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Oootra superpifia del gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

Por lo que se ve el gobierno del presidente Felipe Calderón quiere entrar a como dé lugar al libro de Récords Guinnes, como el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que ha acumulado el mayor número de pifias, al querer atrapar a presuntos criminales que supuestamente trabajan para los cárteles de la droga o a los capos mismos. Con tanto fracaso acumulado en esa materia, queda de manifiesto que los costosos y fastuosos aparatos de inteligencia mexicanos y la carabina de Ambrosio, disparan para el mismo lado. Lo peor es que la DEA ha colaborado con parte de esas farsas con las que se han querido hacer los  montajes mediáticos que han resultado un fiasco.

El último ejemplo lo significó la noticia con la que quiso impactar a la opinión pública el gobierno federal panista, justo en víspera de las elecciones, de que habían atrapado al hijo de Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo considerado el capo más buscado del mundo, lo que resultó otro ridículo más al querer sorprender a los mexicanos con una noticia que resultó otra mentira, lo que acabó siendo desastroso para Calderón al haberle salido el tiro por la culata. Para muchos suspicaces la noticia, desde que se originó, pareció manipulada y falta de veracidad.

La razón es que se sabe de sobra que ‘El Chapo’ es el consentido, no sólo del gobierno de Calderón, sino del que le antecedió, el de Vicente Fox, durante el cual se dio ‘la fuga’ del líder del cártel de Sinaloa, cuando salió a relucir –en el libro de Anabel Hernández ‘Los Señores del Narco’ se narran los detalles–, que todo fue obra de la vil corrupción, del cohecho, de millones de dólares que repartió entre varios funcionarios de medio pelo hasta los de tupido bigote, para salir aquel 19 de enero de 2001 caminando tranquilo por la puerta grande de la cárcel ‘de alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco.

En febrero pasado, en ocasión del ensayo general previo a la reunión internacional del G-20 que acaba de efectuarse en Los Cabos,  Baja California Sur, en el que estuvo como máxima figura la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton,  coincidió que el capo más buscado del mundo estaba también pasando unos días de descanso en aquel paradisíaco lugar en una casona a la orilla de mar –se dice que muy bien acompañado por una dama con buena fama de cumplidora en sus servicios especiales–, y la DEA, como ahora, le dio el ‘pitazo’ a la Marina para que fuera a detener de inmediato a Guzmán Loera.

Si bien los servicios de inteligencia de ese organismo antinarcóticos habrían sido eficientes, los que no lo fueron estaban del lado de los mandos de la Marina-Armada de México, cuyo equipo de élite que fue enviado para detener al capo llegó al lugar, pero ya ‘El Chapo’ había huido. Se dice que hubo un ‘pitazo’ que alertó a sus guardaespaldas y que por eso no alcanzaron a capturarlo esa vez en Los Cabos. Algo similar sucedió hace unas semanas con su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Informes de la DEA habían dado el ‘pitazo’ a las autoridades mexicanas de que podían atrapar al fugitivo narcotraficante en una zona localizada en los límites de Sinaloa y Durango.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa señalaron que el socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró huir junto con al menos otras diez pistoleros que lo custodiaban. La tarea había sido encargada a un grupo de élite de la Secretaría de Marina. Se dice que estuvieron ‘a un pelito’ de atraparlo, pero el famoso capo resultó ser más vivo que quienes pretendían ser sus captores o le avisaron a tiempo que iban por él y eso alertó a su lugarteniente y sus custodios.

Todos recuerdan el hilarante caso de Jorge Hank Rhon, en donde el Ejército mexicano irrumpió en su casa dentro del Hipódromo de Tijuana y lo detuvieron en junio del año pasado. La incursión se debió a una denuncia ciudadana. El Ejército encontró en el inmueble 50 armas, 25 de las cuales eran largas y las otras 25 eran cortas y de cacería. Hank, ex alcalde de Tijuana de 2004 a 2006, fue detenido junto con su personal que custodiaba el lugar, pero todo acabó en un rotundo fracaso y en una tomadura de pelo. Eso por no hablar del ‘michoacanazo’, de triste memoria.

Otros asuntos que están en veremos son las detenciones de los generales y las acusaciones contra ex gobernadores de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual se cree que acabarán en lo mismo, por lo cual sí es probable que Guinnes mande a certificar el número de pifias y fracasos en material de combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno de Calderón, para que entre con mención honorífica a su famoso libro de récords.

@Paulinocomenta

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Fracasa ‘Operativo Seguro’

PAULINO CÁRDENAS 

Pese a la empeñosa insistencia del gobierno federal de empujar el programa ‘Operativo Seguro’ en los estados en donde las bandas del narcotráfico están infiltradas, dizque para darle un combate frontal a los ejércitos de sicarios al servicio de los capos, esa modalidad ha sido un fracaso porque son los mandos federales y locales de las policías y del Ejército que están coludidos con las mafias y su poder corruptor, lo que no permite volver exitoso ese programa coadyuvante anticrimen de la administración calderonista que, además, inició a destiempo. Los hechos son los que hablan. El baño de sangre sigue en todo el país. Las fuerzas armadas están rebasadas. La inteligencia anticrimen del gobierno federal no funciona.

La ola de crímenes, de decapitados, colgados, descuartizados, secuestrados, torturados, sepultados después de ser ejecutados, disueltos en ácido o lanzado a las calles partes de cuerpos mutilados, ha quedado de manifiesto en Veracruz, en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua, Coahuila, Colima, Baja California, Morelos, etc., en donde se han  puesto en marcha esos operativos aleatorios o se ha reforzado la militarización, no cesan las ejecuciones ni la desaparición de personas, muchas de ellas sin que tengan que ver con el crimen organizado y que en muchos casos sufren abusos o violación de sus derechos por parte de uniformados o agentes del gobierno, como sucede con los migrantes que entran por Chiapas.

En los estados de la República en los que se ha puesto en marcha ese programa de reforzamiento en la lucha contra el crimen organizado, los resultados han sido magros, ya que la delincuencia no ha cesado y al contrario se ha incrementado la criminalidad, lo que al final resulta un claro mensaje de los capos a esas acciones del gobierno federal, de que no servirán para mucho y serán apenas un paliativo contra las incursiones del narco en su lucha contra las fuerzas armadas del gobierno, cuyos combates han dejado una estela de sangre de más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país, en los casi cinco años y medio que lleva esa lucha armada.

Organizaciones criminales como la de Los Zetas o del Cártel del Golfo han demostrado que los esfuerzos del gobierno con su ‘Operativo Seguro’ sólo ha quedado en decálogos de buenas intenciones, ya que ante la cruenta realidad, ese tipo de programas poco tiene que hacer. Junto con otras bandas, esos cárteles han puesto en jaque no sólo a los militares y policías ministeriales que persiguen a los jefes de plaza, sino que tienen amagados  a miles de ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de la frustración, el miedo y el terror, por la impunidad, las omisiones, el cochinero y la colusión que hay entre autoridades y mafiosos.

¿De qué sirve ese programa ‘Operativo Seguro’ si el narco ha tomado por asalto las estructuras de mando de las autoridades que han quedado sometidas, infiltradas y coptadas por los capos de los cárteles que es donde radica el principal problema? Eso lo saben las autoridades gubernamentales, pero es lo que ha sido precisamente su talón de Aquiles: la corrupción y la impunidad. Hay expedientes judiciales que así lo demuestran, en donde se dan nombres, detalles y montos de sobornos de mandos federales y policiales estatales y locales y del Ejército mismo, por parte de los capos.

Un botón de muestra acaba de ser revelado por las autoridades de Estados Unidos, con el caso de uno de los dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que quedó en la lista de narcotraficantes más buscados, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien en 2005 fue detenido en México por la PGR acusado de lavado de dinero, pero fue puesto en libertad porque esa dependencia no pudo acreditar, dizque, su responsabilidad en ese ilícito. El gobierno estadounidense también identificó como narcotraficante a Ovidio Guzmán López, otro hijo del capo, quien presuntamente tiene un papel significativo dentro de la estructura de esa organización criminal.

En este sexenio, el líder del cártel de Sinaloa –que en EU también identifican como el del cártel del Pacífico–, ha gozado de la anuencia del gobierno para operar en territorio nacional sin que sea molestado en la medida que sucede con otros cárteles, según afirman voces autorizadas. Se recordará que al inicio del sexenio de Vicente Fox, ‘El Chapo’ sobornó a autoridades para salir del penal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en enero de 2001. Es así como de hecho se han venido manejando los dos gobiernos federales panistas, respecto al tan cacareado combate al crimen organizado. Mientras siga habiendo corrupción e impunidad, programas como el de ‘Operativo Seguro’ serán un fracaso.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Politizan drama carcelario

PAULINO CÁRDENAS

Lo chistoso, por decirlo suavemente, es que hasta en el drama carcelario sucedido en Apodaca, Nuevo León, Felipe Calderón quiere sacar raja política al hablar de que esos sistemas penitenciarios que “están en crisis” se ubican en Tamaulipas y Nuevo León según hizo hincapié –entidades ambas gobernadas por priístas–, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haciéndole segunda, afirmó que en los penales federales no se ha registrado “ningún incidente” de ese tipo, queriendo hacer creer que estos son castillos de la pureza.

En la misma línea discursiva el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga, que todo ello obedece a la corrupción que impera en los penales no federales, al tiempo que recordó la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán –que se dio precisamente en la cárcel federal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en el 2001 al inicio de los regímenes panistas–, a quien, dijo, ‘alguien le abrió la puerta’, echándole de pasadita y de nueva cuenta la culpa de esa fuga al doctor Alejandro Gertz Manero, como sucedió el año pasado.

El hecho es que en las cárceles, locales, estatales o federales, siempre ha privado la corrupción propiciada principalmente por los cárteles de la droga y protegida por la impunidad oficial. De los avances de esos cárteles habló hace unos días el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al señalar que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad” y que en algunas regiones ya se apropió de las instituciones del Estado, afirmando que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”.

Lo que sucedió en Apodaca el pasado fin de semana –una masacre, una fuga masiva de reos, un incendio y decenas de heridos en un motin que no acaba de terminar–, es parte de ese dominio criminal que impera entre las bandas que se disputan el mando territorial en el país, y lo que sucede en los penales es apenas una réplica de ese esquema, en donde los más fuertes someten a los más débiles para imponer su ley.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, asesinaron a mansalva a tres secuestradores que acababan de ingresar unas horas antes a ese penal. Eran dos hombres y una mujer que fueron encarcelados bajo cargos de privación ilegal de la libertad. Pero en las primeras horas del martes fueron victimados por dos internos que utilizaron objetos punzocortantes. Ambos asesinos son convictos por delitos del fuero común, y eran procesado uno por robo con violencia, y otro por homicidio calificado. Ahora serán procesados por triple homicidio en primer grado.

Cada vez que hay un motín carcelario o riñas o muertes entre presidiarios –o se suscitan incendios deliberados como el sucedido hace unos días en un penal de Honduras–, salen las autoridades a hacer declaraciones justificatorias que de nada sirven para remediar el entuerto. Hacen diagnósticos, reconocen dos o tres verdades de a kilo, le echan la culpa a los gobiernos de la oposición, pero pasados los días y las cosas siguen igual, hasta que vuelven a repetirse un día los mismos hechos. En ese inter las autoridades le apuestan al olvido colectivo.

El caso de la corrupción que impera en los penales en México no es distinto al de otros países. La impunidad y los oídos sordos de las autoridades propician ese círculo vicioso Ningún gobierno, del color que sea, ha hecho nada por remediar ese mal ancestral y, como dijo don Teofilito, ni lo harán. Es un mal sistémico que no tiene remedio, por más demagogia que se tire en los discursos.

El Presidente presume que de las decenas de capos importantes que operan en México, las tres cuartas partes ya ha sido detenida. ¿Y? La violencia sigue tan rampante como si nada. El tráfico de drogas continúa igual o peor. El empoderamiento de los capos sigue creciendo. Lo de Apodaca es un claro ejemplo. La noticia de lo que ahí sucedió lo dice todo: 44 muertos corresponden a internos relacionados con el cártel del Golfo, mientras los 30 que están prófugos están vinculados con el cártel de Los Zetas.

Los muertos que hubo en la cárcel de Apodaca  –dicen que muchos de ellos fueron degollados, vaciados sus ojos y mutilados con armas punzocortantes para no ser reconocidos– para Calderón podría ser una buena noticia porque diría que qué bueno que se estén matando entre los mismos criminales. Por lo demás, se duda que la exigencia de la ONU para que investigue y castigue a quienes causaron esos dramas penitenciarios, sea resuelto por el gobierno federal de México, simplemente porque la bronca es del gobierno priísta de Nuevo León.

 pcardenscruz@yahoo.com.mx






Holder oculta información

PAULINO CÁRDENAS

El Procurador General de Justicia norteamericano, Eric Holder, podría ser acusado de desacato por el Congreso de su país, al negarle información confidencial a los integrantes de la comisión que están a cargo de analizar hasta sus útlimas consecuencias lo que hay detrás del operativo ‘Rápido y Furioso’, cuya revelación pública considera el fiscal que ‘tendría un negativo efecto’ entre agencias del gobierno norteamericano y por ende también con las de México. Lo que resulta obvio es que sabe todo sobre ese plan, fraguado con la anuencia del Departamento de Justicia y operado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, conocida por sus siglas en inglés como la ATF.

Lo que también es cierto es que el cártel más favorecido por ese tráfico ilegal de armas, desde que el operativo se llamaba ‘Receptor Abierto’ en la administración de George W. Bush, ha sido el de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien desde hace once años, después de que sobornó a autoridades para que pudiera escapar de la cárcel de Puente Grande, Jalisco a tan solo 40 días de que el panista Vicente Fox tomara posesión como Presidente, ha venido ampliando sus operaciones, además de México, en algunas naciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.

No hay que olvidar que Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’ –hijo de Ismael ‘Mayo’ Zambada, socio del ‘Chapo’– quien fue extraditado a Estados Unidos donde será juzgado por vínculos con el crimen organizado, dijo a través de sus abogados que existía un pacto entre la DEA y el cártel de Sinaloa supuestamente para dar información a esta agencia antinarcóticos de otras organizaciones criminales, a cambio de poder pasar droga a Estados Unidos sin ser molestados ni detenidos.

Señala el fiscal estadounidense que existen datos clasificados de evidencias reunidas tanto en su país como en el nuestro que pueden ser utilizadas en juicios en cortes estadounidenses contra capos de las mafias, por lo que no sería prudente hacerlos públicos ya que son documentos internos muy delicados. “Administraciones anteriores han reconocido que una comunicación interna robusta y la habilidad del poder ejecutivo para responder a requerimientos legislativos se vería afectado si se revelaran nuestras comunicaciones internas”, dijo recientemente.

El fiscal norteamericano pudiera ser acusado de desacato. La mayoría repubicana en la Cámara de Reprsentantes del vecino país considera que Holder estaría ocultando información que le han estado exigiendo los representantes populares, para saber bien a bien que hay detrás de ese operativo de tráfico ilegal de armas, aprovechando que en Estados Unidos hay manga ancha para que cualquiera vaya y compre armas como si se tratara de comprar tamales en México, gracias a la Segunda Enmienda a la Constitución norteamericana que otorga el derecho a cualquier ciudadano estadounidense a poseerlas.

Hay indicios claros que el beneficiario de ese tráfico de armas ha sido el dirigente del cártel de Sinaloa. Acaso por ello ‘Rápido y Furioso’ se ha convertido en un gran problema y un agudo dolor de cabeza para la administración de Barack Obama, heredada de algún modo por su antecesor George W. Bush, cuando ese programa llevaba el nombre de ‘Receptor Abierto’, el cual tenía el mismo objetivo de hacer pasar armas ilegalmente a México, dizque para seguirle la pista a los capos que operan en nuestro país. ¿Por qué Eric Holder oculta información?

Según reportaban en noviembre pasado los periodistas Andrew Kennis y Jason McGahan en un texto para la revista Proceso en base a la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley, el cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadounidense ‘Rápido y Furioso’; es decir que ese operativo acabó por beneficiar al cártel del ‘Chapo’.

Señalan los periodistas que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del mencionado cártel un total de mil 26 armas de Rápido y Furioso, de las más de 2 mil que habrían entrado ilegalmente a Méxio. Esto habría sido con la intervención directa de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, supuestamente con el conocimiento, la anuencia y quizá la ayuda de autoridades mexicanas. De otro modo no se explicaría cómo tantas armas pudieron pasar ilegalmente de Estado Unidos a México por la frontera durante varios años.

El asunto está muy complicado para Holder. ¿Acaso no querrá dar más información al Congreso de su país, entre otras cosas porque el asunto salpicaría a los dos gobiernos federales panistas? Por lo pronto el Congreso norteamericano está a punto de fincarle responsabilidades por desacato, lo que sería un escándalo y le pegaría de frente a las aspiraciones de Barack Obama de repetir otros cuatro años como Presidente de aquella nación. Mientras tanto los miembros del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de su país, no le quitan la mira al fiscal general.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Entre truculencias y verdades

PAULINO CÁRDENAS

Bien no acababa Patricia González Rodríguez, ex procuradora de Chihuahua, de hacer declaraciones a la revista Proceso sobre la forma en que encontró las cosas desde su llegada al cargo y lo que trató de hacer para disminuir la corrupción imperante, cuando a los tres días fue secuestrado su hermano Mario, quien había sido colaborador suyo.

Antes de que se diera el plagio el pasado jueves 21, la ex funcionaria, en entrevista a Patricia Dávila reportera del mencionado semanario, habló del ex alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien de plano se hizo rosca para entrarle de frente a la lucha contra los capos, y señaló también que el cambio del Ejército por elementos de la Policía Federal para combatir a las mafias del narcotráfico en aquella ciudad fronteriza no ha dado resultado.

Dio su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admitió que haya sido un fracaso total, dijo que “está agotado” y criticó el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Advirtió que a su juicio, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.

Dijo a la revista que la violencia asesina “no ha podido ser combatida” porque la policía está infiltrada por los capos que se pelean la plaza. Puntualizó para Proceso que fue un error haber sacado de Ciudad Juárez al Ejército y poner en su lugar y al mando operativo a la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad federal. Esto fue una crítica directa al titular de esta dependencia, Genaro García Luna.

En la misma entrevista señaló que la Policía Judicial del Estado y la Policía Federal estaban infiltradas. Dijo que si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles. Y a tres días de salir a la luz sus declaraciones, fue plagiado su hermano Mario González Rodríguez, por un comando que vestía ropa militar camuflajeada.

El secuestrado dice en el video que su hermana la ex procuradura es quien respaldaba y ordenaba mandar a asesinar a gente que le estorbaba en sus operaciones delictivas a La Línea, grupo armado con el que dice que colaboraban ambos.

Nadie sabe si lo que declaró éste de la ex procuradora en el video que le ha dado la vuelta al mundo –aparecido ayer en YouTube– es cierto o no, ya que las denuncias las hizo amagado por seis hombres encapuchados y armados con fusiles Ak-47 y rifles R-15.

En el video parece hablar con la verdad por la fluidez, coherencia  y lujo de detalles que respondió calmadamente a quien le formulaba las preguntas fuera de cuadro. Lo extraño son las imputaciones contra su hermana de tener vínculos con el cártel de Juárez y ordenar matar a varios personajes, entre ellos a dos periodistas. Hasta ayer se descnocía su paradero.

En el video reveló muchas cosas. Habló de los recientes feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez y de la masacre de Creel; ambos hechos se los atribuye  al cárte del Juárez, pero también vincula a la hermana. Su brazo armado, La Línea, en los últimos meses y semanas ha recibido varios golpes de las autoridades con la detención de algunos de sus líderes y presuntos sicarios.

Lo que dice Mario González parece tener visos de verdad. Pero también lo que expresa en la entrevista la ex procuradora, quien ya pidió a la PGR y a la SSP federal que le ayuden a encontrar a su hermano. ¿A quien creerle? De cualquier modo habría que investigar.

La lucha por la importante plaza que significa aquella ciudad fronteriza, entre los cárteles de Sinaloa que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el de Juárez cuyo líder es Vicente Carrillo Fuentes, empieza a cobrar sus primeras víctimas al alto nivel, por ahora de ex funcionarios.

Por lo pronto los nombres que andan en la cuerda floja son el del ex gobernador José Reyez Baeza, por supuesto el de la ex procuradora Patricia González, también el del ex alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz y el del ex secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Raúl Grajeda Domínguez.

 

 

¿Y el caso del ‘Jefe’ Diego, cuándo?

PAULINO CÁRDENAS

Cuando el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, presumía con los reporteros los detalles del rescate de dos camarógrafos que fueron víctimas de una desaparición forzada junto con dos periodistas en Durango por supuestos sicarios ‘del Chapo’, según se adelantó a decir el funcionario, un reportero le inquirió que si él y su corporación había demostrado tanta eficiencia en este caso, por qué en el de Diego Fernández de Cevallos no.

Dicen los que ahí estaban que ante la lógica pregunta, el funcionario hizo mutis, sonrió y dio por terminada una charla con periodistas. Esto sucedió al término del llamado ‘Diálogo por la Seguridad’ celebrado en el Campo Marte. La preunta hizo recordar lo que es cierto, que hasta ahora sigue sin divulgarse algún pronunciamiento oficial sobre el secuestro del ‘Jefe’ Diego, aunque corren insistentes versiones de que ‘pronto’ podría quedar liberado, después de desaparecido ‘Nacho’ Coronel, allegado al ‘Chapo’ Guzmán.

Porque quiérase o no, hay quienes ligan su supuesta muerte, con la pronta aparición del controvertido litigante. A raíz de que se suspendieron las indagatorias por parte de las autoridades competentes para saber el paradero del panista, se dice que a petición de la propia familia, empezaron a desatarse innumerables especulaciones en torno a quién o quiénes pudieron haber cometido el secuestro y qué habría detrás del mismo.

Muchos suponen que no sólo fueron razones de dinero. En eso coinciden amigos y abogados muy allegados a Fernández de Cevallos. Dicen los estudiosos de su trayectoria que en este sexenio este personaje estaba moviéndose con recobrada fuerza. El ‘Jefe’ Diego no simpatizaba con el panismo que ha sido manejado por el presidente Calderón desde Los Pinos apartándose de los principios que le dieron vida a ese partido.

A las pocas horas del secuestro del panista, al parecer sucedido el viernes 14 de mayo por la noche, se supo que García Luna había logrado localizar el número de una llamada hecha por uno de los captores, lo que motivó la advertencia de estos al propio funcionario de que si no cesaba su pesquisa, matarían al controvertido político y litigante. Se presume que el recado iba acompañado de la primera fotografía con un mensaje a su familia que circuló por las redes sociales del panista con los ojos vendados y el torso desnudo.

El mismo día de su secuestro, corrió la noticia de la supuesta captura de ‘Nacho’ Coronel por un comando militar en Zapopan, Jalisco, sucedida horas antes de la desaparición forzada del panista. Aquel mismo viernes 14 de mayo había trascendido que tras un operativo militar “podría estar detenido” Coronel Villarreal, allegado a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se especuló que la intención era intercambiar a Fernández de Cevallos por Coronel. Pero hubo mutis oficial y mediáticamente la versión empezó a diluírse.

El 25 de julio circuló otra foto del panista por las mismas redes sociales, supuestamente enviada por los mismos “misteriosos desaparecedores’ en la que, igual, con los ojos vendados y el torso desnudo, se le veía sosteniendo una revista Proceso con fecha 23 de mayo en la que aparece su rostro en la portada. Ese envío traía otro mensaje de Diego a su familia con fecha 10 de junio.

Pero los supuestos captores anexaron un comunicado con fecha 20 de julio, donde señalaban, entre otras cosas, que “los órganos de inteligencia (del gobierno mexicano) siguen sin pistas sobre el lugar donde se encuentra el incómodo desaparecido”, lo que hace suponer a algunos que el panista pudiera estar confinado en otro país mientras  terminan la negociaciones.

El jueves 29 de julio se dio a conocer, sin que mediara prueba de ello, que ‘Nacho’ Coronel, allegado al líder del cártel de Sinaloa, había resultado muerto al resistirse a ser capturado por el Ejército en un operativo militar efectuado en una de sus casas ubicadas en Zapopan, Jalisco, donde se dice que había vivido más de diez años sin ser molestado por autoridad alguna.

Hay quienes creen que después de eso, no tardará en aparecer el ‘Jefe’ Diego. Y de paso, es evidente que se quiere crear la ‘percepción’ de que la guerra contra los capos del crimen organizado y de las mafias del narcotráfico es pareja, es decir, que también incluye al cártel del ‘Chapo’.

La Línea: “Ya pasaron 15 días”

PAULINO CÁRDENAS

Una  narcopinta aparecida el viernes pasado en una barda de la colonia 16 de septiembre de Ciudad Juárez, recordó que han pasado los 15 días de plazo que dio La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, para que desenmascararan a los mandos de la Policía Federal que cobijan las actividades del cártel de Sinaloa en aquella ciudad fronteriza o harían estallar otro choche-bomba de mayor fuerza explosiva que el que esa banda hizo explotar a control remoto el jueves 15 de julio en pleno de centro de la ciudad.

El hallazgo de la pinta se realizó en el cruce de las calles Isla de Java e Isla Samoa. El texto decía: ‘Ya son 15 dias y no emos bisto (sic) nada cuidense todos aquellos que cubren al Chapo FBI. Attentamente La Línea”. Pero las cosas en aquella ciudad fronteriza tiene a los juarenses al borde de la sicosis total. Las amenazas telefónicas no cesan en las oficinas públicas y de la Policía Federal. El consulado de Estados Unidos cerró sus puertas el viernes después de recibir una llamada en la que se advertía que estallaría una bomba.

El jefe operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de Ciudad Juárez, Fernando Ornelas, pidió licencia a 10 días de que el cártel de Sinaloa, en una narcomanta, había amenazado con asesinar a inocentes si el Gobierno del Estado lo mantuviera en su puesto. Aunque no se dieron detalles de este movimiento, extraoficialmente se dio a conocer que el funcionario policiaco dejó la jefatura operativa del grupo policial el lunes pasado.

La madrugada del martes 20 de julio, en una narcomanta colocada en la ciudad de Chihuahua y dirigida al gobernador José Reyes Baeza, así como al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gustavo Zabre, la organización que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán exigió remover de su puesto Ornelas, porque de lo contrario, advirtió, seguirán muriendo “inocentes”.

El mismo viernes pasado una amenaza de bomba se recibió a las 9:50 horas en el periódico Norte de esa ciudad fronteriza.“¡Les vamos a instalar una bomba. Se los va llevar la …¡”, fue el mensaje que se recibió en el teléfono de la recepción de este medio. Media hora después sólo se habían acercado agentes de la Cipol, pero sin instrumentos para detectar la presencia de explosivos.

Elementos de esta corporación pusieron en marcha un programa de reconocimiento exhaustivo de todos los vehículos que ingresan al complejo de dependencias estatales ubicado en Eje Vial Juan Gabriel, donde operan áreas administrativas, juzgados de lo Civil y Familiar, así como la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte.

La amenaza de que había un coche-bomba en las inmediaciones del Consulado General de los Estados Unidos fue lo que motivó el cierre temporal de la sede diplomática, de acuerdo con el delegado de Secretaría de Relaciones Exteriores en esta ciudad, Eduardo Rodríguez. El funcionario expresó que el personal que opera en el interior del edificio fue evacuado de manera inmediata desde el viernes por la mañana y luego se decidió suspender actividades de manera indefinida.

Dijo ignorar hasta cuándo estarán suspendidos los trámites y la atención. El viernes ya no dio servicio el consulado. Rodríguez agregó que la semana pasada también se había presentado una amenaza en contra de la sede consular y luego de esta última amenaza la situación se tornó delicada y es considera de alto riesgo.

El gobernador del estado, José Reyes Baeza, informó que los operativos para la búsqueda de explosivos se han incrementado en ciudad Juárez, esto con la colaboración de autoridades estatales y federales. Dijo que las autoridades estatales están revisando algunas estrategias conjuntamente con el FBI y la DEA, para evitar que se presenten nuevos ataques en aquella frontera.

La sicosis en Ciudad Juárez está pues, en su apogeo. La advertencia de La Línea, de que ya pasaron 15 días que dio a la DEA y al FBI y que no hay respuesta, tiene a los juarenses y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en ascuas. Y no es para menos. En tanto, ayer domingo inició la primera etapa de la militarización de la frontera sur de Estados Unidos con soldados de la Guardia Nacional del vecino país del norte.