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La fuerte lucha por el poder militar

PAULINO CÁRDENAS

Mientras llega el desenlace de la lucha postelectoral en la que las izquierdas perdedoras no aceptan la derrota, por el lado de los altos mandos castrenses, entre el generalato sobre todo, existe otra lucha que está dejando de ser soterrada y empieza a ascender a la palestra pública. Se trata de una fuerte lucha para ver quién de entre los generales de cinco estrellas llega a alcanzar el poder militar y logra estar al mando del Ejército y de hecho de las Fuerzas Armadas, en el próximo sexenio que encabezará Enrique Peña Nieto, quien tendrá como asesor militar al general colombiano Oscar Naranjo cuyo gran mérito fue disminuir casi a cero el poder omnímodo del capo Pablo Escobar.

Es en medio de esa pelea de altos mandos castrenses en donde precisamente se ubica el caso del general Tomás Angeles Dauahare, arraigado por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque su aislamiento obedece más bien por haber criticado la fallida estrategia del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, en una reunión organizada por la Fundación Colosio y en la que estuvo presente el entonces candidato priísta. Como se sabe, el militar fue subsecretario de la Defensa Nacional en el arranque de este sexenio. Las imputaciones que le han hecho al general son falsas, dicen sus abogados.

Las acusaciones que le han hecho no se han podido demostrar, señalan. Una corresponde a un anónimo presentada en marzo del 2010, la cual se basa en tres declaraciones del testigo protegido ‘Jennifer’, y quien al final de cuentas “no le consta nada, dice que todo lo sabe a través de un tercero”, dicen los abogados del militar. Otra acusación, esta del testigo protegido ‘Mateo’, también resultó falsa. Este dijo haberle entregado en julio de 2008 cinco millones de dólares provenientes del cartel de los Beltrán Leyva, no obstante que su defensa demostró que en esas fechas su defendido estaba en Alemania.

Y por ahí van las ‘indagatorias’ del gobierno federal en contra del general arraigado, dando tumbos. Incluso hubo una reciente ‘acusación’ de otro testigo protegido, que lo responsabilizaba de haber promovido el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando Tomás Angeles Dauahare fue su director, la cual fue desechada por la PGR. Es una denuncia anónima que al verificarse verificar no resultó positiva, señaló la procuradora Marisela Morales. Dijo que esa acusación no forma parte de la investigación por la que el general se encuentra actualmente bajo arraigo.

Se da por hecho que al final de todo ese montaje contra quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional al inicio del sexenio calderonista, todo quedará en el ridículo nuevamente, como han sido los casos del famoso ‘michoacanazo’, del de ‘Greg’ Sánchez, el de la fracasada detención de Jorge Hank Rhon, el del anuncio de que habían atrapado al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, así como el caso su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que no pudo ser detenido no obstante el ‘pitazo’ que había dado la DEA a las autoridades mexicanas. Están también las acusaciones contra ex gobernadores priístas de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual hasta ahora tampoco ha podido demostrarse cabalmente. Se cree que el arraigo del general Angeles Dauahare acabará en lo mismo.

Pero este caso del general arraigado, quiérase o no, ha detonado dentro de los altos mandos del generalato de la Secretaría de la Defensa Nacional, una serie de pugnas y discusiones internas, en las que además de las que participan en su mayoría generales, también están opinando altos mandos de la Marina-Armada de México. En esas discusiones también hay voces de coroneles y capitanes y sus equivalentes en rango de la Marina. Pero el verdadero golpeteo está entre los generalotes de cinco estrellas que aspiran a suceder al general secretario Guillermo Galván. Aunque Angeles Dauahare se desmarcó de opinar, sin duda él podría saber quién sí es apto para el importante cargo.

Ahora bien, si la violencia será el componente central de la lucha política en el siguiente sexenio, y el objetivo básico, como se está viendo desde ahora, va a ser el querer desligitimar día a día al próximo mandatario de la nación de extracción priísta como sin duda lo hará una vez más López Obrador con sus huestes como lo hizo contra el panista Felipe Calderón cuando sufrió su primer derrota como aspirante presidencial, entonces es donde está el punto de la discusión y está encendido un foco rojo de latente inestabilidad para el país, ya que se tiene información de que a ese movimiento amlista, impulsado por el rencor, la frustración y el odio, pudieran sumársele grupos muy radicales resentidos con el sistema, e inlcuso hasta grupos armados que actúan en la clandestinidad.

¿Cuál será pues, el destino de México en el próximo sexenio, visto desde la óptica militar y en los términos de un escenario de violencia como el que se vislumbra habrá de gobernar Enrique Peña Nieto a partir de diciembre? Eso es justo lo que discuten y pelean en estos momentos los diferentes grupos del generalato, para tratar de imponer a ‘su’ candidato que sería el sucesor del general Galván, salido de una posible terna la designación que hará el mexiquense una vez que lo declaren Presidente Electo. Quien sea, no la tendrá nada fácil. Y menos con la experiencia del general Naranjo, quien aplacó los ímpetus delictivos nada más y nada menos que de Pablo Escobar.

@Paulinocomenta

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Janet pudo más que Galván

PAULINO CÁRDENAS

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, vino a sepultar lo dicho hace unos días por el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, quien durante la celebración de la Marcha de la Lealtad advirtió del rotundo fracaso de la estrategia de guerra de Calderón. La influyente funcionaria del gobierno de Barack Obama dijo en su visita a México que la fallida estrategia de guerra armada contra los cárteles de la droga “seguirá”, y no sólo eso, “sino que la vamos a profundizar y vamos a perseverar en ella”.

Esto significa una clara afrenta a lo expresado por el general secretario, quien tendrá que rumiar solo sus advertencias hechas de cara a la nación sobre el fracaso de la guerra que emprendió el mandatario panista contra las mafias, por lo que la seguridad interior del país está bajo grave amenaza, lo que equivale a un reconocimiento tácito de que la estrategia gubernamental contra el crimen organizado no ha funcionado no obstante que la señora Napolitano viene con la espada desenvainada a decir que la estrategia seguirá.

Resulta obvio que la influyente funcionaria norteamericana vino a México a tirar línea y a supervisar en corto lo que está haciendo el gabinete de seguridad de nuestro país, que se ha visto obligado a manejarse al compás que le tocan desde el Departamento de Estado norteamericano a través de la Iniciativa Mérida. El que paga quiere mandar. Lo dicho por el general Galván, de reconocer que la estrategia impuesta por la Casa Blanca y que ha seguido al pie de la letra el presidente Calderón, ha sido un rotundo fracaso, no gustó en Washington.

El general secretario habló aquel jueves 9 de febrero como ningún otro funcionario del gabinete de seguridad lo había hecho, incluido el Presidente que comanda las fuerzas armadas, al señalar que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado y diversificó sus poderosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado. De ahí que la visita de la funcionaria fue aprovechado por ésta para ponerle punto a las íes sobre la campaña contra el narcocrimen.

De esta manera, en esa fracasada guerra contra el narco México seguirá poniendo los muertos, mientras que en Estados Unidos el consumo de drogas continuará igual o peor. Para paliar este entuerto, la propia secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, dijo ayer en el Congreso de su país al tratar de defender el presupuesto para la Iniciativa Mérida, que México, junto con Colombia, ‘transitan por un periodo de intensiva inversión de capital en academias de policías, prisiones y tribunales, a equipo y entrenamiento’, como si ignorara la realidad que acontece en nuestro país. Y le volvió a echar flores a Calderón.

De poco sirven los elogios de las funcionarias de la Casa Blanca a favor del mandatario panista  en su lucha armada contra las mafias, cuando los mexicanos están más que conscientes del rotundo fracaso de su estrategia de guerra, que la señora Napolitano viene no sólo a defender sino a dictar la orden de que siga, desdeñando lo que dijo el general Guillermo Galván sobre el peligro que se cierne en México por el avance de los cárteles de la droga y su empoderamiento en el país.

En esta visita ya no hubo resistencia de parte del gobierno mexicano en aceptar que México pudiera ser trampolín de grupos extremistas islámicos, tema en el que ha venido insistiendo Janet Napolitano desde el año pasado, manifestando su temor de que alguno de los grupos pertenecientes a Al Qaeda pudieran establecer alianzas con alguno de los cárteles que operan en México para atacar instalaciones estratégicas norteamericanas, sugiriendo incluso el nombre de Los Zetas. En esta visita el tema salió a relucir.

El gobierno calderonista está dispuesto a colaborar con el de Estados Unidos para prevenir la presencia del terrorismo internacional en nuestro país. A la señora Napolitano se le preguntó si la firma de dicho convenio entre ambos países respondía a una preocupación del gobierno estadunidense porque la violencia en la frontera mexicana favoreciera el tránsito de terroristas hacia su país, y se limitó a responder que el documento se firmó “para prevenir” que eso pudiera ocurrir, a partir de la cooperación binacional.

Por cierto que fue criticada la Secretaría de Gobernación al dar por bueno lo que no dijo la señora Napolitano sobre ‘El Chapo’ Guzmán. La traductora achacó palabras a la funcionaria no dichas por ella y así se difundió a los medios, no obstante que a solicitud de su oficina, Gobernación se vio obligada a corregir el dislate y enviar por la noche la versión textual en inglés de la parte correspondiente a la equivocación que casi nadie atendió.

Así pues, la versión de que ‘El Chapo’ caerá como Osama Bin Laden, atribuido a Janet Napolitano, no se ajustó a la realidad. Plan con maña de un asunto que sonó más a sueño guajiro del gobierno calderonista. Otro más.

pcardenascruz@yahoo.com.mx




Politizan drama carcelario

PAULINO CÁRDENAS

Lo chistoso, por decirlo suavemente, es que hasta en el drama carcelario sucedido en Apodaca, Nuevo León, Felipe Calderón quiere sacar raja política al hablar de que esos sistemas penitenciarios que “están en crisis” se ubican en Tamaulipas y Nuevo León según hizo hincapié –entidades ambas gobernadas por priístas–, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haciéndole segunda, afirmó que en los penales federales no se ha registrado “ningún incidente” de ese tipo, queriendo hacer creer que estos son castillos de la pureza.

En la misma línea discursiva el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga, que todo ello obedece a la corrupción que impera en los penales no federales, al tiempo que recordó la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán –que se dio precisamente en la cárcel federal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en el 2001 al inicio de los regímenes panistas–, a quien, dijo, ‘alguien le abrió la puerta’, echándole de pasadita y de nueva cuenta la culpa de esa fuga al doctor Alejandro Gertz Manero, como sucedió el año pasado.

El hecho es que en las cárceles, locales, estatales o federales, siempre ha privado la corrupción propiciada principalmente por los cárteles de la droga y protegida por la impunidad oficial. De los avances de esos cárteles habló hace unos días el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al señalar que la delincuencia organizada le está generando “intrincados momentos” al país, enquistada “con la colaboración de la propia autoridad” y que en algunas regiones ya se apropió de las instituciones del Estado, afirmando que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”.

Lo que sucedió en Apodaca el pasado fin de semana –una masacre, una fuga masiva de reos, un incendio y decenas de heridos en un motin que no acaba de terminar–, es parte de ese dominio criminal que impera entre las bandas que se disputan el mando territorial en el país, y lo que sucede en los penales es apenas una réplica de ese esquema, en donde los más fuertes someten a los más débiles para imponer su ley.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, asesinaron a mansalva a tres secuestradores que acababan de ingresar unas horas antes a ese penal. Eran dos hombres y una mujer que fueron encarcelados bajo cargos de privación ilegal de la libertad. Pero en las primeras horas del martes fueron victimados por dos internos que utilizaron objetos punzocortantes. Ambos asesinos son convictos por delitos del fuero común, y eran procesado uno por robo con violencia, y otro por homicidio calificado. Ahora serán procesados por triple homicidio en primer grado.

Cada vez que hay un motín carcelario o riñas o muertes entre presidiarios –o se suscitan incendios deliberados como el sucedido hace unos días en un penal de Honduras–, salen las autoridades a hacer declaraciones justificatorias que de nada sirven para remediar el entuerto. Hacen diagnósticos, reconocen dos o tres verdades de a kilo, le echan la culpa a los gobiernos de la oposición, pero pasados los días y las cosas siguen igual, hasta que vuelven a repetirse un día los mismos hechos. En ese inter las autoridades le apuestan al olvido colectivo.

El caso de la corrupción que impera en los penales en México no es distinto al de otros países. La impunidad y los oídos sordos de las autoridades propician ese círculo vicioso Ningún gobierno, del color que sea, ha hecho nada por remediar ese mal ancestral y, como dijo don Teofilito, ni lo harán. Es un mal sistémico que no tiene remedio, por más demagogia que se tire en los discursos.

El Presidente presume que de las decenas de capos importantes que operan en México, las tres cuartas partes ya ha sido detenida. ¿Y? La violencia sigue tan rampante como si nada. El tráfico de drogas continúa igual o peor. El empoderamiento de los capos sigue creciendo. Lo de Apodaca es un claro ejemplo. La noticia de lo que ahí sucedió lo dice todo: 44 muertos corresponden a internos relacionados con el cártel del Golfo, mientras los 30 que están prófugos están vinculados con el cártel de Los Zetas.

Los muertos que hubo en la cárcel de Apodaca  –dicen que muchos de ellos fueron degollados, vaciados sus ojos y mutilados con armas punzocortantes para no ser reconocidos– para Calderón podría ser una buena noticia porque diría que qué bueno que se estén matando entre los mismos criminales. Por lo demás, se duda que la exigencia de la ONU para que investigue y castigue a quienes causaron esos dramas penitenciarios, sea resuelto por el gobierno federal de México, simplemente porque la bronca es del gobierno priísta de Nuevo León.

 pcardenscruz@yahoo.com.mx






Fracasó la narcoguerra

PAULINO CÁRDENAS

Lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional sobre el peligro que se cierne sobre México por el avance de los cárteles de la droga, abre un nuevo capítulo de la narcoguerra emprendida por el presidente Felipe Calderón, pero ahora abordándolo por el lado más oscuro de ese necio empeño que mal empezó y tal parece que mal irá a terminar. La disputa de hecho parece haber comenzado para saber quiénes tendrán que pagar los platos rotos de esa fallida guerra y a quiénes se les tendrá que cargar la cuenta de alrededor de 70 mil muertos o más al final del sexenio, o antes, como parece vislumbrarse desde ahora.

Lo que expresó en su discurso del pasado jueves el general Guillermo Galván, además de sorpresivo para los mexicanos que creían en el discurso oficial, viene a ser un verdadero parteaguas entre el idílico discurso rosa del ‘vamos ganando’ la guerra, y la verdad descarnada sobre esa inútil lucha armada contra las mafias decretada desde principio de su administración por el Presidente de la República en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuya estrategia le ha sido criticada de tiempo atrás porque sólo la anima el afán de querer acabar la violencia con más violencia.

Y no se trata como lo dijo Calderón, de invitar a pasar a los capos y ofrecerles un cafecito –aunque algunos dicen que si hay uno que goza de ese priviegio–, sino de darse cuenta de que el tiempo sexenal se agota y los resultados, lejos de ser animosos, son verdaderamente desconsoladores, sobre todo para las fuerzas castrenses que tiene que encarar todos los días a los sicarios al servicios de los capos, arriesgando por supuesto la vida. Este hecho desmoraliza a los efectivos castrenses que en varios casos han llegado al suicidio.

De un tiempo para acá, cuando sus asesores bélicos empezaron a ver que la guerra estaba prácticamente perdida, el mandatario panista empezó a manejar un discurso cuyo eje temático ha sido el de buscar corresponsables en todos los sectores de la sociedad para que hagan suya esa absurda guerra, diciendo que ‘hay gente que le reprocha a mi gobierno que combata a los criminales”, cuando lo que se le ha venido reprochando ha sido la necedad de no querer ni siquiera matizar o complementar su estrategia de guerra, lo cual lo ha llevado a un callejón sin salida.

La pregunta es ¿por qué el general Galván el día de la Marcha de la Lealtad, se atrevió a decir que las mafias le están generando “intrincados momentos” al país, enquistadas “con la colaboración de la propia autoridad”; que en algunas regiones ya se apropiaron de las instituciones del Estado, y que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado”, lo que es un tácito reconocimiento del fracaso de la guerra de Calderón?

¿Las fuerzas castrenses estarán hasta la madre de la sordera presidencial? ¿Será que no están de acuerdo en que se siga militarizando el país en aras de una necedad que no está llevando a ningún lado, y sí al desprestigio del Ejército y la Marina de cara a la nación? ¿Son tales las persiones de los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que exigen que se juzguen en tribunales civiles los casos de abusos y violaciones contra gente inocente por parte de mandos y efectivos de esas instituciones armadas?

La mayoría de las miles y miles de muertes a causa de los encuentros entre las fuerzas gubermantales armadas y los comandos que tienen a su servicio las mafias, se ubican principalmente en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, y el Estado de México. Evidentemente no son todas, aunque sí en donde ha habido el mayor número de muertos por la narcoguerra.

Otro filón de acusaciones contra mandos y efectivos del Ejército se refieren también a las desapariciones o “levantones”, secuestros y torturas, además de violaciones contra mujeres inocentes sobre todo, desastre más de hechos que de precepción, que se suma a los asesinatos que cotidianemente se dan en más del territorio nacional, junto con decapitaciones, tráfico de personas y gente que aparece mutilada o colgada en lugares públicos, hacen todo un escenario de terror donde el Ejército y la Marina quedan en medio.

Y como la estrategia oficial no cambia, el Presidente ordena seguir enviando más y más militares a cada foco de violencia que aparece un día sí y otro también, lo que a los mandos militares y marinos ya no les está pareciendo que se les esté usando de policías, por lo que el general Galván, con los tanates bien puestos, habría optado por hablar con la verdad, lo que no ha tenido su jefe supremo. ¿O hay algo más truculento detrás de ese preocupante discurso? Lo que es un hecho es que la guerra de Calderón fracasó. ¿Luego entonces qué sigue?

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Lo que dijo el General

PAULINO CÁRDENAS

Varias son las lecturas que se desprenden del discurso del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien con su sorpresiva declaración de que México está en grave peligro ante el avance de los capos le echó a perder el numerito al presidente Felipe Calderón, quien le quiso hacer al Francisco I. Madero en una costosa faramalla para la televisión montando a caballo en el Alcázar de Chapultpec para recordar la Marcha de la Lealtad del 9 de ferbero de 1913, lo que fue totalmente opacado por la contundente declaración de quien ha llevado gran parte de la responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada.

Dijo el titular de la Defensa que las mafias le están generando “intrincados momentos” al país, enquistadas “con la colaboración de la propia autoridad”; que en algunas regiones ya se apropiaron de las instituciones del Estado, y que “es evidente que en algunas latitudes el espacio de seguridad pública está totalmente rebasado” -cuando el mandatario panista lo venía negando-, señalando al final que el Presidente tiene toda su lealtad y reconocimiento, calificándolo incluso de un hombre ‘sensible, valiente y honesto’. Como que algo no checa en ese discurso que parece tener varios mensajes.

Incluso una de las reacciones de los senadores de la oposición fue la de Pablo Gómez, a quien le pareció extraña también esa declaración aparentemente alarmista y contraria a la versión oficial. Dijo que el secretario Galván debe una explicación al país, y si no la da, ‘hay que pedírsela’, pero lo que no puede hacerse es “interpretar lo que dicen los generales”. Estos jefes militares, sostuvo el perredista, “deben ser lo suficientemente claros”, porque, “¡cuidado con que empiecen con lenguajes crípticos!”, ya que “en el mundo se han visto muchos problemas a propósito de situaciones como ésas”.

Y es cierto. Para que el general Galván haya reconocido tácitamente que la estrategia en esa lucha contra los cárteles de la droga ha sido un fracaso, es porque algo hay detrás de esas declaraciones. Una lectura del mensaje del general secretario es que parece haber el temor que al Ejército le empiecen a cargar la cuenta de los miles y miles de muertos producto de la lucha anticrimen en la agresiva lucha contra los cárteles que emprendió Calderón desde el inicio de su sexenio, de la cual mucha de la responsabilidad ha recaído en los mandos y efectivos castrenses.

El asunto tendría que ver también con el final del sexenio. Y más específicamente con las preguntas que empiezan a surgir en diferentes frentes del país: ¿A quiénes le cargarán los muertos de esa guerra? ¿Al Ejército? ¿A la Marina? ¿A la SSP federal? ¿O solo al Presidente? Lo que es cierto es que los elementos de la Defensa han tenido que aportar sus propios muertos y el general Galván ha tenido que actuar con su gente haciendo labores policacas, de patrullajes en las calles o reforzando las operaciones en la lucha contra el narcotráfico.

Él sabe que esas tareas no le corresponde realizarlas el Ejército y si ha tenido que hacerlo es por mera disciplina militar ya que son la órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón. Pero la pregunta más candente que debe estar empezando a hacerle mella al general secretario es: ¿A quiénes se culpará de tantos miles y miles de muertos que ha cobrado esa guerra cuya estrategia, como el mismo General lo trazó en su discurso, ha sido un fracaso?  ¿Al Ejército?

En todo caso la explicación no sólo la debe dar Guillermo Galván a los mexicanos, sino Calderón, porque fue él quien le declaró la guerra a los cárteles de la droga desde que llegó al mando sin consultarle a nadie y sin saber los riesgos a los que se enfrentaría, todo en un afán de congraciarse con la población después que Andrés Manuel López Obrador y sus huestes cuestionaron su triunfo en las elecciones del 2006 que lo llevó a ocupar la Presidencia con una victoria ensombrecida por la duda.

Por lo pronto el Presidente anda repitiendo su discurso necio en el que sólo él cree, el que volvió a decir en Tecámac. Estado de México, de que “hay gente que le reprocha a mi gobierno que combata a los criminales”, lo cual es algo que sólo está en su belicosa mente porque, que se sepa, nadie ha dicho eso. Y queriendo hacerse el gracioso pregunta: “¿Qué querían que hiciera? ¿Que los invitara a pasar o que les invitara un cafecito o qué?” Así anda de delirante su belicofilia en cada lugar que se para.

Todo mundo sabe que los cárteles de la droga no trabajan solos. Y no es creíble que en más de cinco años de guerra, lejos de disminuir se han empoderado aún más los capos de la droga. ¿De qué se ha tratado todo  entonces? Como sea, el caso es que lo dicho por el general Galván resulta muy preocupante. ¿O estará preparándose el terreno para algo más espeluznante que pudiera venir? ¿Acaso el gobierno de México le pedirá ayuda a los ‘marines’ y a los ‘rangers’ norteamericanos? ¿En vísperas de las elecciones federales?

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Juicio contra Calderón

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno que encabeza Felipe Calderón niega que la política de seguridad y la lucha que emprendió contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado no constituyen un crimen internacional ya que sus acciones están apegadas a derecho, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la demanda que será interpuesta el 25 noviembre en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el mandatario panista y varios de sus colaboradores e incluso contra capos como Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa.

Otros de los funcionarios del gabinete calderonista que serán acusados son Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; los secretarios Guillermo Galván Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez Mendoza, de la Marina-Armada de México, y otras autoridades civiles y militares, así como narcotraficantes de los divesos cárteles que operan en México, que resulten responsables de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos que se han dado en México durante la presente administración por esa lucha armada.

Un grupo de académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, se avocó a recopilar información e integrar la demanda que será presentada en la Corte Penal Internacional, interpretando el sentir de decenas de miles y seguramente millones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por esa guerra o que están hartas de tanto baño de sangre, por una estrategia que no ha querido ser cambiada por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, contra quien están emplazadas principalmente las baterías en torno a ese pliego acusatorio.

Arguyen los promotores de ese juicio que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añaden: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.

Además de señalar –en un documento que se hizo público esta semana–, que Calderón “ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica” y que  “es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades”, hacen un recuento de esta controvertida política de Estado y de sus consecuencias.

En el mismo se señala que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano emprendió la lucha contra las mafias, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos. Agregan que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.

La narcoguerra ha dejado alrededor de 120,000 personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, expresa el documento y añade que  la situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable y dan esta cifra: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a través de un comunicado que se ha impulsado la protección de los derechos humanos con la promulgación en junio pasado de una reforma, con la que se da rango constitucional a todos los tratados internacionales en la materia ratificados por México. “El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos”.

Afirma que las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad están enfocadas en detener a las organizaciones criminales y evitar la violencia que generan en el país. El gobierno calderonista cree que no procederá en la Corte de La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad. Los demandantes consideran que sí. Mientras tanto, el número de muertos por esa guerra se sigue incrementando en el país.

En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html se continúan recibiendo firmas de adhesión a este juicio en contra de esa guerra y sus consecuencia y contra quienes resulten responsables, bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.

pcardenascruz@yahoo.com.mx



El apuro del general

PAULINO CÁRDENAS

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, instó a los integrantes del Congreso de la Unión a que aprueben otra legislación emergente como parte de la Ley de Seguridad Nacional, que defina los márgenes de responsabilidad de mandos y efectivos castrenses en las acciones ordenadas contra el narcotráfico por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y se cierre la brecha de vulnerabilidad de efectivos y mandos militares ante posibles acusaciones por violaciones circunstanciales o deliberadas de derechos humanos contra civiles, mismas  que pudieran cobrar relevancia ante tribunales internacionales al término del sexenio o antes.

De por sí ya hay preocupación entre las filas castrenses por el reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las violaciones de militares contra los derechos fundamentales de civiles tendrán que dirimirse en tribunales del fuero común y no militar, lo que resultó un coto contra las Fuerzas Armadas que, aunque deberá ser acatado ese ordenamiento, en voz baja los mandos se han venido quejando de que, si bien deben cumplir las órdenes de sus superiores contra la criminalidad organizada –un rol que constitucionalmente en estricto rigor no les corresponde–, requieren también de que se les defina legal y constitucionalmente su ámbito de responsabilidades.

No necesariamente querrían una patente de corso para actuar contra la delincuencia organizada pero sí que tengan la certeza de que en el recuento final de la fallida guerra contra el narco al término del sexenio, no sea el Ejército la única instancia que cargue con la gave responsabilidad de pagar los platos rotos de esa necia lucha que ha dejado alrededor de 55 mil muertos y desaparecidos en casi cinco años de lucha, la cual sin medir sus consecuencias fue lanzada por el Presidente desde que asumió el cargo en diciembre de 2006.

El apuro del general no es gratuito. Es porque el tiempo sexenal sigue corriendo y se acorta cada vez más y, como en el caso de su jefe supremo, no quiere que ante los ojos de la sociedad, que siempre ha manifestado admiración y respeto por el Ejército mexicano y en general por las Fuerzas Armadas, éstas se vayan por los suelos a la hora de repartir culpas, sobe todo cuando venga el parte de guerra final.

Por ello, durante la ceremonia de apertura y clausura de cursos del sistema educativo castrense celebrada en el Heroico Colegio Militar, el general Galván señaló: “No es una obstinación; es una necesidad ingente” regular la actuación de los militares en labores de seguridad pública.

Es obvio que para él y los demás mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, resulta necesario definir cuanto antes los términos de legalidad en lo que respecta a la actuación de los efectivos castrenses designados para combatir a los sicarios de las mafias, pero también para que se demarque el grado de responsabilidad de su actuación bélica, ya que los soldados de tropa y militares de grado están adiestrados primordialmente para aniquilar al enemigo y no para andarse por las ramas cuando lo tienen enfrente.

Sin embargo, los efectivos castrenses eventualmente son acusados de violar los derechos humanos y garantías de la población civil cuando están de servicio antes, durante o después de las incursiones y escarceos armados que se dan a diario en distintas partes del país, lo cual ha sido documentado por familiares de las víctimas o por estas mismas, quienes son atendidas a través de la Comsión Nacional de Derechos Humanos o por los organismos no gubernamentales internacionales avocados para ello.

Lo que apruebe el Legislativo sería estrictamente observado por ese instituto armado ha dicho el general secretario, ya que lo que importa es que los elementos de las Fuerzas Armadas tengan certidumbre jurídica de sus actuaciones y un marco de referencia legal para no correr el riesgo de actuar fuera de la ley.

Habrá que ver si esta vez los diputados priístas le hacen caso al general Galván, porque hace unos meses, casi al final del anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso, de manera soterrada surgieron dichos en el sentido de que diputados priístas habrían recibido amenazas de que, si no aprobaban la minuta como lo había hecho el Senado de la República, saldrían a la luz ‘expedientes negros’ de personajes del tricolor que estaban siendo preparados por la PGR, como de hecho sucedió después de posponerse la aprobación.

No obstante, para quienes han venido criticando la militarización del país, consideran que esa presión del Ejército al Legislativo es con el fin de tener manga ancha bajo el amparo legal, no sólo en sus acciones contra los capos y sus sicarios, sino para actuar con toda libertad contra las amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, incluido tomar el mando si se llegara a decretar el estado de excepción en cualquier entidad de la República ante el acoso de los delincuentes organizados o del  narcoterrorismo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx