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Los azotes de México

PAULINO CÁRDENAS

Las amenazas a la seguridad nacional del país son el crimen organizado, el terrorismo, los grupos armados, la pobreza, la desigualdad, el descontento juvenil, el paso indiscriminado de migrantes indocumentados de otros países al nuestro para llegar a Estados Unidos, los desequilibrios demográficos y la inseguridad cibernética, según la clasificación de peligros contra la nación que hizo el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, al participar en el foro Importancia de la Seguridad Nacional en el Marco de una Sociedad Democrática.

Es la primera vez en mucho tiempo que un funcionario del gobierno federal encara de modo integral el entorno de peligro que acechan potencial y realmente al país por varias vertientes, aceptando las cosas como son, hablando con un lenguaje claro sin  tratar de maquillar la realidad como lo hacen otros colaboradores del propio gabinete de seguridad para explicar la problemática y los esfuerzos que realizan los tres niveles de gobierno contra esas amenazas. Es mejor hablar con la verdad que andar dándole vueltas a los azotes de México con retóricas que no son creíbles. La gente lo que quiere es que no le vean la cara.

En la mesa Importancia del Poder Legislativo en el control y evaluación de la seguridad nacional, señaló que al Cisen le preocupan los jóvenes que quedan fuera del sistema de educación superior, por el fenómeno que podría generar condiciones para alimentar opciones radicales, extremistas, violentas. El mismo grado de preocupación lo entraña el tema de la corrupción cuando llega a instituciones estratégicas como el Ejército, la policía y Pemex en donde este nocivo fenómeno es creciente.

Dijo que el tema de los grupos armados como el del EPR son de consideración prioritaria y que los movimientos sociales no son vistos como un riesgo o una amenaza. Lo que nos preocupa, dijo, “son los grupos antisistema y los violentos” –refiriéndose presumiblemente, sin mencionarlos, a los grupos criminales y a las mafias que operan en el país–, que abiertamente declaran que la vía de transformar es la violencia, declaración que en todo caso aludía de modo directo a la estrategia armada del gobierno contra los cárteles.

Señaló que son focos de atención temas como la pobreza y desigualdad e instituciones políticas, los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración, la cultura de la legalidad, y que algunos temas económicos también forman parte de la agenda de seguridad nacional, entre ellos la debilidad fiscal del Estado, como es la derivación de una parte de la economía informal en economía criminal.

También nos preocupa el calentamiento global y sus implicaciones para México, manifestó. Otro importante ámbito, dijo el titular del Cisen, lo constituye el entorno internacional, donde pueden derivar amenazas para México, como pueden ser conflictos regionales en nuestra zona de influencia, Centroamérica y el Caribe, y algunas otras formas de riesgos y tendencias globales.

Sin embargo, Valdés Castellanos y los demás miembros del gabinete de seguridad saben que hay temas que no han sido tocados con la energía y decisión que se merecen en aras de disminuir el avance del crimen organizado, como es el del lavado de dinero, porque seguramente, como lo han dicho varios especialistas en la materia, muchos de esos dineros sucios son lavados en inversiones de negocios diversos o en las múltiples opciones y modalidades del mundo financiero del país.

El ‘modus operandi’ de las mafias es muy diverso. Su poder económico es inaudito y capaz de abrir casi cualquier puerta que deseen a  través de gente calificada en materia económica y financiera que trabaja para los capos. Y cuando no es a través del convencimiento del dinero –miles de millones de dólares anuales dedicados a corromper gente–, los capos utilizan la fuerza de las armas para lograr sus propósitos que casi siempre consiguen por medio de sus sicarios.

Eso lo saben las autoridades encargadas de combatirlas y los capos de las mafias. Resulta obvio que hay valores entendidos entre los corruptos empleados y funcionarios, militares y policías federales, estatales y municipales coptados por los capos, como ha quedado demostrado al paso del tiempo. Una probadita de esas colusiones fueron los resultados  de la inacabada ‘Operación Limpieza’ de donde salió estiércol pero donde hay todavía toneladas de porquería que habría que sacar aunque sea con esas máquinas que extraen lodo, desechos y basura descompuesta acumulada de las alcantarillas en época de inundaciones.

Si esa ‘limpieza’ de veras se hubiera hecho de ‘arriba para abajo, como se barren las escaleras’ como presumió el Presidente, el director del Cisen no estuviera advirtiendo a estas alturas de todas las amenazas que hay contra el país. El problema estriba en la corrupción y en la impunidad que sigue imperando entre ‘los violentos’ y los funcionarios coludidos que se focalizan desde arriba hasta abajo de la estructura del sistema. Y eso lo saben los encargados de la seguridad nacional y su jefe mayor. Los diagnósticos siguen. ¿Y?

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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¿Chantajearon al PRI?

PAULINO CÁRDENAS

Las cosas se pondrán color de hormiga para el PRI, sobre todo para sus aspiraciones electorales de este año y para el 2012, si es cierto, como lo publicó la revista Proceso esta semana, que el Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priístas vinculados con “actividades ilícitas”, y que varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército en la Ley de Seguridad Nacional, dichos expedientes serían publicados, lo que evidentemente dañaría la imagen del tricolor y de su candidato más adelantado, Enrique Peña Nieto.

De cualquier modo, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro habría decidido ayer mismo no votar en este periodo ordinario de sesiones que concluye mañana, los cambios a la minuta de dicha ley que el Senado había recibido del Ejecutivo desde el año pasado y que había enviado a la colegisladora. Trascendió que pese a que el diputado Alfonso Navarrete había querido empujar su aprobación en este período junto con el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, el acuerdo de la bancada tricolor fue posponer la discusión para retomarlo en septiembre, ‘para no darle armas al PRD’ de cara a las elecciones en el estado de México.

Los diputados federales del PRI tenían la consigna de aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional como la estaba proponiendo el Ejecutivo al Senado de la República, que diera sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y que otorgaría autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permitiría declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Señala la información de Jesusa Cervantes en el semanario Proceso que luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional, terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos legisladores del tricolor los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por la reportera, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer públicamente los llamados “expedientes negros” que se están elaborando en contra de actuales gobernadores priístas por su presunta participación en actividades ilícitas. La reportera del semanario constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

En un largo reportaje la periodista narra pasajes tramo a tramo de cómo se fueron dando las negociaciones y los cabildeos de los personeros de la Secretaría de la Defensa con los legisladores del tricolor en San Lázaro. Luego de un promenorizado recuento de encuentros y desencuentros legislativos, la periodista escribe que el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Como el asunto desde entonces quedó estancado, enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley, señala la información de referencia.

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye mañana sábado 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar. Señala que a uno de los ‘grupos políticos fuertes’ dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, según le revelaron fuentes de ese partido.

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI, según el semanario.

Si esa línea de investigación periodística es cierta, más allá de que se hubiese pospuesto el análisis y aprobación de las reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el tricolor de cualquier modo estaría quedando como rehén del PAN y a expensas del chantaje para sus aspiraciones de julio próximo en el estado de México y para la elección presidencial del 2012.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Teme EU que haya emigración masiva

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno de Washington ve con preocupación cómo la violencia del narco cada vez empeora en México, por lo que teme que haya una emigración masiva de mexicanos hacia el lado americano por temor a ser víctima del fuego cruzado en los escarceos que se dan diariamente y que ha dejado una estela impresionante de muerte, cuya cifra anda cerca de los 24 mil  decesos por esa guerra en lo que va del sexenio.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, desde marzo pasado había advertido que estaba en preparación un “plan de contingencia” por si, ‘en el peor de los casos’, la violencia a causa de la guerra que sostienen las fuerzas federales contra el crimen organizado en territorio mexicano, genera una “emigración masiva” de México al vecino país del norte.

“Un escenario muy remoto, pero que sería parte de ese plan es si hubiese una emigración masiva a Estados Unidos de quienes buscan huir de los carteles”, explicó. “Estamos hablando de centenares de miles de personas que intenten huir de los cárteles; pero no estamos ni remotamente cerca de esa situación”. Pero era marzo. Hoy las cosas han cambiado radicalmente y es lo que preocupa en Estados Unidos.

¿Qué pasaría con esa diáspora de mexicanos que estarían huyendo al otro lado de la frontera por temor a ser víctimas del ‘fuego cruzado’ y que acaben siendo parte de una estadística que el gobierno minimiza llamando ‘daños colaterales’ a la muerte de gente inocente que es víctima de la narcoguerra?

Los sitios señalados en el mapa mexicano como susceptibles de que haya emigración masiva a causa de la narcoguerra están ubicados en los estados de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, y estado de México principalmente. Otros estados como Quintana Roo y Veracruz están también en la lista.

“No hay duda de que nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos imaginables para asegurar nuestra frontera a través de inversiones sin precedentes en personal, tecnología e infraestructura”, sostuvo Janet Napolitano. Sin embargo para Washington parece que el tiempo  y la paciencia ya llegaron a su límite. Al mando de ese país le preocupa que en México la violencia del narco cada día empeora más.

Entre los agentes de seguridad nacional norteamericana se preguntan qué ha pasado en México con las ayudas que desde hace tres años ha enviado Estados Unidos a nuestro  país para contener el avance del narcotráfico. ¿Qué ha pasado con el envío de recursos monetarios, los cursos de adiestramiento, la asesoría de sus agentes y el equipo y armamento de última generación? ¿De qué ha servido la Iniciativa Mérida si las cosas cada vez están peor?

Para Estados Unidos el avance del crimen organizado en México está acelerando las decisiones de enviar no sólo más refuerzos a la frontera con su vecino para tratar de frenar el trasiego de estupefacientes y armas por las aduanas y por las zonas colindantes, muchas de ellas aisladas y sin vigilancia permanente, que alcanzan más de tres mil kilómetros de largo entre ambos territorios.

Se estaría pensando en otro tipo de estrategia que tal vez corresponda con lo que dijo en México el ex presidente Bill Clinton, de un Plan México que ya se tenía listo, parecido al Plan Colombia.

El presidente Felipe Calderón, en su último viaje que realizó a Washington, le planteó a su homólogo norteamericano Barack Obama formalizar una política de seguridad común. Y el presidente norteamericano estaría en principio enviando más soldados y agentes civiles a su frontera sur, para prevenir el flujo de armas y dinero ilícito del crimen organizado hacia México.

Pero la preocupación en Washington está yendo más allá. Ha trascendido que sí hay un ‘plan de contingencia’ para coadyuvar a frenar la violencia del narco en México  –que se ha incrementado en la última semana y que tiene visos de arreciar– y que estaría en vísperas de echarse a andar. ¿De qué manera? Habrá que ver.

México subordinaría a EU sus visados

PAULINO CÁRDENAS

A propósito de los periodos vacacionales para atraer un mayor número de visitantes extranjeros al país y reactivar ese sector, cualquier ciudadano extranjero que cuente con visa de Estados Unidos podría entrar sin ningún problema a México, según lo anunció hace unos días el presidente Felipe Calderón, quien afirmó que con esa medida se intentará promover la recuperación de la afluencia de turistas de otros países al nuestro.

La idea se le atribuye a la nueva secretaria de Turismo, Gloria Guevara, para recuperar el terreno perdido en materia de de afluencia de turismo extranjero, afectado desde el año pasado por el anuncio presidencial de la aparición del famoso virus A/H1N1, lo que hizo caer la actividad de ese sector, además de las advertencias de viaje que ha hecho Estados Unidos para que los turistas norteamericanos no visiten varios estados de la República Mexicana por el problema de la violencia y la inseguridad que priva en el país.

En reunión con empresarios de turismo, el pasado 26 de marzo, Felipe Calderón, después de volver a pedir a los mexicanos como lo había hecho a principios de año, hablar bien de México fuera y no satanizarlo, reveló que para atraer más turismo extranjero, cualquier ciudadano que cuente con visa de Estados Unidos podría entrar sin ningún problema a México. Anunció que su gobierno prepara una regulación al respecto.

Mientras para México relajar el asunto de las visas sería en aras de reactivar la afluencia de visitantes extranjeros al país, para Estados Unidos las medidas de seguridad y revisión que son cada vez más estrictas y más duras en sus aeropuertos –empezando precisamente por las visas–, es un asunto de seguridad nacional.

Además de no olvidar para nada el 9/11, las autoridades migratorias estadounidenses no quieren que se repita el susto que les dio la Navidad pasada el joven Umar Farouk Abdulmutallab, quien intentó derribar un jet antes de que aterrizara en Detroit con una bomba cuyo mecanismo por fortuna falló. Y el joven Farouk traía visa americana.

A manera de justificación Calderón señaló que la solicitud de visa mexicana obedecía a dos factores: garantizar la seguridad en América del Norte después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y evitar el flujo migratorio hacia Estados Unidos vía territorio nacional. Pero, dijo, esa situación ya cambió. ¿De veras ya cambió?

Aclaró que los turistas que vengan en vuelos registrados y autorizados en aeropuertos estadunidenses podrán entrar al país para efectos turísticos sin requerirles más que el pasaporte. Dijo entonces que a los ciudadanos de Brasil y Rusia también se les facilitará el trámite de la visa mexicana vía internet y en agencias de viajes acreditadas.

Y a unas semanas apenas de que Calderón hiciera ese anuncio, se empezaron a dar en Rusia diversos atentados terroristas en el metro de Moscú y en la principal base aérea en Mozdok, en la zona del Cáucaso con la amenza de que los atentados seguirán. Asímismo, siguen los ataques suicidas de terroristas en Bagdad, donde estallaron coches bomba, uno de ellas frente al consulado de Estados Unidos en Pakistán.

Y también por razones de seguridad, Estados Unidos acaba de ordenar que en sus aeropuertos, a las personas que tengan aspecto árabe o con fisonomía islámica, se les harán revisiones más estrictas, lo que implica un acto de discrminación, lo que replicaría en México si se autoriza el asunto de subordinar a las autoridades migratorias estadounidenses el visado para entrar a nuestro país.

Confiar el ingreso de extranjeros al país por el sólo hecho de traer visa americana, resulta extraño, pero más extraño si el asunto se va a dejar al criterio de un país que bajita la mano aplicará actos discriminatorios a los viajeros que considere a simple vista sospechosos. Ese es un asunto que debería ser analizado por el Senado de la República.