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El Presidente ‘patriota’

PAULINO CÁRDENAS

Felipe Calderón se considera ahora un Presidente ‘patriota’ y en eventos públicos sigue regodeándose como instrumentador de la guerra contra las mafias las cuales, a pesar de la enorme cantidad de recursos que su gobierno le ha inyectado a esa lucha armada a lo largo del sexenio y pese a los miles y miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal que hay distribuidos en todo el territorio nacional, no han mermado sus actividades criminales  y sí en cambio ha subido el número de muertos por esa aventura bélica.

Los cárteles siguen haciendo de las suyas todos los días, sobornando a las autoridades para poder distribuir drogas, cometer extorsiones, secuestros, cobros de derecho de piso, realizar ejecuciones, atacando instalaciones policiales y matando a sus mandos en diferentes estados y municipios, entre otras de sus actividades criminales, todo lo cual ha dejado un baño de sangre inédito desde la Revolución Mexicana, con más de 60 mil muertos en el haber de esa guerra.

No obstante, durante un desayuno de fin de año con miembros de las Fuerzas Armadas y la titular de la Procuraduría General de la República, el mandatario panista señaló, respecto de esa lucha armada, que tiene la conciencia de haber “obrado como patriota”, en busca del bien de México; en busca del bien de los demás. Manifestó que serán las próximas generaciones las que hagan el juicio de esa decisión que tomó desde el inicio de su administración.

“Independientemente del juicio que merezca para este tiempo, las generaciones venideras, por lo que a mí respecta y, estoy seguro, por lo que toca a cada una y a cada uno de ustedes”, serán las que realicen esa tarea, añadió el Presidente. Dijo que a final de cuentas, “esa es, precisamente, la única acción posible en la conciencia de cualquiera patriota: actuar pensando en el bien de México”.

Añadió: “Veo con satisfacción que lo que hemos hecho, con aciertos y con errores, dejará después de nosotros una casa mucho más limpia, una casa mucho más segura, una casa que será digna de ser habitada por los mexicanos. Eso será un esfuerzo que, desde luego, no podría hacerse sin ustedes y sin las fuerzas armadas”.

Sin embargo, tal parece que para el Presidente el número de muertos no cuenta. Igual que dijo el mandatario norteamericcnao Barack Obama durante la ceremonia en la que decretó ‘el fin histórico’ de la guerra en Irak y ordenar el regreso de las tropas antes de que finalice el año, a quienes anticipadamente les dio la bienvenida a casa.

El número de víctimas “no cuenta, ni de lejos la historia de la guerra de Irak”, que se cobró más de 4 mil 400 vidas estadounidenses, causó 30 mil heridos y en la que han participado un millón y medio de soldados norteamericanos. Obama aseguró que Estados Unidos responderá por sus soldados como ellos respondieron por el país y prometió “cientos de miles de puestos de trabajo para aquellos que sirvieron” en el Ejército con el compromiso de las empresas privadas.

Por lo pronto en Washington sigue creciendo el temor de que la violencia y la estela de muerte que han dejado los encuentros armados en nuestro territorio, llegue a cruzar su frontera y esos eventos de sangre, extorsiones, secuestros, torturas y ejecuciones o las matanzas como las de San Fernando que sufrió un numeroso grupo de migrantes, se empiecen a dar en la Unión Americana.

El Departamento de Estado sigue advirtiendo a Obama de la posibilidad que los capos de algunos cárteles mexicanos pudieran establecer vínculos con células extremistas islámicas que pudieran estarse asentando clandestinamente en México, de lo cual las agencias de inteligencia de aquel país han dicho tener pistas sobre  la intención de una o varias alianzas entre capos y rebeldes de Al Qaeda. Se teme por la seguridad nacional norteamericana.

Esto, según algunos observadores, podría significar que en fechas no muy lejanas miembros del Ejército estadunidense y ‘marines’ norteamericanos, de los que habrían andado en Irak o Afganistán, pudieran empezar a ‘turistear’ en México, más bien con el propósito de sondear ‘in situ’ el ambiente que priva en el país sobre las bandas criminales que, por razones no muy claras, el gobierno mexicano no ha podido someter. Por otro lado se sigue insistiendo en que la violencia de los cárteles se verá incrementada en 2012, año de elecciones.

Lo cierto es que pese a los diarios anuncios de detenciones de supuestos líderes criminales, los encuentros armados siguen siendo cotidianos y la suma de muertos aumenta, mientras que los mandos y efectivos militares continúan sufriendo un desgaste tal, que tiene a muchos al borde de la frustración, la baja estima, la deserción y hasta del suicidio. Todo, en aras del bien de México, según ha dicho el Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas quien, según afirma, ha estado obrando ‘como patriota’ con su guerra que lleva más de 60 mil muertos.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Florence, ¿presunta culpable?

PAULINO CÁRDENAS

Resulta inevitable recordar el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez que se ha convertido en un escándalo internacional y por el que Francia y México están al filo del rompimiento de relaciones, después de ver el documental ‘Presunto culpable’ llevado al cine, donde se hace un seguimiento filmado sobre la revisión del caso de un joven tianguista a quien un ‘testigo ocular’ lo señaló como homicida siendo falsa la acusación, por lo que había sido condenado a 20 años de prisión.

Al salir del cine a mucha gente le quedó revoloteando en la mente el caso de la ciudadana francesa quien fue condenada a 96 años de prisión acusada de los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. La sentencia le fue rebajada posteriormente a ‘solo’ 60 años, de los cuales ya lleva más de cinco cumplidos en la cárcel.

Luego de que le fue negado la semana pasada un amparo que era la esperanza final de ella y sus abogados para poder ser exonerada de las acusaciones, sus defensores, Agustín Acosta y Frank Berton, señalaron que estarían consultando al gobierno de  Francia para que el caso sea elevado a los tribunales internacionales en fecha muy próxima para su revisión de fondo. La acusada insiste en que es inocente y sus abogados están convencidos de ello.

Cuenta la historia de ‘Presunto culpable’ que providencialmente tres abogados ayudaron a revisar el  caso del protagonista, Antonio Zúñiga Rodríguez, de 26 años, quien era vendedor en un tianguis de Iztapalapa, quien había sido condenado a prisión sin haber cometido el crimen que se le imputaba. Su sentencia fue revocada después de demostrar, a través de una prolija investigación, la serie de graves irregularidades en las que las se incurrió durante el proceso judicial, gracias a lo cual el acusado logró finalmente quedar en  libertad.

Estando en prisión, Toño logró contactar a dos jóvenes abogados, Layda Negrete y Roberto Hernández, cuando supo que ambos, desde hacía diez años, venían estudiando casos de gente que estaba en prisión siendo inocente. Zúñiga Rodríguez les contó su historia de haber sido condenado por un crimen que no cometió. Invitaron a sumarse al caso a otro abogado, Rafael Heredia. Con la ayuda de una cámara los tres defensores fueron dando fe de la serie irregularidades y vicios que se cometieron a lo largo del proceso judicial.

Tras una investigación exhaustiva se dieron cuenta de que el defensor en el juicio condenatorio había litigado con una cédula profesional falsa. El descubrimiento permitió que el caso fuera revisado. Así comenzó una histórica epopeya que tuvo un final feliz ya que la tenacidad de los abogados logró que Toño quedara en libertad. El caso, llevado a las pantallas de cine y que se acaba de estrenar apenas el pasado viernes, revela la clase de justicia que suele darse en México.

El documental pone de manifiesto las ‘chicanadas’ y cochinadas que median en los tribunales entre abogados, ministerios públicos y jueces, cuyos mandos superiores ordenan a sus subalternos hallar culpables ‘al vapor’ para hacer quedar como muy eficiente el sistema de justicia, pero que el caso de Toño exhibe de manera descarnada lo que es la corrupción, el mentidero en los juicios y el incumplimiento del Estado de derecho que priva en el país.

Como ha señalado Roberto Hernández, uno de lo abogados de Antonio Zúñiga, en México cualquier persona que es detenida pesa sobre ella, antes que nada, la presunción de culpabilidad y no la presunción de inocencia, como debería de ser y como sucede en cualquier país en donde las leyes y los principios fundamentales universales que le asisten a la ciudadanía como derechos inalienables, les son respetados.

Los defensores de Florence Cassez  y ella están en espera que el gobierno de Francia les dé luz verde para llevar este caso al Tribunal de Justicia de La Haya, ya que consideran el mismo está lleno de vicios jurídicos, inconsistencias y falsedades. Incluso hay quienes sugieren que antes de revisar a fondo el proceso, los magistrados de ese tribunal internacional debieran ver ‘Presunto culpable’ para que tengan una idea más clara de cómo opera el sistema judicial en México.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


En busca del ‘sueño americano’

PAULINO CÁRDENAS

Como fenómeno derivado del deterioro social y económico, el problema de los migrantes que procede del sur del país es peor que la marcha de indocumentados que va de México hacia Estados Unidos. El torrente de gente que quiere ir en busca de una vida más digna, proveniente de naciones centro y sudamericanas pobres, utiliza territorio mexicano de paso hacia el engañoso sueño americano. La causa de esa búsqueda es la misma: la miseria en la que viven, la falta de trabajo y oportunidades y la incapacidad de sus gobiernos para solucionar los problemas vitales, de elemental subsistencia.

No todos los migrantes que pasan hacia territorio mexicano logran alcanzar su propósito. Se quedan en el intento: mueren o acaban siendo víctimas de organizaciones delincuenciales, de la discriminación, las vejaciones, violaciones físicas y violación a sus derechos fundamentales, no sólo los hombres que se arriesgan sino también las mujeres y niños que deciden correr la aventura solas o acompañando a sus maridos o parejas, provocando la dolorosa segregación familiar en sus lugares de origen en donde se quedan otros de su misma sangre a la vera de las escasas o nulas oportunidades que padecen en sus respectivos países.

Muchos de ellos sufren desaparición forzada por parte de grupos delincuenciales que trabajan en colusión con autoridades, quienes telefónicamente piden rescates a los familiares de los indocumentados ya sea en Estados Unidos o en sus países de origen, amenazándolos con matarlos si no acceden a sus exigencias. Según fuentes federales ese ‘mercado’ lo tienen prácticamente en exclusiva Los Zetas, aunque hay otros cárteles dedicados a ese flagelo. Cada año, según estimaciones oficiales, cerca de 500 mil personas tratan de llegar a Estados Unidos atravesando México.

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, es la instancia encargada de darle protección y un trato justo y digno a los inmigantes indocumentados que son detenidos por las autoridades respectivas por no tener documentación en regla, para después repatriarlos a sus países de origen. En el peor de los escenarios, que resulta lo más común, es que las gentes que se internan ilegalmente por la frontera sur con la intención de llegar a Estados Unidos, acaben siendo víctimas de las mafias que se dedican a las extorsiones, al tráfico de personas, a raptar jovencitas para ser prostituídas o a hombres que los obligan a meterse al negocio de las drogas.

Como se sabe, en agosto pasado en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, se registró una masacre de 72 indocumentados, centroamericanos la mayoría, lo que puso de manifiesto una vez más que en México existe una realidad irrefutable de violencia generalizada contra decenas personas que de manera ilegal cotidianamente cruzan la frontera sur de México. El secuestro de migrantes está ‘invisibilizado’ por las autoridades migratorias mexicanas, dijo en esa ocasión Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

Al ofrecer la conferencia “Propuesta para una política migratoria mexicana ¿Y si los 72 indocumentados hubieran sido mexicanos?”, organizada por la Universidad Iberoamericana, subrayó que los abusos masivos a los derechos humanos de los migrantes es una realidad. Sin embargo, dijo entonces, los afectados no hacen la denuncia porque se les pide que comprueben su estancia legal en México, de la cual carecen. Señaló que en el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando “el problema de la impunidad es el mensaje que trae detrás, el que se envía a la sociedad”. Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre 2008 y 2009, dos mil 700 migrantes fueron víctimas, lo que en definitiva ese grave problema se vuelve de primera importancia.

Hace unos días se suscitó una variación sobre el mismo tema en el poblado de Chahuites, Oaxaca, en donde fueron presuntamente secuestrados alrededor de 40  centroamericanos indocumentados que habrían pasado la frontera sur para alcanzar la aventura el sueño americano cruzando como ilegales la frontera norte. Su sueño fue frustrado porque no aparecen. Se supone que un grupo armado pudo haberlos secuestrado, pero esa versión no ha sido confirmada.

La información y los datos recopilados hasta el momento no ofrecen evidencias concretas que permitan suponer que el grupo de emigrantes indocumentados acabo siendo víctima de un secuestro como alguna instancias afirman, precisa el comunicado conjunto emitido por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Si embargo, existe la creencia de que los cuarenta indocumentados centroamericanos o más pudeiron ser víctimas de alguna organización delictiva que opera en el país, en colusión con autoridades mexicanas.

Hubo inmediatas quejas de los ministros del Interior de Honduras, Guatemala y El Salvador, en tanto el titular de Gobernación de México, José Francisco Blake Mora, les participó que las autoridades nacionales se han avocado a darle seguimiento puntual al caso. Señaló el funcionario que ya impartió instrucciones precisas a las diferentes dependencias del Gobierno Federal para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales de Oaxaca, intensifiquen las acciones de búsqueda, particularmente en el lugar de los hechos sucedidos el pasado 16 de diciembre. La PGR también actúa.

Y el pasado día 21 un grupo armado perpetró otro secuestro masivo en el tramo Ixtepec-Matías Romero, en donde falleció un inmigrante salvadoreño. La denuncia la hizo Heyman Vázquez Medina, sacerdote y coordinador del albergue “Hogar de la Misericordia”. El cadáver se encontraba cerca de un puesto de control militar conocido como “Las Malvinas” y ya se hacen los trámites para repatriarlo. Un testigo que logró huir, y que se encuentra bajo protección, aseguró que cuatro hombres armados obligaron a bajar del ferrocarril a unos 170 migrantes media hora después de haber salido de Ixtepec, Oaxaca. Es pues, el cuento de nunca acabar.

Fuerzas Armadas en raros asuntos

PAULINO CÁRDENAS

El Ejército, junto con la Marina y la Policía Federal, se han aplicado a últimas fechas en asuntos raros, por decir lo menos. Un caso fue el episodio que protagonizó la semana pasada el hijo de Diego Fernández de Cevallos, David, quien para ‘recuperar’ a dos de sus hijos por tener supuestamente su custodia, tuvo el apoyo de elementos del Ejército, la Armada y la Policía Federal, según denunció su ex esposa Ximena Marín-Foucher.

¿En aras de qué un civil puede obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas para un evento de carácter administrativo? ¿Acaso de trataba de un asunto federal? El hecho sucedió en Chetumal, Quintana Roo. En un video subido a Youtube se observa la presencia policiaca y una camioneta blanca, en la cual los menores fueron trasladados, presuntamente, para sacarlos de la isla. En el video se incrimina al Ejército y a la Armada.

Se observa en la penumbra a dos vehículos que se retiran, al parecer de la Policía Federal y la Marina. En primer plano se ve a un hombre que grita: “Yo soy el padre de la señora. David Fernández de Cevallos y su hermano Rodrigo se están robando a los hijos de mi hija Ximena. Yo soy el abuelo. Este cabrón tiene todas las demandas”.

La Secretaría de la Defensa Nacional difundió un comunicado en el cual negó haber participado en la presunta diligencia judicial. ¿Y lo que se vio en el video que se estuvo difundiendo? ¿Hay que creerle o no a los videos difundidos por las redes sociales? Porque el otro caso es el del hermano de Patricia González la ex procuradora general de Justicia de Chihuahua, Mario González, en el que hace graves revelaciones que se han quedado en el limbo.

Por lo pronto, David Fernández de Cevallos, hijo del ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos –secuestrado desde el 14 de mayo–, fue demandado ante la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo por ataque armado, lesiones con violencia, allanamiento, agresión y plagio de los niños Diego Manuel de cuatro años y David de uno y medio, según la averiguación previa 1656/2010.

Otro caso en donde el Ejército se aplicó para prestar sus servicios sucedió en Tijuana, Baja California, en donde efectivos militares liberaron en un operativo a tres mujeres que se encontraban privadas de su libertad en esta ciudad. Las víctimas son tía, prima y sobrina de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, segundo hombre fuerte del cártel de Sinaloa que comanda Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de acuerdo con una fuente castrense.

Las mujeres habían sido secuestradas a su arribo al aeropuerto internacional de aquella ciudad fronteriza hace unos 20 días por una célula del cártel de Tijuana, que lidera Fernando Sánchez Arellano, alias ‘El Ingeniero’. El rescate se dio durante un operativo militar implementado tras un denuncia anónima que informó sobre la casa de seguridad del crimen organizado la tarde del sábado anterior, confirmó la fuente.

Ambos asuntos, el de Chetumal, y el de Tijuana, llaman la atención. En el primero la gente se pregunta: ¿Cualquier hijo de vecino puede pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas para ser apoyado en sus cuitas y desencuentros maritales como lo hizo Diego, el hijo del ‘Jefe’ Diego, según acusa su ex esposa? ¿Si es usurpación de funciones por qué no se investiga y se deslindan responsabilidades, pero en serio?

La otra es: ¿Para quiénes trabajan las Fuerzas Armadas? De por sí las malas lenguas hablan de que en el combate al narcotráfico Felipe Calderón y su caballero de armas, Genaro García Luna, le han dado golpes a las bandas del narcotráfico, menos a una, precisamente la del ‘Chapo’ Guzmán. Empero, el caso de la liberación de las familiares de ‘El Mayo’ Zambada, segundo hombre fuerte del cártel de Sinaloa, llama a sospecha.

Y no es que sus familiares no tengan derecho a ser liberadas, sino el punto es que hay secuestrados que desde hace tiempo ahí siguen, plagiados. El ‘Jefe’ Diego es uno de ellos. En este caso nadie se ha aplicado, ni el Ejército, ni la Armada ni la Policiía Federal; al contrario, ha habido una grave omisión de las autoridades para investigar. ¿Por qué con unos casos sí se atienden con tanta eficacia y eficiencia y otros no?

Debilidad y valemadrismo

PAULINO CÁRDENAS

Lo que apuntó este miércoles Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en el foro sobre víctimas del secuestro, fue breve y sustancioso: “Escuchar es algo que nos falta mucho, tanto en política como en sociedad”, frase que los maliciosos completaron imaginariamente con el famoso grito de Paquita la del Barrio de ‘¿me estás oyendo inútil?’, dirigido a muchos.

Y después de escuchar los discursos oficiales y las intervenciones de las víctimas colaterales del secuestro, entre los mexicanos queda la certeza que en todo el territorio nacional la gente vive entre la debilidad y el valemadrismo institucional.

Eso explica muchas cosas; entre ellas, que México de plano, sino no es un Estado fallido, está en el umbral de serlo, después de que el jefe del Ejecutivo señalara: “En muchos lugares del país la debilidad es tal que quien manda no es el alcalde, ni es el comandante de la policía, es el criminal y es ése quien decide a quién se le cobra, a quién se secuestra y a quién se mata”.

Dijo que por ello, para enfrentar la “debilidad institucional”, su gobierno echó mano “de todo lo que tenemos”, como la Policía Federal, el Ejército y la Armada. En una suerte de acto de contrición señaló que su gobierno no ha sido capaz de procurar la paz y la seguridad que requiere el país, pero compartió culpas.

Barrió con los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno -Federal, estatal y municipal- y hasta con el Poder Judicial, al señalar que “si no arreglamos el problema de fondo”, que es tener policías, agentes del Ministerio Público y jueces “débiles y corruptos”, no vamos a terminar nunca esta tarea.

A los medios también les tocó baño, al decirles que hay que manejar “con ética” la información relacionada con las víctimas de este delito. ¡Órale!

Les propuso generar mecanismos que fomenten “mayor preparación para quienes se encargan de difundir este tipo de eventos de alto impacto”, así como un trato profesional  de la noticia que reúna requisitos elementales “que sean mucho más amplios y superiores que la mera ganancia de una nota informática (sic)”.

Aseveró que “ya es tiempo de abrir un debate a fondo y en serio” para incorporar al marco legal el derecho de las víctimas “que aún no existe y que debe existir”, una manera sesgada de referirse a los derechos humanos. “En pocas palabras, necesitamos reconstruir la autoridad”, puntualizño Calderón. Y tajante afirmó: “No vamos a permitir que se desafíe así a los mexicanos, sometiendo a la sociedad, humillando y arrodillando a la autoridad”.

En ese foro se dijo eso, y mucho más. Ahí hablaron varias de las víctimas colaterales como Alejandro Martí, de la agrupación SOS, María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, y la actual presidenta de ese organismo, Ana Franco, entre otros.

Martí afirmó que en México delinquir no tiene costo, porque el nuestro es un país “donde la voluntad del Estado para combatir a la delincuencia es insuficiente”, y el sistema penitenciario “está fracasado y se ha convertido en verdadera escuela del crimen”. María Elena Morera indicó que el secuestro tiene efectos expansivos y que hasta hoy 5% de los mexicanos ha sufrido este delito, pero 70% de la sociedad tiene miedo a ser secuestrada.

Pero quien dio la nota fue Nelson Vargas. Sintetizó los males por los que prevalece la inseguridad en todo el país, al señalar que “hemos formado una sociedad insensible”, lo que permite que haya gente siniestra. A las autoridades, dijo tajante, “las envuelve la corrupción, el burocratismo y el valemadrismo”.

Valemadrismo, según la definición popular, es un mexicanismo que expresa que alguien en cuyas manos está el resolver problemas, actúa con toda cachaza valiéndole un soberano cacahuate lo que pase, lo que resulta una cabronada. (Cabronada: acción malintencionada)

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Que sí habrá remociones

PAULINO CÁRDENAS

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ya cumplió un año convertido en una entelequia gubernamental. Otra más. De hecho no hubo convocatoria para hacer una revisión de los “avances” al cumplirse el primer aniversario de ese compromiso. Por una simple razón, porque no los hay. Porque quienes debieron haber cumplido los preceptos de seguridad, justicia y legalidad dentro de ese gran acuerdo de 76 compromisos, no lo hicieron.

Sencillamente el Consejo de Seguridad Pública le ha fallado a la sociedad. Esa es la percepción general. Los funcionarios que digan lo que digan a través de comunicados. A quien hay que preguntarle es a la sociedad, como en parte lo hizo en una encuesta  para el caso de los secuestros, el actuario Roy Campos, la cual reveló que el 50 por ciento de los consultados, temen ser secuestrados. Esa es la contundencia. Esa es la percepción, por decirlo suavemente. Lo demás son cuentos.   

En aquella ocasión, como todos recuerdan, el empresario Alejandro Martí instó a los funcionarios involucrados en la seguridad pública de todo el país representados en esa reunión celebrada en Palacio Nacional, a renunciar a sus cargos si no podían con el paquete con aquella famosa frase de “si no pueden renuncien”, que hasta hoy sigue vigente porque los funcionarios, ni han cumplido, ni han renunciado.

No obstante, la celebérrima frase de Martí estaría, por fin, a punto de hacerse realidad. De los multicitados cambios que pudiera hacer en su gabinete el presidente Felipe Calderón de un momento a otro, según lo que ha trascendido, estarían en primer término la de los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza.

De ambos funcionarios -por razones hasta ahora mantenidas en secreto pero que pronto se sabrán- han sido solicitadas sus respectivas renuncias por Washington al gobierno de Felipe Calderón, según fuentes de inteligencia de México y de Estados Unidos. Se afirma que uno se iría de embajador ¿Y el otro?

Se asegura que aquellas declaraciones contra García Luna, de Javier Herrera Valles, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), sí las tomaron en cuenta en Washington e incluso que agencias norteamericanas las investigaron. El rol de la recién asesinada Silvia Raquenel Villanueva, abogada de Herrera Valles, actualmente encarcelado en un penal de Nayarit, habría sido clave.    

Aparte de esas remociones, se insiste en que habrá otros cambios en el gabinete presidencial. De ser cierto, eso vendría a reivindicar con mucho a Felipe Calderón ante la sociedad. No tanto si los cambios quedaran en simples enroques. Hay expectación por ver si, como citan rumores, los grandes perdedores de la pasada contienda electoral son nombrados como nuevos titulares en las distintas dependencias en las que se asegura habrá relevos o de veras pondrá a gente con el perfil indicado.

Si Calderón empezara a gobernar en serio, con toda responsabilidad, con visión de Estado, el panismo podría hasta revivir sus esperanzas de ganar en el 2012.. Por sí misma se explicaría tal medida. No habría nada qué reprocharle. Al contrario. Habría una suerte de borrón y cuenta nueva. Aunque eso requeriría de una gran sensibilidad política y, sobre todo, de muchos tamaños, los mismos que puso por delante el mandatario panista cuando le declaró la guerra al nacotráfico.

Y de paso tendría que olvidarse del informe ‘La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos’, donde el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono, plantea la necesidad de que el gobierno de Barack Obama modifique su estrategia contra el narcotráfico y la cambie a contrainsurgencia. Que en el fondo eso entraña la “ayuda” norteamericana a México, vía la Iniciativa Mérida. 

 pcardenascruz@yahoo.com.mx