Tres la presumen culpable

PAULINO CÁRDENAS

Se da por hecho que las presiones del Poder Ejecutivo –las que se vieron y escucharon más las que no trascendieron– habrían influido en tres de los cinco ministros a la hora de votar ayer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía otorgarle un amparo a Florence Cassez para que obtuviera su libertad. El ministro ponente, quien preside la Primera Sala de la Suprema Corte, junto con la ministra Olga Sánchez Cordero, fueron los únicos que votaron a favor. Los demás que votaron en contra se infiere que presumen culpable a la ciudadana francesa, por lo que tendrá que seguir presa.

Guillermo Ortíz Mayagoitia, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, fueron los ministros que no tomaron en cuenta el ‘efecto corruptor’ que planteaba centralmente Zaldívar, referente a la manipulación de montaje mediático que fue el eje de su proyecto y que contaminó el resto del proceso. No obstante que quienes votaron en contra aceptaron que hubo violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadana francesas, no le dieron el peso específico que ameritaban las manipulaciones que hubo en el juicio cuya sentencia acabó siendo de 60 años de prisión.

Ciertamente el caso no se trataba solo del montaje mediático, sino lo que entraña en su conjunto contradicciones de los testigos, engaños, desatención al mandato constitucional empezando por el caso omiso a los derechos humanos de la ciudadana francesa y el aviso tardío al consulado francés, así como no haberla presentado de inmediato al Ministerio Público, todo lo cual invalidaba la presunción de inocencia de la acusada.

¿Qué fue lo que hizo que los ministros votaron en contra dándole la vuelta a la razón central con subterfugios jurídicos que ni siquiera tenían que ver con el punto toral del proyecto a sabiendas de que de origen estuvo repleto de vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia,como de hecho ellos mismos lo aceptaron?

Ayer por la mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, con motivo del natalicio de Benito Juárez,  dijo en un discurso conceptos que, se creyó, eran indicativos de que se aprobaría la moción presentada por Zaldívar. Muchos se fueron con la finta y creyeron que con el discurso que había pronunciado, la votación favorecería a la sentenciada.

En el solemne acto, con la presencia del presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional el titular del Máximo Tribunal de Justicia del país aseguró que la Institución que encabeza está obligada a ser garante de los derechos de todos y, con ello, factor decisivo de la unidad nacional, mediante la aplicación respetuosa de la Ley.

Expuso que es necesario que “sacrifiquemos lo que sea necesario: los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses económicos, para así, desde la Constitución y la Ley proteger, y ponderar entre todos, los derechos de todos”, indicó. Agregó que “por eso, es posible sostener, hoy, que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa no debemos equivocar el rumbo y las prioridades”. Dijo que “la verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley”.

Algunos consideraron que la línea discursiva del ministro presidente de la SCJN había sido cabildeada anticipadamente con los ministros que se ocuparían del caso Cassez horas más tarde. Pero no. Los ministros que votaron en contra esgrimieron, uno, Guillermo Ortíz Mayagoitia, que de plano la propuesta de Zaldívar era improcedente; otro, José Ramón Cossío, propuso negarle la libertad pero otorgarle el amparo ‘para efectos’, es decir, para que se revise la sentencia y se reponga el proyecto, que ahora quedará a cargo de la ministra Sánchez Cordero.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también se opuso a la liberación, pero propuso que se castigue al autor del montaje, el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien realizó la puesta en escena de la supuesta detención ‘en vivo’ no siéndolo de la francesa. Dijo que su actuaciónal frente de la Agencia Federal de Investigación en el 2005  ‘deja mal parado el principio de buena fe ministerial’. Añadió que las violaciones a los derechos de la acusada, ‘generan una violación al principio de presunción de inocencia’.

La frase de Silva Meza dicha ayer de que “no el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad; no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”, parecía premonitoria pero acabó siendo de retórica discursiva. Se cree que las presiones para que se desechara el proyecto del ministro Zaldívar, prosperaron. Como haya sido, el rechazo al proyecto dicen que fue tomado como una gesta victoriosa por el presidente Felipe Calderón, pero más por su influyente secretario de Seguridad Pública federal. En tanto, en Francia por supuesto que hay un sentimiento casi de luto.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Evidente temor presidencial

PAULINO CÁRDENAS

Temeroso de que este día el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar sea a favor de otorgarle el amparo a Florence Cassez y quede en libertad, lo que sería un duro revés para el gobierno de Felipe Calderón, el mandatario panista no dudó en meterse en el tema este lunes pese a que se había dicho que el Gobierno no iba a opinar sobre el caso sino que se esperaría al pronunciamiento de la Corte. No fue así.

Durante una gira que realizó por Papantla, Veracruz, para supervisar el avance de obra de la que dijo será la cárcel ‘mas segura’ del país, acompañado del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pieza clave del proyecto de sentencia en el caso de la francesa, en un tono beligerante, enérgico y hasta colérico declaró que primero había que defender a las víctimas de los delitos, al señalar que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, sino que sea un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.

Ese comentario presidencial no fue bienvenido en la Suprema Corte ya que Calderón pretende darle nuevamente clases al sistema judicial, cuando en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el mismo ministro Arturo Zaldívar proponía que hubiera justicia para las víctimas, pero por presiones emanadas de la principal sede del poder político, se evitó a toda costa que hubiera esa justicia que hoy tanto invoca y por la que clama el mandatario panista en el caso Cassez.

Todavía los papás de los 49 niños y niñas que fallecieron y de los otros 76 que resultaron heridos, muchos de ellos con problemas respiratorios irreversibles o con quemaduras que los marcaron de por vida, se preguntan: ¿Dónde quedó el reclamo de justicia a favor de las víctimas de ese delito? Otros cuestionan: ¿Se exige justicia sólo cuando le conviene al gobierno federal como es el caso de la ciuadadana francesas condenada a 60 años de prisión por suponer que estuvo vinculada con una banda de secuestradores?

El pasado 8 de marzo en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que el gobierno de Calderón no iba a opinar sobre el caso y que respetaría las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo no fue así. Y el hecho de que se haya metido a opinar de última hora es prueba de que Calderón no está seguro de que el fallo de la Primera Sala en la Corte sea en sentido negativo y se deseche el proyecto, sino al contrario, es síntoma de temor de que los ministros pudieran votar por mayoría hoy mismo para que la ciudadana francesa pudiera obtener un amparo y su libertad absolutoria.

Sin embargo durante la gira que realizó por Papantla dijo que la justicia debe ponderar las garantías de los procesados “pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente”. Y vino el regaño al Poder Judicial cuando dijo que le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, que como su nombre lo indica, “es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí; pero también, y sobre todo, hacer justicia en México”.

Recalcó: “Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del derecho”, reclamó Calderón, golpeando a su muy personal estilo varias veces el atril con el puño cerrado. ¿Ha habido justicia en el caso de los miles de desaparecidos por la guerra de Calderón, por no hablar de los más de 70 mil muertos que lleva esa inútil lucha? Que le pregunten a Javier Sicilia que anda en Roma queriendo que el Papa se pronuncie al respecto ahora que venga a Guanajuato.

Lo cierto es que Calderón, al opinar sobre lo que deben tomar en cuenta los juzgadores de la Primera Sala en el caso Cassez, sus palabras cayeron muy mal en el Poder Judicial y entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes sigue tratando como menores de edad, al decirles que ‘nunca la interpretación de la ley’ deber ‘ser rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad’, lo que es algo muy parecido a las críticas que había venido haciendo en el sentido de que, mientras la PGR ‘detiene y detiene’ a los criminales, los jueces ‘los sueltan y los sueltan’.

Por lo pronto, el fallo del caso Cassez podría darse este día. En Francia hay una gran expectación por saber si las presiones del titular del Poder Ejecutivo podrán más que las evidencias puestas al descubierto por el ministro Zaldívar en su proyecto, de los vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia mexicanos. Hoy miércoles podría saberse.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

¿Se desquitará la Corte?

PAULINO CÁRDENAS 

Todavía retumba en los oídos de muchos integrantes del Poder Judicial, las duras críticas que estuvo haciendo contra los jueces el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón. La última expresión que le valió el reclamo abierto del Consejo de la Judicatura Federal y del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, fue cuando el mandatario panista señaló el año pasado: “No es que yo la traiga contra los jueces, pero ya también se empieza uno a cansar. Uno los agrarra y los agarra (a los delincuentes) y (los jueces) los sacan y los sacan”.

Sus palabras despertaron la reacción inmediata del órgano que vigila y regula la conducta de los jueces y magistrados federales, en voz del consejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo quien en conferencia de prensa, le dijo: “Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”. Y el reclamo fue directo: “Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia sin que se acompañen de pruebas suficientes”.

Incluso el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, fue a Los Pinos a hablar con Calderón sobre sus declaraciones y a decirle que si tenía pruebas de sus aseveraciones, que las presentara, ya que no eran las primeras críticas que hacía contra los jueces, en virtud de que desde el 2008 venía criticando el proceder de los juzgadores en relación a las detenciones que hacía la PGR.

La propia ministra Olga Sánchez Cordero declaró entonces que si las autoridades quieren sentencias condenatorias, “las averiguaciones deben estar bien integradas, que tengan las pruebas y las evidencias suficientes para que pueda actuarse”. Respaldó el reclamo del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que «los jueces actúan conforme a las leyes y no tiene nada que ocultar sobre sus decisiones, porque se basan en el marco jurídico”.

Viene a cuento todo este recordatorio porque este miércoles 21, habrá de ser puesto a consideración de los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte, el proyecto elaborado por el presidente de la misma, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien propone la liberación absolutoria de la ciudadana francesa Florence Cassez, por considerar que hubo un ‘efecto corruptor’ al simular su captura para hacer que su detención se creyera que era en vivo y en directo y no un montaje ficticio para la televisión como después se supo.

El proyecto no se mete a discutir si la ciudadana francesa es culpable o inocente de plagio. Sólo se refiere a si se violaron o no derechos durante su aprehensión el 9 de diciembre de 2005. Éste es el segundo amparo que interpone la defensa de Cassez ante la Corte, el cual fue rechazado en 2011. El caso provocó la suspensión de la participación mexicana en el “Año de México en Francia”. El conflicto diplomático llegó al grado de que el presidente Felipe Calderón exigió respeto al gobierno francés de Nicolas Sarkozy.

El documento señala que, además del ‘efecto corruptor’ del montaje para la televisión, a la joven detenida a quien se acusa de haber participado en el secuestro de 3 personas, no se le otorgó el derecho notificación, se violó su derecho al inmediato contacto con su embajada y asistencia consular, le fueron violentadas sus garantías al no ser puesta a disposición del Ministerio Público, y negarle el derecho de presunción de inocencia, antes de ser procesada.

Zaldívar apunta que no encuentró justificación constitucional alguna por el que la francesa haya sido retenida en el rancho ‘Las Chinitas’ para obligarla a escenificar un montaje orquestado por la Agencia Federal de Investigación, la AFI, cuyo titular era Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal, con el fin de exponerla ante los medios de comunicación  como la responsable de la comisión de tres secuestros.

Los ministros que integran esa Primera Sala son, su presidente Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortíz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo y  Olga Sánchez Cordero. Para aprobar el proyecto se requiere el voto de 3 de los cinco ministros. Al titular del Ejecutivo federal le vendría muy mal, si se vota a favor de la liberación absolutoria de la francesa. Pasado mañana al medio día habrá de conocerse si queda en libertad o si sigue presa.

¿Llegó la hora del desquite por las las acerbas críticas que, sin pruebas, le ha venido haciendo Felipe Calderón a los jueces, lo que ha sido rechazado por el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal y por el propio ministro presidente del Máximo Tribunal de Justicia, Juan Silva Meza? Faltan pocas horas para saberlo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx