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La fuerte lucha por el poder militar

PAULINO CÁRDENAS

Mientras llega el desenlace de la lucha postelectoral en la que las izquierdas perdedoras no aceptan la derrota, por el lado de los altos mandos castrenses, entre el generalato sobre todo, existe otra lucha que está dejando de ser soterrada y empieza a ascender a la palestra pública. Se trata de una fuerte lucha para ver quién de entre los generales de cinco estrellas llega a alcanzar el poder militar y logra estar al mando del Ejército y de hecho de las Fuerzas Armadas, en el próximo sexenio que encabezará Enrique Peña Nieto, quien tendrá como asesor militar al general colombiano Oscar Naranjo cuyo gran mérito fue disminuir casi a cero el poder omnímodo del capo Pablo Escobar.

Es en medio de esa pelea de altos mandos castrenses en donde precisamente se ubica el caso del general Tomás Angeles Dauahare, arraigado por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque su aislamiento obedece más bien por haber criticado la fallida estrategia del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, en una reunión organizada por la Fundación Colosio y en la que estuvo presente el entonces candidato priísta. Como se sabe, el militar fue subsecretario de la Defensa Nacional en el arranque de este sexenio. Las imputaciones que le han hecho al general son falsas, dicen sus abogados.

Las acusaciones que le han hecho no se han podido demostrar, señalan. Una corresponde a un anónimo presentada en marzo del 2010, la cual se basa en tres declaraciones del testigo protegido ‘Jennifer’, y quien al final de cuentas “no le consta nada, dice que todo lo sabe a través de un tercero”, dicen los abogados del militar. Otra acusación, esta del testigo protegido ‘Mateo’, también resultó falsa. Este dijo haberle entregado en julio de 2008 cinco millones de dólares provenientes del cartel de los Beltrán Leyva, no obstante que su defensa demostró que en esas fechas su defendido estaba en Alemania.

Y por ahí van las ‘indagatorias’ del gobierno federal en contra del general arraigado, dando tumbos. Incluso hubo una reciente ‘acusación’ de otro testigo protegido, que lo responsabilizaba de haber promovido el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando Tomás Angeles Dauahare fue su director, la cual fue desechada por la PGR. Es una denuncia anónima que al verificarse verificar no resultó positiva, señaló la procuradora Marisela Morales. Dijo que esa acusación no forma parte de la investigación por la que el general se encuentra actualmente bajo arraigo.

Se da por hecho que al final de todo ese montaje contra quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional al inicio del sexenio calderonista, todo quedará en el ridículo nuevamente, como han sido los casos del famoso ‘michoacanazo’, del de ‘Greg’ Sánchez, el de la fracasada detención de Jorge Hank Rhon, el del anuncio de que habían atrapado al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, así como el caso su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que no pudo ser detenido no obstante el ‘pitazo’ que había dado la DEA a las autoridades mexicanas. Están también las acusaciones contra ex gobernadores priístas de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual hasta ahora tampoco ha podido demostrarse cabalmente. Se cree que el arraigo del general Angeles Dauahare acabará en lo mismo.

Pero este caso del general arraigado, quiérase o no, ha detonado dentro de los altos mandos del generalato de la Secretaría de la Defensa Nacional, una serie de pugnas y discusiones internas, en las que además de las que participan en su mayoría generales, también están opinando altos mandos de la Marina-Armada de México. En esas discusiones también hay voces de coroneles y capitanes y sus equivalentes en rango de la Marina. Pero el verdadero golpeteo está entre los generalotes de cinco estrellas que aspiran a suceder al general secretario Guillermo Galván. Aunque Angeles Dauahare se desmarcó de opinar, sin duda él podría saber quién sí es apto para el importante cargo.

Ahora bien, si la violencia será el componente central de la lucha política en el siguiente sexenio, y el objetivo básico, como se está viendo desde ahora, va a ser el querer desligitimar día a día al próximo mandatario de la nación de extracción priísta como sin duda lo hará una vez más López Obrador con sus huestes como lo hizo contra el panista Felipe Calderón cuando sufrió su primer derrota como aspirante presidencial, entonces es donde está el punto de la discusión y está encendido un foco rojo de latente inestabilidad para el país, ya que se tiene información de que a ese movimiento amlista, impulsado por el rencor, la frustración y el odio, pudieran sumársele grupos muy radicales resentidos con el sistema, e inlcuso hasta grupos armados que actúan en la clandestinidad.

¿Cuál será pues, el destino de México en el próximo sexenio, visto desde la óptica militar y en los términos de un escenario de violencia como el que se vislumbra habrá de gobernar Enrique Peña Nieto a partir de diciembre? Eso es justo lo que discuten y pelean en estos momentos los diferentes grupos del generalato, para tratar de imponer a ‘su’ candidato que sería el sucesor del general Galván, salido de una posible terna la designación que hará el mexiquense una vez que lo declaren Presidente Electo. Quien sea, no la tendrá nada fácil. Y menos con la experiencia del general Naranjo, quien aplacó los ímpetus delictivos nada más y nada menos que de Pablo Escobar.

@Paulinocomenta

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‘Papa caliente’ lo del General

PAULINO CÁRDENAS

Ojalá ahora sí haga bien las cosas el gobierno que encabeza Felipe Calderón con el asunto del ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general diplomado del Estado Mayor, Tomás Ángeles Dauahare, quien fue arraigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y tenga los elementos probatorios suficientes para consignarlo y procesarlo, porque de otra manera se echará encima a los más altos mandos del Ejército y la Marina si salen con otro ‘michoacanazo’ u otro ‘hankazo’.

El asunto es una ‘papa caliente’ ya que, de ser cierto que ese alto mando militar retirado pudiera estar vinculado al crimen organizado, el hecho tendría para el presidente Felipe Calderón en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y para el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, la connotación sería la de un tremendo golpe que repercutiría internacionalmente, no se sabe si para bien o para mal.  De inicio tendría que revisarse el impacto que ello tendría en la seguridad nacional.

Demostrar que quien fue subsecretario de la Defensa Nacional de México por dos años en este sexenio, ha tenido vínculos con los cárteles de la droga, es mandar un mensaje que tendría varias lecturas a nivel internacional. Una, acaso la más delicada, es que si ese alto mando ha sido coptado y sometido por alguno de los capos del crimen organizado, se antojaría pensar que el asunto seguiría en línea ascendente en similares términos. Todo mundo sabe de la presencia del narco en las instituciones de seguridad y justicia y la infiltración que ha tenido en las estructuras de mando.

Ello sería una clara muestra de que las mafias del crimen organizado tienen de su lado no sólo a los mandos federales y locales de las policías, sino sería una muestra de que también tendrían cómplices en las más altas esferas del Ejército y de la Marina, además de la Policía Federal. Al interior del país, la percepción sería mucho peor, ya que es un secreto a voces que la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón no ha tenido éxito, por la corrupción y la impunidad que impera entre el querer hacer y la brutal realidad.

Se dice, según testigos protegidos, que la DEA, la agencia norteamericana antidrogas, es la que ha venía  investigando desde hace varios años al ex funcionario militar. ¿Por qué entonces en pleno proceso electoral se da su detención junto con la del general brigadier en activo Roberto Dawe González? Como sea, el hermetismo con que se ha manejado el asunto llama a sospecha y cualquiera puede darle vuelo a la imaginación con el dato duro focalizado en el ámbito político, como fue la participación que tuvo el ex subsecretario de la Defensa en la reunión convocada por la Fundación Colosio, estando presente el candidato priísta.

Tomás Ángeles Dauahare ocupó diversos mandos de importancia, siendo incluso agregado militar de México en Washington, hasta llegar a ser subsecretario de la Defensa Nacional en este sexenio. Incluso su nombre había sonado para ser el titular de la SEDENA en lugar de Guillermo Galván, con quien se dice que no llevaba una buena relación. Ocupó el cargo de subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008; en este año, sin dar mayor explicación, la secretaría de Defensa Nacional anunció que sería sustituido por Francisco Armando Meza Castro. El militar de alto rango retenido, es experto en inteligencia militar.

Su abogado, Alejandro Sánchez Ortega, señaló que las imputaciones en contra de su cliente son de testigos protegidos que dicen haber sabido “de oídas” que Édgar Valdés Villarreal, ‘La Barbie’, le entregó alguna suma de dinero, y que en su primera declaración ministerial el general dijo ser inocente de las acusaciones; luego apeló a su derecho de no hablar hasta que estuviera su defensor.

Uno de esos  testigos protegidos es el que lleva el seudónimo de ‘Jennifer’, quien ha sido utilizado por la Procuraduría General de la República en acusaciones contra el exalcalde de Cancún, Gregorio ‘Greg’ Sánchez, por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. Dijo el abogado que el arraigo de su cliente y amigo se hizo sin haber sido respetados sus derechos legales ni sus garantías individuales.

El caso pues, parece tener dos caras: una, la del posible vínculo del ex subsecretario de la Defensa Nacional con los cárteles de la droga, y otra, que haya sido arraigado por razones meramente políticas, porque no quisieran, por ningún motivo, que llegara a ser titular de Seguridad Pública federal, como corrió la especie después de haber participado en la reunión celebrada en San Luis Potosí que encabezó el candidato priísta. Habrá que ver cuál de las dos versiones es la verdadera.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Se suicidan o desertan

PAULINO CÁRDENAS

Además de poder morir abatidos por las balas enemigas, dos son las suertes que pueden correr los militares y marinos que participan en los operativos armados contra los capos de la droga y el crimen organizado ordenados por el Comandante Supremo de las Fuerzas Amadas: desertar de las filas del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina o tomar la decisión de quitarse la vida. Desde el inicio del sexenio hasta junio pasado han desertado del Ejército 40 mil 179 militares y 4 mil 21 integrantes de la Marina. En el caso de los suicidios la Sedena reportó 82 casos: 20 ocurrieron en 2006, 13 en 2007, nueve el año siguiente, 14 en 2009, 15 el año pasado y 11 hasta el reciente 24 de julio.

En el caso de los que desertan, el presidente Felipe Calderón dio a conocer las cifras anteriores al Senado de la República aunque no precisó los grados de los militares y marinos que abandonaron sus cargos, asegurando que hay averiguaciones previas en marcha “por el delito de deserción” contra mil 382 generales, jefes, oficiales y personal de tropa que estaban en servicio cuando cometieron del delito de abandonar sus responsabilidades en los dos institutos armados.

La pregunta sobre el número de deserciones en el Ejército y la Marina la había formulado el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal Ávila. El mandatario panista sostuvo que su administración logró una importante disminución del índice de deserción en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en comparación con la que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando casi 90 mil elementos dejaron las fuerzas armadas.

Indicó que reducir esa cifra más de 50 por ciento en cinco años de gobierno –para llegar a un total de 44 mil 200– se debe a los programas y las acciones emprendidas en favor de las fuerzas armadas. Estos datos los dio a conocer ayer el diario La Jornada en una nota firmada por Andrea Becerril y Víctor Ballinas, que da cuenta de la intención presidencial de tratar de defender su estrategia de guerra contra los capos de la droga y el crimen organizado que ha dejado una cifra de muertos de más de 50 mil mexicanos caídos en distintas latitudes del territorio nacional.

Señala la información que la bancada del tricolor solicitó al Ejecutivo precisar si se iniciaron investigaciones judiciales, si se sabe el nombre de los fallecidos y cuántos fueron a parar a una fosa común al considerarlos “daños colaterales. En su respuesta, Calderón rechazó haber dado a las víctimas trato de “daños colaterales” o considerarlos parte de una cifra estadística. Insistió en que no existen datos, porque son “fallecimientos ocurridos en el contexto de la rivalidad delincuencial”.

Determinar si se les inhumó en fosas comunes corresponde a las autoridades locales, así como la identificación plena de los nombres de los fallecidos, “por ser el homicidio un delito del fuero común”, agregó. Igualmente, a la pregunta de hasta dónde ha sido posible distinguir a las víctimas inocentes de los delincuentes, Calderón respondió: “El registro que lleva el gobierno federal en la base de fallecimientos ocurridos en contexto de rivalidad delincuencial no determina el estatus jurídico de la persona, pues en todo caso y circunstancia se asume el principio de presunción de inocencia”.

Por “rivalidad delincuencial”, reportó el Ejecutivo, han muerto hasta el 31 de diciembre del año pasado 34 mil 612 personas. El mayor número se dio en Chihuahua, con 10 mil 135, seguido por 4 mil 387 de Sinaloa, 2 mil 739 de Guerrero, 2 mil 19 de Baja California, mil 751 de Michoacán y mil 475 de Tamaulipas.

Sin embargo, los casos de suicidio por parte de miembros del Ejército y la Marina es otro rubro prácticamente ignorado, pero que la revista Proceso rescata en su edición de esta semana en un extenso reportaje sobre el tema firmado por Gloria Leticia Díaz, con gráficas que testifican esos dramáticos hechos. Esa publicación semanal solicitó información sobre el registro de suicidios a la Sedena y con fecha 18 de agosto esa dependencia reportó los 82 casos que se refieren en el párrafo inicial de esta colaboración.

Se añade que entre los militares que se quitaron la vida aparecen 31 rasos de diferentes armas, seguidos de 16 cabos, siete sargentos y siete tenientes, seis capitanes, cinco subtenientes, cuatro mayores, dos tenientes coroneles, dos soldados rurales y un general. Las razones habrían sido varias: el temor de morir, la presión de tener que obedecer órdenes sin chistar, el estrés que los invade cada vez que asisten a un operativo o sufrir una severa crisis depresiva.

Está el caso del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jorge Alberto Cárdenas Cantón, quien se dio un balazo en la cabeza el 14 de noviembre de 2008. Había tomado el mando de la Décima Región Militar con sede en Mérida, Yucatán, el 15 de agosto anterior.

Habrá pues que entender lo que es estar bajo la presión de una guerra, la guerra de Calderón, y las consecuencias que viven los miembros del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, en el contexto de violencia extrema que padece el país y que se ha convertido para México en su peor estigma de la época contemporánea.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


¿A quiénes mandó mensaje La Línea?

PAULINO CÁRDENAS

El de Ciudad Juárez fue un evidente acto terrorista con el clásico estilo de actuación de los escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población y causarles no sólo miedo, sino terror, y que cuando es un suceso de esa magnitud realizado por sicarios a las órdenes de los capos del crimen organizado y de la droga, a ese episodio se le llama aquí y en Pakistán, en Irak o en Afganistán, narcoterrorismo. Eso lo sabe la autoridad, aunque su papel es negarlo, lo cual resulta hasta cierto punto entendible.

Pero al margen de la discusión semántica, es obvio que el antentado, que tuvo un saldo de cuatro muertos y once heridos, fue un claro mensaje no sólo para las Fuerzas Especiales de la Policía Federal que operan en aquella entidad fronteriza, sino para quienes están al mando en la capital del país del combate contra los carteles de la droga en todo el territorio nacional. El estallido del coche-bomba tiene el sello de una primera advertencia.

Con ese lamentable suceso México se acerca a escenarios vividos hace más de una década por Colombia. Del uso de armas de alto poder, bazucas y granadas de fragmentación, se ha pasado a la utilización de coches-bomba en la guerra que le declaró el presidente Felipe Calderón a las mafias organizadas desde que asumió al cargo en diciembre de 2006. Y esa modalidad tiene un mensaje.

El procurador de la República, Arturo Chávez, salió de inmediato a declarar que no hay narcoterrorismo en México. Dijo que “el motor dinámico de la delincuencia en nuestro país es la ambición, no es de ideología”. ¿Qué tal si lo fuera? ¿Qué tal si el narcocrimen se ideologizara?

Por fortuna para el gobierno federal, hasta ahora no ha sido así. Nadie quiere imaginarse a las mafias que operan en más de la mitad del país que tuvieran ideólogos, además de organizadas, con sobradísmos recursos con los que coptan a mandos y efectivos para que estén de su lado, y actuando con un gran poder de fuego.

Resulta obvio que lo del jueves fue una clara y ruda respuesta por la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero alias ‘El 35’, supuesto líder de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez que comanda Vicente Carrilo Fuentes, cuyas huestes luchan por no perder territorio en aquella plaza ante el cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera alias el ‘Chapo’. Hay otros grupos en disputa, pero los pesos completos son principalmente estos dos.

A mediados de enero de este año, ante los reclamos de la sociedad sobre la militarización que sufría Ciudad Juárez como parte de la declarada “guerra contra el crimen”, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, autorizó retirarle el mando al Ejército en Juárez y crear la Operación Coordinada Chihuahua, la cual estaría a cargo de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública federal cuyo titular es Genaro García Luna.

Quince días después, el 30 de enero de este 2010, en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, se registró la masacre de unos estudiantes realizado por un escuadrón de la muerte que enardeció más los ánimos de los juarenses. Eso devino en las dos visitas seguidas que hizo el presidente Calderón a aquella ciudad, donde habló de una coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno y de echar a andar diversos programas. Pero nada de eso ha permitido bajar los índices de violencia y muerte.

En el atentado del jueves pasado, según informes de la Secretaría de la Defensa, para hacer explotar el coche-bomba se habría utilizado un material explosivo que aún no se lograba identificar. Asímismo se informó que se encontraron evidencias de pilas conectadas al coche y a un teléfono móvil que activó los explosivos a control remoto.

Sólo para recordar: El pasado 9 de junio, en la colonia Roma de la ciudad de México se hallaron 20 kilos de explosivos. La Secretaría de Marina había dicho en un comunicado que sí era material explosivo, pero la PGR desmintió la versión y hasta hubo la orden de bajar del sitio de Marina un comunicado que luego volvió a ser subido.

Sin embargo, agentes norteamericanos antiterrorismo que trabajaron con agentes de inteligencia de la Armada de México coincidieron en que lo hallado en una caja en un departamento de la Roma, sí era material explosivo junto con algunos cables similares a los que usan para pasar corriente de un coche a otro. Después nada se supo. Hasta lo del jueves en Ciudad Juárez. ¿Podría ser vinculatorio un hecho con otro?

Por lo pronto, primero, no hay por qué pegar de brincos estando el suelo tan parejo. Si vuela como un pato, tiene plumas como un pato, grazna como un pato, nada como un pato y camina como un pato, entonces es un pato. Y, segundo, no hay la menor duda que este pato, es un pato mensajero.