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La fuerte lucha por el poder militar

PAULINO CÁRDENAS

Mientras llega el desenlace de la lucha postelectoral en la que las izquierdas perdedoras no aceptan la derrota, por el lado de los altos mandos castrenses, entre el generalato sobre todo, existe otra lucha que está dejando de ser soterrada y empieza a ascender a la palestra pública. Se trata de una fuerte lucha para ver quién de entre los generales de cinco estrellas llega a alcanzar el poder militar y logra estar al mando del Ejército y de hecho de las Fuerzas Armadas, en el próximo sexenio que encabezará Enrique Peña Nieto, quien tendrá como asesor militar al general colombiano Oscar Naranjo cuyo gran mérito fue disminuir casi a cero el poder omnímodo del capo Pablo Escobar.

Es en medio de esa pelea de altos mandos castrenses en donde precisamente se ubica el caso del general Tomás Angeles Dauahare, arraigado por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque su aislamiento obedece más bien por haber criticado la fallida estrategia del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, en una reunión organizada por la Fundación Colosio y en la que estuvo presente el entonces candidato priísta. Como se sabe, el militar fue subsecretario de la Defensa Nacional en el arranque de este sexenio. Las imputaciones que le han hecho al general son falsas, dicen sus abogados.

Las acusaciones que le han hecho no se han podido demostrar, señalan. Una corresponde a un anónimo presentada en marzo del 2010, la cual se basa en tres declaraciones del testigo protegido ‘Jennifer’, y quien al final de cuentas “no le consta nada, dice que todo lo sabe a través de un tercero”, dicen los abogados del militar. Otra acusación, esta del testigo protegido ‘Mateo’, también resultó falsa. Este dijo haberle entregado en julio de 2008 cinco millones de dólares provenientes del cartel de los Beltrán Leyva, no obstante que su defensa demostró que en esas fechas su defendido estaba en Alemania.

Y por ahí van las ‘indagatorias’ del gobierno federal en contra del general arraigado, dando tumbos. Incluso hubo una reciente ‘acusación’ de otro testigo protegido, que lo responsabilizaba de haber promovido el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando Tomás Angeles Dauahare fue su director, la cual fue desechada por la PGR. Es una denuncia anónima que al verificarse verificar no resultó positiva, señaló la procuradora Marisela Morales. Dijo que esa acusación no forma parte de la investigación por la que el general se encuentra actualmente bajo arraigo.

Se da por hecho que al final de todo ese montaje contra quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional al inicio del sexenio calderonista, todo quedará en el ridículo nuevamente, como han sido los casos del famoso ‘michoacanazo’, del de ‘Greg’ Sánchez, el de la fracasada detención de Jorge Hank Rhon, el del anuncio de que habían atrapado al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, así como el caso su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que no pudo ser detenido no obstante el ‘pitazo’ que había dado la DEA a las autoridades mexicanas. Están también las acusaciones contra ex gobernadores priístas de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual hasta ahora tampoco ha podido demostrarse cabalmente. Se cree que el arraigo del general Angeles Dauahare acabará en lo mismo.

Pero este caso del general arraigado, quiérase o no, ha detonado dentro de los altos mandos del generalato de la Secretaría de la Defensa Nacional, una serie de pugnas y discusiones internas, en las que además de las que participan en su mayoría generales, también están opinando altos mandos de la Marina-Armada de México. En esas discusiones también hay voces de coroneles y capitanes y sus equivalentes en rango de la Marina. Pero el verdadero golpeteo está entre los generalotes de cinco estrellas que aspiran a suceder al general secretario Guillermo Galván. Aunque Angeles Dauahare se desmarcó de opinar, sin duda él podría saber quién sí es apto para el importante cargo.

Ahora bien, si la violencia será el componente central de la lucha política en el siguiente sexenio, y el objetivo básico, como se está viendo desde ahora, va a ser el querer desligitimar día a día al próximo mandatario de la nación de extracción priísta como sin duda lo hará una vez más López Obrador con sus huestes como lo hizo contra el panista Felipe Calderón cuando sufrió su primer derrota como aspirante presidencial, entonces es donde está el punto de la discusión y está encendido un foco rojo de latente inestabilidad para el país, ya que se tiene información de que a ese movimiento amlista, impulsado por el rencor, la frustración y el odio, pudieran sumársele grupos muy radicales resentidos con el sistema, e inlcuso hasta grupos armados que actúan en la clandestinidad.

¿Cuál será pues, el destino de México en el próximo sexenio, visto desde la óptica militar y en los términos de un escenario de violencia como el que se vislumbra habrá de gobernar Enrique Peña Nieto a partir de diciembre? Eso es justo lo que discuten y pelean en estos momentos los diferentes grupos del generalato, para tratar de imponer a ‘su’ candidato que sería el sucesor del general Galván, salido de una posible terna la designación que hará el mexiquense una vez que lo declaren Presidente Electo. Quien sea, no la tendrá nada fácil. Y menos con la experiencia del general Naranjo, quien aplacó los ímpetus delictivos nada más y nada menos que de Pablo Escobar.

@Paulinocomenta

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Guerra en México ‘de baja intensidad’

PAULINO CÁRDENAS

Mientras los reflectores estuvieron los últimos tres meses puestos en las campañas de los aspirantes presidenciales, la criminalidad se acentuó en el país. En tanto la atención informativa estuvo en el proceso electoral, en el día del sufragio y en las discusiones posteriores que sin duda seguirán, varios medios de influencia internacional, respecto del combate al crimen organizado, han empezado a hablar de que en México hay una guerra ‘de baja intensidad’. La estela de violencia y sangre se ha extendido de manera alarmante. La cifra de víctimas mortales por la llamada guerra de Calderón, debe andar por los 80 mil o más. Con el recuento y relatoría de hechos sangrientos en ese lapso se podría hacer un libro del tamaño de un grueso directorio telefónico.

Mientras los medios andaban atentos a lo que decían los candidatos, en varias entidades del país se registraron toda una serie de hechos sangrientos: ejecuciones, decapitados, colgados, enfrentamientos, torturas, cadáveres mutilados, descuartizados y aventados en la vía pública, fusilamientos, mandos policiacos ultimados e incluso varios periodistas y hasta una alcaldesa ejecutados, así como el estallido de granadas y de coches-bomba en instalaciones policiales y ministeriales, provocando terror y miedo entre la población. Toda una página negra escrita en tan solo tres meses, dentro de la larga historia de violencia y muerte que ha habido en el gobierno calderonista.

¿A qué le llaman una guerra ‘de baja intensidad’?  Unaa definición de carácter bélico señala que son estrategias militares de un gobierno, para combatir revoluciones, movimientos de liberación o cualquier conflicto que amenace los intereses de una nación, que en este caso sería México con la guerra de Calderón contra el narcotráfico, cuyas bandas podrían estar ligadas a grupos subversivos como a alguna guerrilla o a alguna de las células islámicas de Al Qaeda. Obvio que de esto nada se dirá por ningún motivo a los mexicanos si así fuese. Pero es algo que subyace en el ánimo de algunas instancias de alta jerarquía y tomas de decisión.

Es el caso de a secretaria de Seguridad Interior norteamericana, Janet Napolitano, quien no ha quitado el dedo del renglón en ese sentido. Y no es para menos, ya que la venganza que han jurado los integrantes del movimiento que fundó Osama Bin Laden a la muerte de éste, tiene en permanente alerta a Washington y sobre todo al Pentágono, en virtud de que no descartan que los cárteles mexicanos ya tengan vínculos con grupos extremistas islámicos como Al Qaeda. La señora Napolitano sospecha del más temido de los cárteles que operan en México, en el que entre sus mandos, dicen, se ha escuchado afirmar: ‘Venceremos porque somos los más fuertes’.

Pero la verdadera preocupación que tienen en la Casa Blanca es que Calderón no ha podido, ni con el apoyo de las Fuerzas Armadas, someter al narco, a causa de lo que es obvio: la corrupción e impunidad que prevalecen entre diversos mandos del Ejército y la Armada, ya no se diga de las Policías federal, estatales y municipals, que han hecho imposible acabar con ese flagelo o al menos ver disminuídas sus actividades en nuestro territorio. Es una preocupación mayúscula por la vecindad entre ambas naciones, ya que la inteligencia norteamericana sabe además que en la clase política hay ‘padrinos’ que protegen a los capos y a muchos de sus operadores.

A eso hay que agregarle casos como el de ‘Rápido y Furioso’ de trasiego ilegal de armas que han quedado en manos de la criminalidad organizada que opera en México, hecho que por lo pronto ha puesto en jaque al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y al propio mandatario de aquel país, Barack Obama, por las acusaciones de su propio Congreso y en donde el gobierno de México ha estado muy calladito a sabiendas que ese tráfico illegal de armas se ha venido realizando por nuestras fronteras.

Esa guerra ha colocado al Ejército y la Armada en un predicamento, ya que por órdenes de su jefe supremo sus tropas han sido obligadas a entarle a esa guerra. Su prestigio ya quedó maltrecho por las derrotas que no han merecido o las victorias que no han conseguido, ante los grupos contrarios que sirven a las bandas criminales con mejor armamento y muchas veces con mejores tácticas. La causa ha sido la evidente falta de coordinación entre las Fuerzas Armada, las Policías federal y locales y, peor aún, por la ineficiencia e ineficacia de la inteligencia anticrimen que ha sido un fracaso en esa lucha.

A Calderón le queda muy poco tiempo para tratar de hacer lo que no pudo en cinco años y medio de gestión combativa contra la mafias. Ese grave problema se lo heredará a Enrique Peña Nieto, quien tendrá que establecer, como ya lo dijo, una nueva estrategia de combate al crimen organizado. Ojalá al ganador de la contienda electoral no se le ocurra vestirse con traje verdeolivo como su antecesor, y en lugar de ocuparse de la guerra, él sí actúe con una verdadera visión de jefe de Estado, ocupándose  de los problemas que se abaten sobre el país y sobre todos los mexicanos.

@Paulinocomenta

Oootra superpifia del gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

Por lo que se ve el gobierno del presidente Felipe Calderón quiere entrar a como dé lugar al libro de Récords Guinnes, como el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que ha acumulado el mayor número de pifias, al querer atrapar a presuntos criminales que supuestamente trabajan para los cárteles de la droga o a los capos mismos. Con tanto fracaso acumulado en esa materia, queda de manifiesto que los costosos y fastuosos aparatos de inteligencia mexicanos y la carabina de Ambrosio, disparan para el mismo lado. Lo peor es que la DEA ha colaborado con parte de esas farsas con las que se han querido hacer los  montajes mediáticos que han resultado un fiasco.

El último ejemplo lo significó la noticia con la que quiso impactar a la opinión pública el gobierno federal panista, justo en víspera de las elecciones, de que habían atrapado al hijo de Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo considerado el capo más buscado del mundo, lo que resultó otro ridículo más al querer sorprender a los mexicanos con una noticia que resultó otra mentira, lo que acabó siendo desastroso para Calderón al haberle salido el tiro por la culata. Para muchos suspicaces la noticia, desde que se originó, pareció manipulada y falta de veracidad.

La razón es que se sabe de sobra que ‘El Chapo’ es el consentido, no sólo del gobierno de Calderón, sino del que le antecedió, el de Vicente Fox, durante el cual se dio ‘la fuga’ del líder del cártel de Sinaloa, cuando salió a relucir –en el libro de Anabel Hernández ‘Los Señores del Narco’ se narran los detalles–, que todo fue obra de la vil corrupción, del cohecho, de millones de dólares que repartió entre varios funcionarios de medio pelo hasta los de tupido bigote, para salir aquel 19 de enero de 2001 caminando tranquilo por la puerta grande de la cárcel ‘de alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco.

En febrero pasado, en ocasión del ensayo general previo a la reunión internacional del G-20 que acaba de efectuarse en Los Cabos,  Baja California Sur, en el que estuvo como máxima figura la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton,  coincidió que el capo más buscado del mundo estaba también pasando unos días de descanso en aquel paradisíaco lugar en una casona a la orilla de mar –se dice que muy bien acompañado por una dama con buena fama de cumplidora en sus servicios especiales–, y la DEA, como ahora, le dio el ‘pitazo’ a la Marina para que fuera a detener de inmediato a Guzmán Loera.

Si bien los servicios de inteligencia de ese organismo antinarcóticos habrían sido eficientes, los que no lo fueron estaban del lado de los mandos de la Marina-Armada de México, cuyo equipo de élite que fue enviado para detener al capo llegó al lugar, pero ya ‘El Chapo’ había huido. Se dice que hubo un ‘pitazo’ que alertó a sus guardaespaldas y que por eso no alcanzaron a capturarlo esa vez en Los Cabos. Algo similar sucedió hace unas semanas con su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Informes de la DEA habían dado el ‘pitazo’ a las autoridades mexicanas de que podían atrapar al fugitivo narcotraficante en una zona localizada en los límites de Sinaloa y Durango.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa señalaron que el socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró huir junto con al menos otras diez pistoleros que lo custodiaban. La tarea había sido encargada a un grupo de élite de la Secretaría de Marina. Se dice que estuvieron ‘a un pelito’ de atraparlo, pero el famoso capo resultó ser más vivo que quienes pretendían ser sus captores o le avisaron a tiempo que iban por él y eso alertó a su lugarteniente y sus custodios.

Todos recuerdan el hilarante caso de Jorge Hank Rhon, en donde el Ejército mexicano irrumpió en su casa dentro del Hipódromo de Tijuana y lo detuvieron en junio del año pasado. La incursión se debió a una denuncia ciudadana. El Ejército encontró en el inmueble 50 armas, 25 de las cuales eran largas y las otras 25 eran cortas y de cacería. Hank, ex alcalde de Tijuana de 2004 a 2006, fue detenido junto con su personal que custodiaba el lugar, pero todo acabó en un rotundo fracaso y en una tomadura de pelo. Eso por no hablar del ‘michoacanazo’, de triste memoria.

Otros asuntos que están en veremos son las detenciones de los generales y las acusaciones contra ex gobernadores de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual se cree que acabarán en lo mismo, por lo cual sí es probable que Guinnes mande a certificar el número de pifias y fracasos en material de combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno de Calderón, para que entre con mención honorífica a su famoso libro de récords.

@Paulinocomenta

Prevén posibles brotes de violencia

PAULINO CÁRDENAS

Este miércoles terminan las campañas de proselitismo político de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República, cuyo destino quedará sellado el próximo domingo cuando se celebren los comicios federales para elegir al sucesor del panista Felipe Calderón. Respecto al ambiente que podría prevalecer antes de las elecciones, durante la jornada electoral y el día después, resulta impredecible lo que pudiera suceder, aunque hay indicios que hacen temer que pudiera haber disturbios, conatos de violencia física e incluso broncas que pudieran desembocar en hechos de sangre, por las pasiones que podrían desatarse por parte más de unos que de otros seguidores de sus respectivos candidatos, que darían comienzo en la capital de la República.

Desde el pasado fin de semana se ha visto el despliegue de integrantes de la Fuerzas Armadas por varios puntos del país, en donde se observa el paso por carreteras federales y de cuota, de camiones verdeolivo camuflageados en donde también se ven circular remolques especiales que arrastran artillería pesada, por lo que se presume habrá, en unas cuantas horas más, una militarización generalizada en todo el territorio nacional, al parecer derivado de informaciones de inteligencia del Ejército y la Marina, que señalan que al habitual contexto de inseguridad sobre el narcotráfico, resulta necesario sumar un programa especial de vigilancia en torno al proceso electoral durante esta semana, en la jornada electoral del 1 de julio y los días que siguen.

Si bien los cárteles de la droga han constituido en este sexenio la principal amenaza a la paz y la estabilidad del país desde la perspectiva del Ejército, en torno a lo cual la Secretaría de la Defensa sigue preocupada por la posibilidad de que pudiera haber vínculos de los cárteles que operan en México con gupos guerrilleros que pululan por distintas latitudes del país, elementos de los Grupos de Inteligencia de Zona (GIZ) del Ejército mexicano, por órdenes de sus mandos superiores han empezado a realizar movilizaciones de las distintas bases de reclutamiento ubicadas en todo el territorio nacional, para estar listos ante cualquier contigencia que atente contra la estabilidad social.

Ha trascendido que los informes de inteligencia dan cuenta de que la Sedena espera actividad importante de grupos supuestamente infiltrados entre los seguidores de algunos candidatos presidenciales, que pudieran atreverse a subvertir el orden desde antes del día de las elecciones y sobre todo durante la jornada electoral del próximo domingo e incluso  después de que se den a conocer los resultados. Es un foco rojo anticipado que ha sido calificado como de inseguridad y riesgo popular. Ya se tienen focalizados algunos grupos que tienen reclutados a supuestos líderes dispuestos a seguir órdenes de violentar la estabilidad social, como parte de las movilizaciones que se harán en lugares públicos el miércoles próximo cuando terminan las campañas, el día de las elecciones, el día después y los subsiguientes.

Se sabe que ya se tienen bien ubicados a los diferentes grupos que pudieran ser parte de esa estrategia de desestabilización que buscarían provocar inseguridad y miedo en la ciudadanía, cuyos membretes son bien conocidos como grupos de provocadores profesionales de siempre, más los que a últimas fechas han surgido y que llevan la clara intención de hacer llamados a la insurrección popular arguyendo la libertad de expresión. Uno de ellos ha cobrado fama en pocas semanas, por haber nacido con esa intención de dividir en lugar de unir a la sociedad. En muy breve lapso ha mostrado tener  actividades esporádicas pero sostenidas que llevan ese fin.

La preocupación pues, con respecto a los grupos clasificados como subversivos por la inteligencia castrense, es lo que han provocado las movilizaciones militares por todo el país, por la certeza de sus órganos de inteligencia que coinciden con los de los órganos civiles de espionaje político. La constancia provocadora que han dejado los grupos que se tienen en la mira, han hecho encender los focos rojos a los altos mandos de los dos institutos armados, y motivado el despliegue de soldados y marinos no sólo en las zonas urbanas y semiurbanas del país, sino que en incursiones de vigilancia que abarcan las sierras y poblados lejanos.

La instrucción por ahora es tener ubicados los puntos marcados con rojo en el mapa político de la inteligencia militar y civil, sobre todo aquellas regiones en donde pudieran haber brotes de violencia, empezando por el Distrito Federal. La orden es que las fuerzas operativas castrenses estén alertas para intervenir y controlar cualquier situación que quisiera salirse de madre. La instrucción es no actuar, sino estar más bien a la expectativa para evitar que los revoltosos pretendan actuar mucho  más allá de los límites de la pasión electoral. La idea es que con su sola presencia se pueda disuadir cualquier intento de disturbio popular, antes de las elecciones, durante la jornada del 1 de julio y en el periodo poselectoral. Trascendió que sólo en un extremo muy necesario habrían de actuar.

@Paulinocomenta

Afinan detalles para juicio

PAULINO CÁRDENAS

Los académicos, intelectuales y periodistas que buscan acusar al presidente Felipe Calderón y sus socios de guerra por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya, siguen avanzando en la integración del dossier respectivo que será llevado el 25 de noviembre a ese tribunal. La intención es la de enderezar un proceso en contra de los principales responsables de la lucha armada contra el narco, la cual ha dejado más de 55 mil muertes en menos de cinco años, además de miles de desaparecidos y otros tantos que se han visto en la necesidad de desplazarse con sus familias de sus lugares de origen para preservar sus vidas, ya que se ubican en las zonas de conflicto.

Esa Corte es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas  encargado de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU. No obstante, este organismo mantiene una férrea confrontación con gobiernos como Estados Unidos, Rusia, China o Israel, quienes no sólo desconocen sus facultades, sino que pueden llegar a intervenir en contra de esa Corte si algún aliado suyo es juzgado.

De esta forma, la tablita de salvación de Calderón y sus aliados de guerra sería teóricamente Estados Unidos, gobierno que tiene injerencia directa en el tema de la narcoguerra mexicana, por los dineros que aporta a través de la Iniciativa Mérida. Alguna gestión desde Washington en La Haya pudiera mojar la pólvora para que esa bomba no estalle, que sin duda así sería en caso de que ese tribunal internacional le dé entrada a la acusación y se inicie un juicio que sería inédito. Eso, si Barack Obama no anda muy ocupado tratando de evitar su casi inminente derrota en los comicios del año próximo para ser reelegido otros cuatro años.

Incluso el gobierno federal panista intentó empujar la candidatura del procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez para ocupar una vacante en la Corte Internacional de La Haya, ‘tal vez a causa del riesgo de que Calderón se acusado de crímenes de lesa humanidad’, según apunta un reportaje aparecido en la revista Proceso de esta semana, firmado por Arturo Rodríguez García, quien documentó que el funcionario no pasó la prueba. De hecho los resultados de esa guerra han sido prácticamente nulos, ya que el avance y el poder de las mafias no se ha visto mermado y en cambio el número de víctimas sigue creciendo.

Además del Presidente, mencionaban en la lista de corresponsables de la acusación de crímenes de lesa humanidad a los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván y de Marina, Francisco Sáynez; a su prinicipal asesor civil bélico, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y también al capo más buscado del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, entre otros mafiosos a quienes se señala como los causantes de tanto baño de sangre e el país. Los promotores del juicio piden que sean enjuiciados todos aquellos ‘quienes resulten responsables’.

En en un documento que hicieron público a mediados de octubre pasado, manifestaban que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añadían: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Además de este recuento, señalaban que desde que el mandatario panista emprendió la lucha contra las mafias en diciembre de 2006, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos”. Se agregaba que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.

Manifiestaban también que la lucha contra los narcos al final del año pasado había dejado alrededor de 120 mil personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, y que  la situación de los jóvenes y niños era particularmente vulnerable y señalaban cifras: mil 226 de los muertos que habían perecido en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes. Obviamente que al cierre de 2011 esas cifras habrán crecido.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Se suicidan o desertan

PAULINO CÁRDENAS

Además de poder morir abatidos por las balas enemigas, dos son las suertes que pueden correr los militares y marinos que participan en los operativos armados contra los capos de la droga y el crimen organizado ordenados por el Comandante Supremo de las Fuerzas Amadas: desertar de las filas del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina o tomar la decisión de quitarse la vida. Desde el inicio del sexenio hasta junio pasado han desertado del Ejército 40 mil 179 militares y 4 mil 21 integrantes de la Marina. En el caso de los suicidios la Sedena reportó 82 casos: 20 ocurrieron en 2006, 13 en 2007, nueve el año siguiente, 14 en 2009, 15 el año pasado y 11 hasta el reciente 24 de julio.

En el caso de los que desertan, el presidente Felipe Calderón dio a conocer las cifras anteriores al Senado de la República aunque no precisó los grados de los militares y marinos que abandonaron sus cargos, asegurando que hay averiguaciones previas en marcha “por el delito de deserción” contra mil 382 generales, jefes, oficiales y personal de tropa que estaban en servicio cuando cometieron del delito de abandonar sus responsabilidades en los dos institutos armados.

La pregunta sobre el número de deserciones en el Ejército y la Marina la había formulado el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal Ávila. El mandatario panista sostuvo que su administración logró una importante disminución del índice de deserción en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en comparación con la que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando casi 90 mil elementos dejaron las fuerzas armadas.

Indicó que reducir esa cifra más de 50 por ciento en cinco años de gobierno –para llegar a un total de 44 mil 200– se debe a los programas y las acciones emprendidas en favor de las fuerzas armadas. Estos datos los dio a conocer ayer el diario La Jornada en una nota firmada por Andrea Becerril y Víctor Ballinas, que da cuenta de la intención presidencial de tratar de defender su estrategia de guerra contra los capos de la droga y el crimen organizado que ha dejado una cifra de muertos de más de 50 mil mexicanos caídos en distintas latitudes del territorio nacional.

Señala la información que la bancada del tricolor solicitó al Ejecutivo precisar si se iniciaron investigaciones judiciales, si se sabe el nombre de los fallecidos y cuántos fueron a parar a una fosa común al considerarlos “daños colaterales. En su respuesta, Calderón rechazó haber dado a las víctimas trato de “daños colaterales” o considerarlos parte de una cifra estadística. Insistió en que no existen datos, porque son “fallecimientos ocurridos en el contexto de la rivalidad delincuencial”.

Determinar si se les inhumó en fosas comunes corresponde a las autoridades locales, así como la identificación plena de los nombres de los fallecidos, “por ser el homicidio un delito del fuero común”, agregó. Igualmente, a la pregunta de hasta dónde ha sido posible distinguir a las víctimas inocentes de los delincuentes, Calderón respondió: “El registro que lleva el gobierno federal en la base de fallecimientos ocurridos en contexto de rivalidad delincuencial no determina el estatus jurídico de la persona, pues en todo caso y circunstancia se asume el principio de presunción de inocencia”.

Por “rivalidad delincuencial”, reportó el Ejecutivo, han muerto hasta el 31 de diciembre del año pasado 34 mil 612 personas. El mayor número se dio en Chihuahua, con 10 mil 135, seguido por 4 mil 387 de Sinaloa, 2 mil 739 de Guerrero, 2 mil 19 de Baja California, mil 751 de Michoacán y mil 475 de Tamaulipas.

Sin embargo, los casos de suicidio por parte de miembros del Ejército y la Marina es otro rubro prácticamente ignorado, pero que la revista Proceso rescata en su edición de esta semana en un extenso reportaje sobre el tema firmado por Gloria Leticia Díaz, con gráficas que testifican esos dramáticos hechos. Esa publicación semanal solicitó información sobre el registro de suicidios a la Sedena y con fecha 18 de agosto esa dependencia reportó los 82 casos que se refieren en el párrafo inicial de esta colaboración.

Se añade que entre los militares que se quitaron la vida aparecen 31 rasos de diferentes armas, seguidos de 16 cabos, siete sargentos y siete tenientes, seis capitanes, cinco subtenientes, cuatro mayores, dos tenientes coroneles, dos soldados rurales y un general. Las razones habrían sido varias: el temor de morir, la presión de tener que obedecer órdenes sin chistar, el estrés que los invade cada vez que asisten a un operativo o sufrir una severa crisis depresiva.

Está el caso del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jorge Alberto Cárdenas Cantón, quien se dio un balazo en la cabeza el 14 de noviembre de 2008. Había tomado el mando de la Décima Región Militar con sede en Mérida, Yucatán, el 15 de agosto anterior.

Habrá pues que entender lo que es estar bajo la presión de una guerra, la guerra de Calderón, y las consecuencias que viven los miembros del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, en el contexto de violencia extrema que padece el país y que se ha convertido para México en su peor estigma de la época contemporánea.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


¿Cambio de estrategia?

PAULINO CÁRDENAS 

El ‘zar’ antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, en entrevista en Washington con la agencia EFE, dijo que ‘comparte la intención expresada por el Gobierno mexicano sobre la eventual desmilitarización de la lucha antinarcóticos’. ¿El funcionario norteamericano avizora o sabe que podría haber un cambio de estrategia por parte del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico? ¿Fue una manera coloquial de expresar las cosas o ese comentario encierra algo más? ¿Acaso Felipe Calderón trae un ‘as’ bajo la manga en torno a la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado? Hasta ahora nada al respecto ha trascendido en México. Al contrario, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas ha dicho que el Ejército seguirá en las calles.

Sin embargo, leído entre líneas, lo que declaró Kerlikowske se interpreta como que pudiera haber una virtual desmilitarización de la guerra que sostiene el gobierno panista contra las mafias, lo que sería una buena noticia para quienes han exigido que el Ejército regrese a sus cuarteles y deje de ocuparse de quehaceres policiales que constitucionalmente no le corresponden. ¿Acaso un día, en este mismo sexenio se desmilitarizarán las calles en el combate al crimen organizado? Habrá que verlo para creerlo. Por lo pronto el ‘zar’ antidrogas de Estados Unidos también alborotó la gallera castrense.

Los altos mandos del Ejército y la Marina han venido expresado desde hace tiempo su preocupación por el desgaste que han sufrido esos institutos armados en su relación con la sociedad, por participar en los operativos contra el crimen. Una de esas cargas es el número de muertos que ha cobrado la narcoguerra, que ya pasa de las 50 mil víctimas mortales en los casi cinco años que lleva. Incluso por ello había la urgencia para que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional que contuviera una “legislación emergente” que pudiera otorgar más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, porque los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

Incluso el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, había dicho en abril del año pasado que para combatir a la delincuencia organizada, el Ejército tendría que permanecer en las calles entre 5 y 10 años más, ‘salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión’. Por ello las declaraciones del ‘zar’ antidrogas norteamericano empezaron a ser comentadas en sigilo pero en serio en los altos mandos castrenses de nuestro país.

El discurso del Presidente, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha sido en el sentido de que el Ejército seguirá en las calles combatiendo a los sicarios al servicio de las mafias. Por ello resulta sorprendente que el ‘zar’ antidrogas norteamericano –sin duda uno de los contados funcionarios que en la lucha contra las mafias cuenta con información privilegiada incluyendo la que surge de México– haya hecho un comentario de esa naturaleza. Máxime porque enseguida señaló a la agencia EFE que la cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico “nunca ha sido mayor” pero, a su juicio, para que ésta mejore aún más, “debe regresar a manos de civiles”.

Más aún, Gil Kerlikowske enfatizó: “La aplicación de la ley y la vigilancia policial necesitan realizarse con la policía, no con los militares. La policía necesita ser profesional y fiable, y tener la confianza de los ciudadanos”, no obstante que, dijo, entendía que México probablemente no esté listo para replegar a los militares que, bajo órdenes del presidente Calderón, combaten a los cárteles. Sin embargo, según lo comentó a la gencia informativa española, “una meta sería continuar por el camino de mejoras en el imperio de la ley, en el sistema de justicia y en la policía”.

El discurso de Calderón en ese rubro específico hasta ahora ha sido claro. Ha dicho, repetido y ratificado, que el Ejército y la Marina continuarán en las calles en el combate al crimen organizado, aunque algunas veces ha matizado sus expresiones señalando que su presencia es “temporal y subsidiaria”. Ha dicho también que “el día que en que contemos con 32 cuerpos policiales profesionales, honestos, capaces y confiables, habremos dado el paso más importante en el país para alcanzar el México seguro que todos queremos y nuestros soldados y marinos, podrán regresar a las labores cotidianas y tradicionales”.

¿Estará cercano el día? Como sea, la declaración del titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca viene a reanimar la idea de que en la guerra que sostiene el gobierno federal contra los capos, un día México se desmilitarice y los soldados regresen a sus cuarteles y sigan preparándose para defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, y estén litos para garantizar la seguridad interior y para auxiliar a la población en casos de urgente necesidad, como siempre ha sido.

pcardenascruz@yahoo.com.mx