armada ha demostrado su ineficacia y su tácito fracaso? Como sea, el hecho es que Felipe Calderón quiere supermilitarizar al país antes de las elecciones a como dé lugar, con el pretexto de una posible injerencia del narco en el proceso electoral.

Un artificio que sería el pretexto para que el PAN-gobierno pudiera solicitarle al Congreso la suspensión de las elecciones la falta de garantías, en un caso extremo de un enfrentamiento armado generalizado. Lo cierto es que todo parece estarse encaminando a crear ese escenario, ya que pocos creen que el PAN repita en el mando federal. Y en política, decía don Jesús Reyes Heroles, lo que parece, es.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Marcada preocupación en EU

PAULINO CÁRDENAS

Extrañamente coincidente que esté en México la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien vino a tirar línea sobre la lucha anticrimen a sus ‘similares’ mexicanos y por otro lado esté por llegar a México el vicepresidente del vecino país, Joe Biden, quien se reunirá entre otros con Andrés Manuel López Obrador y se dice que con Enrique Peña Nieto y con Josefina Vázquez Mota, además del presidente Felipe Calderón la semana próxima. ¿La Casa Blanca quiere saber quién de los aspirantes a llegar a Los Pinos no querría continuar con la campaña contra el narcotráfico como lo señaló hace unos días el senador republicano John McCain?

Pese a que el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, había reconocido tácitamente hace unos días el rotundo fracaso de la fallida estrategia de guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado que el mandatario panista se ha negado a modificar, la influyente funcionaria del gabinete de Barack Obama señaló que no sólo esa estrategia es la adecuada “sino que la vamos a profundizar y vamos a perseverar en ella”. La funcionaria vino con la misión de imponer el criterio de la Casa Blanca, sin discusión alguna.

Con ello se da por hecho que el gobierno mexicano seguirá sojuzgado ante las decisiones de Washington en el combate al crimen organizado, en donde procupa más el avance y el empoderamiento de los cárteles de la droga y sus capos que al gobierno calderonista, sobre todo porque el Departamento de Estado no quita el dedo del renglón de que México podría ser trampolín de incursiones de grupos extremistas islámicos que quisieran hacer migas –si es que no ya las hicieron– con poderosos cárteles que operan en México, como el de Los Zetas.

Al gobierno de George W. Bush primero, y de Barack Obama después, les cayó de perlas la decisión de Felipe Calderón de decretarle la guerra a los cárteles de la droga y del crimen organizado desde su llegada al mando, todo para tratar de ganar legitimidad frente a los mexicanos, después de su cuestionado triunfo en las elecciones por lo que inició con un amplio margen de dudas y repudio, y con el reto a las mafias quiso reivindicar los cuestionamientos que prevalecen hasta la fecha, sin considerar el tamaño del monstruo al que habría que enfrentar y al que no ha podido someter.

Uno de los grandes cuestionamientos sobre su estrategia ha sido desde entonces la intervención del Ejército y la Armada haciendo el papel de policías, distorsionando constitucionalmente el rol que le corresponde jugar a esos dos intitutos armados, con lo queda de manifiesto que el Presidente desde entonces empezó a actuar más impulsado por sus emociones que racionalmente.

¿Por qué a los gobiernos de Washington aprobaron el retador lance de Calderón contra las mafias? Porque con Vicente Fox se había establecido el compromiso a través de la Iniciativa Mérida, de ayuda económica y de coordinación técnica y de inteligencia en esa lucha, con los cuerpos armados mexicanos, en un mecanismo que le da derecho a Washington a actuar de facto en las decisiones que se fueran tomando en México contra los cárteles, como de hecho sucedió con las declaraciones de la señora Napolitano.

¿Sabrá doña Janet lo que dijo hace unos cuantos días el general secretario de la Defensa de que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad”; que en algunas regiones se apropió de las instituciones del Estado y que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”? ¿ O será por eso que está en México?

Hace unos días el senador republicano y ex candidato presidencial, John McCain, puso en tela de juicio la voluntad de al menos “uno de los candidatos” presidenciales en México, para mantener la lucha anticrimen, pero se negó a identificarlo por su nombre, durante una reunión con el zar de las agencias de inteligencia, James Clapper, en una audiencia ante el comité de servicios armados del Senado noteamericano.

Esto habría preocupado a la Casa Blanca, por lo que vino la visita a México de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, y está por llegar el vicepresidente Joe Biden. Resulta obvio que en el mapa anticrimen del Departamento de Estado norteamericano está pintado México con rojo, a sabiendas que está dominado por la inseguridad en más de la mitad de su territorio.

Sin duda un foco de preocupación en Washington son los últimos acontecimientos que se han suscitado en las cárceles del país, muestra de que las mafias están desatadas sin que el gobierno federal y los mandos estatales puedan hacer algo ante el poderío mostrado por el cártel de Los Zetas. ¿De ahí la visita de la influyente funcionaria Janet Napolitano y la que hará el vicepresidente norteamericano Joe Biden? Supervisión en corto y línea directa de Washington. La preocupación es evidentemente marcada.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Politizan drama carcelario

PAULINO CÁRDENAS

Lo chistoso, por decirlo suavemente, es que hasta en el drama carcelario sucedido en Apodaca, Nuevo León, Felipe Calderón quiere sacar raja política al hablar de que esos sistemas penitenciarios que “están en crisis” se ubican en Tamaulipas y Nuevo León según hizo hincapié –entidades ambas gobernadas por priístas–, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haciéndole segunda, afirmó que en los penales federales no se ha registrado “ningún incidente” de ese tipo, queriendo hacer creer que estos son castillos de la pureza.

En la misma línea discursiva el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga, que todo ello obedece a la corrupción que impera en los penales no federales, al tiempo que recordó la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán –que se dio precisamente en la cárcel federal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en el 2001 al inicio de los regímenes panistas–, a quien, dijo, ‘alguien le abrió la puerta’, echándole de pasadita y de nueva cuenta la culpa de esa fuga al doctor Alejandro Gertz Manero, como sucedió el año pasado.

El hecho es que en las cárceles, locales, estatales o federales, siempre ha privado la corrupción propiciada principalmente por los cárteles de la droga y protegida por la impunidad oficial. De los avances de esos cárteles habló hace unos días el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al señalar que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad” y que en algunas regiones ya se apropió de las instituciones del Estado, afirmando que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”.

Lo que sucedió en Apodaca el pasado fin de semana –una masacre, una fuga masiva de reos, un incendio y decenas de heridos en un motin que no acaba de terminar–, es parte de ese dominio criminal que impera entre las bandas que se disputan el mando territorial en el país, y lo que sucede en los penales es apenas una réplica de ese esquema, en donde los más fuertes someten a los más débiles para imponer su ley.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, asesinaron a mansalva a tres secuestradores que acababan de ingresar unas horas antes a ese penal. Eran dos hombres y una mujer que fueron encarcelados bajo cargos de privación ilegal de la libertad. Pero en las primeras horas del martes fueron victimados por dos internos que utilizaron objetos punzocortantes. Ambos asesinos son convictos por delitos del fuero común, y eran procesado uno por robo con violencia, y otro por homicidio calificado. Ahora serán procesados por triple homicidio en primer grado.

Cada vez que hay un motín carcelario o riñas o muertes entre presidiarios –o se suscitan incendios deliberados como el sucedido hace unos días en un penal de Honduras–, salen las autoridades a hacer declaraciones justificatorias que de nada sirven para remediar el entuerto. Hacen diagnósticos, reconocen dos o tres verdades de a kilo, le echan la culpa a los gobiernos de la oposición, pero pasados los días y las cosas siguen igual, hasta que vuelven a repetirse un día los mismos hechos. En ese inter las autoridades le apuestan al olvido colectivo.

El caso de la corrupción que impera en los penales en México no es distinto al de otros países. La impunidad y los oídos sordos de las autoridades propician ese círculo vicioso Ningún gobierno, del color que sea, ha hecho nada por remediar ese mal ancestral y, como dijo don Teofilito, ni lo harán. Es un mal sistémico que no tiene remedio, por más demagogia que se tire en los discursos.

El Presidente presume que de las decenas de capos importantes que operan en México, las tres cuartas partes ya ha sido detenida. ¿Y? La violencia sigue tan rampante como si nada. El tráfico de drogas continúa igual o peor. El empoderamiento de los capos sigue creciendo. Lo de Apodaca es un claro ejemplo. La noticia de lo que ahí sucedió lo dice todo: 44 muertos corresponden a internos relacionados con el cártel del Golfo, mientras los 30 que están prófugos están vinculados con el cártel de Los Zetas.

Los muertos que hubo en la cárcel de Apodaca  –dicen que muchos de ellos fueron degollados, vaciados sus ojos y mutilados con armas punzocortantes para no ser reconocidos– para Calderón podría ser una buena noticia porque diría que qué bueno que se estén matando entre los mismos criminales. Por lo demás, se duda que la exigencia de la ONU para que investigue y castigue a quienes causaron esos dramas penitenciarios, sea resuelto por el gobierno federal de México, simplemente porque la bronca es del gobierno priísta de Nuevo León.

 pcardenscruz@yahoo.com.mx