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Calderón ya tiene chamba

PAULINO CÁRDENAS

Parece que la pregunta sobre qué hará el mandatario panista una vez que termine su sexenio, está virtualmente resuelta. Se podría decir que el presidente Felipe Calderón y algunos miembros de su gabinete de seguridad ya tienen chamba desde ahora, una vez que dejen el cargo el último día de noviembre de este año. Su propuesta en la Sexta Cumbre de la Américas de crear el Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado, SICCO, fue aprobado por unanimidad por los 31 representantes de los gobiernos de los estados que participaron en ese evento celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, el cual quedará integrado este mismo año.

Y qué mejor que el mandatario panista y su brazo derecho en esa lides, Genaro García Luna, para dirigir ese Sistema anticrimen que tendrá una red continental que articulará tanto las políticas como las acciones en contra de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada en todo el continente americano. Obviamente la supervisión y asesoramiento la tendrían por parte del gobierno norteamericano, como ha sido hasta ahora en el caso del combate a las mafias en México, pese a simular regaños y exigencias contra los más altos mandos de los poderes ejecutivo y legislativo del país vecino por permitir el tráfico de armas y el alto consumo de drogas.

Además el SICCO promoverá el establecimiento de un centro que coordine el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional que estaría encargado de enlazar los esfuerzos que realizan distintos órganos en la región contra los cárteles del crimen, en particular la Organización de Estados Americanos. Pero lo mejor de todo es que también se aprobó que México sea la sede de las sesiones de trabajo entre expertos y encargados de seguridad y procuración de justicia de esta  zona hemisférica.

El plan le salió redondo a Calderón y a su principal asesor bélico, el hoy todavía titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, lo cual equivaldría a que las nuevas instancias encargadas de seguridad y combate a la delincuencia organizada que sean nombradas en el próximo gabinete, incluido el mismísimo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, quedarían sujetas a dar cuenta de sus acciones a los encargados del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado hemisférico, es decir, a Calderón como titular del Sistema y a García Luna como secretario ejecutivo si es que el plan incluye sus designaciones por tener la paternidad de la idea, lo cual los haría seguir en lo suyo.

En conferencia de prensa, en el Centro de Convenciones de Cartagena, el presidente de México rechazó que la creación de este nuevo mecanismo interamericano y la intención de analizar las diversas opciones en la lucha contra el crimen organizado, represente un fracaso de las acciones aplicadas hasta ahora. El estudio se encargó, dijo, “no para claudicar ni mucho menos, sino para fortalecer y hacer mucho más exitosa la lucha por la seguridad de nuestras familias y contra el crimen organizado”.

Como todo un docto en la materia habló de que este problema no es sólo de México, sino un flagelo continental, por lo que, aseveró, se requiere una corresponsabilidad de todos los países, particularmente de los consumidores de drogas, como Estados Unidos. Son estas naciones, agregó, las que tienen la “obligación” de realizar un mayor esfuerzo para reducir el consumo y consecuentemente el flujo extraordinario de recursos económicos, que va a parar a manos de los criminales, con el cual corrompen a las instituciones del Estado y a la sociedad.

Le preguntaron si guarda algún cargo de conciencia por los más de 60 mil muertos dejados en México a causa de la lucha contra la delincuencia, y Calderón dijo que este cargo sólo sería por no combatir a los criminales, pues la verdadera causa de estos problemas está en haberlos dejado actuar. A sus oyentes en Cartagena, hay que decirlo, los apantalló. Pero a los mexicanos para nada, porque los resultados de esa guerra son pésimos y atroces, ya que las mafias siguen operando como si nada en nuestro país y la lista de muertos sigue creciendo.

Sin embargo, como se la pongan, se puede decir que Calderón y parte de su gente de seguridad ya tienen chamba una vez que termine el sexenio o antes para algunos que debieran empezar a instrumentar los planes de ese sistema anticrimen. La pregunta es: ¿En qué bunker llevarían a cabo en México sus tareas de investigación, inteligencia y coordinación de operativos conjuntos los jerarcas designados?

Hay dos opciones que fueron construidos y montados con multimillonarios recursos salidos del erario público, que son costosísimas instalaciones anticrimen superavanzadas tecnológicamente, pero ‘elefantes blancos’ hasta ahora porque no han servido prácticamente para nada. ¿Acaso esos bunkers fueron hechos y equipados pensando en lo que viene? Como sea, algunos dan por hecho que el mandatario panista y su principal escudero seguirán en lo suyo después de que acabe el sexenio, lo cual habría quedado  virtualmente sellado en Cartagena de Indias.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Josefina otra vez en líos

PAULINO CÁRDENAS

Alejandra Sota, vocera de Los Pinos, filtra grabaciones telefónicas que realiza el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ‘en lugar de grabar al Chapo’, se le oyó decir en una charla telefónica hecha pública a Josefina Vázquez Mota, cuando conversaba con uno de sus colaboradores. ‘Pinche Sota’ soltó la candidata panista, a quien en tono sarcástico le mandó saludos a los dos funcionarios porque, le aseguró a su interlocutor, esa llamada ‘está siendo grabada’.

La plática que se escucha es de Josefina con Agustín Torres, encargado de subir los tuits de la candidata a las redes sociales. En la grabación, que ha causado revuelo en la clase política y escozor en la cúpula panista, ella le dice a su colaborador: “Como nos están garabando…Mándale un saludo a Alejandra Sota”. Él responde: “Ah, salúdamela mucho” e insiste: “Los dos le mandamos un saludo a Alejandra Sota y a García Luna”.

Torres se ríe y ella le dice en tono que quiso ser serio: “No Agus, mándales un saludo. Por si pasan nuestra llamada, que pasen nuestro saludo”. Él le sigue el juego y al unísono ambos dicen: “Muchos saludos para…” dice él, “un saludo muy cariñoso para…” dice ella quien se adelanta: “Para Genaro García Luna que nos graba… en lugar de grabar al Chapo” y Josefina sigue: “Y un saludo muy cariñoso a Alejandra Sota… que filtra todas nuestras llamadas telefónicas”, y luego sorraja: “Pinche Sota…” al tiempo que Torres remataba: “Deberían dedicarse a otra cosa…”.

La grabación corresponde a cuando ella estaba todavía en campaña para lograr la nominación interna del PAN como abanderada de ese partido para las elecciones de este año. El audio fue dado a conocer apenas este lunes en el portal La Silla Rota, lo que ha causado enojo en las filas panistas y motivó que su patético vocero Javier Lozano saliera a deslindar del escándalo gratuitamente a García Luna y Alejandra Sota incluso atribuyéndole al PRI, por mero sospechosismo, la grabación, pese a lo que se escucha en ella de viva voz.

En aquellos días también la habían ‘alambreado’ con lo que dijo, en otra llamada telefónica que hizo al parecer con un familiar, en contra de su entonces adversario de partido, Ernesto Cordero, a quien en la conservasión telefónica interceptada ella se refiere al entonces delfín presidencial como un ‘patán’. En esa grabación también se queja del codirigente del PAN Gustavo Madero porque a pesar de las quejas de la candidata, se hacía el desentendido.

La aspirante de Acción Nacional ha andado mal y de malas desde que comenzó a batallar para conseguir ser la abanderada albiazul. Lo que le sucedió en el Estadio Azul aquel domingo 11 de marzo que fue de pena ajena, es muestra de que hay ‘mano negra’ que insiste en traerla de bajada. No pocos estiman que esa mano viene de Los Pinos en donde al parecer de plano no la quieren como candidata y menos para que pudiera ganar la Presidencia. Tienen miedo de que si llega a ganar, le salgan las ansias de venganza.

Las cosas están de tal tamaño, que hay quienes creen que un día de estos, en plena campaña que está por iniciar esta semana, la abanderada del PAN pudiera desconocer a Calderón y a su equipo. Una prueba de que las cosas andan bastante mal entre su equipo de campaña y su gente más allegada, es lo que puso de manifiesto en la grabación hecha pública que oyó medio mundo, en la que culpa al  secretario de Seguridad Púbica Federal, Genaro García Luna, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, de que le han hecho espionaje telefónico.

Se dice que a Vázquez Mota le han venido aconsejando que para repuntar fuerte en las encuestas tiene que dar un golpe contundente para animar a los indecisos a votar por ella, por lo que tendría que hacer algo similar a lo que hizo Luis Echeverría con Gustavo Díaz Ordaz en plena campaña en los años 70: en su caso romper con Calderón. De otra manera sus anhelos de ser la ‘primera Presidenta de México’ quedarán en sueño guajiro.

Por lo pronto no hay duda que está ‘copada’ por gente allegada al jefe del Ejecutivo, quien tenía su esperanza puesta en Ernesto Cordero para empujarlo a la Presidencia en julio próximo, lo que está sucediendo pero en sentido contrario contra ella, quien se empeña en no quererse sacudir a la gente que sólo obedece las órdenes de Los Pinos y que la tiene encapsulada. Eso sin contar con que las encuestas la alejan cada vez más del candidato priísta, y el de las izquierdas se le anda acercando peligrosamente.

Todos saben que el espionaje telefónico siempre es contra el adversario, por eso ella misma y otras voces oficiosas ahora quieren darle la vuelta al asunto e insistir que es el PRI el causante del espionaje, cuando resulta evidente que es ella, de viva voz, quien acusa a los dos funcionarios allegados a Felipe Calderón –Genaro García Luna y Alejandra Sota–, los que le han venido haciendo ese trabajo. Ni más ni menos que ‘fuego amigo’. Otra mancha más al tigre de la Vázquez Mota.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Tres la presumen culpable

PAULINO CÁRDENAS

Se da por hecho que las presiones del Poder Ejecutivo –las que se vieron y escucharon más las que no trascendieron– habrían influido en tres de los cinco ministros a la hora de votar ayer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía otorgarle un amparo a Florence Cassez para que obtuviera su libertad. El ministro ponente, quien preside la Primera Sala de la Suprema Corte, junto con la ministra Olga Sánchez Cordero, fueron los únicos que votaron a favor. Los demás que votaron en contra se infiere que presumen culpable a la ciudadana francesa, por lo que tendrá que seguir presa.

Guillermo Ortíz Mayagoitia, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, fueron los ministros que no tomaron en cuenta el ‘efecto corruptor’ que planteaba centralmente Zaldívar, referente a la manipulación de montaje mediático que fue el eje de su proyecto y que contaminó el resto del proceso. No obstante que quienes votaron en contra aceptaron que hubo violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadana francesas, no le dieron el peso específico que ameritaban las manipulaciones que hubo en el juicio cuya sentencia acabó siendo de 60 años de prisión.

Ciertamente el caso no se trataba solo del montaje mediático, sino lo que entraña en su conjunto contradicciones de los testigos, engaños, desatención al mandato constitucional empezando por el caso omiso a los derechos humanos de la ciudadana francesa y el aviso tardío al consulado francés, así como no haberla presentado de inmediato al Ministerio Público, todo lo cual invalidaba la presunción de inocencia de la acusada.

¿Qué fue lo que hizo que los ministros votaron en contra dándole la vuelta a la razón central con subterfugios jurídicos que ni siquiera tenían que ver con el punto toral del proyecto a sabiendas de que de origen estuvo repleto de vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia,como de hecho ellos mismos lo aceptaron?

Ayer por la mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, con motivo del natalicio de Benito Juárez,  dijo en un discurso conceptos que, se creyó, eran indicativos de que se aprobaría la moción presentada por Zaldívar. Muchos se fueron con la finta y creyeron que con el discurso que había pronunciado, la votación favorecería a la sentenciada.

En el solemne acto, con la presencia del presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional el titular del Máximo Tribunal de Justicia del país aseguró que la Institución que encabeza está obligada a ser garante de los derechos de todos y, con ello, factor decisivo de la unidad nacional, mediante la aplicación respetuosa de la Ley.

Expuso que es necesario que “sacrifiquemos lo que sea necesario: los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses económicos, para así, desde la Constitución y la Ley proteger, y ponderar entre todos, los derechos de todos”, indicó. Agregó que “por eso, es posible sostener, hoy, que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa no debemos equivocar el rumbo y las prioridades”. Dijo que “la verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley”.

Algunos consideraron que la línea discursiva del ministro presidente de la SCJN había sido cabildeada anticipadamente con los ministros que se ocuparían del caso Cassez horas más tarde. Pero no. Los ministros que votaron en contra esgrimieron, uno, Guillermo Ortíz Mayagoitia, que de plano la propuesta de Zaldívar era improcedente; otro, José Ramón Cossío, propuso negarle la libertad pero otorgarle el amparo ‘para efectos’, es decir, para que se revise la sentencia y se reponga el proyecto, que ahora quedará a cargo de la ministra Sánchez Cordero.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también se opuso a la liberación, pero propuso que se castigue al autor del montaje, el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien realizó la puesta en escena de la supuesta detención ‘en vivo’ no siéndolo de la francesa. Dijo que su actuaciónal frente de la Agencia Federal de Investigación en el 2005  ‘deja mal parado el principio de buena fe ministerial’. Añadió que las violaciones a los derechos de la acusada, ‘generan una violación al principio de presunción de inocencia’.

La frase de Silva Meza dicha ayer de que “no el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad; no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”, parecía premonitoria pero acabó siendo de retórica discursiva. Se cree que las presiones para que se desechara el proyecto del ministro Zaldívar, prosperaron. Como haya sido, el rechazo al proyecto dicen que fue tomado como una gesta victoriosa por el presidente Felipe Calderón, pero más por su influyente secretario de Seguridad Pública federal. En tanto, en Francia por supuesto que hay un sentimiento casi de luto.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Evidente temor presidencial

PAULINO CÁRDENAS

Temeroso de que este día el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar sea a favor de otorgarle el amparo a Florence Cassez y quede en libertad, lo que sería un duro revés para el gobierno de Felipe Calderón, el mandatario panista no dudó en meterse en el tema este lunes pese a que se había dicho que el Gobierno no iba a opinar sobre el caso sino que se esperaría al pronunciamiento de la Corte. No fue así.

Durante una gira que realizó por Papantla, Veracruz, para supervisar el avance de obra de la que dijo será la cárcel ‘mas segura’ del país, acompañado del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pieza clave del proyecto de sentencia en el caso de la francesa, en un tono beligerante, enérgico y hasta colérico declaró que primero había que defender a las víctimas de los delitos, al señalar que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, sino que sea un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.

Ese comentario presidencial no fue bienvenido en la Suprema Corte ya que Calderón pretende darle nuevamente clases al sistema judicial, cuando en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el mismo ministro Arturo Zaldívar proponía que hubiera justicia para las víctimas, pero por presiones emanadas de la principal sede del poder político, se evitó a toda costa que hubiera esa justicia que hoy tanto invoca y por la que clama el mandatario panista en el caso Cassez.

Todavía los papás de los 49 niños y niñas que fallecieron y de los otros 76 que resultaron heridos, muchos de ellos con problemas respiratorios irreversibles o con quemaduras que los marcaron de por vida, se preguntan: ¿Dónde quedó el reclamo de justicia a favor de las víctimas de ese delito? Otros cuestionan: ¿Se exige justicia sólo cuando le conviene al gobierno federal como es el caso de la ciuadadana francesas condenada a 60 años de prisión por suponer que estuvo vinculada con una banda de secuestradores?

El pasado 8 de marzo en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que el gobierno de Calderón no iba a opinar sobre el caso y que respetaría las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo no fue así. Y el hecho de que se haya metido a opinar de última hora es prueba de que Calderón no está seguro de que el fallo de la Primera Sala en la Corte sea en sentido negativo y se deseche el proyecto, sino al contrario, es síntoma de temor de que los ministros pudieran votar por mayoría hoy mismo para que la ciudadana francesa pudiera obtener un amparo y su libertad absolutoria.

Sin embargo durante la gira que realizó por Papantla dijo que la justicia debe ponderar las garantías de los procesados “pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente”. Y vino el regaño al Poder Judicial cuando dijo que le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, que como su nombre lo indica, “es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí; pero también, y sobre todo, hacer justicia en México”.

Recalcó: “Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del derecho”, reclamó Calderón, golpeando a su muy personal estilo varias veces el atril con el puño cerrado. ¿Ha habido justicia en el caso de los miles de desaparecidos por la guerra de Calderón, por no hablar de los más de 70 mil muertos que lleva esa inútil lucha? Que le pregunten a Javier Sicilia que anda en Roma queriendo que el Papa se pronuncie al respecto ahora que venga a Guanajuato.

Lo cierto es que Calderón, al opinar sobre lo que deben tomar en cuenta los juzgadores de la Primera Sala en el caso Cassez, sus palabras cayeron muy mal en el Poder Judicial y entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes sigue tratando como menores de edad, al decirles que ‘nunca la interpretación de la ley’ deber ‘ser rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad’, lo que es algo muy parecido a las críticas que había venido haciendo en el sentido de que, mientras la PGR ‘detiene y detiene’ a los criminales, los jueces ‘los sueltan y los sueltan’.

Por lo pronto, el fallo del caso Cassez podría darse este día. En Francia hay una gran expectación por saber si las presiones del titular del Poder Ejecutivo podrán más que las evidencias puestas al descubierto por el ministro Zaldívar en su proyecto, de los vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia mexicanos. Hoy miércoles podría saberse.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Teoría del ‘árbol envenenado’

PAULINO CÁRDENAS 

Se dice que el proyecto que le fue encargado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la revisión del caso solicitada por la defensa de la acusada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual propone la libertad de Florence Cassez condenada a 60 años de prisión por participar supuestamente en varios secuestros cometidos por las banda de Los Zodiaco a la que las autoridades dicen que ella pertenecía, se basa en lo que se conoce jurídicamente como la teoría del ‘árbol envenenado’.

Esa teoría señala que si se viola o lesiona un derecho fundamental, extiende sus efectos a las demás pruebas aunque éstas pudieran ser lícitas, ya que ‘una hoja envenenada afecta a todo el árbol’ el cual configura el proceso judicial en su conjunto, lo que puede llevar a que éste quede invalidado en su totalidad. Esta teoría dejó de ser utilizada como referente en varios países en lo que respecta a procesos judiciales.

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban en su mayoría el proyecto de Zaldívar el próximo miércoles 21 de este mismo mes, eso sería un severo golpe para el gobierno de Felipe Calderón. Pero también lo sería para el gobierno de Vicente Fox, ya que fue durante su gestión cuando se dieron los hechos que inculpan a la joven ciudadana francesa.

Y en medio queda como principal figura de reclamo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien en el 2005, año en que se suscitó esa telenovela jurídico-policaca contra la joven francesa, era el mandamás de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Quedarían también en evidencia el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

Fue la AFI la que ejecutó entonces  el montaje con el que se pretendió hacer creer a los televidentes que los agentes entraron al rancho ‘Las Chinitas’ dizque a rescatar a los secuestrados y a detener a los plagiarios, cuando el hecho había sido un día antes. Se sabe que la acusada no estaba en ese lugar el día de los hechos e que incluso ni lo conocía ya que ella vivía provisionalmente en la casa principal del rancho propiedad de Israel Vallarta, con quien sostenía una relación sentimental y quien confesó, este sí, ser parte de la banda.

El proyecto plantea primordialmente diversas violaciones contra los derechos humanos de la acusada a quien le fue negada la posibilidad de darle aviso inmediato de su detención a su embajada, no haberle puesto un intérprete para su defensa, no haber sido llevada de inmediato al ministerio público a declarar y en cambio se le obligó a participar en una escena para repetir su supuesta detención porque Televisa no tenía la imagen, y una serie de inconsistencias y hoyos negros hasta la fecha sin resolver.

A esto se aúna otra serie de contradicciones y argumentos confusos los que, después de revisarlos en el enorme expediente del caso, el ministro Zaldívar, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, elaboró su proyecto el cual señala que durante el juicio se acreditaron diversas violaciones a los derechos básicos y al proceso mismo de la acusada, con pruebas y testimonios con las que fue sentenciada, que “carecen de fiabilidad”. Pero la hisrtoria es más complicada de lo que parece.

En su libro ‘A la sombra de mi vida’ que escribió en la cárcel y en el que narra los hechos desde su captura del 9 de diciembre de 2005, la joven francesa afirma que ella fue víctima de una venganza contra su hermano Sèbastiane, quien descubrió que su socio Eduardo Margolis, con quien importaba material para salones de belleza en México, se dedicaba al blindaje de vehículos y a proteger personajes importantes, también se dedicaba a negociar la liberación de personas secuestradas a cambio del pago de rescates.

Cuenta la acusada que su hermano le reclamó que por no haberle contado la verdad rompía la sociedad, lo que enervó al socio y la ruptura fue muy violenta. Florence presume que Margolis pudo haber jugado un papel preponderante en el caso que la tiene en la cárcel, por venganza, ya que guardaba muy buena relación con la AFI. Fue cuando Israel Vallarta, involucrado con la banda Los Zodiaco, apareció en su vida. Señala la francesa que, según versiones, el ex socio de su hermano habría sido agente del Mossad, la agencia de inteligencia isaraelí.

Habrá que ver en qué para el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, sobre el cual algunos vaticinan que empezará a provocar una ola de virulentos reproches y presiones para que no se apruebe. Por lo pronto se afirma que el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó a recibir amenazas por proponer la libertad de la joven francesa. En tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy confía en que habrá justicia para su conciudadana.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Politizan drama carcelario

PAULINO CÁRDENAS

Lo chistoso, por decirlo suavemente, es que hasta en el drama carcelario sucedido en Apodaca, Nuevo León, Felipe Calderón quiere sacar raja política al hablar de que esos sistemas penitenciarios que “están en crisis” se ubican en Tamaulipas y Nuevo León según hizo hincapié –entidades ambas gobernadas por priístas–, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haciéndole segunda, afirmó que en los penales federales no se ha registrado “ningún incidente” de ese tipo, queriendo hacer creer que estos son castillos de la pureza.

En la misma línea discursiva el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga, que todo ello obedece a la corrupción que impera en los penales no federales, al tiempo que recordó la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán –que se dio precisamente en la cárcel federal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en el 2001 al inicio de los regímenes panistas–, a quien, dijo, ‘alguien le abrió la puerta’, echándole de pasadita y de nueva cuenta la culpa de esa fuga al doctor Alejandro Gertz Manero, como sucedió el año pasado.

El hecho es que en las cárceles, locales, estatales o federales, siempre ha privado la corrupción propiciada principalmente por los cárteles de la droga y protegida por la impunidad oficial. De los avances de esos cárteles habló hace unos días el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al señalar que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad” y que en algunas regiones ya se apropió de las instituciones del Estado, afirmando que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”.

Lo que sucedió en Apodaca el pasado fin de semana –una masacre, una fuga masiva de reos, un incendio y decenas de heridos en un motin que no acaba de terminar–, es parte de ese dominio criminal que impera entre las bandas que se disputan el mando territorial en el país, y lo que sucede en los penales es apenas una réplica de ese esquema, en donde los más fuertes someten a los más débiles para imponer su ley.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, asesinaron a mansalva a tres secuestradores que acababan de ingresar unas horas antes a ese penal. Eran dos hombres y una mujer que fueron encarcelados bajo cargos de privación ilegal de la libertad. Pero en las primeras horas del martes fueron victimados por dos internos que utilizaron objetos punzocortantes. Ambos asesinos son convictos por delitos del fuero común, y eran procesado uno por robo con violencia, y otro por homicidio calificado. Ahora serán procesados por triple homicidio en primer grado.

Cada vez que hay un motín carcelario o riñas o muertes entre presidiarios –o se suscitan incendios deliberados como el sucedido hace unos días en un penal de Honduras–, salen las autoridades a hacer declaraciones justificatorias que de nada sirven para remediar el entuerto. Hacen diagnósticos, reconocen dos o tres verdades de a kilo, le echan la culpa a los gobiernos de la oposición, pero pasados los días y las cosas siguen igual, hasta que vuelven a repetirse un día los mismos hechos. En ese inter las autoridades le apuestan al olvido colectivo.

El caso de la corrupción que impera en los penales en México no es distinto al de otros países. La impunidad y los oídos sordos de las autoridades propician ese círculo vicioso Ningún gobierno, del color que sea, ha hecho nada por remediar ese mal ancestral y, como dijo don Teofilito, ni lo harán. Es un mal sistémico que no tiene remedio, por más demagogia que se tire en los discursos.

El Presidente presume que de las decenas de capos importantes que operan en México, las tres cuartas partes ya ha sido detenida. ¿Y? La violencia sigue tan rampante como si nada. El tráfico de drogas continúa igual o peor. El empoderamiento de los capos sigue creciendo. Lo de Apodaca es un claro ejemplo. La noticia de lo que ahí sucedió lo dice todo: 44 muertos corresponden a internos relacionados con el cártel del Golfo, mientras los 30 que están prófugos están vinculados con el cártel de Los Zetas.

Los muertos que hubo en la cárcel de Apodaca  –dicen que muchos de ellos fueron degollados, vaciados sus ojos y mutilados con armas punzocortantes para no ser reconocidos– para Calderón podría ser una buena noticia porque diría que qué bueno que se estén matando entre los mismos criminales. Por lo demás, se duda que la exigencia de la ONU para que investigue y castigue a quienes causaron esos dramas penitenciarios, sea resuelto por el gobierno federal de México, simplemente porque la bronca es del gobierno priísta de Nuevo León.

 pcardenscruz@yahoo.com.mx






Le tunden a García Luna

PAULINO CÁRDENAS

Al igual que su jefe el presidente Felipe Calderón, el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, parece andar en busca de hallar culpables para tratar de diluir las responsabilidades que le tocará asumir una vez que concluya el sexenio. Hace unos días, al presentar un libro de su autoría, en conferencia de prensa acusó a Alejandro Gertz Manero de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal de Puente Grande y de haber desmantelado las estructuras policiacas, lo que le ha valido una serie de duros cuestionamientos.

El propio legislador de Convergencia a quien señala dijo que el funcionario policial ‘se está dando un balazo en una pata” porque quien tenía vínculos con los carceleros era él cuando fue titular de la AFI durante el sexenio foxista. Por su parte el ex ministro de la Suprema Corte y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, señaló que las aseveraciones de García Luna “son una muestra más de su irresponsabilidad dentro y fuera de sus funciones, porque pretende justificar lo injustificable, como su fracaso durante los cinco años al frente de la SSP”.

Afirmó que esas aseveraciones “son imputaciones dolosas que atentan contra el honor, la intimidad y la buena fama de Gertz Manero, quien como titular de la entonces SSP federal mantuvo equilibrio en la seguridad pública de los ciudadanos de este país, que dista por mucho del fracaso de García Luna al frente de esa institución, la cual ha perdido toda credibilidad”, manifestó el legislador perredista.

Añadió que el secretario de Seguridad Pública, no es que estaba infiltrado por la delincuencia organizada, “sino era parte”, junto con su equipo de trabajo, “de una serie de funcionarios relacionados con los distintos cárteles de la droga” como el de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva, y La Familia Michoacana, entre otros. Tal es el caso de Edgar ‘Tigre’ Bayardo, y de su propio secretario particular, Mario Arturo Velarde Martínez, involucrado en cuestiones de narcotráfico; es decir, “tenía vínculos con Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, principal socio de ‘El Chapo’, aseveró el ex ministro.

García Luna se equivoca, agregó, porque el responsable real de la fuga de Guzmán Loera fue Wilfrido Robledo Madrid. “Por lo que se refiere a la imagen de la Policía Federal y del sistema de inteligencia, efectivamente se encuentran destruidos, pero no por Gertz Manero, sino por García Luna, quien viendo su falta de pericia, capacidad, profesionalismo y seguridad se dejó manipular por quien en verdad maneja la secretaría: Robledo Madrid. Los resultados están a la vista: más de 50 mil muertos; no hay un sistema de inteligencia que los impida, y tampoco un programa de prevención que los combata”.

A eso se expuso por echarle culpas a Gertz Manero el titular de la SSP federal, quien sin duda es el funcionario más consentido del gabinete calderonista, pero que con los legisladores de la oposición no la libra. En octubre pasado, durante su comparecencia en San Lázaro, el diputado Gerardo Fernández Noroña, de quien el funcionario es ‘cliente’, lo acusó de ser cómplice de ‘El Chapo’ Guzmán. En la misma sesión le cuestionó: “¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, donde están los traficantes de drogas, las casas de seguridad, dónde se mueve ‘El Chapo’, y la inteligencia de seguridad pública no sabe nada?”.

También lo acusó de gastar 118 millones de pesos en su promoción personal con la serie televisiva “El Equipo” –que pasó durante unas tres semanas en el canal 2 y que últimamente la han estado proyectando en el canal 5 de Televisa–, y amenazó con denunciarlo. El legislador federal michoacano fue más allá en sus señalamientos ese día, al subrayar que “no son patriotas quienes justifican el crimen y el asesinato, quienes han ensangrentado el territorio nacional, quienes justifican el asesinato de niños y niñas en retenes policíaco, quienes siembran el terror”, refiriéndose a las matanzas de la narcoguerra.

En Francia el tituar de la SSP federal es famoso por el montaje que hizo de la detención de Florence Cassez cuando era titular de la AFI, desde cuando inicia la pesadilla que ha vivido esa joven con cuya vida han querido acabar, por la serie de aberraciones ministeriales y judiciales en su contra, sin darle la oportunidad a que se defendiera como marca la ley. Ha trascendido que su detención y consignación habría sido producto de una venganza.

Sobre su caso hay un documental que acaba de ser exhibido en aquel país el cual ha causado una profunda indignación popular y gubernamental, no sólo contra García Luna sino contra el propio presidente Felipe Calderón. Hay otros eventos que no tardarán en salir a la luz pública, pero este de la francesa condenada a 60 años de prisión, sus allegados confían en que podría resolverse ‘en el próximo sexenio priísta’ porque en este “parece haber la consigna de dejarla podrir en la cárcel”. Después de ella, sus padres son los más afectados.

pcardenascruz@yahoo.com.mx