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La fuerte lucha por el poder militar

PAULINO CÁRDENAS

Mientras llega el desenlace de la lucha postelectoral en la que las izquierdas perdedoras no aceptan la derrota, por el lado de los altos mandos castrenses, entre el generalato sobre todo, existe otra lucha que está dejando de ser soterrada y empieza a ascender a la palestra pública. Se trata de una fuerte lucha para ver quién de entre los generales de cinco estrellas llega a alcanzar el poder militar y logra estar al mando del Ejército y de hecho de las Fuerzas Armadas, en el próximo sexenio que encabezará Enrique Peña Nieto, quien tendrá como asesor militar al general colombiano Oscar Naranjo cuyo gran mérito fue disminuir casi a cero el poder omnímodo del capo Pablo Escobar.

Es en medio de esa pelea de altos mandos castrenses en donde precisamente se ubica el caso del general Tomás Angeles Dauahare, arraigado por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque su aislamiento obedece más bien por haber criticado la fallida estrategia del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, en una reunión organizada por la Fundación Colosio y en la que estuvo presente el entonces candidato priísta. Como se sabe, el militar fue subsecretario de la Defensa Nacional en el arranque de este sexenio. Las imputaciones que le han hecho al general son falsas, dicen sus abogados.

Las acusaciones que le han hecho no se han podido demostrar, señalan. Una corresponde a un anónimo presentada en marzo del 2010, la cual se basa en tres declaraciones del testigo protegido ‘Jennifer’, y quien al final de cuentas “no le consta nada, dice que todo lo sabe a través de un tercero”, dicen los abogados del militar. Otra acusación, esta del testigo protegido ‘Mateo’, también resultó falsa. Este dijo haberle entregado en julio de 2008 cinco millones de dólares provenientes del cartel de los Beltrán Leyva, no obstante que su defensa demostró que en esas fechas su defendido estaba en Alemania.

Y por ahí van las ‘indagatorias’ del gobierno federal en contra del general arraigado, dando tumbos. Incluso hubo una reciente ‘acusación’ de otro testigo protegido, que lo responsabilizaba de haber promovido el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando Tomás Angeles Dauahare fue su director, la cual fue desechada por la PGR. Es una denuncia anónima que al verificarse verificar no resultó positiva, señaló la procuradora Marisela Morales. Dijo que esa acusación no forma parte de la investigación por la que el general se encuentra actualmente bajo arraigo.

Se da por hecho que al final de todo ese montaje contra quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional al inicio del sexenio calderonista, todo quedará en el ridículo nuevamente, como han sido los casos del famoso ‘michoacanazo’, del de ‘Greg’ Sánchez, el de la fracasada detención de Jorge Hank Rhon, el del anuncio de que habían atrapado al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, así como el caso su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que no pudo ser detenido no obstante el ‘pitazo’ que había dado la DEA a las autoridades mexicanas. Están también las acusaciones contra ex gobernadores priístas de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual hasta ahora tampoco ha podido demostrarse cabalmente. Se cree que el arraigo del general Angeles Dauahare acabará en lo mismo.

Pero este caso del general arraigado, quiérase o no, ha detonado dentro de los altos mandos del generalato de la Secretaría de la Defensa Nacional, una serie de pugnas y discusiones internas, en las que además de las que participan en su mayoría generales, también están opinando altos mandos de la Marina-Armada de México. En esas discusiones también hay voces de coroneles y capitanes y sus equivalentes en rango de la Marina. Pero el verdadero golpeteo está entre los generalotes de cinco estrellas que aspiran a suceder al general secretario Guillermo Galván. Aunque Angeles Dauahare se desmarcó de opinar, sin duda él podría saber quién sí es apto para el importante cargo.

Ahora bien, si la violencia será el componente central de la lucha política en el siguiente sexenio, y el objetivo básico, como se está viendo desde ahora, va a ser el querer desligitimar día a día al próximo mandatario de la nación de extracción priísta como sin duda lo hará una vez más López Obrador con sus huestes como lo hizo contra el panista Felipe Calderón cuando sufrió su primer derrota como aspirante presidencial, entonces es donde está el punto de la discusión y está encendido un foco rojo de latente inestabilidad para el país, ya que se tiene información de que a ese movimiento amlista, impulsado por el rencor, la frustración y el odio, pudieran sumársele grupos muy radicales resentidos con el sistema, e inlcuso hasta grupos armados que actúan en la clandestinidad.

¿Cuál será pues, el destino de México en el próximo sexenio, visto desde la óptica militar y en los términos de un escenario de violencia como el que se vislumbra habrá de gobernar Enrique Peña Nieto a partir de diciembre? Eso es justo lo que discuten y pelean en estos momentos los diferentes grupos del generalato, para tratar de imponer a ‘su’ candidato que sería el sucesor del general Galván, salido de una posible terna la designación que hará el mexiquense una vez que lo declaren Presidente Electo. Quien sea, no la tendrá nada fácil. Y menos con la experiencia del general Naranjo, quien aplacó los ímpetus delictivos nada más y nada menos que de Pablo Escobar.

@Paulinocomenta

Fuerzas castrenses contra fantasmas

PAULINO CÁRDENAS

Los mandos castrenses mexicanos y su jefe máximo no ignoran el antiguo caso de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla detenido en 1974 en un retén militar en Guerrero, y que años después fue revivida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual más tarde la Corte Internacional de Derechos Humanos falló, el sexenio pasado, en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.

Con ese antecedente, más las presiones de los órganos internacionales de justicia, habrá que ver si los generales del Ejército Mexicano y los almirantes de la Marina Armada de México, en lo que se regula el fuero militar, aguantan la presión de seguir combatiendo contra los sicarios de la droga en el país, teniendo encima las fuerzas castrenses a los fantasmas de Derechos Humanos que los perseguirán a donde quiera que tengan que actuar contra los capos del narco.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos no gubernamentales, le han hecho señalamientos al gobierno mexicano sobre presuntas violaciones a los derechos de civiles por parte de militares en la lucha que las fuerzas castrenses sostienen contra el narcotráfico. Incluso la CIDH le ha señalado al gobierno que esas faltas deben ser investigadas y procesadas por leyes civiles y no por el código militar.

De ahí que con carácter de urgente fue elaborada una iniciativa para regular el fuero militar que pretende dejar a salvo la actuación de los militares y marinos en lo que se refiere a los ‘daños colaterales’, es decir a los atropellos contra gente inocente en la  lucha que sostienen las Fuerzas Armadas contra los capos mexicanos de la droga. Con la pretendida reforma, las presuntas violaciones que le achacan a algunos mandos, grados y tropa quedarían justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores por parte de órganos internacionales de justicia.

Ha habido acusaciones formuladas por familiares de víctimas que han sufrido abusos de autoridad, violaciones, asesinatos o desapariciones forzadas, las cuales han sido elevadas a la consideración de la CIDH y a la propia Corte Internacional de Derechos Humanos. Sólo unos cuantos casos han sido juzgados, pero por el fuero militar. Organismos como la CIDH y la Corte Internacional de Derechos Humanos propugnan que los agravios de militares contra civiles, sean juzgados en tribunales civiles.

La pretendida reforma al Código Militar –cuya iniciativa se presentará hasta septiembre próximo según lo adelantó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el jueves pasado–, sería vinculatoria con la Nueva Ley de Seguridad Nacional, cuyo dictamen será analizado esta semana. De esta manera los presuntos abusos, violaciones o asesinatos de civiles a manos del Ejército y la Marina que se hubiesen cometido a lo largo de los más de tres años que lleva el combate al narcotráfico, pasarían a ser cosa juzgada.

El primer paso era apurar, como así sucedió la noche del pasado jueves, la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, la cual iría amarrada con la iniciativa de reforma al Código Militar que ya era esperada en el Legislativo pero que será enviada hasta septiembre. Pero mientras eso no suceda el temor entre las fuerzas castrenses sigue de manifiesto. “Ya tengo resistencias de generales a participar” en el combate al narcotráfico, “porque carecemos de protección” ante Derechos Humanos, dijo hace dos lunes a los senadores el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván.

Por lo pronto la preocupación la comparten los responsables de mayor rango no sólo del Ejército y la Marina, sino también del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón. Como sea, las fuerzas castrenses no sólo habrán de seguir luchando contra el narco sino también contra los fantasmas de los derechos humanos.